Recién habían pasado dos meses desde que asumió y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor José Pérez Varela, es ya objeto de una acusación constitucional por haber infringido la Constitución y las leyes y haberlas dejado sin ejecutar.

En parte de la acusación -firmada por todo el arco opositor- se señala que ello ocurre, porque “el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y trato igualitario, han quedado en entredicho” con la actuación del Secretario de Estado.

“En el primer caso, por la acción permanente y sistemática de Carabineros y, en el segundo caso, por la acción permisiva ante la toma de carreteras, por parte de dueños de camiones, impidiendo la normal circulación en parte importante del país, dificultando la distribución de alimentos y remedios, en todo el territorio e, incluso, como fuera manifestado por el Ministro de Salud, el paso a ambulancias con enfermos en su interior”.

En el segundo caso, por su responsabilidad político y control jerárquico sobre la institución de Carabineros, destacando en particular al caso del adolescente de 16 años que fue empujado al rio Mapocho por la acción de un carabinero. Al respecto se señala que el ministro del Interior habría infringido “la Constitución y las leyes, porque Carabineros, reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada”, lo que -según el texto- ha derivado en la vulneración del “derecho a la vida e integridad física”.

Son tres los capítulos de la acusación que deberán estudiar los parlamentarios y que fue entregada el jueves en la oficina de partes de la Cámara. Los 13 parlamentarias firmantes del documento son Jorge Brito (RD), Tomás Hirsch (ind), Pamela Jiles (PH), Luis Rocafful (PS), René Saffirio (ind-PR), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Rodrigo González (PPD), Víctor Torres (DC), Carmen Hertz (PC), Camila Rojas (Comunes), Gabriel Ascencio (DC), Jaime Naranjo (PS), Gabriel Boric (CS).

El martes pasado, el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull dijo que éste “no está condicionado” a la salida de Mario Rozas del cargo, al ser consultado si la acusación se mantendría en caso de que el Ejecutivo decida remover al general director de Carabineros.

“¡En qué país estamos mi Dios!”, fue la exclamación de un periodista al hacer un  recuento de lo que ha pasado en Chile sólo en las últimas semanas.

Sin orden cronológico, el panorama al cual los chilenos se enfrentan a muy pocos días del plebiscito no augura  precisamente un futuro apacible. Entre los hechos que están acumulando rabias por distintas razones están: Carabinero empujó a un adolescente al río Mapocho dejándolo gravemente herido; la institución da de baja al carabinero involucrado no porque haya lanzado al adolescente, sino porque portaba una cámara fotográfica extrainstitucional; el ex ministro Mañalich pidió manipular las cifras de contagio; el Presidente Piñera apeló para no entregar correos de la pandemia a la Justicia; el gobierno insiste en el regreso a clases, aun cuando la pandemia está lejos de ser controlada; el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación suspende la convocatoria 2021 de Becas Chile en el extranjero, dejando sin efecto una de las políticas públicas de continuidad del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet desde 2008 hasta ahora; se reanudaron aunque no con la masividad de hace un año, las manifestaciones y desmanes en los alrededores de la Plaza Dignidad; y como guinda de esta torta, se amenaza con las penas del infierno  para los 437 mil trabajadores que habían recibido el Bono Clase Media de forma irregular, entre ellos muchos empleados públicos, mientras Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, luego de comprobársele en la práctica el robo de 128 millones de dólares en varios casos tributarios, pagó una multa irrisoria (3 millones de dólares), por financiamiento a políticos de todos los tonos.

No es poco. Más bien solo la muestra de una caldera que está juntando un vapor dañino para lo que viene y quieren los ciudadanos y ciudadanas del país. Cuando faltan sólo algunos días para el Plebiscito y la pandemia del coronavirus no cede, el ambiente político se encarajina cada día un poco más, ad portas de una acusación constitucional contra el Ministro del Interior  por su responsabilidad política en los últimos hechos que terminaron con un adolescente lanzado por un carabinero de Fuerzas Especiales al río Mapocho y con la oposición entrampada con sus alianzas y pactos para enfrentar de manera gananciosa el tren de procesos electorales que se avecinan este año y el próximo.

Justo ahora. Justo en octubre. Justo cuando faltan pocos días para que se cumpla un año de la protesta social. Justo cuando -de nuevo- se resquebrajaron las confianzas en las oposiciones al no ponerse de acuerdo para celebrar primarias y elegir los mejores candidatos y candidatas a gobernadores en  todo el país.

No ocurrió así en la derecha. Pese a todos sus desencuentros y diferencias, lograron lo que la oposición no pudo. Y ahí es donde la posibilidad de cambiar la Constitución peligra. En ese escenario es que Pablo Longueira regresó, manifestando sotto voce su opción por el Apruebo y la petición de libertad para los asesinos de Guzmán. Fue un golpe duro para el gremialismo. Lo más revelador en todo caso, fue la estrategia que dio a conocer durante el último Consejo Ampliado de la UDI a inicio de septiembre, no para ganar el Plebiscito, sino para ganar la Convención Constitucional.:

No habrá hoja en blanco

Fue muy claro Longueira:  “Al día siguiente del Plebiscito, vamos a estar todos juntos construyendo esa lista de convencionales que nos tiene que representar. Sólo vamos a ir a una hoja en blanco si nosotros no alcanzamos el tercio en  la elección convencional. Porque si ellos obtienen solos el 66 por ciento, entonces sí tienen los votos para hacer la Constitución partiendo de cero…Pero, basta que nosotros tengamos un convencional más que el tercio y partimos de la Constitución actual”…

Ese fue el mensaje que repitió una y otra vez de distintas maneras, el otrora “coronel” de la UDI. El mismo que le insistió a su audiencia que había que saber leer lo que fue el 18 de octubre. El mismo que les dijo que no armaran una campaña del terror, porque “son pocos los chilenos que quieren convertir a Chile en Venezuela”. El mismo que con audacia les dijo “vamos a ganar los del APRUEBO por lejos”.

Les dijo a los UDI que se estaba cerrando una etapa histórica, y les explicó qué significaba el tercio que se obtuvo en la negociación de noviembre del año pasado. “Con el tercio, no existe una hoja en blanco. Seamos claros. La gente está asustada porque cree que vamos a partir en una hoja en blanco. No es así. Porque si vamos juntos, unidos, vamos a obtener ese tercio.”

Explicó que iban a sacar el 40 por ciento y con eso “listo, tenemos el veto”. Y dijo que “les vamos a disputar artículo por artículo de la Constitución de Jaime a los bolivarianos, sin temor, vayamos con confianza.” Añadió que en el reglamento que deberán acordar al inicio de la constituyente, “tenemos que pedir una sola cosa: que al final haya una votación general de la Constitución, entre los 155 constituyentes…”

Longueira calcula que van a obtener entre 70 y 80 convencionales. Que no se puede ir a un plebiscito binario desunidos porque -dice-  “eso es una paliza”. “A la constituyente tenemos que ir con cuadros técnicos, profesionales, monolíticos. “La lista que vamos a llevar a la Convención es la del “no del cero”. Ese es nuestro relato”.

“Ojalá el Rechazo no supere el 15%, lo voy a celebrar con un salud”, dijo en otra oportunidad y afirmó que “Jaime Guzmán estaría en mi posición”. Hasta ahora, son pocos los que han seguido sus ideas. Pero como su energía está puesta en la Constituyente, habrá que esperar hasta inicios de la campaña para convencionales para comprobar si hubo o no oídos a su estrategia.

El verdadero Longueira asomó finalmente en un taller de El Líbero: “Yo estoy por el Rechazo, quiero conservar lo que más se pueda de esa Constitución (la actual)… ¿Cuál es la mejor forma para conservar esa Constitución, la mejor que ha tenido Chile? Dando la pelea en la convención, donde lleguemos todos legitimados, que el Apruebo no se lo adjudique nadie«.

Y mientras, el hombre que renació de las cenizas será uno de los protagonistas del inicio de la preparación del juicio oral del caso SQM una de las causas más emblemáticas de corrupción en la política. El se salvó por arte del birbiriloque – se afirma que por obra y gracias del ex ministro Peñailillo- de ser acusado de delitos tributarios, pero no se salvó de cargos por cohecho.  El, por cierto que alega inocencia y  ha aprovechado cuanta entrevista le solicitan o el pide, para reiterar su inocencia en el caso SQM, atacando duramente a los fiscales a cargo de la investigación. “Me voy a querellar contra todos”, advirtió.

Habrá que seguir cuidadosamente lo que ocurra con ese juicio. Para nadie era un secreto que Julio Ponce Lerou compraba favores políticos en todas partes. El pasado domingo la Fiscalía publicó el primer informe de «Investigaciones por financiamiento irregular en la política», donde hablan de los casos Penta, SQM, Corpesca y Asipes. No hay que olvidar que muchas conductas ilícitas de SQM se orientaron a obtener influencias que mejoraran la posición negociadora de esta empresa frente al Estado de Chile. En particular respecto de la explotación del litio y también con un menor pago de royalties. A ello se suman otros ilícitos del entonces controlador de SQM, como lo fueron las denominadas Cascadas, operaciones de compra y venta fraudulentas de acciones realizadas por las sociedades que manejaban esta minera no metálica, sancionadas por la autoridad reguladora con las multas más altas de la historia de Chile. Pero, ¡oh sorpresa!, a fines de la semana pasada, la Corte Suprema, en fallo dividido, las rebajó groseramente.

La rebaja de la multa aplicada a Julio Ponce Lerou por el caso “Cascadas”, se está transformando en un verdadero escándalo que había pasado inadvertido por el estremecimiento que  provocó en el país lo ocurrido con el adolescente de 16 años, que fue empujado por un carabinero en el Puente Pio Nono.

El Partido Socialista de Chile emitió al respecto una declaración condenando el fallo dividido  de la Corte Suprema que por 3 votos contra 2, rebajó la multa a Julio Ponce Lerou -el ex yerno el dictador Pinochet- a  menos del 5% del monto de la sanción originalmente aplicada por la ex Superintendencia de Valores y Seguros.

Los socialistas señalan  que “esta situación se asemeja a las “clases de ética” a las que fueron condenados los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, de la misma cohorte de Ponce Lerou, quienes se rieron del país y sembraron una desconfianza ciudadana generalizada en las instituciones”.

Dicen que “la conducta fraudulenta de Julio Ponce Lerou está acreditada por la misma Corte Suprema, como ideólogo de una estructura de transacciones que tuvo como finalidad su propio beneficio y el de sociedades relacionadas en perjuicio de otros”.

Finalmente llaman a participar en el proceso constituyente, como la oportunidad histórica de cambiar la injusta estructura a que están sometidos chilenos y chilenas.

Luego del fracaso de las negociaciones de la oposición para enfrentar unidos los desafíos electorales futuros, particularmente el de gobernadores regionales (antiguos intendentes) que por primera vez en la historia de Chile serán elegidos por la ciudadanía, surgió de inmediato el pacto “Unidad Constituyente”, integrado por los partidos Socialista, PPD, Radical, Democracia Cristiana, PRO, de Marco Enríquez Ominami, y Ciudadanos. Estas colectividades competirán en primarias para las mencionadas autoridades en todo el país.

“Nos hemos articulado sin vetos o exclusiones, y con la convicción de que es la ciudadanía la que debe pronunciarse en primarias sobre nuestras candidaturas”, señalan en una declaración, donde explican que este conglomerado surge “conscientes que la unidad social y política de los demócratas progresistas  es una tarea inacabada” y con “la decisión de continuar trabajando por su búsqueda”.

Explican que Unidad Constituyente es un aporte al camino para lograr lo que chilenos y chilenas están demandando: “cambios profundos, que pongan fin a los abusos y la desigualdad, a las injusticias y a la exclusión. Han manifestado su aspiración de una Nueva Constitución para dar el paso a establecer un Estado Social de Derecho, con participación ciudadana y derechos sociales, poniendo en el centro la igualdad de género”.

Afirman que la democracia, la inclusión social y la sustentabilidad son principios indispensables para construir un nuevo pacto social. “Ello pasa -dicen- por materializar el propósito de la descentralización del poder, en un proceso que transfiera recursos y facultades a las Regiones y supere el lastre del centralismo que ha prevalecido en la historia del país”, e incluir  en todas las políticas públicas regionales el enfoque de género.

Las colectividades progresistas señalan que se necesitan  gobiernos regionales que dispongan de autonomía política y administrativa, facultades y recursos suficientes para el desarrollo territorial, como base de la unidad de Chile. ”Ello es necesario para cerrar todas las diferencias de bienestar y oportunidades entre regiones y comunas de Chile, y cimentar un desarrollo inclusivo”.

Defensoría Regional Ciudadana

Para ello, es necesario hacerse cargo de desafíos de envergadura y menciona entre ellos el diseño e implementación de  las estrategias y políticas de desarrollo regional, que consideren las políticas y los planes comunales, incluyan la participación ciudadana en todos los niveles y tengan la sustentabilidad como eje principal, procurando equilibro entre los requerimientos del crecimiento, las necesidades de las comunidades y el respeto por el medio ambiente.

Asimismo, “poner en marcha políticas de participación ciudadana temprana, que incluyan las consultas y plebiscitos, en materias fundamentales para el territorio;  establecer una Defensoría Regional de la Ciudadanía, que se haga cargo de los problemas de vulneración de derechos, que deriven de un deficiente funcionamiento de los servicios de la administración estatal o gestionados por empresas privadas; promover en sus territorios la innovación y desarrollo, la inversión pública, la promoción de la pequeña y mediana empresa, los talentos deportivos y culturales, la seguridad ciudadana, el derecho al agua, la energía, el turismo sustentable, la asociatividad en el campo y la ciudad, y la protección social de los débiles y más vulnerables”.

Entre otras materias, Unidad Constituyente entiende la elección de Gobernadores y Gobernadoras Regionales “como el punto de partida de un proceso de contar con más y mejor Estado en todos los espacios regionales de Chile, que impulse el desarrollo, emprendimiento económico y productividad; que garantice el acceso, calidad y satisfacción de los servicios públicos que entrega, que incorpore a las y los mejores profesionales y técnicos de cada región al servicio público, que desarrollen una gestión en que prevalezca la transparencia y la participación ciudadana efectiva”.

Finalmente señalan que “somos Unidad Constituyente porque estamos firmemente comprometidos con la tarea de lograr una amplia victoria del Apruebo a una nueva Carta Fundamental y de la opción por una Convención Constitucional en el próximo plebiscito del 25 de octubre, que es la única que garantiza que la constitución se redacte de manera paritaria. Necesitamos una Constitución que reconozca y garantice sus derechos civiles y políticos, y sus derechos sociales: una Carta Fundamental para la ciudadanía y no para los negocios, sustentada en la confianza en la soberanía popular. Es el único camino para resolver la profunda crisis de legitimidad las instituciones y el sistema político, y establecer una convivencia basada en la justicia social y la libertad, la participación, la inclusión de la diversidad, los valores de la dignidad humana y la solidaridad”.

La parlamentaria comunista Marisela Santibáñez,  presidenta de la Comisión Investigadora sobre el registro de defunciones por COVID 19 y una de las firmantes en la acusación constitucional contra el ex Ministro de Salud Jaime Mañalich, emplazó al ex titular de la cartera a  responder sobre el denominado “telefonazo” que el Presidente Piñera realizara al Consejo de la Transparencia y que significó que este organismo dejara de velar por la transparencia y el acceso a la información sobre los miles de fallecidos. Ante la respuesta insuficiente del Ministro, Santibáñez informó que se invitará a Jorge Jaraquemada a la Comisión Investigadora para dar cuenta del contenido de la polémica llamada telefónica.

En este contexto, en la sesión del viernes 2 de octubre de 2020, la diputada consultó directamente al ex Ministro Mañalich  si tenía conocimiento de esta llamada del mandatario al presidente del Consejo para la Transparencia y el Director Ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, sr. Jorge Jaraquemada hizo que este último funcionario se encargara de detener cualquier cuestionamiento al gobierno, ante lo que el ex titular negó conocer esta información.

La respuesta de Jaime Mañalich a las preguntas de la diputada fue que él no tuvo conocimiento de este cruce de llamadas, ni que  tampoco conoce personalmente al presidente del Consejo para la Transparencia, así como dijo no recordar haber elaborado un informe posterior a esa supuesta llamada, por lo que “no puedo referirme con propiedad a esto”.

Para la representante del  PC sería muy grave si, finalmente, resultara que Jaime Mañalich sí estaba en conocimiento de esta llamada y no lo haya informado a esta instancia revisora de su acusación.

“Resulta curioso, por decirlo menos, que el ex ministro no tenga conocimiento de aquel telefonazo, de aquella llamada porque es un cargo de confianza y estando en pandemia. Lo más lógico es que cada acción y cada paso se haga en conjunto y si falta o no a la verdad tendrán que decidirlo aquellos que están llevando la acusación constitucional y, por mi parte, creo que sería muy grave faltar a la verdad teniendo conocimiento de esto, más allá de lo que determine hacer el Presidente dentro de su potestad”, criticó la diputada.

Santibáñez reaccionó a esta respuesta anunciando que al no haber entregado elementos suficientes el ex ministro, se cursarán nuevas invitaciones a la Comisión Investigadora que ella preside.

 “En nuestra Comisión Investigadora por fallecidos por COVID se va a oficiar e invitar al Presidente del Consejo para la Transparencia para que nos de las respuestas necesarias y requeridas ante ese telefonazo que hiciera el Presidente Sebastián Piñera para modificar los oficios que se pidieron por fallecidos y por cifras de contagiados por COVID”, informó la parlamentaria.

Sobre si esta respuesta insuficiente del ex Ministro entrega mayor validez a la acusación constitucional en su contra, la diputada fue enfática en señalar que sin duda toma mayor interés.

“Esta acusación toma mucha más relevancia y tiene más cuerpo por las cifras e incongruencias que dijo la Contraloría General de la República, por el fiscal que también denominó siu generis la forma en que se estaban tratando materias tan importantes como las cifras por COVID”, finalizó.