El silencio de La Moneda luego que en la Cámara de Diputados se aprobara el artículo clave que autoriza el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP’s para millones de chilenos y chilenas que ya no pueden aguantar más el hambre y el agobio por las cuentas impagas en que están sumidos, grafica la derrota particular del Presidente Piñera. Se jugó a fondo, por convencer a sus propios partidarios. No escatimó esfuerzos por revertir la primera votación de la Cámara, donde en un hecho histórico, por primera vez se perforaba uno de los pilares fundamentales del modelo económico que rige con cambios más, cambios menos, desde la época de la dictadura. Sus ministros presionaron una y otra vez sumándose a una estrategia del terror que está en  pleno apogeo. Si hasta uno de ellos llegó a decir que “la reforma puede marcar el comienzo de una crisis institucional”.

Fueron dos votos más que los exigidos por el quorum los que aprobaron el artículo clave sobre el retiro. Fueaprobado por 95 a favor, 36 en contra y 22 abstenciones. Y lo peor para el gobierno y,particularmente, para el Presidente, de nuevo fueron 13 votos oficialistas los que decidieron este partido: los UDI  Pedro Álvarez Salamanca, Álvaro Carter, Sandra Amar, Cristhian Moreira y Virginia Troncoso y los RN Andrés Celis, Eduardo Durán, Jorge Durán, Ramón Galleguillos Aracely Leuquén, Erika Olivera, Hugo Rey y Leonidas Romero.

Varios de ellos fueron presionados directamente por más de algún par. De hecho, al diputado Shalper lo denunció públicamente su colega Celis. Pero, quizás lo que inclinó más de un voto a favor del proyecto, fue lo que para algunos fueron frases inaceptables, incluso insolentes -según señaló un diputado RN- del ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, quien acompañado del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y del Interior, Gonzalo Blumel, insistió en el hemiciclo con un mensaje directo a sus parlamentarios rebeldes. “Espero que en nuestro sector no nos dejemos arrastrar por medidas fáciles, populistas y de corto plazo. Espero que el aplauso de hoy no sea la culpa de mañana”.

Peores fueron las intervenciones casi desesperadas de Blumel y Briones. Este último advirtió de un “deterioro institucional de horribles consecuencias”. Gonzalo Blumel fue más allá: calificó la reforma “como una alteración de las reglas de nuestro sistema democrático”, añadiendo que la reforma “puede marcar el comienzo de una crisis institucional”.

Un fracaso para el Presidente

Pese a todos los esfuerzos desplegados por el oficialismo, ocurrió lo que muchos temían. La injerencia tan desembozada e insistente del Presidente podía significar sólo dos cosas: si revertía la situación, sería un triunfador. Si perdía…caería sobre sus hombros una vez más, un menoscabo personal. Fue una jugada arriesgada y que terminó mal.  Tanto que la derecha extrema desató sus pasiones y comenzó con amenazas de muerte casi a diestra y siniestra. Los objetivos de hoy fueron los diputados DC Matías Walker y el diputado del FRVS, Jaime Mulet. Las amenazas provenían del grupo de ultraderecha Patria y Libertad.

“He escuchado con atención el mensaje de la gente”, había dicho el Presidente Sebastián Piñera al anunciar otro plan para beneficiar a la clase media que hasta ahora, no ha recibido nada para palear su agobiante situación. Se anuncia -entre otras medidas- un bono de 500 mil pesos para los trabajadores que hayan tenido ingresos formales entre 500 mil y 1,5 millones de pesos mensuales y que hayan sufrido una reducción del 30% o más en los últimos meses.

No tardaron las reacciones. Todas, con un hilo común: mucha letra chica e insuficiente. El diputado DC Matías Walker señaló que estudiarían bien este proyecto, “pero ya nos estamos dando cuenta de que tiene bastante letra chica, por tanto nos quedamos más preocupados que antes”. Agregó que “el anuncio es regresivo” y que el jefe de Estado se vio “desesperado en ofrecer esta medida que favorece a los sectores más de clase media versus los más vulnerables. Él no hubiera hecho este anuncio si es que no hubiéramos puesto en tabla y aprobado el proyecto que permite el retiro de fondos. Esperamos un anuncio concreto en favor del 50% de los trabajadores que ganan menos de 500 mil pesos y los cientos de miles que tienen ingresos informales, quienes han sido los más perjudicados”.

El socialista Leonardo Soto sostuvo que “vamos a estudiar en profundidad el proyecto, no sabemos cuál es el monto global de dinero que atrae aparejado, no sabemos a cuántas personas beneficiará, hay mucha letra chica. Se excluye a los trabajadores que ganan menos de 500 mil pesos que es la mitad de los trabajadores chilenos y además, hay que probar que se tuvo una caída significativa en los ingresos y sabemos que cuando se ponen estos requisitos, el resultado es siempre el mismo: la gente no clasifica”.

El diputado del Frente Amplio Gabriel Boric, indicó que el gobierno “llega tarde” y “con letra chica” con los anuncios y que “tengo la convicción de que en el estado de necesidad en el que se encuentran miles de chilenos y chilenas, tienen el derecho a elegir cuál es la mejor alternativa, qué es lo que más les conviene. Por eso mantengo mi apoyo al proyecto que permite el retiro de fondos de las AFP y crea un fondo colectivo que actuará como compensación y de manera progresiva. La gente no es tonta, sabe elegir, démosle esa posibilidad”.

Faltaba la guinda de la torta. El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín (UDI), principal figura presidencial de Chile Vamos, se sumó a las críticas al plan de clase media reforzado presentado por el gobierno como alternativa para desactivar el apoyo oficialista a la reforma. “Lo encuentro malo porque efectivamente deja gente fuera. Entonces, mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente, no me gusta. No lo puedo votar a favor así”. Lavín insistió en que “hay grupos muy relevantes de personas que son del corazón de la clase media, que por diversas razones, que porque tienen un sueldo distinto al real, por ejemplo el garzón que gana $800 mil, pero por las propinas y su sueldo real es 300 mil, entonces él no califica para este beneficio”.

“Las declaraciones del ministro son bien sorprendentes, porque la posición de la autoridad sanitaria al informar los recursos ha sido en otra línea, primero desconociendo los problemas de stock que hoy reconoce y señalando incluso que la entrega parcializada del tratamiento antirretroviral no genera un problema de garantías constitucionales de los recurrentes”, declaró la abogada Gabriela Solís Valenzuela, quien patrocina algunos de los recursos de protección contra el Ministerio de Salud (Minsal).

La mañana de este lunes, durante la entrega del informe diario del avance de la pandemia de Covid-19 en Chile, el Ministro de Salud Enrique Paris fue consultado respecto a los nueve recursos de protección presentados en distintas Cortes de Apelaciones del país, como Santiago, Iquique, Concepción, La Serena y San Miguel, debido al atraso y la entrega incompleta de terapias VIH multidosis, donde afirmó que “es verdad que hemos tenido en algunos servicios de salud o en algunos establecimientos, una entrega que solo ha sido suficiente para un mes y es por eso que lo estamos corrigiendo”.

El ministro indicó que desde el Minsal “estamos respondiendo como debe ser, como corresponde, a la justicia. Y paralelamente en concomitancia con la Cenabast, dando respuesta lo más rápidamente posible a los requerimientos de los hospitales para entregar una cantidad de medicamentos que ojalá alcance para los tres meses”.

Paris reconoció que “hemos tenido problemas de abastecimiento desde el exterior, pero todas las solicitudes de medicamentos se han respondido”. Además aseguró tener “un compromiso muy especial con el programa de VIH/SIDA y he hecho el llamado a que la atención primaria mantenga control y mantenga el tratamiento de aquellos pacientes”.

Improvisación en la respuesta  

Gabriela Solís calificó de sorprendente “esta nueva actitud del ministro” puesto que “en la tramitación de los recursos, la posición del Minsal ha sido bastante más agresiva”, sobre todo en La Serena, “donde el Consejo de Defensa del Estado, en representación de ministerio de Salud, ha pedido derechamente la inadmisibilidad del recurso de protección indicando que tampoco hay una conducta reprochable porque se están entregando los medicamentos”, dijo a Página 19.

La abogada que también patrocina acciones judiciales que se encuentran en la Corte de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, en espera de resolución, detalló que considera complejo que la autoridad emita esas declaraciones, cuando la respuesta judicial, a su parecer, no va en la misma línea.

“Es lamentable que por una parte el ministro públicamente ante la sociedad y frente a la pregunta de un periodista sostenga que se está respondiendo a los requerimientos de los recursos de protección, porque lo que se está haciendo es, por parte del Consejo de Defensa del Estado, cerrarle la puerta a la justicia a las personas VIH positivas y las repuestas que se han dado en los otros recursos tampoco han sido en orden a satisfacer la pretensión de los recurrentes”, subrayó.

Solís destacó que aun cuando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió al tema en la Mesa de Género Covid-19 del Senado, esta es la primera información oficial entregada por el ministro, que da cuenta de un problema de abastecimiento.

“Es complejo que a estas alturas de la pandemia se sostenga esa información porque tempranamente ONUSIDA, a comienzos de marzo, empezó a instruir a los Estados en orden a generar los abastecimientos que permitiesen el suministro de terapias por lo menos para tres meses, entonces que ahora se diga este argumento de desabastecimiento da cuenta también de la improvisación con la que la autoridad sanitaria ha respondido ante esta demanda”, puntualizó.

Para la abogada la entrega de terapias de manera parcelada y no por al menos tres meses, como es la recomendación, se trata de una conducta arbitraria, “no solo es caprichosa porque no hay una razón técnica para no entregar los medicamentos en la forma que se solicitan, además contradicen las propias declaraciones y normativas internas que ha entregado el Ministerio de Salud”.

Junto con ello, remarcó que es además ilegal, porque contraviene una normativa interna dictada por el propio Minsal, “en particular desatiende o más bien olvida el decreto que dicta el subsecretario Zúñiga, que modifica el decreto de alerta sanitaria, y que expresamente dispuso la entrega de tratamiento por a lo menos tres meses para enfermos crónicos, y además olvida un ordinario, que es una instrucción dictada por la autoridad sanitaria, destinada a los servicios de salud locales, que instruía en el mismo sentido la entrega de tratamiento por a lo menos tres meses”.

Por otra parte, destaca que el discurso del ministerio durante el desarrollo de la pandemia ha sido que los medicamentos se entregan por tres meses para garantizar que las personas, sobre todo pacientes crónicos, no se expongan al contagio, pero en la práctica esta se ha realizado de manera parcializada. “Ese es el motivo de los recursos, hay mucha improvisación, tenemos un caso en San Miguel donde se le convoca al paciente para enviarle los medicamentos a domicilio, él accede, realiza todos los pasos del protocolo señalado por el hospital y finalmente dos días antes le informan que le van a llegar con retraso, de manera tal que va a quedar sin medicamentos por lo menos cuatro días”, denuncia.

Agrega que los recurrentes esperan una respuesta satisfactoria que disminuya sus niveles de exposición durante la emergencia. “Es de esperar que las palabras del ministro Paris se traduzca en respuestas concretas que permitan a los pacientes crónicos, sobre todo a las personas que viven con VIH, que puedan estar protegidas y tengan la tranquilidad de que hay suministro respecto de sus tratamientos”, concluyó.

Derecho a la salud y la vida

Víctor Hugo Robles, activista de la disidencia sexual y quien interpuso el primer recurso de protección, valoró que tras cuatro meses de insistencia, “el ministro reconoce que hay problemas en la entrega, distribución y dispensación de terapias VIH multi-mes, que es una denuncia que hemos mantenido en el tiempo, entregado pruebas y recurrido a la justicia”.

El periodista, conocido como “El Che de los Gays”, criticó que el ministro “señale que se están respondiendo como corresponden los recursos de protección porque en esas respuestas se falta a la verdad, dado que no solo se desacreditan nuestras denuncias, se dice que están cumpliendo con la entrega de terapias multi-mes, como recomienda ONUSIDA, sino lo que es mucho más graves, desacreditan y desatienden la labor propia de los Tribunales de Justicia, señalando que las decisiones de los tribunales implicarían una intromisión en asuntos propios de la política sanitaria”, dice en referencia a la dura respuesta del Minsal a su recurso de protección.

De mismo modo, Robles dice preocuparle que la máxima autoridad político-sanitaria señale que instruyó a la atención primaria para “mantener el control y tratamiento en VIH”, cuando los consultorios primarios realizan solo testeo porque el control y atención en VIH se realiza en los hospitales de especialidades. “Me llama mucho la atención que ni el ministro Paris, ni la subsecretaria Daza, conozcan el funcionamiento del programa de VIH/SIDA en nuestro país”.

Víctor Hugo Robles anuncia que los recurrentes persistirán en sus demandas y esperan sumar a otras personas que quieran acudir a la protección constitucional para que el Estado de Chile garantice el derecho a la salud y a la vida de las personas viviendo con VIH. “Tenemos recursos de protección tramitándose en las Cortes de Apelaciones de todo Chile y en varios se ha ordenado al ministerio de Salud entregar terapias multi-mes mientras se discute el fondo del asunto”, finalizó.

Querella criminal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos

En tanto, en la querella por “negligencia grave” interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (FEDEPRUS) en contra del presidente Sebastián Piñera, del ex ministro de Salud Jaime Mañalich y del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zúñiga y que fue declarada admisible, se incluye la entrega de terapias VIH parceladas.

El abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, mencionó que la querella busca perseguir la responsabilidad de las autoridades es seis delitos: cuasidelito de homicidio (Art.391 N°2), negociaciones incompatibles y tráfico de influencias (Art. 240), revelación de secretos públicos o entrega de papeles (Art. 246), denegación de auxilio (Art. 253), negativa o retardo de protección o servicios (Art.256), y denegación de servicios (Art.257).

En el caso de la negativa o retardo de protección o servicio, “esta figura penal se fundamenta en los hechos en relación al incumplimiento grave del compromiso asumido por el Gobierno frente a la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA, en cuento a entregar las terapias multi-mes a personas que viven con VIH”, expresó.

Margotta explicó que este delito se configura en este caso y también respecto de las víctimas de trauma ocular durante la revuelta social, muchas de la cuales denuncian que producto de la crisis sanitaria, sufrieron un serio retroceso en los tratamientos médicos que debería otorgar la Unidad de Trauma Ocular del Hospital El Salvador. “Esperamos que este delito de negativa o retardo de la protección o servicio sea debidamente investigado por la Fiscalía y finalmente no queden en la impunidad”, recalcó.

La pregunta que hoy ronda en los círculos políticos es qué hay detrás de la estrategia del terror que la derecha está implementando a propósito de su fracaso rotundo en el intento de detener la aprobación de la reforma para el retiro del 10 por ciento de los fondos individuales de las AFP’s. Más aún. ¿Qué hay detrás de la aseveración de que el retiro de ahorros previsionales viola el acuerdo constitucional del 15 de noviembre? ¿Acaso está ad portas el intento de desconocer el acuerdo que dejó establecido el plebiscito y la elección de constituyentes para redactar una nueva Constitución? Gran pregunta sin respuesta aún.

Lo dijo primero el Ministro de Hacienda Ignacio Briones. Lo secundó después el ministro del Interior Gonzalo Blumel quien dijo que la decisión de la Cámara “rompe la posibilidad de poder concretar el acuerdo económico y social por US$12 mil millones que tanto Gobierno como oposición suscribimos hace un mes”. En una entrevista radial, el jefe de gabinete dijo que “el proyecto del 10% es malo, va a afectar las pensiones y la forma en que se legisló es muy discutible porque se están atribuyendo facultades del Presidente y de aprobarse esta reforma puede significar un gasto fiscal que hoy no podemos asumir”.Por eso, advirtió que “si eso pasa, el acuerdo económico y social para enfrentar la pandemia no lo vamos a poder financiar, porque ese acuerdo ya son 12 mil millones de dólares, es una cifra gigantesca”.

¿Advertencias? ¿Amenazas? No por nada para elPartido Socialista, los dichos de Briones contienen una “interpretación equivocada, irresponsable y peligrosa”.“Estas desafortunadas declaraciones dan cuenta de una visión alterada de la realidad y de un desequilibrio en el actuar del ministro Briones”, advirtiendo de paso que “la oposición seguirá ejerciendo sus atribuciones en el Congreso Nacional, y el ministro Briones deberá exhibir mejores argumentos a la hora de ejecutar la obstinada política del Gobierno de proteger a los grupos económicos, y no acoger las iniciativas que van en directo apoyo de las cientos de miles de familias que están sufriendo los efectos de la crisis”.

Para el presidente del PPD Heraldo Muñoz, el planteamiento del ministro Briones es “francamente patético”. “Con esa lógica, los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, que votaron favorablemente el proyecto, serían parte de este quiebre del acuerdo constitucional. Eso no se sostiene y más bien parece un guion salido de La Moneda para intentar una vez más erosionar la idea de realizar el plebiscito del 25 de octubre, tal cual está contemplado, para votar si Chile quiere o no nueva Constitución”.

Habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos que, en estos tiempos, no corren. Vuelan. Y mientras, mueren chilenos por la pandemia y muchos pasan hambre y angustias por no poder pagar sus cuentas.

Semana clave

Lo que está claro es que esta semana será una de aquellas que no se olvidarán. Una prueba de fuego más para el gobierno y la derecha que para la oposición. Tanto es así, que ha debido intervenir el propio Presidente Piñera para aplacar los roces e intentar revertir lo ocurrido la pasada semana, cuando en un hecho histórico, la Cámara de Diputados por los 95 votos a favor aprobó una reforma que autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta el 10 por ciento de sus fondos previsionales acumulados. Lo insufrible para el gobierno y Chile Vamos es que 13 de esos votos pertenecen a Renovación Nacional y a la UDI, provocando con ello el peor desastre de la historia de este gobierno, al punto que su coalición se sumergió en un ir y venir de acusaciones, emplazamientos y acciones casi infantiles (como lo que protagonizó el joven diputado Shalper que renunció a la bancada, pero no a su partido RN, sin que muchos en tendieran qué pretendía él y otros 9 parlamentarios que lo siguieron).

Es de imaginar las presiones que se están ejerciendo para revertir el escenario en la Cámara respecto del proyecto que permite el retiro del 10 por ciento del fondo de pensiones, que se vota nuevamente en sala -esta vez en particular- este miércoles. La Moneda busca que al menos 3 de los 13 de la fama en la derecha cambien de posición, sea votando en contra, sea absteniéndose, que es lo mismo que votar en contra. Si así ocurriera, el proyecto no se aprobaría y entonces no podría ser despachado al Senado. La diputada María José Hoffman y el senador Moreira se han convertido en los operadores políticos para el convencimiento de los parlamentarios díscolos de que las medidas para la clase media que se están preparando a todo vapor en la presidencia sean satisfactorias para ellos. Es la gran apuesta del Ejecutivo.

El Presidente mismo se está jugando peligrosamente por ello y llama y se reúne vía zoom con presidentes y jefes de bancada de los 3 partidos de Chile Vamos. Primero fue una reunión con 55 autoridades integrantes de su gabinete y que se da en medio de las tensiones que existen entre el gobierno y Chile Vamos. Luego hubo otra, con presidentes de sus partidos y de sus bancadas.

En uno de esos encuentros, Piñera habría transmitido que había que “refundar Chile Vamos” desde los principios y convicciones del sector. Que debía existir una nueva forma de relacionarse con los partidos.Habría manifestado, además, su molestia con la coalición y su deseo que ellos también asuman las responsabilidades de la derrota en el Congreso.

Por algo el Ministro Blumel dijo después que hay una crisis de convicciones en Chile Vamos y que “nosotros hemos criticado que el populismo está en la izquierda, pero ahora parece que también ha empezado a entrar, lamentablemente, en algunos parlamentarios de nuestro sector”. Peor aún. “Hay que reflexionar -dijo- sobre la necesidad de transparentar que, en algunos casos, va a haber parlamentarios que no van a estar, y que quizás ellos mismos tomen la decisión, legítima, de ponerse al margen de la coalición”. Y agregó: “hay que transparentar la realidad, quizás vamos a tener una coalición algo más chica, más acotada, pero esperamos con un trabajo más cohesionado”. Y agregó que, si bien la permanencia de los parlamentarios “es una decisión que toman los partidos”, recalcó que “claramente, para el gobierno es incomprensible que haya parlamentarios que voten por proyectos o ideas ajenas a nuestro ideario”.

Fue echarle bencina al fuego. Hubo molestias explícitas en Chile Vamos por los dichos del Secretario de Estado. Le respondió el senador Allamandseñalando que nunca es conveniente una coalición chica y el presidente de RN, Mario Desbordes, manifestó que “los diputados de RN, incluyendo los que votaron a favor el proyecto del 10% han votado la enorme mayoría de los proyectos junto al gobierno”. Y agregó: “Somos minoría en ambas cámaras, no me parece lógico estar empujando diputados hacia la oposición”.

El verdadero poder saca la voz

La voz que faltaba, la del verdadero poder, apareció el fin de semana. Era el rechazo por escrito de los 15 presidentes de las ramas productivas del país. Por cierto, allí estaba Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC);Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC); Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami); Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); y Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. También los más chicos, que quieren ser grandes: Rafael Cumsille, Presidente Confederación Nacional del Comercio Detallista;Juan Pablo Swett, presidente MultigremialNacional de Emprendedores; Juan Araya, presidente Confederación Nacional Dueños de Camiones; José Carreño, presidente Indupan; Sergio Pérez, presidente CNTC y Ricardo Margulis, presidente de Fedetur.

En la declaración de los dueños de Chile, que hasta hoy no se han pronunciado por los once mil muertos que ya se ha llevado de nuestra tierra el coronavirus, se señala: “observamos con profunda preocupación cómo se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores chilenos, y de paso, a un pilar de la institucionalidad de larga data, como es el que consagra la iniciativa exclusiva en materias previsionales y de gasto por parte del Presidente de la República”.

Los partidos de la derecha, enfrascados en su solapada guerra intestina, han olvidado también por qué están como están.

Lo concreto es que hagan lo que hagan hoy, así se declaren amor eterno -cosa que aún no ha ocurrido pese a los esfuerzos del gobierno- en la derecha se produjo una fractura que será muy difícil de recomponer. La trizadura siempre estará a la vista.

Este lunes, la Defensoría Ambiental presentó una solicitud a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para exigir el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas por la Corte Suprema el 28 de mayo de 2019. En este fallo  distintas reparticiones del Estado fueron condenadas tras los envenenamientos masivos que ocurrieron en la bahía de Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre de 2018.

En este contexto, la Defensoría Ambiental interpuso un recurso de protección para resguardar urgentemente los derechos a la vida, salud y medio ambiente libre de contaminación de las personas afectadas. Otras ONG también interpusieron recursos de protección, tal como la Clínica de Justicia Ambiental de la UDP, la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes de igual manera estarán solicitando a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el cumplimiento de la sentencia 5888-2019.

A la fecha, el Estado chileno no ha logrado resguardar las garantías fundamentales de las personas afectadas por la contaminación extrema de la bahía. Asimismo, en el año que siguió la dictación de la sentencia, se han producido 313 GEC (Gestión de Episodios Críticos), 9 alertas ambientales, 3 preemergencias y 1 emergencia ambiental. Sin embargo, el monitoreo de la calidad de aire está limitado y se refleja en la pobreza de la plataforma de monitoreo elaborada por AES Gener y Codelco.

«Recordamos que la exposición a contaminación atmosférica tiene que ser abordada con mayor preocupación en el contexto de crisis sanitaria por covid-19. El 8 de julio, la revista Nature Communications publicó un estudio científico que refuerza las conclusiones de estudios anteriores, con «evidencias robustas de que es posible la transmisión del SARS-CoV-2 a través del aire». Esto podría significar una mayor posibilidad de contagio en zonas muy contaminadas, las cuales presentan una alta tasa de material particulado (MP2,5 y MP10), que podrían facilitar la permanencia del virus en el aire », señala la Defensoría Ambiental.

Un llamado urgente a la unidad de todas las fuerzas de oposición para construir una alternativa de futuro para Chile realizó la Comisión Política del Partido Socialista, que además, comprometió el respaldo de toda la bancada de senadores para la aprobación de la reforma constitucional que autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta el 10% de sus fondos de pensiones ya aprobada en  la Cámara de Diputados.

Señalan que  por “la mezquindad del Gobierno durante el transcurso de la pandemia que ha generado un colapso social de proporciones históricas. Su estrategia de protección social por goteo, claramente insuficiente, ha obligado a la oposición a impulsar soluciones de emergencia que tengan un impacto directo en las familias que han perdido sus empleos o han visto drásticamente disminuidos sus ingresos.

En razón que esta iniciativa necesita un quórum de 3/5 para su aprobación “llamamos a los senadores y senadoras del oficialismo a tomar conciencia del drama que están viviendo las familias chilenas y apoyar esta iniciativa”.

Recuerdan que el Gobierno ha desaprovechado importantes oportunidades para fortalecer el sistema de protección social durante el estado de catástrofe. “En el debate sobre el IFE, tuvo una negativa contumaz, y por la presión de la oposición se mejoró el instrumento, aun cuando siga siendo insuficiente. Ha ocurrido lo mismo con el bono COVID, el postnatal de emergencia y, sobre todo, con el llamado “Plan Clase Media” anunciado por el Presidente Piñera, cuyo resultado final es endeudar aún más a las familias. La indolencia del Gobierno y su afán de resguardar los intereses de los grandes grupos económicos ha logrado convertir la crisis sanitaria en una crisis social, económica y política, llevando al país a una situación de peligro extremo”.

Por otra parte, todos los comités parlamentario de la oposición, 24 senadores y senadoras, firmaron una declaración pública conjunta señalando que votarán por la propuesta de retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFPs para los chilenos y chilenas.

“En estos momentos, en que los efectos de la pandemia se dejan sentir día a día con más fuerza sobre la población, y las medidas de apoyo han sido lentas, burocráticas e insuficientes, es más urgente que nunca explorarlas diversas alternativas, sin exclusiones”, dijeron.