La situación que viven las personas privadas de libertad se encuentra al límite de lo éticamente permitido. Las cárceles de Chile se han transformado en verdaderos «centros de tortura», muchas veces valiéndose de la invisibilidad en la política pública, las comunicaciones y el fuerte desprecio social que recae en estos recintos y sus reclusos, variables que han transformado los centros penitenciarios en lugares de atropellos de los derechos humanos en plena democracia de un Chile 2020 que pretende crecer.

Es fuertemente preocupante, como jóvenes ilusionados en un desarrollo laboral y académico se transformen con el pasar de los tiempos en torturadores, verdugos y seres perversos alimentados de la violencia.

Lo anterior nos hace pensar en el daño país que tenemos como sociedad y, a la vez, en la miseria que esconde la pobreza y desprotección.

Pensar que en un escenario como las cárceles chilenas se pueden dar la bien llamada reinserción es una simple utopía de un sistema colapsado y del cual nadie quiere hacerse responsable. Dejando en un péndulo la vida y la integridad, no solo de todos los que cohabitan el mundo carcelario, sino también, a la familia de reclusos, gendarmes, profesionales y técnicos que se desempeñan en este recintos de opresión y experimento social.

La violencia no se ha detenido y tampoco ha disminuido, quedando en evidencia toda su perversión durante la crisis social que cruza nuestro país en la cual, lamentablemente, desde un enfoque punitivo, vemos cómo el gobierno actual del Presidente Piñera y su gabinete intenta resolver los problemas sociales y la deficiencia del manejo de la pandemia en penas de cárcel y castigo.

Hoy resulta importante revisar el tema penitenciario, ya que el sentido común, que nos hace pensar que en las cárceles están los antisociales de este país, se rompe cuando acá no solo se encarcela la pobreza sino también el hambre.

Ejemplo de la tortura que se presenta al interior de Gendarmería es la sufrida por el ex recluso y hoy activista en derechos humanos penitenciarios, Carlos Espínola Robles quien señala:

 «Antes de salir estuve 7 meses encerrado en una cárcel bajo el sonido incansable de una gotera. El daño físico que me dejó esta situación me acompañará toda la vida, a su vez el impacto en mi familia fue mayor».

Para Espínola, la cárcel no distingue entre etnia, religión, orientación sexual, ahí simplemente las personas se transforman en elementos de experimentación sobre los cuerpos.

La Corte de Apelaciones de Santiago instruyó a Gendarmería el cierre del módulo Alfa Colina dos al constatar la vulneración a la constitución y al reglamento interno de la institución, caso llevado en ese entonces por el actual diputado Hugo Gutiérrez y Boris Paredes, en representación de Carlos Espínola Robles y otros internos.

Los antecedentes de violación a derechos humanos parte desde la creación de las cárceles en Chile son históricos, entregando material suficiente para un centro de memoria carcelaria en donde se documenten los atropellos a los derechos humanos al interior de los recintos de reinserción social. Sin embargo, llama la atención el desconocimiento de los otros poderes del Estado en torno a esta materia.

Frente a esto, en consulta a un alto representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual señala que “levantan la información, realizan la denuncia y Fiscalía en un gesto casi recurrente y deportivo hace escaso seguimiento a las miles de causas, presentadas por el organismo, priorizando al parecer, el cierre de la carpeta investigativa”, dando cuenta de la existencia de vicios en el sistema que deben ser erradicados, ya que ningún país democrático puede avanzar con torturas y más aún cuando se habla de crímenes que pueden ser sancionados en cualquier corte internacional.

Si bien, los cientistas sociales podemos afirmar que nadie soñó con ser parte de la cárcel, no podemos ignorar que vivimos en una sociedad que establece el camino para que ello se cumpla, la marginación, segregación, violencia y olvido de los sectores más vulnerados de nuestro país han pavimentado el camino para la concreción del delito, restarle responsabilidad a la sociedad de los presos de Chile sería una mirada miope para la solución.

Hoy al parecer todo espacio de reclutamiento social se ha transformado en el nuevo negocio de los empresarios, un negocio inescrupuloso, donde la vida pasa a segundo plano y el valor por el dinero fuese su eje principal. Esto nos puede abrir una puerta a la vulnerabilidad mayor, tal como pasó con la privatización de las carreteras, si bien los puntos de comparación en términos sociales no tiene justificaciones, acá el reparo está en el negocio y lucro por sobre las vidas, tal como las carreteras necesitaron más autos para lograr sus ganancias, incentivando la venta de ellos, la privatización requiere más presos para justificar sus cárceles, desde los constantes mensajes de criminalización del Gobierno de turno tienen, el sentido empresarial de abastecer las cárceles y obtiene buenos dividendos económicos.

Lo privatizado que tiene nuestra sociedad, ha dejado el valor de la vida por debajo del valor del dinero, las cárceles de Chile. Los atropellos son variados y al parecer la responsabilidad social que tenemos como país, queda encerrada al mismo momento que se entrega la sentencia, dejando en total desprotección social a reclusos, gendarmes, profesionales y técnicos que viven bajo el mismo techo.

La pandemia que azota nuestra región y sobre todo a nuestro país, ha dejado al descubierto las falencias que se instalan con la (in)justicia social y la falta de oportunidades que enfrentamos como sociedad, dejando a una parte mínima de la población colmada de privilegios y otra parte más bien observadores de los mismos, obligándolos a estos últimos a ser futura población penal.

En la actualidad la población recluida en sus distintas modalidades llega a un total de 38.834 personas, de las cuales 24.264 se encuentran en cárceles tradicionales y 14.570 en recintos concesionario, cifras entregadas en Gendarmería de Chile en su página oficial. Si a esta población sumamos las personas que trabajan directa o indirectamente con la población recluida, finalmente superamos las 50 mil personas, es decir más de 50 mil familias relacionadas directamente con la situación que se vive en las cárceles de Chile. Dato no menor para hacernos responsable no solo de la víctima y su necesidad de justicia, sino también del victimario.

Esto nos coloca frente a un nuevo desafío, podemos seguir avanzando en una sociedad que todo lo resuelve con la sanción penal y la privación de derechos y libertades, sin reconocer que llenando las cárceles no se han solucionado el problema principal para lo que fueron diseñadas.

Es posible que sigamos aumentando la población penal, sin hacer las distinciones correspondientes para asegurar que el delito cometido sea realmente sancionado, según lo que establece la Ley Penal y no la «ley sin límites» que se vive en los recintos penitenciarios, lo cual muchas veces transforma a los mismos funcionarios en víctimas y victimarios en el ejercicio de la profesión.

Hoy en tiempos de pandemia, resulta vital hacer un alto, detenernos en esta población penal y revisar las vulnerabilidades que se enfrentan a diario en los recintos. Las cárceles de Chile hoy tienen presos y vulnerados a gendarmes, profesionales, población penal y familia de los antes mencionados.

También parece relevante la creación de la Mesa de Derechos Humanos y Cárceles, impulsadas por Claudia Dides en representación de la Senadora Adriana Muñoz y Carlos Espínola por la red Libertad y Dignidad, en la cual también trabaja su agrupación, Libertad sin Cadenas.

En una sociedad democrática, el acceso a la justicia no debe estar centrado solo en el procedimiento; debe mirar esencialmente al individuo, al ciudadano; debe estar a su disposición, no solo para resolver un conflicto penal significativo, sino también para resolver el sinfín de pequeños conflictos civiles que lo enfrentan, en un modelo de desarrollo como el nuestro, a las grandes empresas y corporaciones, casi siempre instaladas con una posición de abuso monopólico; o incluso a un Estado, el “ogro filantrópico” como diría el escritor Octavio Paz, ante cuya maquinaria habitualmente sucumben las aspiraciones de justicia que tienen los pequeños ciudadanos.

Un adecuado acceso a la justicia en Chile, por otro lado, debe consolidar el nuevo sistema procesal penal, así como los sistemas procesales civil, laboral y de familia actualmente vigentes; debe reformar con urgencia el Código Penal, que data de 1874 y respecto del cual existen al menos tres proyectos de reforma, mejorando y modernizando significativamente los tipos penales y la asignación de sus respectivas penas; debe crear un sistema efectivo de representación y protección de la víctima de este tipo de ilícitos, a la vez que profundizar sustancialmente la reforma de la justicia militar; debe descongestionar la judicatura civil de las causas de cobranza de bancos y financieras que copan casi un 80% de su capacidad, ya sea creando tasas de litigación para estos demandantes, o bien estableciendo sistemas especializados o ambos; debe reformar la justicia vecinal, para transformar a los juzgados de policía local en un auténtico sistema de juzgamiento vecinal y no en meros reservorios de leyes cuya tramitación desecharon los tribunales civiles; debe también instalar un sistema menos abusivo de notarios y archiveros, creando fedatarios públicos y privados, pero protegiendo a la vez a las pequeñas notarías que viven de lo que llega a su mesón, equiparando un poco la cancha con las grandes oficinas notariales que trabajan, otra vez, dedicadas casi en exclusividad a bancos y financieras, por mencionar lo más importante.

Mecanismos para la implementación del acceso a la justicia: la Defensoría Penal Pública, la Defensoría Laboral, la Corporación de Asistencia Judicial, las clínicas jurídicas de las Escuelas de Derecho, etc.

En materia penal, la reforma más significativa que dice relación con el acceso a la justicia es, sin lugar a duda, la que crea el Ministerio Público y su contraparte, la Defensoría Penal Pública.

Sin entrar a analizar en detalle esta reforma, al cabo ya de casi 20 años de su vigencia en el país, es obvio que se requiere una reforma de la reforma, la cual está siendo estudiada hace varios años en el Parlamento sin que haya sido aprobada. Por no tratarse este de un comentario para especialistas solo diremos que, entre lo más urgente, está la creación de mecanismos de fiscalización y control más eficientes de la labor del Ministerio Público; el fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública, equiparándola a su contraparte, requisito esencial para que funcione adecuadamente un sistema que se pretende garantista; creación de un servicio de representación de la víctima, atendido a que la función del Ministerio Público conceptualmente hace abstracción de sus intereses y de su protección específica; creación de una policía técnica que esté a la altura de los reales desafíos del nuevo proceso penal, por mencionar algunas.

Una antigua pretensión de las Corporaciones de Asistencia Judicial (son cuatro en total) ha sido la creación de un Servicio de Asistencia Judicial de carácter nacional, que complemente el actual sistema de acceso a la justicia; no obstante, es relevante señalar que dichas corporaciones no son el mejor punto de partida para semejante desafío, ya que, como se sabe, corresponden a otra época histórica del país, en que imperaban otros sistemas procesales de juzgamiento, por lo que en estos años se han visto sumamente tensionadas por la necesidad de adaptarse a un fenómeno de mejoramiento de los estándares para el cual no están preparadas.

En efecto, estas cuatro corporaciones son entidades de derecho público, con patrimonio propio y sin fines de lucro, cuya misión es entregar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos, con una fuerte orientación asistencialista y no de derechos, que funcionan sobre la base de un sistema de abogados jefes y postulantes a abogados, egresados de la carrera de Derecho de todas las universidades del país, lo que hace que los servicios judiciales que prestan resulten muy heterogéneos en calidad y alejados de los estándares internacionales esperados en materia de derechos humanos.

Fueron creadas por la Ley N° 17.995, de 1981, y la Ley N° 18.632, de 1987, en plena dictadura militar, y si bien en su momento fueron la única respuesta a la necesidad de proveer asistencia judicial a personas vulnerables, hoy no se justifican tal como están formuladas, especialmente si se toma en cuenta que cada una de ellas cuadruplica los aparatos administrativos y sistemas de gestión que son necesarios para su funcionamiento, provocando con ello, entre otros, una difícil coordinación a nivel nacional entre ellas y con la autoridad de la que dependen, que es el Ministerio de Justicia.

Es una cuestión indesmentible, en todo caso, que hoy llenan una necesidad débilmente cuantificada en todo el país, a través de sus consultorios fijos y móviles, tanto en lo que respecta a la representación judicial, como a través de sus centros de mediación y salidas alternativas, en materia penal, de familia, civil y laboral (en mucha menor medida) y actividades de difusión jurídica.

Una experiencia positiva, pero muy acotada, son los Centros de Víctimas de Delitos Violentos, que atienden bajo una concepción más holística y multidisciplinaria, con abogados, psicólogos y asistentes sociales, y que excluyen a los postulantes a abogados por esta misma razón.

Pertenecientes también a este sistema asistencialista, no orientado a derechos, son los servicios que prestan las clínicas jurídicas de las Universidades del país que imparten la carrera de Derecho. No obstante ello, cabe señalar que, al menos, se trata de servicios que se ofrecen en un contexto académico, de evaluación, lo que hace que se remitan principalmente a efectuar labores de orientación y consulta legal y solo excepcionalmente a representación judicial, lo que se explica también porque todos los nuevos procedimientos excluyen la participación de estudiantes en las defensas, circunstancia que deja en mal pie al denominado “jus postulandi”, que permitía representar en juicio a contar del tercer año de carrera, por lo que en la actualidad se ve limitado sólo al procedimiento civil, que no contemple actuaciones orales y al de Policía Local.

Otras dos instituciones que solo mencionaré, que también tiene esta orientación asistencialista, son la del abogado de turno y el privilegio de pobreza que, simbólicamente, representa muy bien este tipo de acceso a la justicia antes del año 2000.

Principales reformas que requiere el sistema de administración de justicia del país y que debieran incidir en el mejoramiento del acceso a la justicia de los ciudadanos.

Como ya se ha dicho, la reforma más sustancial en materia de acceso a la justicia es, sin lugar a dudas, la reforma a la reforma procesal penal, seguida de la dictación de un nuevo Código Penal. Ello debido a que esta rama del Derecho es la que atañe al grupo de bienes jurídicos más significativos del ser humano, como son el derecho a la vida, a la integridad física y síquica de las personas, a la justicia, a la igualdad ante la ley, etc.

Sólo en los años 2017 y 2018 existen en la Cámara de Diputados más de 75 proyectos de ley en tramitación que modifican diversos aspectos del Código Penal, lo que demuestra la necesidad de sistematizar y concordar un nuevo código del ramo que dé cuenta de los cambios acaecidos en 145 años desde que fuera dictado, el 12 de noviembre de 1874.

Se suele afirmar que el Derecho Penal es un Derecho de “ultima ratio”, expresión que alude al principio de mínima intervención, ya que esta rama del Derecho es la herramienta de control más severa que puede tener una sociedad.

Este principio, por solo mencionar uno de los tantos que informan al Derecho Penal, se encuentra sumamente vulnerado por la vía de una expansión excesiva del Derecho Penal a áreas que, habitualmente, dicen relación con situaciones de coyuntura política, lo que desequilibra enormemente un Código, ya desmedidamente patrimonialista y poco orientado a los derechos fundamentales más relevantes de las personas, fenómeno que provoca incluso la superposición de normas penales que, ya contempladas en el Código del ramo, son nuevamente descritas y sancionadas de manera similar.

Por el otro lado, conductas que dicen relación con nuevos fenómenos como son las tecnologías de la comunicación o la existencia de una economía globalizada y que afectan a amplios sectores de la población, se encuentran débilmente referidas por las leyes, provocando una desprotección evidente, como sucede con el derecho a la propia imagen, el resguardo de los datos personales, la colusión y el abuso de posición monopólica de grandes empresas transnacionales y con los delitos ambientales, por solo mencionar algunos.

De allí que una reforma penal más sustantiva y orientada a la protección de los derechos fundamentales de las personas provocará, sin lugar a dudas, un mayor y mejor acceso a la justicia de los ciudadanos.

En materia civil, la reforma procesal civil es también largamente esperada, ya que este subsistema de la administración de justicia en la actualidad se encuentra capturado severamente por demandantes que corresponden a bancos y financieras, que atochan con sus procedimientos de cobranza a los tribunales del ramo, haciendo excesivamente largos otros procedimientos de mayor connotación social y que dicen relación con los derechos de las personas.

Otra reforma que debiera incidir, aunque no de manera tan directa como la procesal civil, es la reforma de notarías y conservadores. El proyecto de ley en actual debate en la Cámara de Diputados fue presentado por el gobierno el 3 de septiembre de 2018 y, según reza su Mensaje, tiene seis objetivos primordiales: reducir las barreras de entrada y la discrecionalidad en los nombramientos; perfeccionar el sistema de fiscalización; aumentar la competencia en el sistema notarial; disminuir asimetrías de información; incorporar estándares de transparencia y probidad; modernizar la actividad notarial y registral e implementar la desnotarización de muchos actos que hoy, ya sea por el uso jurídico o por imposición de la ley, se deben efectuar ante notario.

Destaca en este proyecto la creación de los fedatarios que, como se puede imaginar, expande y democratiza la otorgación de fe pública de aquellos actos que la requieran, lo que ha desatado un lobby feroz de las grandes notarías, que han visto amenazado su negocio, a la vez que preocupa a las pequeñas notarías que sólo viven del mesón, como se dice en la jerga de esta actividad auxiliar de la justicia del país.

Por otra parte, se ha discutido largamente en el marco de una reforma civil la creación de nuevos y más eficaces mecanismos de mediación y solución alternativa de conflictos, así como la creación de una justicia vecinal que supere los debilitados juzgados de policía local, que además de contar con muy escaso imperio para hacer cumplir las ordenanzas y demás normas de rango comunal que los sitúan esencialmente como juzgados infraccionales, se han transformado en verdaderos reservorios de legislaciones que ha sido rechazadas por los juzgados civiles, como ocurre con la Ley del Consumidor y la de Condominios, a lo que hay que agregar que, con la reforma procesal penal, estos juzgados se vieron completamente excluidos de la jurisdicción penal.

De allí que una reforma que instale efectivamente una justicia vecinal o de causas menores, como se definen técnicamente, no solo descongestionaría al subsistema civil de administración de justicia, sino que resolvería de manera auténtica un grave problema de acceso a la justicia de amplios sectores de la población, que no encuentran solución a sus litigios menores de carácter civil y vecinal.

Cualquiera sea el caso, cualquiera reforma que pretenda instalar una auténtica justicia de carácter vecinal y de causas menores debiera basarse, para ser efectiva y estar en consonancia con las reformas que se iniciaron en 2000 con el objeto de modernizar la administración de justicia en el país, en los principios de la inmediación, la eficacia, la rapidez y sobre todo, la desformalización y las salidas alternativas de solución de conflictos.

Otras reformas que pudieran contribuir a mejorar el acceso a la justicia en Chile, de los ciudadanos frente al Estado, podría ser la creación del Ombudsman, Defensor del Pueblo o Defensor Ciudadano, del cual han existido a lo menos cinco proyectos de ley luego del retorno a la democracia, ninguno de los cuales ha prosperado.

Esta propuesta, que proviene del derecho comparado, nació como propuesta en Chile en el año 1985, en el seno del denominado Grupo de los 24, que fue un colectivo de abogados constitucionalistas opositores al régimen del Dictador. El último proyecto fue ingresado en 2007 y consistía en una reforma constitucional que proponía la incorporación del artículo 89-A que señalaba textualmente: “Artículo 89 A. Un organismo autónomo, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, con el nombre de Defensoría del Ciudadano, velará por la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, en lo relativo a la satisfacción de las necesidades públicas. Para el cumplimiento de sus funciones, podrá inspeccionar la actividad de los órganos de la Administración del Estado, pudiendo formular sugerencias, recomendaciones y/o informes, que no tendrán carácter de vinculantes, destinados a la adopción de medidas que corrijan o eviten acciones que afecten la regularidad, continuidad e igualdad en la satisfacción de las necesidades públicas a su cargo. La Defensoría del Ciudadano podrá ejercer las acciones judiciales establecidas en la Constitución y las leyes, ante actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado, que afecten derechos, e intereses colectivos o difusos. Las mismas competencias y atribuciones señaladas podrán ser ejercidas por el Defensor del Ciudadano respecto de las personas, naturales o jurídicas, que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública.”

Finalmente, resulta bastante evidente que, luego del estallido social del 18 de octubre de 2019 y sus efectos tanto sociales como institucionales, la perspectiva con la que se deben asumir todas estas reformas al sistema judicial chileno deben tener una mirada estructural, que diga relación con el cambio epocal que se aproxima, que es el único escenario imaginable luego de la crisis mundial desatada, en todo  sentido, por la perniciosa pandemia del coronavirus.

Lo más probable es que cuando hayamos resuelto democráticamente las distorsiones estructurales que afectan la convivencia de nuestro país, la sociedad se incline por un sistema de pensiones con una fuerte base solidaria, resguardado jurídicamente y le otorgue, al mismo tiempo, la posibilidad de contar con un sistema privado a quienes no necesitan de la solidaridad que la mayoría hoy  reclama.

Así más o menos funcionan los sistemas de pensiones en el mundo, con un sistema público fuerte, que es lo que permite garantizar la paz social. El sistema de pensiones existente en nuestro país, es hegemónico en todo el sentido de la palabra, y no nos entrega la posibilidad de elegir entre un sistema público, que es mi opción; y otro privado, coexistiendo con el anterior y dando la opción a que otras personas que piensan distinto o simplemente tengan otras preferencias, puedan optar.

En Chile, no tenemos opción y se nos amenza. Amenazan los empresarios, los dueños de las AFPs, amenazan ministros de Estado, amenazan políticos de viejo cuño y otros que venían a reemplazarlos, amenazan los medios de prensa, economistas y quienquiera que se identifica con el sistema actual. Es que la crisis pandémica, política y social ha terminado de develar la simbiosis  entre el negocio de las AFPs y un sector minoritario  de la sociedad, que se beneficia de ellas y del sistema en el que opera su negocio.

Las amenazas son un síntoma de descontrol, pérdida de horizonte y carencia de argumentos válidos y legítimos. Los argumentos en su defensa se vuelven ilegítimos, cuando se sustentan en  amenazas.

En lugar de hacer articulaciones para una mejor interpretación de la sociedad la élite y su gobierno, más se encierran en su burbuja, más se rigidizan. Amenazas en el contexto de un ideologísmo economicista exacerbado, mala combinación y no funciona porque es ajeno a la realidad del país, no conecta con la población y continua en el descrédito.

Por eso es que,  en poco más de 8 meses, el gobierno ha transitado  desde la guerra a la paz, desde la paz a los acuerdos y desde éstos a todo tipo de acusaciones a la oposición y al Congreso, cuando no culpando a toda la población de sus fracasos. Qué los teóricos de Chile Vamos, expliquen esta ensalada ¡!

Pero lamentablemente conduciendo al país a un pozo cada vez más profundo y llegando con sus soluciones a destiempo.

La carencia de esta incomprensión del país real, se expresa en el lenguaje. Entre las frases más expresivas que utiliza el gran empresariado y los partidarios de las AFPs,  capitaneados por la derecha dura pinochetista en contra del retiro del 10% de los fondos de pensiones por parte de los afiliados, hay una  ya conocida:  “esto va a favorecer a los que más tienen”.

En lo general, “lo ideal” sería evidentemente que ningún trabajador y trabajadora  tuviera que retirar fondos destinados a su jubilación. Decimos  “ideal”,  si viviéramos en un país con un Estado de derecho pleno, es decir, con libertades políticas, derechos sociales y económicos garantizados  en la forma de acceso a los bienes básicos indispensables para la vida: salud, educación, pensiones dignas y por tanto si viviéramos en un país con un Estado presente, activo y solidario.

Nada de eso lo tenemos por la existencia de un modelo económico basado en el lucro, el sobre endeudamiento de la población, economía informal a gran escala, y el extractivismo desbandado que hoy impera en nuestro país. Por lo tanto, en el país real, las pensiones son malas hoy, y así como estamos, seguirán siendo malas en cualquier futuro, si es que no tenemos cambios sustantivos y en una dirección y sentido distinto al actual orden de cosas. Ese sentido es el de un sistema solidario de pensiones, articulado con otros bienes públicos universales.

Dada la emergencia impuesta por la pandemia y la pérdida de ingreso de las familias, el retiro del  10% del ahorro acumulado es lo que corresponde hacer.  Es lo más rápido y flexible. Es una forma de liberarse de la letra chica del gobierno, la ineficacia rimbombante y la burocracia de sus medidas que terminan excluyendo a quienes requieren del apoyo del Estado.

En lo demás, seamos claros. Los que más tienen no necesitan hacer uso del retiro del 10% de su capitalización, tan sencillo porque no lo necesitan, no pasan hambre y no la conocen. El sector más rico del país dice lo que dice, porque siempre que ven afectados sus negocios privados, apelan a este ya gastado argumento. Lo dijeron a propósito de la Reforma Educacional en el gobierno de Bachelet (por qué el estado me debe pagar la educación a mi, si yo puedo hacerlo).

Es el afán de hacer de su propia realidad, la realidad de todos. Por eso, no conectan con el resto del país.

Cualquiera sea el resultado de la votación estas próximas horas,  el descrédito de las AFPs y del gran empresariado no tiene vuelta atrás. Al gran empresariado no le interesa las pensiones de la población, le interesa obtener financiamiento con platas dulces, ojala no pagar impuestos y obtener el máximo de rentabilidad, incluso a costa de la integridad del país.

Pero Chile está en otra y seguirá su curso. Y el curso que tendrá que seguir es hacer efectiva la realización del Plebiscito Constitucional programado para octubre. La realización de este Plebiscito no es moneda de cambio de la opción de retiro del 10% de los fondos de pensiones. Eso se llama chantaje.

Gelucha mía, y más mía que nunca, quiero enviarte en estas pocas letras, todo mi amor, mi recuerdo, mis deseos de verte y estar junto a ti mirando el horizonte infinito; libres absolutamente libres para poder dirigir juntos nuestros pasos, buscando la forma y luchando porque el hombre deje de ser el lobo del hombre y la libertad, la igualdad y la justicia social se traduzcan en hechos concretos, aunque en ello se nos vaya la vida”.

Éstas eran las palabras que el general Alberto Bachelet escribía en una carta desde una cárcel de Chile, detenido por la dictadura militar de Pinochet en los primeros años de la década de los 70’s, a Ángela Jeria, su compañera, su pilar, su fortaleza de toda la vida. Ahora ella descansa en paz, falleció el pasado 2 de julio.

Doña Ángela no sólo es conocida como la madre de la expresidenta de Chile y hoy alta comisionada de los Derechos Humanos de ONU, Michel Bachelet, su reconocimiento  también obedece a su incansable lucha en pro de los derechos elementales de hombres y mujeres, que la llevó a formar parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y del Comité pro retorno de los exiliados de su país.

Alberto Bachelet y Ángela Jeria se conocieron una tarde de 1944 en una kermés, ella tenía 19 años, él era un joven oficial de la Fuerza Aérea. Un año más tarde, y con el consentimiento familiar, se casaron y tuvieron dos hijos; Alberto y Michelle. Vivían una vida familiar tranquila, unos años después él fue ascendido.

Los años aciagos llegaron cuando los militares se alzaron, encabezados por el dictador Pinochet, contra el Gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. En 1974 el general Bachelet murió de un paro cardiaco en una cárcel pública, producto de las duras sesiones de tortura. En el funeral de su esposo Doña Ángela sentenció abiertamente: “Juro que tu muerte no será en vano y lucharé sin descanso hasta que Chile se vea libre de sus verdugos”.

Es así como junto con otros familiares de detenidos inicia una intensa actividad de denuncia para liberar a los presos, hasta que en enero de 1975 es detenida y torturada junto con su hija durante dos semanas. Cuando son liberadas, Doña Ángela y Michelle emprenden el camino al exilio, donde siguieron su activismo denunciando las violaciones de los derechos humanos en las que incurrió la dictadura de Pinochet.

Con el retorno a la democracia en 1990 se convirtió, como con Alberto, en la compañera  de su hija Michel Bachelet, que llegó a la presidencia de Chile por primera vez en 2006 y nuevamente en 2014. Al término del segundo mandato, Doña Ángela recibió una carta más, en esta ocasión de su hija que le escribía: “Agradezco que hayas sido mi compañera más cercana en los mejores momentos y también en los más angustiosos. Una compañera inspiradora, fuerte, digna y resiliente, pero también una presencia cercana, cariñosa y apoyadora”.

Descanse en paz Ángela Jeria, una mujer que es ejemplo de constancia, de lucha y de amor para su familia y para la humanidad