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Comer o Menstruar: La Disyuntiva en Días de Pandemia en Chile

La pandemia de la enfermedad por coronavirus ha desatado un colapso sanitario en el planeta completo, pero que se ha dejado sentir con mayor intensidad en aquellos países social y económicamente más desiguales, incluyendo a Chile, desenmascarando así al «oasis de América Latina”.

En consecuencia, los diferentes entes públicos encontraron solución en la entrega de cajas de mercadería o de “insumos básicos”, pero lamentablemente, las políticas públicas nuevamente nos invisibilizan a más de la mitad de la población omitiendo la entrega de productos de higiene menstrual, un artículo de primera necesidad y de uso periódico en toda familia compuesta por una o más personas menstruantes. Solo dos segundos nos bastaron para darnos cuenta de aquello que el Estado en su visión más androcentrista ignoró.

Resulta totalmente indigno que hoy, cuando tantos hogares chilenos han visto afectados sus empleos y sus ingresos, muchas personas menstruantes se vean enfrentadas a la disyuntiva de tener que optar entre comer o menstruar, puesto que no cuentan con un apoyo que debe ser garantizado por el Estado. O, acaso, ¿dejamos de menstruar en medio de la pandemia? No. Muy por el contrario, los efectos sobre la salud mental observados en esta pandemia como el estrés y la incertidumbre son variados, de creciente magnitud, se dan en múltiples niveles y afectan distintas dimensiones, incluyendo el período menstrual.

Naciones Unidas ha determinado que la falta de acceso al agua y al saneamiento básico y a productos de higiene menstrual, limpios y seguros, además de métodos de lavado o desecho de los mismos, dificultan el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, pudiendo afectar sus derechos fundamentales tan esenciales como la salud, la educación, la vivienda, entre otros.

La propia Declaración y Plataforma de Acción de Beijing promueve la salud sexual y reproductiva de la mujer y su educación, pero lamentablemente solo quedan como recomendaciones teniendo como consecuencias que la menstruación y la salud reproductiva siguen siendo un tema descuidado y estigmatizado, incluso en las regiones más ricas del mundo.

Incluso, en países como la India, la falta de instalaciones sanitarias en la mayoría de las escuelas hacen que la menstruación se convierta en un catalizador para la deserción escolar, la transición a la edad adulta y, en consecuencia, el matrimonio infantil y el embarazo precoz, todo lo anterior ya sea por la insalubridad, los mitos y la incomodidad de las niñas y adolescentes al tener que convivir con su periodo y mancharse por no tener elementos que la resguarden.

No obstante, esta realidad no se limita a los países menos desarrollados. En Chile, aún falta educación sexual integral que ayude a nuestras niñas a comprender qué les está sucediendo cuando empiezan a menstruar y que involucre también a los niños y todo el ambiente familiar, escolar y social, derribando así supuestos estereotipos.

En este contexto creamos Feminube, una iniciativa que emerge desde la visión de mujeres organizadas, fuera de las estructuras gubernamentales, en tiempos muy duros y difíciles por la pandemia, buscando relevar los productos de higiene menstrual como artículos de primera necesidad. Gracias a las donaciones desinteresadas de decenas de personas hemos podido en unas pocas semanas aportar un alivio a muchas personas menstruantes que están sufriendo privaciones, dolores y angustias, entregándoles los productos de higiene menstrual que necesitan con urgencia y no pueden costear.

Pero nuestro objetivo no descansa allí, sino que es más profundo: que la higiene menstrual sea entendida como una cuestión de derechos humanos, en directa relación con la dignidad, el respeto, la educación y la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas que menstrúan.

Solo discutiendo abiertamente sobre la menstruación lograremos un cambio cultural efectivo y duradero. Para que nunca más en Chile ninguna persona menstruante se vea enfrentada a tener que optar entre comer o menstruar, porque merecemos menstruar en las mismas condiciones y con dignidad siempre.

Semana para Olvidar con más de 7 mil Muertos por Coronavirus con Medio País en Cuarentena

Semana para olvidar. Más de 7 mil vidas se ha llevado la pandemia que asola el país. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos se hacen. Son demasiadas situaciones sin explicación. Algunas más serias que otras, pero todas, igualmente graves. Porque, ¿qué explicación puede haber para contabilizar 7 mil chilenas y chilenas muertos? ¿Qué falló para estar hoy entre los primeros países del mundo en el número de contagios del corona virus? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió para que el contagio se extendiera a más de 250 mil personas, superando así a la propia Italia?

Aunque no es momento de cobrar por las responsabilidades, porque todas las energías del país deben estar puestas en cortar la cadena de contagios, lo cierto es que lo que nunca los chilenos se hubieran imaginado que podía ocurrir en Chile hace un par de meses, finalmente ocurrió, para sorpresa de todos. Las escalofriantes imágenes de España, Italia, Estados Unidos  y Francia, con hospitales abarrotados, camiones frigoríficos para mantener los cuerpos sin vida de sus compatriotas, médicos y enfermeras con sus rostros marcados por las mascarillas por las horas interminables de trabajo, hombres y mujeres sin poder contener sus llantos, por nombrar sólo algunos de los angustiosos ejemplos que se veían todos los días y a cada ratos en  los programas de TV, son imágenes que comenzaron a replicarse en el país a pasos agigantados. Horas y horas de espera. Ambulancias convertidas en urgencias. Urgencias convertidas en UCI. En fin. El peor de los escenarios y aún no termina.

Aunque los ex ministros de Sebastián Piñera salieron al unísono a defender la gestión del defenestrado ministro Mañalich, lo cierto es que hay consenso generalizado en que hubo responsabilidad del gobierno en el desastre que se vive. Y que Mañalich fue el fusible que saltó para evitar males mayores. Les guste o no, la hora de asumir responsabilidades ya llegará.

Pero por ahora, la ceguera está llegando a tal extremo, que acusan a la oposición de ser los causantes de la caída del ex ministro de Salud, sin detenerse un instante a pensar en las consecuencias en vidas perdidas por la gestión de Mañalich. Por ejemplo, la exministra de Educación, Marcela Cubillos, esposa del senador Allamand, tal como su marido, hizo una férrea defensa de Jaime Mañalich, acusando una persecución al ex ministro de Salud previo a que se iniciara el brote de coronavirus en Chile. “Al ministro Mañalich se le está persiguiendo de antes que se iniciara esta pandemia”, indicó Marcela Cubillos en el programa Mesa Central de Canal 13. “Lo vuelvo a decir acá: la izquierda le tenía puesto el ojo mucho antes de que partiera la pandemia del Covid-19“, sentenció Marcela Cubillos.

Repetía así lo que en una carta a El Mercurio -dónde si no- 33 ex autoridades de Piñera señalaban que “todo ese esfuerzo y compromiso de Jaime no fue suficiente para satisfacer la furia incontenible que invade a muchos -en este Chile que sufre- por destruir a sus adversarios políticos, que los mueve a criticarlo todo, a desconocer el esfuerzo ajeno y a ensuciar la imagen de servidores públicos sobresalientes”. Y pasando por alto toda autocrítica u olvidando las críticas que muchos de sus propios partidarios hicieron más de una vez, los firmantes expresaron que “la descalificación permanente, sin lógica ni medida, se ha instalado, destruyendo día a día nuestra sociedad, causando tanto o más daño que el virus”, asegurando que en Chile “abundan los depredadores de los servidores públicos, expertos en la funa, practicantes de un bullying despiadado que no cesa hasta destruir a sus víctimas”.

¿Bullying despiadado?

Calificaran también como “bullying despiadado” lo que la famosa agencia de noticias e información financiera, Blomberg,  leída por el gran empresariado y la clase política de todos los continentes dijo sobre Chile hace unos días. Bloomberg señaló que actualmente nuestro país “tiene una de las tasas más altas del mundo de infecciones per cápita y su ministro de salud, que alguna vez fue elogiado, se ha visto obligado a renunciar”. La percepción sobre la estrategia llevada a cabo a nivel local cambió radicalmente en relación a la impresión que se tenía cuando en abril “el recuento oficial de casos pintó la imagen de una epidemia bajo control”. De acuerdo a la agencia de noticias e información financiera, “las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres”.

El artículo dice que se trata de un reflejo más de la “desconexión” que existe entre el gobierno y la nación, de la cual ya se contaban con antecedentes, debido al estallido social del 18 de octubre. De esta manera, indican que, en medio de la crisis, se vuelve a dar cuenta de esa distancia de «las élites, con educación extranjera que dirigen el gobierno y el resto de la sociedad”, de la que se han quejado durante mucho tiempo los chilenos, quienes no se sorprendieron cuando el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que «no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento” que hay en Santiago. Según Bloomberg, el peso de la realidad cayó sobre los confinamientos selectivos, “que funcionan bien para los que tienen, pero no para los que no tienen”. En ese marco, aseguran “que la lucha contra el virus en Chile parece haber sido víctima de los mismos factores que provocaron crisis en otros mercados emergentes: pobreza, hacinamiento y una fuerza laboral masiva fuera de los libros”, es decir, en la informalidad.

Destacan entonces que mientras que los ricos, que como en el resto de América Latina trajeron el virus cuando regresaron de sus vacaciones en Estados Unidos y Europa, han hecho sus cuarentenas en departamentos y retiros campestres generosamente espaciados, en Chile se ha aprendido dolorosamente que para muchos el quedarse en casa por un periodo largo no es una opción.

Extremadamente delicado

Si bien las sociedades científicas, el Colegio Médico y algunos centros de estudios como Espacio Público -que llamó a una hibernación para detener los contagios- aún confían en ser escuchados por el gobierno para cambiar la estrategia que hasta ahora se estaba poniendo en práctica -cosa que está tratando de hacer el nuevo ministro de Salud-, lo cierto es que poco o nada se ha conseguido con las cuarentenas. Los números siguen al alza.

La mayoría de los partidos de la oposición, gremios de la salud y personalidades políticas y sociales del país le hicieron un llamado urgente en ese sentido al flamante Ministro Paris. “La crisis sanitaria que desencadenó el coronavirus se encuentra en un punto extremadamente delicado. La fallida estrategia sanitaria asumida por el gobierno en estos meses nos dejó en un complejo escenario que arriesga la vida de miles de personas, y que lamentablemente es muy difícil revertir. La falta de participación y transparencia, la negación de la colaboración efectiva de la comunidad científica y sanitaria, la irresponsable búsqueda de la “inmunidad de rebaño” a pesar de las advertencias, el abandono de la atención primaria junto a la incapacidad de trazar y aislar de forma efectiva, la falta de voluntad de la autoridad para lograr condiciones que aseguren la efectividad de cuarentenas, además de una comunicación de riesgo deficiente, son puntos que deben ser corregidos de forma urgente”.

Y por lo mismo, todos los presidentes de partidos de la ex Nueva Mayoría, las timoneles del Frente Amplio, los dirigentes del PC, el PH, el PRO, el FRVS, parlamentarios de las comisiones de Salud de ambas cámaras y dirigentes de 18 confederaciones y federaciones ligadas a la Salud, solicitaron una reunión con carácter de urgente a usted como autoridad sanitaria para entregar y analizar las propuestas que hemos elaborado en conjunto, y así dar un giro necesario en la estrategia sanitaria para enfrentar el COVID-19 en el país” dice la carta.

Las propuestas buscan construir una estrategia de supresión en el país, basada en un rol central de la atención primaria frente al SARS-CoV-2, que tenga como objetivo cortar la cadena de transmisión del virus. Para lograrlo no bastan medidas aisladas y se requiere una respuesta integral, intersectorial, con la participación coordinada de distintos actores y un importante componente local y territorial. Se requiere enfrentar la epidemia de COVID-19 con una política de Estado.

Se le pide al Ministro que conforme un Comité Nacional de Crisis con presencia de representantes de los tres poderes del Estado “de forma transversal”, alcaldes, organizaciones que representan a trabajadores de la salud y también que se incluya a expertos y académicos. “Resulta claro que el hecho que el Minsal lleve por sí solo la toma de decisiones y la comunicación de riesgo ha sido insuficiente para el objetivo de controlar la epidemia. Hemos visto esfuerzos que van en la dirección correcta para solucionar esto, pero aún son insuficientes”, se lee en la misiva.  Se valora “la mejora en comunicación de riesgo que ha presentado el Ministerio desde que asumió como ministro”. Y se sugiere ahondar en esa actitud y fortalecer el rol de los equipos técnicos en la comunicación estratégica, incorporando “a vocerías socialmente legitimadas para mejorar la confianza desde la ciudadanía”. Señalan que se hace urgente contar con campañas comunicacionales masivas desde la autoridad, que permitan a la población una actitud de cuidado activa, tal como en experiencias exitosas pasada en el país como el enfrentamiento del cólera y la influenza H1N1″.

Al final de la carta, los firmantes señalan que tienen la convicción “de que un mejor manejo de esta crisis, de la mano de una nueva gobernanza y la reafirmación del compromiso con la protección de la salud de las personas, puede salvar vidas y garantizar un mejor pasar a las familias chilenas. Nos ponemos a disposición de dicho esfuerzo y a colaborar de forma activa para mejorar la respuesta. De igual forma, instamos al gobierno a acoger estas propuestas para lograr un política de Estado para enfrentar la epidemia en el país. No queda tiempo que perder y no hay más margen de error”.

Las respuestas del gobierno

Una de las medidas adoptadas por el gobierno ha sido reforzar la fiscalización, aumentar el testeo, y recién comenzar a robustecer la primera línea del sistema de salud que deberá dedicarse en cuerpo y alma a la trazabilidad de presuntos contagiados por el coronavirus.

Otra medida que comenzará a operar el 25 de junio -indispensable para que las cuarentenas tengan algún efecto- es la entrega urgente del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), -ya promulgado por Piñera- logrado tras un proyecto enviado al Congreso luego de un acuerdo entre varios sectores políticos. La iniciativa incluye a todos los que se ubiquen en el 80% de mayor vulnerabilidad en el corto plazo según el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), es decir, para hogares sin ingresos formales, como para aquellos que tienen ingresos formales por debajo del umbral establecido. Contempla aumentar a $100 mil el monto por cada integrante del grupo familiar y se incluye una cuarta parte, con posibilidad de un quinto y sexto en caso de cómo siga la evolución del Covid-19.

Es zanahoria, pero también garrote. Porque esta semana y pese a la oposición del Partido Socialista entre otros, la sala de la Cámara de Diputados ratificó los cambios del Senado y despachó a ley el proyecto que endurece las penas para quienes infrinjan las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Esta iniciativa, impulsada y apresurada por el Ejecutivo, planteaba que gente que viole las cuarentenas, por ejemplo, o que organice eventos y reuniones masivas, deberá cumplir una condena de presidio menor en su grado mínimo a medio (entre 61 días y 3 años y un día), y también podrá ser castigada con multas desde las 6 hasta las 200 UTM ( de $300 mil hasta $10 millones). El ministro de Defensa, Alberto Espina, confirmó que estas sanciones contemplarán hasta cinco años de cárcel.

Penas que pueden convertirse en una verdadera criminalización de la pobreza. Como señaló la experta Lucía Dammert: “Populismo punitivo pandémico. Es cierto que estamos todos los que podemos quedarnos en casa enojados con los que salen. Pero una cosa es salir a comprar y aprovechar de pasear en el helicóptero y otra muy distinta salir a buscar que comer

El descontento de la derecha

Tanto es el desconcierto y la alarma que inunda a todos los sectores políticos que ha sido inevitable que ello se deslice hacia la opinión pública. Quien lleva la bandera del descontento oficialista es .-de nuevo- el presidente de Renovación nacional, Mario Desbordes.“El Fogape (Fondo de Garantías para pequeños empresarios) ha sido un fracaso para rubros enteros, hay que decirlo con todas sus letras”, dijo esta semana.

Esta medida instaurada desde La Moneda no ha tenido el efecto esperado. La idea era entregar una línea de crédito con aval del Estado para empresas micro, pequeñas y grandes. Sin embargo, de acuerdo a Desbordes, “lo que paso acá es que la banca comercial dio crédito a los que ya estaban bancarizados y a los que ya eran clientes”. “Es entendible, no voy a culpar por eso, han dado esos créditos. Pero la cifra que se ha entregado en la Superintendencia (CMF) era una cifra mentirosa, porque decía ‘postularon a créditos 100 pero le dimos a 40 o 50’, y resulta que el ‘postulamos’ era el que había pasado del corte del mesón o del ejecutivo de cuenta porque había miles que necesitaban llenar el formulario (y no pudieron)”, complementó.

De acuerdo a Desbordes, la ayuda no estaría llegando a agricultores, pequeños comerciantes y empresas del rubro gastronómico. “Las pymes me llaman y me cuentan que en los bancos les dicen ‘no, tiene restaurant. Que le vaya bien, éxito. Busque por otro lado’. Si dicen ‘soy agricultor’ la respuesta también es ‘no, vaya a otro lado’. Sencillamente no entraban en el proceso, por lo tanto, no están en las estadísticas, hay rubros completos a los que se les ha negado en todos los bancos o muchos bancos este crédito Fogape, sobre todo si son pequeñas empresas”, detalló el diputado.

Además, el parlamentario dijo que hay casas donde no se entregan los créditos porque son empresas ubicadas en las cercanías de Plaza Baquedano, donde, “los bancos asumen que va a volver, si vuelve el estallido, van a volver dos o tres meses más con problemas”.“ El sector de Plaza Italia, Santiago centro, con un liceo que pasa tomado, hasta ese dato se considera en términos de riesgos”, sostuvo.

Desbordes destacó el trabajo que está realizando el ex ministro de Desarrollo Social y actual presidente de la institución, Sebastián Sichel. De acuerdo al parlamentario, “estoy seguro de que hará el cambio . Sichel tiene la capacidad, conoce la pega, tiene claro el panorama y estoy seguro de que hará eso”.

Atacama: Colegio de Periodistas Acusa al Gobierno Regional Obstruir Acceso a la Información

El Consejo Regional de Atacama del Colegio de Periodistas denunció al Gobierno Regional de obstruir de manera sistemática el acceso a información durante la pandemia de Covid-19 y exigió al Intendente, Patricio Urquieta, mejorar los canales de comunicación con los medios.

La orden profesional declaró que el diseño comunicacional que utiliza el Gobierno en la Región de Atacama impide a la prensa contra preguntar, a lo que se suman los cambios de horarios en la entrega de información y la poca gestión comunicacional, obstáculos que restringen y atentan contra el trabajo diario que deben realizar los medios de comunicación regionales para informar a la ciudadanía en tiempos de pandemia.

Doris Pons, presidenta del Regional de Atacama, informó que como gremio recibieron múltiples reclamos por parte de periodistas, audiovisualistas, corresponsales y comunicadores de la región por la forma en la que se efectúa el traspaso de la información desde las autoridades a la prensa, en medio de la crisis sanitaria.

Explicó que “en un contexto normal, las autoridades realizaban sus vocerías en puntos de prensa, a los cuales los medios podían asistir y realizar preguntas libremente. Sin embargo, durante este tiempo esto ha ido cambiando y ahora cada medio de comunicación, sea independiente o no, debe hacer sus preguntas a través de WhatsApp y sólo puede realizar tres preguntas”.

Derecho a la información

La dirigenta lamentó que la prensa no puede contra preguntar a las fuentes oficiales, por lo que muchas preguntas quedan con respuestas ambiguas o no son respondidas por las autoridades, limitando el derecho a la información de las comunidades”, enfatizó.

El Regional de Atacama señaló que el modelo de vocerías del Gobierno en Atacama difiere de lo que ocurre en las regiones vecinas de Antofagasta y Coquimbo, donde la prensa puede preguntar e interpelar a las autoridades, no han variado su diseño en la entrega de información y se realizan transmisiones en vivo que permiten preguntar en directo.

Para Doris Pons, el diseño comunicacional del Gobierno Regional de Atacama impide garantizar el derecho a la información y “tener a una ciudadanía mucho más informada.

A nivel nacional, el Colegio de Periodistas de Chile ha llamado a la administración de Sebastián Piñera a eliminar toda medida que limite la libertad de prensa y de información, derechos consagrados en diversos convenios internacionales que el Estado de Chile ha firmado y ratificado”.  

Garantía de Derechos: Corte Ordena al Minsal Entregar Terapia VIH por Tres Meses

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar y ordenó al Ministerio de Salud (Minsal) la entrega de terapia multimes para el VIH, tal como lo recomienda ONUSIDA en el contexto de la pandemia por Covid-19.

De esta manera, la justicia dispuso que al activista de la disidencia sexual Víctor Hugo Robles se le deberá proveer su terapia de medicamentos para el VIH en una única entrega, “para los próximos 3 meses, en atención a la actual situación sanitaria del país”.

Hace dos semanas, la Corte declaró admisible el recurso de protección presentado por el periodista en contra del Minsal, en el que denunció la entrega parcial, incompleta e irregular de las terapias y demandó que estas fueron entregadas por al menos tres meses, para evitar que las personas que viven con VIH tengan que acudir cada mes a los recintos de salud en medio de la crisis sanitaria.

Derecho a la vida

Víctor Hugo Robles, quien hace 26 años fue notificado que vive con VIH, manifestó a Página 19 que recibe esta determinación “con mucha esperanza de que finalmente se van a garantizar los derechos de las personas que viven con VIH, el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es lo que fundamenta este recurso de protección en los tribunales de justicia.

El activista destacó que esta es la primera respuesta legal e institucional que recibimos de parte de una Corte de Justicia que garantiza los derechos a la salud y a la vida de las personas viviendo con VIH” y puntualizó que no se trata solo de una acción individual, dado que por extensión motiva a otras personas que viven con VIH a que recurran a los tribunales de justicia para demandar estos derechos.

Robles añadió que el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, tiene la obligación legal de respetar esta resolución de la Corte, “que ordena la entrega inmediata de mi terapia por tres meses el próximo lunes cuando vaya a retirarla al hospital San José, y por otra parte también tiene la oportunidad histórica de sumarse a esta demanda sentida yurgente de las personas que vivimos con VIH,entregándonos terapias por varios meses de modo oportuno.

El próximo martes, el ministerio de Salud debe entregar un informe con todos los antecedentes a la Corte de Apelaciones, el que a juicio de Robles debería incluir “la orden de entrega inmediata a todas las personas que viven con VIH de todo el territorio nacional de terapias por varios meses, porque es importante que el ministro avale y garantice los derechos humanos de las personas que vivimos con VIH”.

Organizaciones Feministas Piden al Gobierno Patrocinar el Postnatal de Emergencia

“A más de tres meses de iniciada la pandemia de Covid-19 en nuestro país, vemos con preocupación que todavía no hay una respuesta del Estado de Chile a las miles de madres y padres con hijos/as recién nacidos que deben volver a trabajar y cuya salud es necesario resguardar”, señala la plataforma Juntas en Acción en la declaración pública donde llaman al Gobierno a patrocinar el proyecto de ley de Postnatal de Emergencia.

El comunicado que firman diversas organizaciones de mujeres y feministas, explica que hoy las madres y padres de recién nacidos están solos, las salas cuna se encuentras cerradas, las abuelas y abuelos que solían ser un apoyo para muchas familias trabajadoras son población de riesgo y las vecinas y vecinos pueden ser foco de contagio. En ese contexto, se informa que al 11 de junio, en Chile había 2.915 niños y niñas menores 4 años contagiados con Covid-19, con una tasa de hospitalización por cien mil habitantes de 25, cuatro veces más alta que la de los niños/as entre 5 y 17 años (6,4).

Las agrupaciones subrayan que en este escenario es urgente resguardar la salud de las madres trabajadoras y la de sus hijas e hijos, así como también la estabilidad de sus empleos, para que no se vean obligadas a volver al trabajo durante la emergencia sanitaria, cuando no hay redes de apoyo formales o informales de cuidado, y que no tengan que decidir entre perder su empleo o tener que renunciar para cuidar.

Salud y derechos laborales

“Extender el postnatal mientras dure el estado de catástrofe va en beneficio directo de aquellas madres trabajadoras que tienen menos recursos y que, en muchos casos, no cuentan con acceso preferente a especialistas que les puedan brindar una licencia médica por enfermedad grave del hijo/a menor de un año, para prolongar, en los hechos, el periodo de licencia maternal, como ocurría hasta el 2011, antes de la entrada en vigencia de la actual ley de postnatal parental”, dicen las organizaciones firmantes.

Añaden que en este caso, en un análisis económico, el postnatal de emergencia sería progresivo, porque iría en apoyo de quienes más lo necesitan. “Sin embargo, las políticas de este tipo deben ser evaluadas con criterios de equidad de género en el acceso al trabajo y eso es lo que se resguarda a través del pre y postnatal: que todas las mujeres que trabajan remuneradamente cuenten con los resguardos necesarios para cuidar a sus hijos/as recién nacidos y que eso no signifique un riesgo en su fuente y estabilidad laboral”, explican.

La declaración concluye con un llamado con carácter de urgencia al Gobierno, para que patrocine de manera urgente el proyecto de ley sobre extensión del postnatal de emergencia y así resguardar la salud y los derechos laborales de las madres trabajadoras y de sus hijos e hijas.

En el actual contexto de emergencia sanitaria, se trata de una medida indispensable que además se condice con el interés superior de niños y niñas, conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, enfatizan.

Firmantes

Suscriben el documento ComunidadMujer, Corporación Humanas, Asociación de Magistradas Chilenas, Asociación Red de Investigadoras, Centro de Estudios de la Mujer, Colectivo de Mujeres La Matriz, Descentralizadas, Fundación Instituto de la Mujer, Fundación Niñas Valientes, Ingeniosas, Laboratoria, La Rebelión del Cuerpo, Mujeres del Pacífico, Observatorio contra el Acoso Chile, Observatorio de Género y Equidad y el Observatorio de Violencia Obstétrica.

Entre las organizaciones que adhieren están la Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Chile,  Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (Cimunidis),  la Comisión de Género de la CONFUSAM y Corporación Miles.

El miércoles 17 de junio, por 22 votos en contra -entre ellos el de los senadores de oposición Jorge Pizarro, Carolina Goic, Jaime Quintana y Juan Pablo Letelier- y 19 a favor, el Senado declaró inadmisible el proyecto de postnatal de emergencia. El texto legal pasará a una Comisión Mixta, conformada por los integrantes de las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados, que resolverá su admisibilidad.

Lea la declaración completa en el siguiente link:https://bit.ly/DeclaracionPostnatalEmergencia

#CuidaAQuienTeCuida, Campaña de las Trabajadoras de Casa Particular por Igualdad de Derechos Laborales

En medio de la crisis sanitaria por Covid-19 y cuando se cumplen 5 años de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo doméstico, las organizaciones sindicales de trabajadoras de casa particular lanzaron en redes sociales la campaña #CuidaAQuienTeCuida con el objetivo de visibilizar sus precarias condiciones laborales y la escasa protección social que les entrega la legislación chilena.

La iniciativa del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), la Federación de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) y la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap), que cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES Chile) apunta a que Gobierno salde la deuda histórica con las trabajadoras del sector.

Para ello, exigen la incorporación de manera inmediata al Seguro de Cesantía, acceso garantizado al Ingreso Familiar de Emergencia y el cumplimiento del Convenio 189. Demandan también la valorización del trabajo doméstico remunerado, el cumplimiento de la normativa y mayor fiscalización.

5 años de ratificación del Convenio 189

Como conmemoración de este hito, los sindicatos y asociaciones de trabajadoras de casa particular participaron del seminario virtual “A 5 años de la ratificación del Convenio 189: Los derechos de las trabajadoras de casa particular en contexto de pandemia“, organizado por la Universidad Alberto Hurtado y en el que expusieron la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, Sintracap, Luz Vidal; la presidenta del Senado, Adriana Muñoz y el director de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranou.

En su intervención, la senadora Muñoz indicó que “la pandemia ha dejado al descubierto la gran desprotección en la que todavía viven miles de trabajadoras de casa particular” y resaltó la necesidad de “consagrar derechos que sean equivalentes a los de todas las trabajadoras y trabajadores del país”.

Para eso, -mencionó- se requiere avanzar hacia una legislación que implemente realmente el Convenio 189, en especial en la seguridad social, incluyéndolas urgentemente en el Seguro deCesantía«, además de aumentar la fiscalización, dado que “por ser un trabajo que sea realiza al interior de los hogares, la Dirección del Trabajo se inhibe en la fiscalización.

Fabio Bertranou, en tanto, señaló que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, un 93% de ellas mujeres. “En relación a sus ingresos, éstos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas», afirmó.

El director de la OIT para el Cono Sur de América Latina, destacó que más del 70% de las trabajadoras de casa particular se han visto afectadas por las medidas de cuarentena, por disminución de la actividad económica, desempleo o pérdida de salario”.

Por su parte, la directora de Proyectos de la Fundación Ebert, Arlette Gay, visibilizó la falta de reconocimiento que existe del trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, razón por la cual la campaña #CuidaAQuienTeCuida llama a la valorizaciónadecuada del trabajo de cuidado que hacen las trabajadoras de casa particular y a avanzar en su protección, para que estén, al menos, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras”, puntualizó.

Precariedad y falta de fiscalización

Luz Vidal, presidenta de Sintracap, expuso que el movimiento sindical de las trabajadoras de casa particular tiene décadas, en los que su pliego de peticiones no ha variado de manera importante, “en 73 años este gremio de mujeres ha solicitad igualdad en los derechos laborales, que sean reconocidas como trabajadoras, no como personas que les ayudan, y todavía no tenemos el reconocimiento y la calidad completa de trabajadoras, eso nos hace ciudadanas de segunda categoría«, declaró.

Según datos de Sintracap, una de cada 10 mujeres en Chile son trabajadoras de casa particular, una de cada tres son migrantes, “quienes están más desprotegidas aún”; el 53% se encuentra en la informalidad y muchas de ellas son jefas de hogar.

La dirigenta denunció el incumplimiento de Chile del Convenio 189 de la OIT, “al iniciar la pandemia había 180 mil infractoresde la ley 20.786 en Chile que establece que el empleador/a tienela obligación de escriturar el contrato de trabajo. A esto se suma –dijo– jornadas laborales más allá de las permitidas por ley y el incumplimiento de los horarios de descanso.

Me siento esclava porque están pidiéndome que trabaje sábado y domingo por comida, así nos han dicho las compañerasdurante la pandemia y el Estado de Chile está haciendo la vista gorda para que nosotras volvamos a un estado tan precario como la esclavitud, subrayó.

Vidal acusó falta de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, lo que a su juicio inhibe a las trabajadoras a denunciar los reiterados abusos a los que se ven expuestas, “si el Estado la ha tenido abandonada en este tiempo ¿irá a ser capaz de defenderla cuando ella haga la denuncia?”, expresó.  

La presidenta de Sintracap recordó que la pandemia golpeó confuerza a las trabajadoras de casa particular, que no cuentan con seguro de cesantía y que el Gobierno las dejó fuera de las medidas para proteger a las y los trabajadores, por esto, un tema central que abordan en la campaña #CuidaAQuienTeCuida es que sean incluidas, considerando que se exponen cada día al contagio en sus lugares de trabajo, “el Estado está discriminando a 370 mil trabajadoras”, recalcó.

Los sindicatos y asociaciones de trabajadoras de casa particular declararon que “ya es tiempo de que el Gobierno se haga cargo de los compromisos internacionales que suscribe y de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”.

¿Es la Amenaza Penal la Solución para que las y los Porfiados No Salgan de Casa?

La cantidad de horas de trabajo legislativo que hasta este momento se han desperdiciado en el proyecto de ley que modifica el código penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia, resulta preocupante.

Resulta preocupante, pues se trata de una iniciativa que, no obstante adolecer de una serie de defectos en su técnica legislativa, el Presidente igualmente ha insistido en que el Congreso la despache cuanto antes, decretando para ello su discusión inmediata, celebrando con bombos y platillos cada uno de sus avances pues, en su consideración, es LA respuesta más idónea para hacerse cargo de las y los porfiados que no respetan las cuarentenas y otras medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para controlar la pandemia.

Tanto el Presidente como los legisladores, sin embargo, olvidan dos cuestiones muy relevantes:

1.- Olvidan que no es el Derecho Penal ni el primero, ni el único, ni menos aún, el más indicado instrumento normativo o mecanismo de control social dispuesto para solucionar los problemas que se suscitan producto de la pandemia. El Derecho Penal no debe nunca operar prima ratio, sino última y extrema ratio.

2.- Olvidan también –y esto es lo verdaderamente importante- que previo al control punitivo (control reactivo), debe existir un proceso de conformidad social que permita a las y los ciudadanos aceptar el sistema social en el cual se encuentran inmersos y, como consecuencia de ello, los motive a respetar las normas y otras medidas dispuestas por las autoridades para la vida en sociedad (control preventivo).

Ambas afirmaciones (especialmente la segunda) suelen repetirse como mantra, sin embargo, se dejan a un lado con facilidad, con tal de recurrir a la respuesta punitiva cuanto antes.

En efecto, y haciendo el ejercicio de pensar como el Presidente y algunos parlamentarios lo están haciendo en este momento: ¿Para qué hacerse cargo de la seguridad alimentaria de la población, si con las cajas de alimentos basta?¿Para qué preocuparse de los niveles de hacinamiento en las comunas más vulnerables del país, si con la engorrosa forma de acceder a las residencias sanitarias es suficiente?¿Para qué preocuparse de apoyar el post natal de
emergencia, una medida que protege a las mujeres que son a la vez, noveles madres y trabajadoras, si tal reforma adolece de ser “regresiva”?¿Para qué hacerse cargo de asegurar que las familias en nuestro país no caigan por debajo de la línea de la pobreza, si el Ingreso Familiar de Emergencia –incluso su versión 2.0- sería más que suficiente? Para qué cuidar los sueldos de los trabajadores, si podemos hacer que echen mano a sus propios ahorros?¿Para qué promulgar cuanto antes la ley que establece la suspensión del cobro de los servicios básicos si eso puede ir en contra de nuestra sacrosanta Constitución?

¿Para qué buscar la conformidad de nuestra población con el sistema social, más aún en estos tiempos extremos? ¿Para qué preocuparse de esto, que es lo verdaderamente importante, si con el Derecho Penal basta?

Preocupa que el uso –desmedido- del artículo 318 del Código Penal en el actual contexto obedezca, más bien, a saciar las pulsiones vindicativas de la sociedad por encontrar chivos expiatorios ante la crisis que nos afecta a todos y todas, que a un criterio de necesaria e imprescindible aplicación.

Esto nunca es buena señal, y es preciso poner un signo de alerta en que su eventual modificación tampoco ofrece muchas luces de ser de verdadera utilidad.

De muy poco o, derechamente, de nada, sirve recurrir al Derecho Penal en estos momentos si, con anterioridad a que eso pase, los órganos encargados de ofrecer soluciones no se hacen cargo de las urgencias más relevantes, las verdaderas preocupaciones de “las y los porfiados que no respetan las medidas de la autoridad”.

En efecto, ¿Qué otra conducta podríamos exigirle a una persona que se encuentra en situación de alta precariedad, agravada por esta crisis sanitaria y social? ¿Qué obedezca, sin más, las normas? ¿Qué se sienta, acaso, conforme con el sistema social en el que vive?

Si no nos hacemos cargo de implementar medidas que hagan posible un nivel de vida digno que entregue seguridad y conformidad a la población, las reformas penales solo contribuirán a agravar la situación.

Comisión Chilena de DDHH se Suma a Campaña #TerapiasVIHMultimes


La Comisión Chilena de Derechos Humanos
respaldó la demanda de diversas organizaciones y personas que viven con VIH que exigen al Gobierno la entrega de terapias para varios meses, con el objetivo de no tener que acudir cada mes a recintos de salud en los que se exponen a mayores contagios.

Su presidente, Carlos Margotta, manifestó que se suman a la campaña nacional que busca que el Gobierno cumpla con su compromiso de aceptar las recomendaciones de ONUSIDA y de la OMS, en cuanto a otorgar terapias multi-mes a quienes viven con VIH.

“Esta recomendación de los organismos internacionales, se ha dado en el marco de la pandemia por Covid-19, con el fin de evitar precisamente el riesgo de contagio de las personas que viven con VIH. Entregar dosis de tratamiento sólo por un mes, como lo está haciendo el Gobierno, sólo hace aumentar el riesgo de contagio para estas personas”, explicó la Comisión a través de una declaración pública.

El comunicado añade que el derecho a la salud y a la vida son derechos humanos, por lo que “nos sumamos entusiastamente a esta campaña, exigiendo por tanto al Gobierno de Chile que cumpla su palabra empeñada y acepte las recomendaciones de estos organismos internacionales, dando la terapia VIH multi-mes, resguardando así los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas que se encuentran viviendo con VIH en nuestro país.

Refuerzo de programa VIH

En tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció este lunes que la cartera reforzará los programas de VIH, cáncer y de hipertensión para “evitar que aquellos pacientes que no están siendo atendidos o que no están concurriendo, concurran, para que no sufran un agravamiento de su salud”.

ctor Hugo Robles, activista de la disidencia sexual, llamó al Minsal a aclarar si “reforzar el programa VIH implicará la entrega de terapias por más de un mes como lo señala ONUSIDA y el Colegio Médico de Chile y lo demandamos las personas viviendo con VIH/SIDA”.

Robles, conocido como el “Che de los gays”, interpuso el 3 de junio un recurso de protección contra el ministerio de Salud donde demanda terapias multi-mes. La Corte de Apelaciones de Santiago dio un plazo de cinco días al Minsal para entregar un informe “que incluya todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso”.

El activista lamentó que “pese a la urgencia, el Minsal pide extender el plazo para informar”. La solicitud de ampliación del ministerio solicita “conceder un plazo de 10 días hábiles adicionales al ministerio de Salud”, a fin de poder recabar todos los antecedentes necesarios en pos de evacuar el informe requerido.

La recomendación de ONUSIDA a los gobiernos en el contexto de pandemia de Covid-19 detalla que “para evitar que las personas se queden sin medicamentos y reducir la necesidad de acceder al sistema de salud, los países deberían pasar a la plena aplicación de la dispensación multi-mensual de tres meses o más de tratamiento contra el VIH.

Errores que Matan…

La equivocación grave, con consecuencias fatales para miles de chilenos, que cometió el ex ministro de Salud Jaime Mañalich en su conducción del combate a la pandemia fue dedicarse preferentemente a que no colapsara la atención hospitalaria a los contagiados y no a que los contagiados no se multiplicaran en forma exponencial, como está pasando en la actualidad.

Mucha energía, astucia y dinero en comprar ventiladores, conseguir unir a hospitales públicos y clínicas privadas, armar camas UCI en lugares improbables, y poca dedicación a hincarle el diente al aislamiento de los chilenos, al confinamiento total del país, o al menos, de la Región Metropolitana, como hizo Wuhan, la ciudad china donde nació el Covid-19, que tiene 4 millones de habitantes más que Santiago.

Como en todo el mundo, las autoridades en Salud han dado tumbos frente a un enemigo poderoso, desconocido y engañoso como es el Covid- 19, que no mata tanto como separa e inmoviliza (que es lo mismo que estar muerto). Lo que no es reprochable. Pero sí, que se desconozca la realidad en la que se vive y sobre la cual se actúa para tomar una ruta. A Mañalich, demasiado sincero, un día se le escapó confesar que no tenía idea del grado de hacinamiento y pobreza en que vive una gran parte de los chilenos, realidad que la pandemia ha dejado al descubierto. Como toda la dirigencia política de derecha que hoy nos gobierna no más.

De ahí parte -además del egoísmo y la codicia propia de este sector del país- que el gobierno de Sebastián Piñera sea mezquino en soltar la billetera fiscal y entregarle a la gente los ingresos que les permitieran quedarse en casa y aislarse. O imponer un impuesto a los más ricos, como se viene clamando desde hace mucho. Un método mucho más rápido de resolver su principal problema, el hambre, que repartiendo millones de cajas de alimentos, que aún no llegan a todos los que la necesitan.

Cuida la macroeconomía

Pero no… había que cuidar las grandes cifras, la macroecononía, para que el FMI y el Banco Mundial nos sigan aplaudiendo. Que no subiera demasiado el déficit fiscal que toda catástrofe exige como peaje.

Y aunque esos cientos de miles de chilenos que salen a la calle todos los días, contra virus, cárcel y multas, hubieran tenido ese dinero para comprar alimentos… ¿en qué casa podían quedarse y aislarse? Si en un departamento o casa pequeña, de menos de 60 m2 viven hasta 3 familias? … ¿Si entre los inmigrantes vive la misma cantidad de personas en una sola habitación con un solo baño, arrendada a precio vergozoso en un edificio en pésimas condiciones?

Ya era tarde para solucionar el grave problema de la vivienda en un país donde últimamente se han construido muchos edificios en el barrio alto, hoy vacíos, con oficinas para vender y arrendar…. Y no las viviendas sociales que la gente necesitaba y necesita, como ha quedado en evidencia hoy.

No es un problema que se le pueda achacar al ministro de la Vivienda sorprendido en la crisis sanitaria, sino que viene de mucho más atrás, de los que se adaptaron demasiado al modelo económico neoliberal. Pero no deja de ser irónico que Cristián Monckeberg, el Ministro de la Vivienda que teníamos hasta hace unos meses, hoy esté a cargo de Desarrollo Social…

Sí, el ministro Mañalich hizo lo mejor que pudo, y dudarlo sería mala leche. Incluso arriesgando su vida (con un pulmón menos, me pareció escucharle en la entrevista con Warnken), pero no salió entre aplausos como al comienzo se avizoraba, sino entre pifias y funas, porque la pandemia se le escapó de las manos. Después de más de tres meses de aparecido el primer caso, en marzo, todavía no llegamos al peak de contagios que pensábamos alcanzaríamos en la primera quincena de junio. La lucha continúa en otras manos, las del nuevo ministro de Salud Enrique Paris.

No hay mucho optimismo. Auguran los que saben, que no habrá mayores cambios. Que tendremos que seguir en la triste competencia por los primeros lugares de América Latina y del mundo en contagios y en muertes. Que el cambio de estrategia que se esperaba no será tal, porque de otro modo, el nuevo ministro habría cambiado al menos a su equipo de subsecretarios.

Lo menos que se espera de él – y suspendiendo cualquier sospecha ética de otra índole levantada en su horizonte – es que se aboque principalmente a que los confinamientos sean reales, y de seguir la trazabilidad para detectar contagiados sintomáticos y asintomáticos (¿se ha visto peste más maligna que esta?), dos pistas esenciales, según los entendidos para frenar esta danza macabra de la curva en ascenso.

Pero ¿conseguirá doblegar la porfía de la gente que sale todos los días a buscar algo para echarle a la olla o porque -pese a todo- el aire afuera es más limpio que dentro de su covacha? ¿Conseguirá que la gente confinada pueda comer al menos una vez al día? Para esto, habría que recurrir no solo a la billetera fiscal, sino de una vez por todas, al bolsillo del 1 % más rico de los chilenos.

Y para esto, el ministro Paris tendría que tener los másgrandes aliados estratégicos: los grupos económicos, la bancada de Chile Vamos en el Parlamento, el Ministro de Hacienda, y por supuesto, el Presidente.

¿Será mucho pedir en medio de este Apocalipsis?

Solo un 7,5% de Efectividad Legislativa Tienen Proyectos Debatidos en el Congreso en Medio de las Dos Últimas Crisis en Chile

Durante la protesta social, que se inició el 18 de octubre de 2019, y la pandemia por coronavirus, que se sitúa en la primera quincena de marzo, el Congreso Nacional ha tramitado un total de 319 iniciativas legales de diversa índole pero relacionadas con ambas crisis, de las cuales sólo 24 han sido promulgadas, lo que implica sólo un 7,5% de efectividad en su tramitación parlamentaria.

Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación Multitudes, que analizó la actividad parlamentaria desde el 18 de octubre, cuando comenzó la protesta social, hasta el 31 de mayo pasado, en pleno peak de la crisis sanitaria producto del masivo contagio de Covid-19.

El estudio, demostró además que los mensajes presidenciales tienen mucho mejor rendimiento legislativo, pese a que son considerablemente menos en número a las mociones parlamentarias. En efecto, de los 319 proyectos ingresados a tramitación en el periodo analizado, 290 corresponden a proyectos de diputados y senadores -es decir un 91%-, mientras que sólo 29 son de origen gubernamental.

“No obstante, de los 29 mensajes presidenciales presentados en los 7 meses analizados, 15 ya fueron aprobados, o sea un poco más del 50% de rendimiento, versus los apenas 9 promulgados de 290 que corresponden a mociones parlamentarias, lo que significa un paupérrimo 3% de efectividad”, explicó la directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, Paulina Ibarra.

Excesivo presidencialismo

A juicio de la cientista política, “esto es una clara demostración del excesivo presidencialismo del sistema político chileno, porque claramente este mayor rendimiento se debe a las urgencias que coloca el Ejecutivo en el trabajo legislativo, lo que incide notoriamente en que sus proyectos tienen una tasa de aprobación muy superior a las mociones parlamentarias”.

“Además, si vemos los proyectos aprobados, también notamos que muchas de las mociones parlamentarias responden también al interés del Ejecutivo, como por ejemplo los relativos a seguridad ciudadana durante la crisis social o los que postergan permisos municipales durante la pandemia”, acotó Ibarra.

Entre los 15 proyectos aprobados en el Congreso enviados por el Gobierno destacan, en el periodo de la protesta social, el que detuvo el alza de las tarifas del transporte público, y que derivó en las primeras manifestaciones en el Metro de Santiago; la estabilización de precios de servicios básicos; la intermediación de CENABAST para la adquisición de medicamentos en farmacias municipales y privadas; mejoramiento de la pensiones solidarias y el reajuste del sector público. En el caso de la pandemia, resaltan el llamado Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia, Ley de Protección del Empleo y el FOGAPE.

En cuanto a las nueve mociones parlamentarias ya publicadas, sobresalen la modificación a la Carta Fundamental que permitirá el plebiscito por una nueva Constitución, así como también la ley que permitirá la paridad de género en el órgano constituyente que la redactará, a lo que se suma la iniciativa que endurece las penas por alteraciones al orden público, todo esto en la protesta social.

Entretanto, desde que se desata el coronavirus, los legisladores promovieron y aprobaron la prórroga de las licencias de conducir y revisiones técnicas, la postergación en el pago de los permisos de circulación y la facultad de legislar telemáticamente.

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