Lo inimaginable ya está ocurriendo. Desde que el presidente Piñera se haya visto obligado a responder una pregunta sobre su permanencia en el cargo, hasta prácticamente la muerte del proyecto de reforma tributaria que el gobierno había defendido con dientes y muelas, pasando por el reconocimiento, cada vez más mayoritario incluso de sectores de la derecha de la necesidad del cambio de la Constitución, y la preparación de un plebiscito para ello por parte de los municipios del país. Son, paso a paso, otras pequeñas victorias del estallido de la ira de la ciudadanía, mientras el Presidente y el gobierno no logran aún, a tres semanas de la erupción, dimensionar su alcance ni su significado y responden avivando el fuego.
«Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno”, le contestó el Presidente a una periodista de la BBC de Londres que le hizo la consulta. Y aunque en Chile era una pregunta que solo susurraban unos pocos, un columnista se atrevió a hacerse la pregunta en el cuestionado diario La Tercera: ”¿Terminará Piñera su mandato?, señalando que “Piñera mantiene la banda presidencial, pero no por mérito propio, sino por los reflejos conservadores (respecto al statu quo) dominantes en las élites y por la ausencia de un liderazgo retador con legitimidad política y social propias. Al menos por ahora”. Lo cierto es que el desconcierto y la preocupación de la clase política, repudiada en general por los manifestantes que se han tomado las calles del país, aumenta día a día. En el gobierno, en el Congreso. En el territorio.
Se suma, además, la preocupante situación de los derechos humanos que, según el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrau, cuya misión llegará a Chile pronto, “ el número de heridos por las protestas en Chile es muy alto en comparación a lo que ha ocurrido en otros países y creo que nadie podrá negarlo. Aquí mismo en Ecuador, ha habido protestas en el último mes, donde se ha generado también un número de heridos, pero proporcionalmente no alcanzó a las cifras de la realidad chilena”. Es lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha venido comprobando desde que estalló el movimiento respecto a casos de torturas, arrestos, vejaciones y los casi 200 jóvenes con heridas en sus ojos, que impresionó incluso al duro ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Los anuncios
Cuando aun no terminaban de limpiarse las calles de la hasta hace unos días pulcra comuna de Providencia, víctima del vandalismo que siempre surge aprovechando el anonimato de una gran masa de manifestantes pacíficos que gritan contra los abusos, y cuando aún no se borraban las sonrisas socarronas por el espectáculo de la alcaldesa de Providencia dirigiendo el tránsito, los medios anunciaban la aparición en cadena de TV del Presidente Piñera. “Habrá anuncios” deslizaban en La Moneda.
Y así fue. Sólo que fue combustible para seguir avivando un volcán que está -al parecer- bastante lejos de calmarse. Contrariamente a lo que muchos deseaban, o esperaban, el Mandatario anunció una agenda “de seguridad”, centrada única y exclusivamente en medidas represivas. Fueron 10 los anuncios presentados por el Presidente respecto a la presentación de proyectos de ley, apoyo y patrocinio de otros, y medidas de fortalecimiento al trabajo de Carabineros y la PDI. El solo nombre de las leyes evidencia que una vez más, el Presidente erró el rumbo:
Pareciera ser una curiosa reacción gubernamental, muy lejana a la solución política que se necesita y se espera. Pero, no es una curiosa casualidad. Da la impresión de que fue otra señal de la imposibilidad del Ejecutivo de enfrentar una de las peores crisis que ha vivido el país y sería su forma de responder a las presiones que le llegan de todos lados, particularmente de parte de su conglomerado más duro. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Ryssenberghe, emplazó al Ministerio Público a “perseguir” a los autores de los hechos de violencia y aseguró que detrás de estos incidentes “hay grupos organizados, grupos de extrema izquierda, que están tratando de imponer su ideología y están tratando de desestabilizar a este país”.
“No podemos permitir que el descontento ciudadano se convierta en un saqueo a nuestra democracia y a nuestro país”, señaló a su turno la Fundación Jaime Guzmán, de la UDI, a través de una declaración pública, en la que condenan los ataques al Memorial del exsenador de la UDI en la comuna de Vitacura y a la sede de la UDI, en Providencia. Sin mencionar a quiénes culpa (aunque sus dirigentes suelen señalar obsesivamente a comunistas y frenteamplistas), la Fundación hizo un enérgico llamado a “las autoridades a restablecer el imperio del derecho y el orden público y a todo el país a condenar cualquier forma de violencia política”. “Repudiamos -dice la Fundación Jaime Guzmán- la cobardía moral de todos los actores políticos que, contradiciendo los principios fundamentales de toda democracia, han validado -de una u otra forma- el vandalismo y la violencia política, justificándola bajo la excusa de expresar un malestar ciudadano”, señala el comunicado.
Poco antes, la UDI había entregado al gobierno sus propuestas sociales para superar la difícil situación, pidiendo un «Bono de la dignidad», apoyo a Pymes y tipificar el saqueo como delito, revelando en ello su total incomprensión del momento que se está viviendo en el país. Y se ve como una señal peligrosa de la Fundación Jaime Guzmán cuando señala que “ estas actitudes dañan la deliberación pública y apuntan a generar una desestabilización política que socave las bases de nuestra nación”. Más o menos lo mismo que repiten en una radio conocidos halcones de la derecha, como Checho Hirane, Gonzalo de la Carrea y Sergio Melnick que claman por orden frente a esta “democracia sitiada”.
Pésima señal
¿Qué ocurrirá entonces con esta agenda “de seguridad”? ¿Terminarán los saqueos, la violencia, los incendios?¿Logrará tener éxito la estrategia gubernamental que apuesta al cansancio de los manifestantes? ¿Terminará la movilización social masiva? No hay que ser muy versado para concluir que difícilmente acabe esta irrupción de ira. Y de los vándalos reales, ni hablar. Ni siquiera saben qué es un gobierno y quién dirige el país. No les interesa. Su objetivo es destruir, delinquir, vivir el día, aunque la muerte los espere a la vuelta de la esquina, como lo han dicho en las redes sociales.
Para la oposición, la agenda de seguridad de Piñera es una “pésima señal”. Todos sintieron que el Mandatario sigue sin entender la magnitud del problema que vive Chile. Así lo señalaron dirigentes como el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien comentó que «citar al Cosena es un formalismo que no sirve de nada para resolver la crisis nacional, y solo subraya que el gobierno es incapaz de resolverla. ¿Cuanta más violencia acontecerá para decidir un pacto social y un plebiscito para una nueva Constitución?”. También se pronunció el senador DC, Francisco Huenchumilla emplazando al jefe de Estado a que «presente un plan político para salir de la crisis. Sus medidas de seguridad es apagar el fuego con bencina. La gente quiere saber que destino tienen sus vidas en este país (…) El problema es político y eso tiene que entender el Presidente».
El presidente del PS, Álvaro Elizalde, señaló que «Chile tiene una pésima experiencia con la Doctrina de Seguridad Nacional. Es una pésima señal del Presidente convocar al Cosena en estos momentos». «El Presidente cree que lo que está aconteciendo en Chile es solo un problema de orden público y todavía no da una respuesta a las demandas sociales (…) Se requiere de un plebiscito para avanzar hacia una nueva Constitución y una ambiciosa agenda anti abusos que de respuesta a las necesidades de todos los chilenos». Por su parte el senador José Miguel Insulza, dijo que «la convocatoria del Cosena es la peor señal que se puede dar a la ciudadanía que exige un cambio pacífico. Favorece el protagonismo de los grupos minoritarios violentos, que buscan confrontación». El alcalde de Valparaíso y miembro del Frente Amplio, Jorge Sharp twitteo: “Sr @sebastianpinera, ¿qué no entendió? ¡NO ESTAMOS EN GUERRA! Más represión no resolverá injusticias sociales a la cuales por años hicieron vista gorda. Solo provocará MÁS VIOLENCIA. La convocatoria no es al CONSENA, sino a plebiscito para que la gente decida el futuro de Chile”.
Manuel José Ossandón sacó la voz rápidamente. “Yo no estoy en contra de ninguna medida de lo que él está planteando. En lo que yo estoy en desacuerdo es que estas medidas solas no sirven para nada porque se va a transformar en una agenda represiva que va a hacer que esto se ponga más violento”. Y agregó: “Si creen que la mayoría de los que salen a tocar cacerolas son comunistas, anarcos o venezolanos, están equivocados”, añadió el excandidato presidencial. Además, Ossandón indicó que “esto es un tema muy grave. Está en juego la democracia: o nos ponemos de acuerdo, o nos vamos para la casa. Y ojo, aquí no se salva nadie. Aquí murió la izquierda, la derecha y el centro”.
Consultado acerca de la posibilidad de una nueva Constitución, el parlamentario afirmó que “les guste o no les guste, esa es una batalla perdida y hay que hacerlo. Yo planteo derechamente retomar el proyecto de nueva Constitución de la expresidenta Bachelet. Que es razonable, que tiene participación ciudadana y un montón de cosas que resuelven todos estos problemas”.
Es lo que con otros acentos piensa incluso la Iglesia Católica, los rectores de las principales universidades del país, los alcaldes, economistas, abogados y dirigentes de la derecha más liberal. El administrador apostólico de Santiago, Celestino Aos, dijo que “es indudable que hay que cambiar la Constitución», argumentando que “si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia».
Así lo piensan también los municipios. La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), convocó para los días 7 y 8 de diciembre próximos a una Consulta Nacional, donde la pregunta principal a los ciudadanos es si están de acuerdo o no con una nueva Constitución.
La AChM agrupa a 330 municipios y se espera que participen las 345 comunas, incluyendo a las 15 que están fuera de la agrupación. “No podemos seguir esperando al gobierno”, señalan los alcaldes. El de Cerro Navia, Mauro Tamayo, explicó que “la asamblea extraordinaria buscó reunir a todas las bancadas, oficialismo y oposición, pueblos originarios, etc., para hacer preguntas importantes. La primera de ellas es si están de acuerdo con hacer una nueva Constitución, esta pregunta ya quedó establecida”, dijo. Pero no será la única. Está en revisión la consulta de “en caso de estar de acuerdo con una nueva Carta Magna, ¿quién debería redactarla? (Asamblea Constituyente, Congreso o Comisión Mixta)”. Otra de las interrogantes que se evalúan sumar es si Chile debiese ser un Estado Nacional o Plurinacional.
Las preguntas y el método de la consulta, ya sea presencia, digital o mixta serán resueltas en los próximos días, asimismo, los ciudadanos que podrán participar en ella.
Otra batalla ganada, pero no la guerra
Aunque el presidente de la DC, Fuad Chahin, manifestó su disconformidad con el acuerdo al que llegaron en un principio los senadores de la oposición con el gobierno para destrabar la reforma tributaria, finalmente el acuerdo se aprobó.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, firmó el acuerdo tributario que estará enfocado en beneficios a adultos mayores, nuevos impuestos a los sectores de más altos ingresos y medidas pro pyme e inversión. Briones insistió que un nuevo impuesto a las viviendas más caras apunta directamente al 1 por ciento más rico del país y no a la clase media.
El protocolo de acuerdo para una reforma tributaria recaudaría más de US$ 2.000 millones, y en términos generales, elimina la reintegración del sistema tributario y crea un esquema para gravar a los grupos de más altos ingresos. El punto principal del acuerdo es que se cobrará una sobretasa de 0,075% a viviendas de más de $400 millones de avalúo fiscal, es decir unos $ 800 millones en valor comercial. El proyecto considera personas naturales y jurídicas y se consolida en un mismo RUT.
El senador Jorge Pizarro (DC) destacó que «se cambia completamente el objetivo de la reforma tributaria, nosotros cambiamos completamente ese eje». «Esta reforma va a recaudar 1.100 millones más los 1.000 que ya venían desde el proyecto, porque no se va a producir la rebaja a los súper, súper ricos», afirmó.
En entrevista con Radio Cooperativa el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, afirmó que el nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario solo afectará a las propiedades de las personas más acomodadas del país. El parlamentario habló de un gravamen a propiedades con un avalúo fiscal a partir de los $400 millones.
“El documento que nosotros le presentamos al gobierno dice textual que se propuso que el efecto fuese mayor para casos de viviendas con avalúo fiscal de más de 400 millones, que tienen un valor comercial aproximadamente de $700 millones. Una propiedad de un millón de dólares no es una vivienda de clase media”, dijo el senador. Lagos Weber también apuntó que la reforma tributaria original del presidente Sebastián Piñera “murió”. “Este proyecto original mutó, se transformó en algo completamente distinto, que va a recaudar sobre los US$1500 millones y más cercanos a los US$ 2.000 millones. Y se elimina la reintegración, que era elemento central, por lo cual nos opusimos a parte del proyecto”, dijo.
El parlamentario de oposición también destacó que muchos elementos de la iniciativa original, que abrirán la puerta a la elusión tributaria, habrían desaparecido.
Además, en el acuerdo se señala que se limitará el uso de las empresas con pérdidas (PPUA), estableciendo una gradualidad en su aplicación. Y, entre otros puntos, se establecerá un sistema para que las pymes con menos de 75 mil UF de ventas puedan ingresar al régimen especial pro pyme y no sigan en el régimen semiintegrado. Y se mantendrán aspectos del proyecto original como la depreciación instantánea; la aplicación de la boleta electrónica; e impuestos a las plataformas digitales, entre otros.
