Orlando Lübbert puso la dirección y el guión de “Taxi para tres” (2001), pero la memorable frase en voz del actor Daniel Muñoz (Chavelo) nos hizo la década. La propuesta, volante o maleta, resumió lo que millones de chilenas y chilenos aprendemos como aventura de subsistencia económica. Siempre quedamos plantados al borde de ese límite tan delgado, respecto de la decencia y la moralidad.  En la película, Ulises el taxista (Alejandro Trejos) es asaltado y tiene que optar, sin chistar y guardando silencio eterno, si se va a la maleta del taxi y entrega su auto al delincuente -la subsistencia, su familia, su país, su Ítaca- o bien, agarra el volante y juega el juego que los acontecimientos le exigen.

Es cierto, más allá de las disconformidades del proceso constituyente y de las decisiones que va tomando Ulises, el taxista, al volante, por primera vez en su historia el pueblo de Chile está a un mes de agarrar el control para organizar y distribuir el poder de nuestra sociedad.  Pasamos a ser protagonistas con derecho para votar y discutir también las condiciones del modelo nacional que nos regirá. Una Constitución política hace eso, es la norma que nos constituye y nos organiza. Es la Ley de todas las leyes con sus principios, deberes y derechos.

En América Latina, solamente el pueblo panameño y el nuestro, no ha podido realizar ese ejercicio de participación definitiva.  Ambos países tenemos Constituciones políticas que han sido producto de lo que suele denominarse una “Comisión Designada”.   Mientras que Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, Paraguay, Colombia, entre otros, realizaron sus procesos de Asamblea o Convención Constituyente y otros como Uruguay, Brasil, Perú o Nicaragua tuvieron su Congreso Constituyente, donde los Legisladores fueron mandatados para redactar la Constitución. Sabemos, en todo caso, que la “Comisión Designada” a la chilena es un eufemismo de fraude.

Consultada por Página19, sobre el contexto en el que se gestó la de 1980, la abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales (UC Lovaina, Bélgica), profesora de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza Suárez, no duda en señalar que efectivamente la Constitución actual fue producto de un fraude. “Se realizó en un momento en que no había garantías constitucionales, partidos políticos, registros electorales, no había libertades ni Estado de derecho”.

 La experta plantea que incluso se utilizó el conflicto armado con Argentina, el año 78, cuando estuvimos casi en una guerra, donde se fueron mezclando los contextos y la Constitución fue de alguna manera legitimada en la práctica, durante la Transición, por el modelo adoptado en Chile y “con el número de reformas constitucionales, sobre todo las más amplias que se hicieron el ’89 antes de las primeras elecciones democráticas tras el Plebiscito del ´88 cuando gana el NO y la del 2005 que fue una gran reforma constitucional, la Constitución jurídicamente fue legitimada en cuanto a su aplicación, pero eso no quita que su origen fue producto de un fraude electoral, donde votaron hasta los muertos”, recordando que en 1980 se utilizaron registros totalmente fuera de norma, incluso con nombres de personas fallecidas.

Ensayos constitucionales

La fórmula autoritaria, hay que reconocerlo, no es exclusiva de Pinochet ni de su Comisión Ortúzar tampoco es logro de Jaime Guzmán, sino que ha sido el arma de nuestros caudillos, gobernantes y políticos por más de 200 años.

Cual más cual menos, los historiadores chilenos dan cuenta de las convulsiones y crisis vividas previo a cada nueva Constitución.

De las diez ocasiones en que esta se ha modificado, solo en tres de ellas (1811, 1823,1828) hubo Congreso Constituyente, mientras que en las siete restantes, nos situamos frente a Comisiones Designadas (1812, 1814, 1818, 1922, 1833, 1925, 1980).

Posterior a las guerras de Independencia, destacables son los llamados ensayos constitucionales que tienen lugar bajo el mandato del general Ramón Freire quien sucede a O’Higgins en el poder, buscando un orden jurídico y constitucional para la República.

El proceso que se nos enseña en la escuela como un período anárquico, en rigor, permite la promulgación de 3 Constituciones que, según textos y relatos del historiador de la Universidad de Chile, Gonzalo Peralta, podrían leerse como 3 versiones que se suceden. Son construcciones paulatinas, parte de un proceso de modificación y no del caos ni de la reconstrucción institucional. Hay una búsqueda democrática y participativa, obviamente en las condiciones de una sociedad sin experiencia republicana, según el historiador.

La primera sería la Constitución de 1823, obra de Juan Egaña, jurista, literato y político conservador. De difícil aplicación por su carácter moralista, es finalmente derogada. Se instala posteriormente un largo debate en el Congreso Nacional, hasta que el año 1826 se dicta el Ensayo Federal que divide el territorio de la República en ocho provincias con sus respectivas asambleas provinciales e intendentes, electos por votación popular. Este nuevo ensayo institucional, impulsado por José Miguel Infante, abogado, político y periodista, diputado del Primer Congreso Nacional y reconocido independentista decanta en un Congreso Constituyente encargado de plasmar la nueva Constitución liberal, redactada por Mora (jurista español) el año 1828 que, a juicio del historiador Gonzalo Peralta, es la culminación de un gran proceso, participativo y funcional, con gran apoyo ciudadano.  Un proceso de anarquía tremendamente exitoso.

Y precisamente, en la promulgación de la Constitución del ’28, cuando debe ser sancionada mediante voto, el grupo conservador del Congreso se resta, porque se ve derrotado, mientras que quienes la celebran y los que más votan son los habitantes de las ciudades y la juventud. En diversos textos, la élite comienza a señalar a los “hombres nuevos” que llegan al poder.

Se instala entonces la lucha política de los grupos conservadores de Santiago y Valparaíso, por el dominio económico. Las industrias locales son destruidas por la orientación al comercio exterior que promueven “los pelucones” o conservadores de la época, con Portales a la cabeza, que era precisamente comerciante y no político. Coincidentemente, su fracaso comercial en el llamado “estanco” o monopolio de tabaco, licor y otros productos se produce precisamente el año de promulgación de la Constitución liberal de 1928. Diego Portales, entonces, culpa al supuesto caos y anarquía estatal de sus pérdidas económicas, es más, en una de sus cartas con su habitual lenguaje desbordado, sugiere que, si ha entrado en política “y tomé un palo para dar tranquilidad al país, fue sólo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al Gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen camino de éste”. (Carta de Diego Portales a Antonio Garfias, 10 de diciembre de 1831)

Las condiciones políticas para lucrar llegaron, de alguna manera, con el peso de la noche de Portales y otros comerciantes que financian la guerra civil en Chile o revolución conservadora de 1829-30. El golpe de Estado estuvo comandado por el llamado ejército mercenario de José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes.

Fusilar, exiliar, relegar o el autoritarismo constitucional

El orden político trastocado en criterios mercantilistas, dejó miles de muertos a lo largo de nuestra historia, con más de 20 masacres a manos de ejércitos mercenarios, según ha sostenido el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar.  Además, nos quedó instalada la idea liberalista de que el pueblo chileno no está preparado para la participación y la democracia.

El vencedor Prieto, finalmente, convoca a una Comisión Constituyente que redacta la nueva Constitución de 1833, que se caracteriza por entregar al presidente de la República máximo poder, por lo que se la conoce popularmente como autoritaria.  Autoritarismo que puso fin a las revoluciones y disturbios y estableció el voto censitario. Es decir, solo podían votar los varones mayores de edad, los hombres casados mayores de 21 años y a los solteros de más de 25 años que, sabiendo leer y escribir, tuviesen una determinada renta o patrimonio material. El ejercicio del sufragio quedaba restringido a los grupos más altos de la sociedad y era censitario, porque para validar dichas posesiones de propiedad o dinero, se hacía un censo.

Coincidentemente con lo ocurrido a partir de la Constitución de 1980 que hoy nos rige, la legitimidad del sistema instaurado el año 1833, se instala y promulga producto de la violencia militar y de una guerra civil, además la redactan una decena de privilegiados, por lo tanto solamente es posible mantenerla a sangre y fuego a pesar de las demandas de un pueblo sin instancias de participación democrática ni representación por más de 30 años, incluida la figura  del Estado de excepción que se utiliza contra los grupos políticos como la Sociedad de la igualdad y el Club de La Reforma que surgen posterior a 1840 como una alianza intelectual-obrero-estudiantil, con la figura destacada de Francisco Bilbao y que son eliminadas vía Estado de excepción porque deseaban reformar la Constitución del ‘33.

Constitución que cerró totalmente la participación política, mientras el llamado pueblo seguía a la espera de ser considerado y convocado.  Exclusión que comienza a expresarse con manifestaciones, revueltas, violencia, relegamiento y muertes entre los años 1851 y 1859.  Ese deseo de participación del poder popular, siempre al margen, seguía acumulándose.  Y que a juicio de la doctora en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid) y profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga Añazco, corresponde a la dimensión elitista de la democracia que, es algo que se da en Chile y prácticamente en todo el mundo.

“La idea del pueblo, dice, desde el punto de vista de los textos constitucionales, ha sido la mayor parte de las veces una ficción para legitimar la toma de decisiones políticas por parte de algunas personas, más que una realidad sociológica. Es cierto que, en la historia constitucional chilena reciente, a propósito de la instalación de la Constitución del ´80 y debido a la doctrina impulsada por Jaime Guzmán, ese elitismo adquirió la forma de lo que se ha dado en denominar una “democracia protegida”, es decir un modelo con alta resistencia al componente popular y con elementos autoritarios. De hecho, creo que es discutible que a esa última visión se le pueda llamar, en rigor, una forma de democracia”.

En su crítica, la profesora Zúñiga, defiende la dimensión popular de la democracia en tanto garantía de legitimidad y de gobernabilidad. No obstante, según expresa “la historia nos muestra que hay que desconfiar de quienes invocan una especie de conexión directa con el pueblo (Trump o Bolsonaro, por dar un par de ejemplos)  y de esas visiones que asumen que el pueblo es un conjunto o grupo social homogéneo, sin tensiones internas. Estas últimas visiones, a menudo, buscan suprimir o desatender la pluralidad social. El valor de los mecanismos de mediación y de negociación de la política formal reside, justamente, en que bien llevados pueden diluir esas tensiones sociales, logrando encuentros, sin desconocer la existencia de desencuentros y de diferencias sociopolíticas”.

Constitución a espaldas de la ciudadanía, otra vez

En ausencia de mecanismos de participación provistos por el Estado, los trabajadores se organizaron en mancomunales, sociedades de protección, socorros mutuos y tanto las condiciones internacionales como los cambios políticos y económicos empujaron las tensiones entre el Estado nacional y las problemáticas sociales, como ha señalado el historiador Gonzalo Peralta en sus trabajos de difusión.  La autogestión y la forma de hacer política fuera de la institucionalidad se transforman en puntos de encuentro cultural, de educación y profusión de ideas políticas, creación de periódicos, obras de teatro y arte que decantan en movimientos sociales muy dinámicos que no pueden sino empujar revueltas y crisis.

El año 1924, Chile sufre las tensiones del modelo de desarrollo nacional en crisis, del modelo liberal orientado al comercio exterior con ausencia del Estado en los ámbitos económicos y de salubridad. Manejado el país por una élite oligárquica, aislada de la sociedad, la gran promesa de cambio fue Arturo Alessandri, elegido el año ’20, con el proyecto político de terminar con la vieja oligarquía que a la larga, enquistada en el Congreso, le bloquea todas las iniciativas políticas.

Nuevamente los militares irrumpen en la vida política, a través de las capas medias instaladas en la oficialidad, conocedora de las necesidades populares y de las propias, lo que los motiva a realizar el denominado “Ruido de sables” en el Congreso, una protesta para reclamar por sus sueldos, ascensos y retiros, porque la vieja élite oligárquica copaba los cargos de alto rango y no les permitía el esperado ascenso.

En enero de 1925 vuelve a arremeter un grupo de militares, impulsando la reforma constitucional mediante la amenaza de la violencia. Convocan a Arturo Alessandri para liderar el proceso constituyente, quien regresa del exilio y llama a diversos grupos de la sociedad a una Asamblea amplia, donde participaron los partidos políticos, el Congreso y miembros de la sociedad civil, militantes de izquierda.  Es una Asamblea designada por Alessandri, no es elegida, pero ha sido la que generó un más amplio debate hasta la fecha, por la diversidad de sus componentes.  No obstante, las reflexiones y acuerdos tardaron en llegar hasta que Alessandri resuelve establecer una Comisión técnica compuesta por él y unos 10 expertos que recogen los debates, pero que termina acotando, redactando, plebiscitando y promulgando la nueva Constitución de 1925 con una participación extremadamente baja.

Y como recuerda la doctora en Ciencias Políticas, Paulina Astroza, respecto al proceso actual, “es necesaria la nueva Constitución en democracia y creo que es un error del Gobierno no reconocer que el actual Proceso constituyente surge fundamentalmente de las multitudinarias marchas pacíficas que se celebraron en Chile. Millones de personas, en forma pacífica, pidiendo cambios estructurales a un modelo o a un sistema que se siente que ya no da respuestas a las demandas de Chile y de una desconexión de la clase política con la ciudadanía, es un error por parte del presidente. Hay que reconocer ese origen porque de otra forma la Constitución no habría sido reformada, no habría habido pacto, no habría habido un consenso en que era necesario crear las condiciones para tener una nueva Constitución.  Es un tema que venía de hace mucho tiempo, pero no fue tomado por la clase política y ahora ocurre esto, definitivamente, después del Estallido social y eso hay que reconocerlo”, puntualizó.

Para ella, “las reglas ya están dadas, estas han sido aprobadas por los medios institucionales que tenemos y hubo un Consenso de casi todos los partidos políticos de Chile.  Se modificó la Constitución, se estableció una Comisión técnica para establecer las bases del Plebiscito, lo que dio lugar efectivamente a esta posibilidad que tenemos la ciudadanía de pronunciarnos el 25 de octubre”.

Entre asonadas, golpes y amenazas, como muestran los hechos históricos, la participación real de  la ciudadanía chilena ha sido efectivamente distorsionada o manipulada por la presencia militar o la violencia armada.

Las últimas reformas a la Constitución del ’25 datan de 1970, cuando se rebaja la edad para votar de 21 a 18 y se permite el voto de los analfabetos.  Por eso, podríamos decir que las del ’70 y ’73 son las votaciones más participativas de la historia de Chile hasta ese momento.

Finalmente, como señala la experta en Derecho constitucional, Yanira Zúñiga Añazco, “cualquier pueblo/sociedad tiene la capacidad y el derecho de deliberar y definir su destino político. Yo tiendo a pensar, a este respecto, que es posible evaluar positivamente las normas que regulan el futuro debate constitucional en términos de la incidencia que permiten, tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva comparada. Como es de sobra conocido, estas reglas permiten que pueda otorgarse la primera constitución chilena,  escrita en público y por ciudadanos y ciudadanas electas, y no intramuros por un grupo reducido de personas, generalmente expertos. También garantizan una mayor presencia de mujeres, incluso una distribución íntegramente paritaria, si la ciudadanía elige la modalidad de la convención constitucional. Previsiblemente, se aprobará también un grupo de escaños reservados para pueblos indígenas y, eventualmente, una cuota para personas en situación de discapacidad. Si esto es así, estos tres colectivos tradicionalmente excluidos se encontrarán en una posición inédita de influencia en el futuro debate constitucional chileno”.

especial plebiscito 2020
Fotografía de Valentina Cano Cortés. Marcha ciudadana en calle Picarte, Valdivia. 2019.