El año 1992 se planteó como uno de los problemas principales de la educación, heredados de la dictadura cívico-militar de derecha, el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes en Lenguaje y Matemáticas: el estado asumió con decisión la solución. Los programas educacionales de los gobiernos de transición democrática, el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (MECE), como el de Educación Básica y el de las 900 Escuelas, enfatizaron estas dos mismas disciplinas, sólo que articuladas: por ejemplo, en el MECE/Rural se integraban las matemáticas con ciencias de la naturaleza y el lenguaje con ciencias sociales. Hoy, 30 años después, continúa el mismo debate y problema a partir de los resultados del SIMCE 2022 en 4° de Educación Básica y II Enseñanza Media.

Expertos hacen extensas declaraciones en medios de comunicación reiterando que este es un problema de la educación y dan soluciones del tipo: para aprender a leer hay que leer comprensivamente y nosotros estamos planteado la solución X en los tres colegios en que trabajamos. Año a año se declara lo mismo. Fundaciones financiadas por el estado y/o por empresarios, ofrecen soluciones a los problemas de lectura de los estudiantes, al parecer, con resultados precarios. El estado se suma o debate lo mismo y define ejes de acción,

Pero el problema principal sigue siendo el fracaso del modelo educacional instalado en 1981, consolidado el 10 de marzo de 1990 e impermeable a las tentativas de corrección que hicieron los gobiernos concertacionistas, que contra-corrigieron los de derecha y que hoy parece ya estar consolidado en su fracaso: el original y las correcciones.

La cuestión principal del fracaso, a estas alturas de los 50 años de instalación del modelo, ha sido la privatización del estado (por su subsidiaridad) y la mercantilización (por la sustentabilidad en el dinero… estatal).

El estado se ha privatizado. Las principales tareas de formación docente, inicial y continua, acompañamiento curricular, generación de innovaciones curriculares y tecnológicas, producción de textos y materiales, se han entregado a los organismos de Apoyo Técnico Educativo (ATE), consultoras, corporaciones y fundaciones empresariales o religiosas, en el gasto familiar y en el profesional de los docentes. Igual hay ahí un saber técnico muy valioso. El estado ha ido desmantelándose en la acción en los territorios de aprendizaje, limitándose en sus posibilidades de acción, control y apoyo a las comunidades educativas. Su quehacer se intermedia a través de organizaciones privadas, se supone que sin lucro. A varios Servicios Locales de Educación (SLE) les apoya su quehacer de educación pública, organismos privados, alterando el eje central del sentido de esta institucionalidad.

Se han mercantilizado las soluciones: para poder generar cambios se han planteado incentivos monetarios. Los gobiernos democráticos, por la correlación de fuerzas políticas y culturales de la época, tuvieron que negociar dinero para alcanzar soluciones. La Jornada Escolar Completa (aumento de horas de aprendizaje, algo que hoy proponen todos) se promulgó al negociar justicia educacional por capital para infraestructura privada.

Un nuevo fracaso del modelo

Se ha separado el sistema escolar de las comunidades y del desarrollo de los territorios y del país. No se atacan los problemas sólo por sus efectos, sino por sus causas y sus condicionantes. Los efectos: los resultados SIMCE a los que el sector privado y el público, apuestan sus fichas entregadas por el estado. Las causas, no atacadas: el modelo subsidiario y mercantil de la educación, donde el becerro de oro es el dinero, que es el que ordena la oferta y demanda, con consecuencias de desigualdad, segregación, injusticia educacional, abandono y expulsión del sistema, bajos resultados de calidad y equidad. Sus condicionantes: una sociedad, un barrio, una población, una comunidad rural, familias pobres, que no tienen acceso a la la cultura letrada, a los avances de las artes, las ciencias, las matemáticas, los deportes, la buena alimentación, a TV educativa, recreación, arte, educación, ciudadanía, verdad plural. No pueden tener buenos resultados similares a los de las clases medias o altas, quienes viven sobreviviendo, día a día, como les es posible y donde disponer de tiempo para leer, calcular, investigar, dibujar, es un lujo que compite con el trabajo, la droga, el cansancio, el cuidado.

Esto, señores y señoras… ¡no da más!

El Ministerio de Educación, el estado, debe recuperar su rol dominante en la educación pública y particular chilena, con más poder vinculante en sus decisiones, más recursos para apoyar los SLEs y el sector municipal, así como al particular donde no exista otra oferta (p. ej., en zonas rurales o educación de jóvenes y adultos), sea conveniente o un dato de realidad. Esta es una decisión política, conceptual, institucional, que no exige proyectos de ley sino decisión, que no es centralización sino desconcentración a los equipos regionales o SLE, pero con recursos, equipos, poder pedagógico. Hay Secretarías Regionales Ministeriales de Educación (SEREMI) casi sin supervisores para apoyar de modo sistemático, adecuado, técnico, permanente, a las políticas públicas del gobierno, a todas las comunidades educativas, docentes, directivos. Los organismos privados dependen de juegos financieros con las subvenciones, de impuestos a las donaciones, ganar licitaciones o proyectos y, si no cuentan con recursos, deben abandonar los colegios. El estado, el MINEDUC, las Seremis, son permanentes. Deben dignificarse, aumentar y fortalecer sus cuadros profesionales, administrativos y técnicos, para establecer estrategias de largo alcance de solución a los problemas. Los organismos privados, con financiamiento público, directo o indirecto, que generan buenos saberes técnicos, no deben terminarse necesariamente, deben cambiar para apoyar directamente al estado en primer lugar y luego a los colegios según sea la política pública.

Se acabó el tiempo de quejarse, hay que pasar al de buscar nuevas soluciones a través de un Ministerio de Educación más fuerte, desconcentrado, con más acción, con más recursos y más poder efectivo permanente, sin aceptar lo de que el estado es mal administrador: fracasó el modelo privatista. Si cambia, seguro que mejorará la calidad integral de la educación, los resultados de aprendizaje y entraremos en otras nuevas discusiones, más complejas, variadas, prospectivas y enriquecedoras.

En 2020, a propósito de las entrevistas y solicitud de cartas que hice a familiares de presos de la revuelta social para incluir en mi libro -Dignidad Nuestra- les escuché hablar del Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Social, cuyos integrantes las acompañaban y apoyaban desde la distancia. Sobre la marcha de la investigación accedí e incluí una Carta Abierta que enviaron el 3 de julio de 2020 al presidente Sebastián Piñera, en la que  exigen poner fin a la represión ejercida por el aparato policial,  la libertad de los jóvenes presos políticos, cambiar las cautelares de prisión preventiva por arresto  domiciliario, conmutar condenas por razones humanitarias y riesgos sanitarios en medio de la  pandemia. En 2022, mientras visitaba  Francia, siguiendo la idea de presentar mi libro en París, al igual como lo hice en Nimes (sur de Francia)  les envié un mail. Pascale Cognet, francesa, una de sus integrantes, respondió de inmediato por lo que al cabo de un par de días me reuní con varios de ellos  por videoconferencia, luego nos juntamos en un café y al mes siguiente presentamos la publicación en una de las salas del Centro de Filosofía, Epistemología y Política -Philépol de la Universidad París-Cité, ex Sorbonne- oportunidad en la que procedimos a entregarlo a la Biblioteca, junto al libro -Relatos desde “El Oasis” chileno. Madres de Presos Políticos de la revuelta social en Chile-, editado en conjunto con la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Politicxs (OFAPP). Al cierre de la actividad compartimos un café, éramos once. Recuerdo que se trataban de compañeros, que estaban al tanto de las noticias de Chile y al escuchar sus tallas y  chilenismos que iban y venían, me parecía que no estábamos en París sino en Santiago. Y claro,  no han perdido los vínculos con nuestro país, viven con el corazón  puesto en Chile. Precisamente, ahí radica  el motor que los impulsó a fundar un colectivo de chilenos y connacionales de países de Europa y de América del Norte para asumir como ahijados a jóvenes y adolescentes presos de la revuelta social.

París – diciembre 2019.  Reunidos en una de sus tantas sesiones, los integrantes de la Asociación de ex Presos Políticos Chilenos (Aeppch-France) se preguntaron ¿Qué podemos hacer? frente a las informaciones compartidas por uno de sus integrantes, quien de paso en Chile había conversado con organizaciones de familiares de los presos políticos. Concretamente se refería a la represión desatada en Chile y absoluto desamparo de jóvenes y adolescentes  encarcelados frente a un aparato judicial eminentemente clasista, jóvenes y adolescentes acusados de desordenes públicos, porte de bombas y/o incendios basadas en declaraciones de carabineros, lo que abría la puerta a montajes, uso de testigos protegidos y/o falsos y a la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado que aumenta considerablemente las penas carcelarias a cinco, diez o más años. A todo ello se agregaba el hecho de no tener vínculos partidarios ni tampoco con organizaciones del mundo social. Impactados por esta realidad, después de recoger opiniones de amigos e integrantes de otras organizaciones surge el Collectif Parrainage des Prisonniers de la Révolte Sociale au Chili (Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Social). Su primera tarea fue tomar contacto  con organizaciones de los familiares  de los presos y de derechos humanos, entre ellas,  Coordinadora 18 de Octubre; Coordinadora Anti-carcelaria Pampa Libre y la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia  de Antofagasta.  Después de dialogar con los familiares y obtener su autorización, en febrero de 2020, salieron a las calles parisinas a denunciar la criminalización de la protesta social, intimidación a quienes se movilizaban  contra el sistema político-económico, existencia de la prisión política en Chile y a exigir la libertad de los presos políticos y garantías de juicios justos. Sobre la marcha de este quehacer se incorporaron padrinos y madrinas  chilenos y connacionales, residentes en Alemania, Suiza, Italia, España, Bélgica, Inglaterra, Canadá y EEUU, logrando apadrinar a un total de 80 jóvenes y adolescentes presos de la revuelta de Santiago, San Antonio, Curicó, Valdivia, Punta Arenas, Iquique y Antofagasta.

A partir de entonces,  emitieron declaraciones, participaron en conversatorios, peñas virtuales y actividades solidarias con organizaciones de derechos humanos y de los familiares. También enviaron cartas al gobierno chileno (una de ellas con más de cinco mil firmas) y durante la pandemia denunciaron las restricciones de visitas, aislamientos, condiciones de hacinamiento y falta de higiene en las cárceles y centros de detención  para adolescentes. De manera paralela a este accionar se reunían entre ellos por videoconferencia y, a través del mismo medio, con los familiares para acompañarlos, escucharlos y explorar  búsquedas de soluciones, información, apoyo legal, abarcando además roles de  contención. A veces, dependiendo de los escenarios más álgidos,  estas reuniones se extendían hasta dos y  tres horas. Otra tarea asumida fue el rol de Observadores de Derechos Humanos, participando en audiencias públicas de juicios orales y audiencias generales. Salvador, padrino, residente en Italia, comenta al respecto que  al aceptar la invitación de  asumir a un ahijado recibió una carpeta que contenía su expediente legal que estudió detenidamente  para hacerse parte de las fases públicas de los procedimientos judiciales con el fin de asegurar juicios justos y analizar en conjunto con los familiares  estas tramitaciones  para  que entendieran  su terminología legal y dimensión jurídica.

Pese a que una buena parte de los integrantes de este colectivo venía de la experiencia desplegada  por los comités de solidaridad creados en diversos países durante el período de la dictadura militar, su accionar  no estuvo exento de divergencias referidas a formas de toma de decisión, posicionamientos políticos y de organización interna, primando finalmente una modalidad de constituirse como un agrupamiento de gestión participativa y  horizontal. Héctor Zavala, chileno, ex preso político del régimen militar, exiliado en París, editor del diario El Kahuin, explica que se coordinaron internamente en grupos de trabajo  y a nivel individual,  cada padrino y o madrina, conversaba con  sus ahijados y sus familiares y entre ellos compartían requerimientos y necesidades específicas. Esta experiencia les permitió constatar que el 99 por ciento de sus ahijados formaban parte de familias altamente vulnerables, familias a cargo de una jefa de hogar que trabaja en empleos informales, al igual que sus hijos que estudian y trabajan, incluso niños y adolescentes. Pascale Cognet, madrina francesa, residente en París,  al respecto comenta que se comunicó con mujeres muy valiosas, madres que no perdieron sus fuerzas y que le permitieron a ella misma continuar en pie en momentos de mucho dolor y angustia. Recuerda que cuando las percibía débiles y desesperanzadas para animarlas y darles una inyección de energía positiva, les enviaba mensajes y fotos de manifestaciones que realizaban con pancartas que mostraban rostros de sus hijos. De esa manera les mostraba que en Europa habían personas apoyándolas y por tanto no estaban solas. Patricia Montes, madrina, residente en París, señala que las lágrimas y el dolor de las madres de jóvenes presos políticos en democracia la  llenaban de emoción, le recordaban el sufrimiento de su propia madre cuando buscaba a su hermano preso de la dictadura de Pinochet, razón que sumada a las amenazas y persecución, la familia se ve obligada a salir de Chile. -Los padrinos y madrinas entramos en las vidas de un grupo de familias chilenas, conocimos sus problemas y a través de ellas nos reencontramos con Chile – opina Adrián Verdugo, chileno, residente en Francia por reunificación familiar, a partir del exilio de su esposa sobreviviente de varios centros carcelarios clandestinos (1975) .

La voz de los familiares y organizaciones colaboradoras

Al paso de los meses y años,  ahijados,  familias, padrinos y madrinas, logran consolidar importantes lazos de confianza mutua; un pilar que les brinda apoyo moral, aliento y contención en momentos de extrema  incertidumbre y dolor; una pesadilla de las peores vividas – dicen las madres de los jóvenes- reconociendo que sus problemas no terminan con la obtención de libertad, ya sea por juicios abreviados, condenas nocturnas, arrestos domiciliarios e indultos. A mediados de 2023,  la mayoría  salió de las cárceles, enfrentándose a nuevas problemáticas que responden tanto a las condiciones precautorias legales y procesos de reinserción social. Han comenzando todo de nuevo, pero con muchas dificultades.  Tratándose de jóvenes, mayoritariamente de 18 a 28 años, muchos perdieron sus estudios, sus trabajos, sus pololas, sus novias. Desde las cárceles, regresaron destruidos a sus hogares, no han logrado aliviar sus angustias, depresión ni  sobreponerse a su experiencia carcelaria y a vivencias de intentos de suicidios, prácticas de autolesiones, huelgas de hambre, ayunos e incluso  fracturas sin tratar y perdigones que aún permanecen en sus cuerpos. Varios se han vuelto tóxicos dependientes. Suma y sigue, aquellos que estaban con medidas domiciliarias, han regresado a cumplir sus condenas  en recintos penitenciarios y o bien  bajo libertad vigilada con una orden de reportarse cada quince días.

Deyvi Jara Olivares, 20 años, fue condenado en junio de 2022 a doce años de cárcel en Antofagasta, tenía 18 años cuando lo detuvieron acusado de arrojar un objeto incendiario a un carabinero y desorden público.  En esta ciudad, al igual que en Concepción, una buena parte de los detenidos eran menores de edad. Héctor Maturana, ex preso político de la dictadura cívico militar, integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta,  informa que en dicha ciudad,  un total de 25 jóvenes fueron apadrinados por el colectivo internacional. Refiriéndose a las acciones conjuntas más relevantes destaca una reunión virtual  con sus ahijados en la cárcel,  una conferencia de prensa, contratación de un abogado defensor y por parte de las madres un gran despliegue de protestas, colectas y ollas comunes.

– Los padrinos y madrinas han sido para nosotras un pilar, un soporte, siempre han estado disponibles y abiertos a responder nuestras llamadas- dice Cecilia González, ciudadana argentina, mamá de El Flaco, artista, malabarista, preso en la cárcel, 19 años, a la fecha de su detención (enero 2020). Según una acusación basada exclusivamente en versiones policiales, su hijo fue condenado a tres años por desorden público y  lanzar bombas incendiarias. Había salido de Argentina, cumpliendo su sueño de conocer los países de América Latina, estaba en las cercanías de la Plaza Dignidad cuando un piquete de carabineros se bajó de tres camionetas, golpeando brutalmente a sus amigos al tratar de retenerlo.

María Soledad Quezada,  mamá de Tomás González, 20 años, preso en la cárcel, condenado a tres años y un día por acusaciones de lanzar una molotov cuenta que gracias al apoyo de los padrinos y madrinas  dejó de ser una llorona para asumir un  rol proactivo, dedicándose a organizar rifas y colectas destinadas a financiar ollas comunes para salir adelante con otras familias afectadas. Tomás, se dedicaba al motocross hasta que un accidente en una competencia interrumpió su carrera deportiva por lo que decidió concentrar sus energías como dirigente estudiantil,  cargo que le permite adentrarse en pormenores de la mercantilización de la educación y la salud, realidad que se suma a la injusticia que marca a su familia de por vida: es primo de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado por la espalda en 2018 en la región de la Araucanía. Julio González Cosme, padre de Tomás, en medio del proceso constituyente participativo liderado por la Convención Constitucional (julio 2021 – septiembre 2022) adhirió a una Iniciativa de Norma por la Libertad y Amnistía, firmada por 49 familiares que buscaban reparar los abusos cometidos con aquellos injustamente procesados o detenidos;  los  luchadores sociales que  abrieron la discusión de cambios profundos en el país.

Gemita Donoso,  integrante de la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Politicxs (OFAPP) madre de Maximiliano Moreno, artista callejero y activista ambiental,  25 años, a la fecha de su detención (noviembre 2019) condenado a tres años y un día bajo arresto domiciliario y libertad vigilada, opina que este problema  se ha invisibilizado porque el sistema los considera delincuentes y  terroristas y por ello día a día se ven expuestos al riesgo de caer nuevamente a las garras de la prisión por amenazas y presión social. Las sentencias consideran su regreso a la cárcel en caso de tres faltas. Maximiliano, quien tiene perdigones en su cuerpo y han detectado presencia de plomo en su sangre, fue acusado de incendiar una comisaría con porte de bomba molotov. Pretendían condenarlo a más de diez años, pero finalmente sus abogados lograron poner al descubierto el montaje de la prueba acusatoria. Gemita, se declara  anarquista de manera natural y como no espera soluciones externas convirtió su casa en una sede de acogida para  jóvenes que se sienten metidos en un callejón oscuro. No hay día alguno que no lleguen adolescentes embarazadas,  expulsados de sus hogares por  su condición sexual,  cesantes,  quienes trabajan y estudian por las noches,  jóvenes que se drogan con pasta base y en definitiva las tribus urbanas y sus rasgos identitarios de subculturas y respuestas alternativas expresadas con tatuajes en el cuerpo, piercing en orejas, nariz y rostro, extraños cortes y o colores de pelo fosforescentes.

La revuelta social,  llamada también Estallido Social y o Levantamiento Popular, sacó a la luz el descontento social, la expresión del mundo sumergido bajo la cruda realidad de  de-sigualdad social y económica; los resultados del modelo económico neoliberal, concentración del poder, falta de oportunidades  y  cambios al interior de la sociedad chilena en los últimos 50 años, lo que nadie quería ver. -Hasta que la dignidad se haga una costumbre- fue la consigna que recorrió las calles entre los meses de octubre de 2019 y marzo de 2020.  Según datos oficiales, en este período fueron detenidas  un total de 11.300 personas y de ellas 2.500 quedaron encarceladas.  En octubre de ese año, el Ministerio Público informó que  había formalizado a 5.084 personas, de las cuales 648 se mantenían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas por desórdenes,  robo o daño a la propiedad. En 2021, un total de 53 personas permanecían aún en condición de prisión preventiva en las cárceles  y siete cumplían condena. A fines de diciembre de 2022,  tras los trece indultos  otorgados por el presidente Gabriel Boric, Monique Valentino, madrina francesa, compartió su alegría con los familiares y  su ahijado beneficiado con dicha medida administrativa. Ella se unió al colectivo por una solidaridad indispensable para enfrentar la represión ejercida contra un pueblo que salió a las calles con sus demandas, hecho que la remontó al colapso y desastre que dejó el golpe de Estado de septiembre de 1973 –  un golpe fascista a la inmensa esperanza nacional e internacional que levantó la elección y el gobierno del presidente Salvador Allende, dice. Aún no logra entender  los abusos cometidos por las fuerzas policiales a personas que protestan en las calles. ¿Son o no presos políticos?  es una discusión pública que no se ha cerrado en Chile. – Todos los presos políticos de la revuelta deben reconocerse como tales porque fueron detenidos en un contexto de protestas,  asistimos nuevamente a un Chile que viola este derecho humano, comenta Luis, padrino chileno, miembro de la  Asociación de ex Presos Políticos Chilenos (Aeppch-France). Respecto de las estadísticas cuantitativas opina que las autoridades de gobierno y fiscalías no han dado a conocer  una relación de casos, causas, condenas y lugares de detención,  confirmando una ausencia de tratamiento y abordaje especial.

Claudio Venturelli,  chileno, residente en Ginebra, colaborador del Comité Memoria y Justicia, Chile, Suiza y América Latina,  concibe el accionar del Colectivo Internacional de Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta Social en Chile  similar a una suerte de  red de unidad humana centrada en las personas y focalizada en la solidaridad y agrega que a su llegada a Ginebra,  a partir de su propia experiencia, conoció el sentido amplio de la palabra solidaridad y tanto es así que las personas  que se sumaron a esta causa de los jóvenes presos son las mismas  que lo ayudaron a él a su llegada y después se unieron a los comités por Chile que apoyaron a familiares de víctimas de la represión ejercida a partir del golpe de Estado de 1973. Gemita, Soledad y Cecilia, mamás de tres jóvenes presos de la revuelta, identifican la labor del colectivo como una suerte de pequeña Vicaría de la Solidaridad virtual en un país donde reina el virus del individualismo, olvido y negacionismo. Madrinas, padrinos, ahijados y familiares demandan  amnistía e indultos generales  mientras continúan su accionar en los territorios  para reunir fondos que les permitan financiar defensas legales y montos de fianza  por cambios de medidas cautelares. Esta experiencia de organización da cuenta del surgimiento de una nueva comunidad ciudadana de incidencia pública y vocerías  centradas en la promoción y defensa de derechos humanos; una respuesta frente a la emergencia política y urgencia humanitaria en el Chile de la revuelta social, un Chile convertido en un Estado policial y persecutor que no se veía desde los años de la dictadura cívica -militar.

Los momentos presentes, lamentablemente, no están vinculados a la confianza. De hecho, ronda en cada quehacer diario, algún grado de lo contrario.

Todo ha ido quedando en la lupa del escrutinio, con pocas alegrías y más bien la angustia ronda en los pasillos. No es casual recordar con alegría a H. Maturana indicando que: “El sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la falta de confianza”.

A la luz de las palabras de Maturana, podemos decir que, para construir una relación, se requiere franqueza entre las partes, sinceridad y comunicación. Lo que podría ser aplicado en el diario vivir en valores como el respecto y honestidad; más aún pensando en futuro, en la construcción de proyectos de vida en común.

Sí, a cada paso del diario vivir, la comunicación se sustenta en juzgar al otro, por mucha expresión de sinceridad u honestidad que se busque entregar, incluidas las disculpas posteriores; el resultado decantará en desconfianza. Se avanzará en traquetear, lo que se hubiese construido.

Todos queremos mejorar las condiciones de vida, todos soñamos con tranquilidad, respeto, alegría y amar a quien nos saluda al despertar, con un beso. Por ello, para avanzar se requiere confiar más allá de las certitudes, que hemos construido. Sin confianza buscaremos controlar lo nuevo, pero podemos terminar repitiendo los errores del pasado, exponiendo las decisiones a los temores pasados e impidiendo creer en lo nuevo.

La discusión presente se basa en juicios, en discernimientos cargados de expresiones valóricas que terminan denostando al otro, generando un proceso que no decanta en la construcción de confianza o soluciones, sino más bien en la anulación del otro(a).

La necesidad individual de logros propios y, además como actualmente, de respuestas inmediatas, no consiguen coexistir en gran parte de la sociedad chilena, con valores como el expuesto. Por ello lo diverso de éste mundo nacional, se vincula con lo polisémico del concepto confianza. Basta ver en la calle a las personas inmersas en mundos propios o ajenos, por medios electrónicos y distantes del mundo real que nos rodea. Ávidos de comunicación, pero a distancia, de priorizar sus instrumentos tecnológicos, pero huraños de sus emociones y de su entorno. Antes esto, ¿cómo es posible valorar el trabajo de otro?, sino no estoy interesado, conozco o valoro su quehacer, si respondo emocionalmente, ha hechos de un presente y no conjugo con una historia de vida. Si solo observo a distancia acciones aisladas y que, rodeado de un aura de desconfianza social, construyen una nube negra, en las acepciones propias, respecto de un otro.

Por estos días se ha instalado un velo de duda sobre instituciones de la sociedad civil, como son las fundaciones. Desde siempre ha habido instituciones buenas, regulares u otras que no logran funcionar adecuadamente. Desde hace años que la fiscalización y control, se ha hecho distante. Las instituciones públicas se han distanciado del rol fiscalizador, más bien se ha tomado una posición expos a los hechos.

Pero existen espacios donde la confianza retoma su valor, por ejemplo, es sabido que llevan varios años las universidades siendo valoradas con altos grados de confianza pública, por su rol y aportes, así como las FF.AA. y carabineros. Pero existieron otros tiempos, en los que no se les miraba con la misma valoración, donde la desconfianza se apoderaba de la ciudadanía y más bien existía temor, ante su presencia.

En particular, en el 2022 la UC y otras entidades, destacaron a personas de 75 años o más que, con su experiencia, conocimiento y entrega, contribuyen al desarrollo del país y lideran cambios sociales. Ahí está nuestra incomparable Cecilia Pantoja Levi, y muchas otras mujeres pertenecientes a mundos sociales, que no siempre están en primer plano y que han aportado al país. Pero en particular el actual Ministro de Vivienda, Carlos Montes, que también ostenta el reconocimiento. Lo destacable, entre otros aspectos, es que Montes, es una reconocida persona del mundo político. Se suma a este reconocimiento al sacerdote católico Alejandro Goic Kármelic. Ambos, pertenecientes a espacios cuya confianza social es menor, según las encuestas. Ellos y tantas otras personas, de mundos que son objeto de crítica y desconfianza permanente, no son la excepción: son la regla. Son las personas que logran construir una sociedad con valores, con ejemplos y consecuencia. Son personas confiables, cuya experiencia es un valor que merece respecto por su honestidad y trayectoria.

Para ser honesto, confiar considera un riesgo, siempre en la confianza cohabita la paradoja de lo mucho que cuesta ganarse la confianza y lo fácil que es perderla.  Pero no puede ser que el aporte de personas por varias décadas al país (por una vida), se quiera borrar.

Lo mejor es que hablamos de personas que responden con acciones concretas, a lo largo del tiempo, respecto de sus conductas y actuaciones, personas a las cuales la sociedad puede reconocer por ser confiables.