La melancolía es el sentimiento predominante en los equipos que abandonan La Moneda. Se vive en soledad porque el poder se transfiere antes de la entrega formal de cargos. Aunque se sabe que entrar a Palacio implica tomar decisiones como si se tuviera mucho tiempo por delante y hay que estar listo para salir en cualquier minuto, despegarse de la función cuesta.

La despedida no se facilita con los datos negativos de las encuestas, que dejan a este gobierno como el peor evaluado desde la recuperación de la democracia. No hay mucho que decir al respecto, excepto esperar que el paso del tiempo dé motivos de reevaluación a los ciudadanos. Pero esta esperanza es vana.

Lo peor está por venir y consiste en el olvido. Se tienen dos signos que anticipan este porvenir inexistente: el trato ciudadano y las reacciones en la derecha.

Una señal inequívoca de haber pasado a la historia por la puerta grande es el trato a un mandatario cuando deja de serlo. Aylwin entró a La Moneda como “don Pato” y terminó para todos como “don Patricio”; Bachelet es para muchos y muchas “la señora Michelle”. El nombre se dice con afecto y lo compaña un apelativo de respeto. Eso es lo que ganaron, al igual que Frei y Lagos.

A Piñera se lo señala por el apellido y sin el “don” de compañía. Nunca le tuvieron cariño, pero mientras pareció tener éxito, en la derecha buscaban verse cercanos llamándolo Sebastián a secas. Hoy nadie compite por verse a su lado. Mucha agua corrió bajo el puente y el trato espontáneo lo sintetiza.

Pero la reacción que viene de la derecha es igual de significativa. Cuando algo termina mal, lo que suele predominar son las divisiones. No estamos ante la excepción. La mejor fórmula que tienen a mano para la recuperación de este sector político es dejar de pagar el costo de defender al actual gobierno.

Se disponen a hablar del futuro o de la relación con Boric, pero no serán muchos los que le dediquen mucho tiempo a defender legado alguno. No es ni siquiera crueldad, es simplemente hastío y una desilusión prolongada.

Tan hondo es este sentimiento que cuando se discute algo que de verdad les importa, como es la presidencia del Senado, cada cual habla con total sinceridad. El senador electo de la derecha dura, Rojo Edwards, señala sus preferencias y rechazos con una frase lapidaria: “no estamos disponibles a apoyar a Chile Vamos para que repliquen las malas políticas implementadas”.

El senador del Partido Republicano afirma que no está dispuesto a votar por nadie que no dé garantías de ser coherente con los principios del sector, ni por un líder desconectado con las bases de derecha. Es una forma de decir que no quieren ayudar a entronizar a otro Piñera. Es un contraejemplo.

Edwards lo dice sin contemplaciones: “los republicanos hemos sido oposición al Presidente Piñera y consideramos que en muchas materias reprobó”. Puede que sea un caso extremo, pero también es cierto que entre los líderes exitosos de la derecha abundan los detractores del actual mandatario, no sus seguidores.

Desde ya la derecha piensa en lo que viene. Termina un gobierno en fracaso y esto se puede deber a los principios que lo guiaron o a la persona que lo lideró. La segunda opción será la interpretación escogida. La melancolía se justifica.

Conmemoramos un nuevo 8M en medio de alarmantes cifras de retroceso económico para la autonomía de las mujeres. El último informe del Banco Mundial nos muestra que más de 2.400 millones de mujeres en el mundo en edad de trabajar, no cuentan con igualdad de oportunidades económicas. Se estima además, que más de 200 millones de niñas y mujeres entre 15 y 49 años han sido víctimas de mutilación genital y según los últimos estudios de UNFPA hoy, se encuentran en riesgo cerca de 4 millones de niñas en distintas partes del mundo. En América Latina las cifras de femicidios por cada 100 mil mujeres subieron su recurrencia en casi 4 puntos, agravadas por la pandemia. En Chile cerramos el 2021 con 55 mujeres muertas y un aumento del 70% en las denuncias de violencia.

Hoy las mujeres de Chile y el mundo son más pobres, sufren mayor violencia, la crisis de la pandemia nos he hecho retroceder en derechos casi dos décadas, seguimos siendo víctimas de atrocidades por sesgos culturales, religiosos, económicos y falta de voluntad política.

Este 8 M Día Internacional de las mujeres trabajadoras, se hace un fuerte llamado, “No a la Guerra” pues más de 11 conflictos bélicos mantienen activos el mundo hoy y los datos indican que las más perjudicadas son las mujeres y los niños y niñas.

Los gobiernos de todos los países deben extremar los esfuerzos frente al desastre que significa el retroceso de los derechos de las mujeres; deben acelerar las leyes que generen acceso y erradicar la violencia machista; deben garantizar la igualdad salarial; promover la corresponsabilidad y establecer sistemas de cuidados universales. La crisis económica que nos deja la pandemia golpea más fuerte a las mujeres. Se debe acelerar la puesta en marcha de políticas públicas de fomento para nosotras, que incluyan desarrollo de competencias tecnológicas, empoderamiento y financiamientos prioritarios que se traduzcan en prosperidad y autonomía, en Chile cerca del 60% de mujeres que emprenden solo ganan un sueldo mínimo.

Este es sin duda, un día de profunda reflexión, no de banalidades. Debemos ser capaces de entender que el retroceso de las mujeres es un retroceso para el mundo en su conjunto, por lo tanto, constará mucho alcanzar lo perdido. Esperamos, entonces, señales más fuertes de los estados. Esperamos también para nuestro país que el nuevo gobierno, que ha dado señales de transversalidad feminista en la construcción de la política, a través del ministerio en su comité político, haga todos los esfuerzos y pueda en forma decidida avanzar en alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.

En esta especial e importante conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organización de mujeres viviendo con VIH/SIDA y colectivo de mujeres trabajadoras sexuales, las más discriminadas e invisibilizadas en Chile, saludan a todas las mujeres del mundo y levantan sus valiosas e imprescindibles voces para denunciar reiteradas vulneraciones de sus derechos.

Las mujeres viviendo con VIH/SIDA, visibilizadas por la ICW Capítulo Chileno, evidencian la ausencia de políticas públicas de educación sexual y prevención del VIH/SIDA e ITS para todas las mujeres, siendo la errada e incomprensible falta de certificación del Instituto de Salud Pública ISP y la escasa distribución del condón femenino-vaginal-interno, asuntos de grave e importante preocupación, una promesa incumplida del gobierno de Sebastián Piñera que a través del Ministerio de Salud anunció el acceso y distribución gratuita del condón vaginal para todas las mujeres en Chile. Porque pese a los esfuerzos que realizan organizaciones de mujeres que buscan incentivar el conocimiento y uso del condón vaginal, entre ellas Fundación Margen e ICW Capítulo Chileno, el acceso, certificación y distribución del condón femenino-vaginal-interno continúa siendo un derecho no garantizado por el Estado de Chile. Hasta ahora, el lema “condón vaginal, acceso universal”, no se ha transformado en política pública de salud del Estado de Chile.

Del mismo modo, las mujeres trabajadoras sexuales agrupadas en Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe REDTRASEX, alertan sobre la persistente violencia social e institucional que pesa sobre las mujeres adultas e independientes que ejercen el trabajo sexual en nuestro país, violencia representada en controles y detenciones policiales arbitrarias, así como la información equívoca y reiterada sobre el trabajo sexual de los medios de comunicación, especialmente de la televisión local, que condenan pública y sistemáticamente el trabajo sexual, asimilándolo al tráfico de drogas y la delincuencia. Estas situaciones de transgresión de garantías de derechos se han visto acrecentadas en tiempos de grave e incierta pandemia por COVID-19, crisis de salud que afecta especialmente a los grupos más vulnerados, entre ellos las trabajadoras sexuales chilenas y migrantes.

En este martes 8 de marzo de 2022 en Chile, víspera de la asunción de un bienvenido nuevo gobierno declarado ciudadano y feminista, Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales e ICW de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA en Chile, esperamos que se avance decididamente en la regulación del trabajo sexual, promesa incluida en el programa de gobierno de Apruebo Dignidad liderado por el presidente electo Gabriel Boric Font, así como en el acceso, certificación y distribución universal del uso del condón vaginal como una política pública del Estado de Chile para todas las mujeres de nuestro país.

La conmemoración y la marcha del 8M es un momento que siempre debe estar protagonizado por las mujeres. En esta lucha, a los hombres nos cabe ante todo callar, detenernos y asumir acciones muy concretas, que pasan por el autoanálisis, la información, la apertura al cambio y, sobre todo, a abrir nuevas formas de conversación entre nosotros mismos. Ser varones nos implica un desafío autocrítico constante, que debería llevar a cambiar nuestros diálogos de forma activa, creando espacios habilitantes para reflexionar sobre el aporte del feminismo en la transformación de toda la sociedad.

Debemos asumir que la lucha por la equidad de género ha impulsado cambios enormes en las relaciones de poder, partiendo por crear condiciones para una vida libre de violencia, desigualdad y exclusión. Se plantea con demasiada liviandad que el rol masculino en ese proceso es ser un “aliado”, ponerse del lado correcto de la historia y tomar acciones concretas. Ese tipo de declaraciones son fáciles de hacer, pero los cambios actitudinales, institucionales, culturales y políticos van mucho más lentos.

La historia sigue estando y seguirá estando en deuda con las mujeres por mucho tiempo, por más que declaremos nuestra buena voluntad de cooperar y deconstruir la masculinidad tóxica que nos ha formado. Asumiendo el mensaje de Simone de Beauvoir, podemos decir que “No se nace hombre, se llega a serlo”. Y esta conciencia de la construcción social de la masculinidad es fundamental para comenzar a dar cualquier paso posterior, asumiendo que la primera acción de solidaridad con las mujeres no puede partir sin un examen de los propios patrones tóxicos de conducta. En segundo lugar, generando un análisis de las estructuras políticas, culturales e institucionales que nos envuelven como individuos, y que no nos sirven para evolucionar y cambiar paradigmas. Sólo asumiendo esta agenda se podrá plantear alguna forma de solidaridad creíble y efectiva con las mujeres.

Los hombres necesitamos comprender que estamos viviendo un momento histórico de cambios, a partir de una lucha que está siendo protagonizada por las mujeres y por lo mismo, hace falta mucha solidaridad. Pero esa solidaridad parte por escucharlas activamente y evitar a toda costa el “mansplaining”. Si queremos protagonizar algo como hombres, debería ser en nuestras relaciones con nuestros pares masculinos, dando el ejemplo con una nueva actitud, y sobre todo, motivando un debate entre los varones más cercanos con los que podamos instalar esta discusión de fondo y en serio.

Los hombres que quieren un cambio en la desigualdad entre los géneros son mayoría, pero muchas veces callan porque sienten un temor o un falso pudor ante sus pares más reacios al futuro. Pero sabemos que la lucha feminista nos va a beneficiar a todas, todos y todes. Si cada cual sabe dónde y cómo aportar, se podrá consolidar una sociedad que avanza en un cambio irreversible de sus patrones de relacionamiento y de comunicación, haciendo que la vida sea más digna y justa.

¿Dónde están las mujeres en los medios de comunicación? ¿Cuál es el deber del Estado en garantizar que la diversidad de sujetos y sujetas sociales participen de la comunicación?

Constantemente las periodistas feministas nos hacemos esa pregunta ante la evidente ausencia de mujeres en la prensa, más allá de su presencia en la reproducción de roles de género. Este #8M, Día Internacional de las Mujeres, volvemos a atender un problema que tiene como efecto la invisibilización de las mujeres y disidencias en los medios de comunicación y la violencia simbólica.

El Monitoreo Global de Medios del año 2020, señaló que a nivel mundial solo el 17% de los sujetos de las noticias fueron mujeres. En el caso de Chile, las mujeres aparecen con mayor presencia como sujeto de noticias en el área de economía, con un 37% del total; en noticias de índole social y legal con 33%; en ciencia y salud con 29%; en política y gobierno 23%; celebridades, deportes, medios y arte con 16%, y crimen y violencia 10%. A la pregunta sobre qué función desempeñan las mujeres en las noticias, un 45% corresponde a “opinión popular”, un 32% son relatoras de su experiencia personal, y solo un 29% son expertas o comentaristas. El 26% son sujeto principal de la noticia y un 22% voceras. Lo más alarmante que evidencia el informe es que al menos pasarán 67 años para cerrar la brecha de desigualdad de género en los medios de comunicación.

Estas cifras, develan su falta de representatividad en los medios -ya sea como protagonistas de las noticias o en las salas de redacción-, lo que implica que sus conocimientos, saberes y expertis no existen para la prensa, más allá de los mandatos de género de un sistema patriarcal.

Este panorama nos ha impulsado a problematizar por años el sexismo presente en los medios de comunicación y en las prácticas periodísticas, contribuyendo a un debate profundo al respecto que, incluso, lo hemos llevado a la Convención Constitucional.

En la propuesta de norma Constitucional sobre Derecho a la Comunicación patrocinada por la Convencional Carolina Videla, y elaborada con aportes de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas (REDPERIOFEM), en conjunto con el Colegio de Periodistas de Chile, dos organizaciones que hacen parte del Bloque por el Derecho a la Comunicación, hemos ido aún más allá.

En uno de los articulados planteamos que “El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa”.

Defender la libertad de prensa y promover el pluralismo debe ser un imperativo para el Estado en un contexto nacional marcado los últimos años por vulneraciones a la prensa por agentes de fuerzas especiales, agresiones y hostigamiento digital a mujeres periodistas, espionaje a periodistas de investigación por el Ejército, entre otros casos.

En línea con el trabajo que hemos venido desarrollado, nos preocupa además el desconocimiento y la falta de interés por parte de algunos convencionales constituyentes que no han logrado la comprensión de enfoques como el de género, derechos humanos y la educación mediática.

En los últimos años, la UNESCO ha realizado un gran esfuerzo por atender esta necesidad, que en términos simples corresponden a aquellas garantías que el Estado entrega para el desarrollo de espacios formativos que permitan generar una ciudadanía crítica e informada respecto a los contenidos de los medios de comunicación, que permitan frenar fenómenos como el avance de las fake news (noticias falsas), los discursos de odio y la postverdad.

La propuesta presentada por la REDPERIOFEM y rechazada en general el día 24 de febrero de este año en el pleno de la Convención Constitucional, propone avanzar en garantías para el desarrollo de la educación mediática con enfoque de género y derechos humanos, con el fin de garantizar la formación de una ciudadanía activa, crítica e informada acerca del sistema de comunicación social.

El articulado se centra en garantizar derechos humanos en materia de comunicaciones que promueva a las y los ciudadanos la posibilidad de desarrollar medios de comunicación y resolver la crisis que enfrentan los medios, pero también en entender la importancia de las comunicaciones para una ciudadanía activa e informada sobre los procesos de cambio que vive el país.

Es así como en la línea de garantizar el Derecho a la Comunicación en la nueva Constitución, observamos con preocupación la comunicación que emana desde la propia Convención. No está demás decir que las consecuencias de la pandemia han evidenciado la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso a internet de todas las personas y en todo el país como una forma de promover los derechos humanos, la igualdad y fortalecer la descentralización.

La diferencia de acceso a la tecnología continúa generando desigualdades en el acceso a la información de la población, especialmente de grupos que no puedan pagar por estos servicios. Se requiere actualizar la nueva Constitución incluyendo este derecho.

Acceder a la información de manera igualitaria puede ser un soporte relevante al momento de pensar el apoyo en los cuidados que recaen principalmente en mujeres y niñas, pero sobre todo en propiciar un participación directa y participativa de la ciudadanía, que, hasta ahora, vemos como el talón de Aquiles del órgano constituyente.

Otros obstáculos que han enfrentado las comunicaciones de la Convención Constitucional es la campaña de desinformación y difusión de noticias falsas levantadas por ciertos sectores, que generan la circulación de información poco precisa y mentirosa.

Por ello, es clave que en estos cinco meses que restan para elaborar la nueva Constitución la Convención Constitucional comunique de forma oportuna y clara lo que transcurre en sus sesiones, debates deliberativos y resoluciones del pleno. La información y su acceso a ella es un derecho humano al que debe acceder toda la ciudadanía para una buena toma de decisiones y un real proceso democrático.