Inicio Blog Página 480

Marcela Cortés, Candidata a Alcaldesa por San Joaquín: “Queremos Seguir Construyendo una Comuna más Sustentable, Inclusiva y Participativa”

Por
Valeria Pinto Arellano
-

Desde hace más de diez años Marcela Cortés es vecina de la comuna de San Joaquín, comuna por la cual hoy está disputando el sillón de la alcaldía. Además, ha trabajado activamente en la municipalidad como Directora de Desarrollo Comunitario, cargo que mantiene desde los últimos ocho años.

Es Trabajadora Social de profesión y corazón, titulada de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Motivada desde siempre por un sentimiento comunitario, Marcela fue parte del Programa Nacional Servicio País, donde conoció las distintas realidades de algunas regiones del país, por lo que destaca que una de sus ventajas es la experiencia.

Decidió postular de manera independiente, pero con el apoyo del Partido Socialista de Chile y asegura que San Joaquín no es una comuna que parta desde cero, sino que ha tenido significativos avances, de los cuales se compromete a seguir contribuyendo arduamente

“El compromiso que sostengo para con mis vecinos y vecinas es poder seguir trabajando. Este avance no se hace solo, se hace de manera coordinada y en conjunto con la población. Queremos seguir construyendo un San Joaquín que sea inclusivo, sustentable y por sobre todo participativo y eso va a estar garantizado porque tenemos la experiencia de haber acompañado a la comunidad es mejorar su condición de vida”

  ¿Cuáles son sus motivaciones para convertirse en alcaldesa por la comuna de San Joaquín?

– Principalmente porque yo vivo en San Joaquín hace más de diez años y la motivación que tengo es porque sabemos que la comuna ha tenido avances muy significativos para las comunidades y hoy día, dentro un escenario de amplia incertidumbre a nivel país y planetario, con mayor razón se requieren de liderazgos que tengan experiencia y compromiso. De alguna manera mis veinte años de experiencia en el área social me permitieron tomar esta decisión. Y esto también se fundamenta porque lo hemos conversado con dirigentes y dirigentas de la comuna durante el año pasado, lo que nos impulsa a ponernos a disposición para trabajar acentuando el progreso en San Joaquín.

– ¿Cómo cree usted que marcaría la diferencia con respecto a sus contrincantes?

– Creo que por varias razones. Yo soy asistente social y como bien decía, tengo más de veinte años de trabajo. No solo conozco la realidad de San Joaquín, sino que he logrado conocer distintas realidades sociales. Por otro lado, el estar trabajando al interior del municipio, también me permite tener un conocimiento desde dentro de como hoy se tiene que administrar una Municipalidad y encabezar una gestión local.

Esto tiene distintos componentes, pero uno de ellos es la sensibilidad, que yo creo que es fundamental tener hoy en día, sobre todo en un contexto post pandémico y de crisis social, es necesario tener una mirada que tenga un fuerte componente de lo social para ponerlo en énfasis durante los próximos cuatro años.

– Con respecto a su programa, ¿cuáles son sus propuestas en torno a la vivienda, considerando que es uno de los temas más repetidos entre las necesidades principales de la comuna?

-Este es un gran elemento en el que hacemos la distinción. Como Directora de Desarrollo Comunitario me ha tocado un trabajo muy sistemático y metódico, con resultados a la vista que han permitido hasta el día de hoy dar soluciones a 1.500 familias, que son de San Joaquín y se pudieron quedar a vivir en San Joaquín. Esto sirve de guía para decir qué estamos proyectando para el futuro y esta comuna, al ser semi central, hoy día cumple con las condiciones para poder ser un ejemplo en lo que signifique seguir construyendo viviendas sociales y generar proyectos de integración social para las vecinas y vecinos.

En la actualidad, hay sesenta comités de allegados constituidos en la comuna, lo que es equivalente a aproximadamente 2.700 familias que se encuentran esperando una solución habitacional. En la comuna ya no hay terrenos fiscales, pero hay terrenos privados y estamos trabajando para poder lograr que el Estado de Chile nos los compre y ahí construir. Nuestro compromiso es al menos poder adquirir dos terrenos que nos permitan dar soluciones a un orden de 900 familias.

– Lamentablemente, la comuna ha sido fuertemente golpeada por la delincuencia y el narcotráfico, generando tanto inseguridad como estigma por parte de la gente. En este sentido, y a nivel más transversal, usted propone una reforma estructural a las policías. Sin embargo, también es posible trabajar desde el territorio. ¿Cómo se puede asegurar este cambio desde los municipios?

El rol que tiene que asumir el municipio es netamente preventivo, porque acá todo lo que es control está radicado en las policías y el Sistema Judicial. Hoy en día, San Joaquín cuenta con 63 cámaras de vigilancia, las cuales están siendo observadas por funcionarios y funcionarias municipales junto a carabineros. Sabemos que esto puede ser insuficiente por lo que nuestro compromiso es poder doblegar el número, es decir, pasar a tener 120 cámaras durante los próximos cuatro años. Nosotros ya estamos avanzando en un proyecto al respecto para poder ingresarlo al gobierno regional y conseguir financiamiento. Esto se transforma en una herramienta puntual y concreta, no solo para el registro de las imágenes, sino que también para reordenar los recursos policiales y municipales que sabemos que son bien escasos.

– ¿Y qué sucede con los delitos menores? ¿qué es lo que necesita la gente urgentemente?

– Ahí tenemos un problema, porque no todos los vecinos están denunciando los delitos de los cuales son víctimas porque básicamente existe un desincentivo en este sentido. Cuanto tú vas a denunciar que te robaron el celular a la bajada de la micro, lo que te reporta el policía es que le va a ir mal, porque va a tener que iniciar un largo proceso, que probablemente termine en nada. Necesitamos empezar a dejar en manifiesto los problemas reales que está teniendo la gente en torno a los delitos independientes en este caso.

La visión tiene que ser seguir siendo un aporte en la lógica del control para que las autoridades puedan tener las herramientas necesarias para hacer su trabajo y, por otro lado, seguir siendo un fuerte apoyo a lo que es la organización territorial. En San Joaquín hay cerca de sesenta comités de seguridad ciudadana, que son las y los mismos vecinos que se organizan para poder repeler ciertas situaciones que generan inseguridad. Hoy día lo que hacemos es apoyarlos para que se vinculen a la seguridad ciudadana y recuperar la vida de barrio que se ha perdido.

– ¿Cuál es el rol que deben cumplir los municipios en el proceso constituyente?

– Tenemos que garantizar la participación e incentivar a que las y los vecinos puedan participar informadamente del proceso constituyente. Nuestro programa de gobierno regional está orientado en todos sus puntos a su vinculación con este proceso, porque creemos que desde lo local surgen iniciativas que permiten tener soluciones que apunten a los problemas reales de las y los vecinos. Los municipios son las instituciones más cercanas a las comunidades, por lo que tienen mucho que aportar desde su visión cotidiana. Tenemos que ser capaces de resguardar que no solo sean garantizados los derechos sociales, sino que se garantice también su mecanismo de financiamiento.

– ¿Qué opina sobre la dispersión de la oposición en estas elecciones? ¿cree que esto tendrá un efecto negativo en los resultados?

– Puede haber un riesgo que con una gama tan amplia de candidatos y candidatas, efectivamente se genera una dispersión del boto y ahí quienes son mucho más ordenados, son los sectores de la derecha de nuestro país. De todas maneras, tengo mucha confianza en que este proceso constituyente pueda llegar a buen término, que permita tener la representación de los distintos sectores de nuestro país. Lo que me parece muy bueno es que ya está garantizado que los Pueblos originarios tengan su propia representación, lo mismo con la paridad de género. Son condiciones mínimas que afortunadamente, hoy están garantizadas. Espero que las y los ciudadanos puedan votar informados y elijan a quienes van a trabajar en beneficio de asegurar no solo los derechos sociales, sino en cómo estos queden fielmente plasmados a través de los mecanismos de su trabajo.

 

Piñera y el TC: Las Grietas que se Abrieron en la Derecha

Por
Marcia Pineda Soto
-

Sumando y restando, se está repitiendo una película que se ha visto demasiado en los años recién pasados. Los pequeños atisbos de unidad de los últimos días en las oposiciones, una y otra vez se estrellan con un muro difícil de saltar. Y se estrellan justo cuando se profundizan casi hasta el paroxismo las grietas que se abrieron en la derecha.

Esta situación queda al desnudo ahora cuando se deben tomar decisiones respecto del tercer retiro de fondos previsionales. El gobierno cumplió su amenaza de acudir al Tribunal Constitucional para evitar que se cumpla lo que los diputados votaron favorablemente y que los ciudadanos apoyan en un 80 por ciento. Las oposiciones por su parte se debaten entre acusar constitucionalmente o no al Mandatario. Y entonces, allí están enredados los protagonistas políticos de un lado y otro, luego del portazo que Sebastián Piñera les dio a las esperanzas de miles y miles de chilenos y chilenas. Un portazo que presagia tiempos complejos no sólo para el gobierno y sus sostenedores. También para las oposiciones. Lo probable es que este escenario se ordene a mediados de mayo, cuando los resultados de las postergadas elecciones de concejales, alcaldes, gobernadores y convencionales evidencien cuál es la fuerza de cada colectividad política. Y cuál es la de los independientes que también compiten.

Es la cercanía de esos comicios lo que a la derecha le impide dar la espalda a los futuros electores. Y la cuenta que sacan es que el fallo del Tribunal Constitucional se dará a conocer poco antes de esas elecciones cuyos resultados pueden ser hasta irreparables para su futuro. Eso es lo que temen. Por eso su rebeldía con el gobierno, que, a estas alturas, ya tiene claro que el desfonde es un hecho.

Las reacciones no se hicieron esperar. Sorpresa, rabia, desconcierto y más amenazas es lo que se respiró en el escenario político y empresarial. Incluso con palabras sorprendentes como las del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien aseguró que, a pesar de ser declarado un trabajo esencial, en su sector «falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno». Más o menos en los mismos términos se pronunció otro empresario. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz cree que el retiro del 10 por ciento “es una mala idea, porque nos crea una situación de cierta dificultad para atraer personal a empleos formales. Vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores», agregando incluso que «la pandemia y las ayudas del Gobierno han dificultado contratar obreros a los precios habituales». Sólo le faltó agregar que les complica la contratación de mano de obra barata.

Esa mano de obra reaccionó muy distinto. Los trabajadores portuarios de Valparaíso, pertenecientes a la Unión Portuaria de Chile, concretaron el paro de sus actividades anunciado la misma noche del martes tras la decisión del Gobierno de enviar el proyecto del tercer retiro del 10% al Tribunal Constitucional. Y seguirán progresivamente en sus movilizaciones contra el Gobierno, porque “creemos que es un recurso autoritario que es una reminiscencia hacia la dictadura y que finalmente el Tribunal Constitucional funciona como una tercera cámara”. Otras organizaciones sindicales están a la espera, mientras la CUT llamó a una huelga el 30 de abril próximo.

Una reacción reveladora

En Chile Vamos no descartaban la posibilidad de que el gobierno entregara finalmente una propuesta mejor que la del Bono Clase Media, y la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencia que no dejó contento a nadie. De haber ocurrido, señalaban algunos parlamentarios, el Presidente habría dado una imagen de control que hoy perdió, de haber ordenado sus filas y entregar una señal de liderazgo y fortaleza, indispensable para los futuros comicios. Nada de eso ocurrió.

Cuando el gobierno cayó en cuenta que, pese a todos sus anuncios de ayudas económicas para detener la aprobación del tercer retiro de las platas de los trabajadores, su propia gente ya estaba decidida a aprobarlo en el Senado. De ahí a anunciar que harían la presentación de inmediato al TC hubo un solo paso. Curiosamente, y con lo que le atraen las cámaras y los micrófonos, no fue el Mandatario quien hizo el anuncio, sino algunos de sus ministros. Sabía lo que vendría y seguramente se midió el cómo lo afectaría en las encuestas, a pesar de que difícilmente va a detener su caída libre que, desde el estallido social, lo tiene en el peor de los mundos.

Las reacciones al anuncio del Presidente fueron inmediatas en el Congreso. Aunque los parlamentarios de oposición y de gobierno sabían que podía recurrir al TC, tal como lo habían anunciado varias veces, confiaban en que el sentido común y la magnitud que había alcanzado la aprobación de la medida en la opinión pública y entre los propios partidarios del gobierno, haría recapacitar al gobierno. El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes le había pedido en todos los tonos al Presidente que no acudiera al Tribunal Constitucional. De hecho, en varias de sus intervenciones en la prensa había incluso advertido que, de hacerlo, “es evidente que esto va a provocar malestar social”.

Cuál más, cuál menos en la derecha, reconocían el difícil período por el que atraviesa Chile. “El momento que enfrenta el país es muy complejo, principalmente para los chilenos que sufren y que necesitan ayuda. El gobierno ha entregado ayudas económicas, pero a muchos no les han llegado. Por eso, desde la UDI hemos insistido en tener una alternativa, como el uso de los fondos del seguro de cesantía”, expresó el presidente del gremialismo, diputado Javier Macaya. Y no sólo eso. Había dicho que “ir al Tribunal Constitucional no puede ser la única respuesta del gobierno”.

 La acusación en estudio

Finalmente ocurrió. Y en este momento, las oposiciones estudian la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente. El diputado DC Gabriel Silber anunció la creación de un equipo jurídico transversal para estudiarla. Fue el primero, junto al socialista Leonardo Soto, en plantear la posibilidad de esta acusación. Y aunque en principio las bancadas de ambos partidos habían descartado apoyarla, porque a juicio del diputado Marcelo Schilling, una acusación contra el Mandatario podría terminar transformándose en un “factor de unidad” para el oficialismo en momentos en que la coalición de gobierno se encuentra dividida, hoy están todos sentados a la mesa para analizar las posibilidades de hacerlo.

La bancada DC aseguró que están centrados en respaldar el proyecto ante el TC con su equipo jurídico y que analizarán «en su mérito» la acusación. Daniel Verdessi, quien dirige la bancada democratacristiana precisó, sin embargo, que «no nos interesa derrocar a este gobierno, nos interesa derrotar a la derecha con propuestas serias, responsables y que funcionen. ¿Qué es lo que funciona? Que el tercer retiro salga. Yo no estoy para hacer un show, porque en el Senado se va a perder una acusación constitucional».

El socialista Leonardo Soto planteó que «hemos decidido conformar un grupo de trabajo de todas las bancadas de oposición y que este viernes nos va a entregar los fundamentos precisos y concretos que justifican y fundamentan constitucionalmente esta iniciativa de acusación constitucional. Estamos tranquilos porque en la primera mirada existe el necesario fundamento para hacerlo».

El punto es que no se trata solo del Tribunal Constitucional. Porque -dicen- el Presidente está ejerciendo un derecho, el mismo que los parlamentarios tienen para levantar una acusación en su contra. El diputado Schilling, explicó que buscarán que abarque otros temas, como la responsabilidad en el manejo de la pandemia y la falta de atención a las necesidades económicas de la población. «Así como escuchamos la voz del pueblo, escuchamos también la voz de la directiva del Partido Socialista. En el terreno social, en el terreno económico de protección a la población, es bien dudoso que haya cumplido con su deber constitucional. Vamos a examinar si existen las causales», sostuvo el parlamentario.

La diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) dijo que «vamos madurando la posibilidad de ir reuniendo a los diferentes sectores de la oposición, relevar la importancia del tercer retiro, pero como un factor más de análisis dentro de la acusación».

En esta ocasión, también participaron integrantes del PC, Comunes, RD, PR y FRVS, entre otras colectividades, quienes esperan tener un borrador de la acusación este viernes.

Una declaración unitaria

Poco antes del encuentro, salió a la luz una declaración firmada por los líderes de casi todas las oposiciones, dando una señal de unidad frente a esta coyuntura. La firmaron los presidentes de RD, PR, CS, PL, Unir, FC, Comunes, PS, DC, PPD, y el PRO. No aparece la firma del PC y el PH.

“Creemos -dicen- que el Gobierno se ha negado a conducir una política que dé cobertura y considere los montos necesarios para que las familias puedan tomar las medidas de aislamiento que se requieren para disminuir la propagación de la pandemia. Así́ lo han vivido millones de chilenos y chilenas de clase media golpeados en su situación económica que han postulado a beneficios estatales una y otra vez, pero que siguen viéndose marginados”.

Creen que nunca es tarde para enmendar el rumbo e “invitamos al gobierno a liderar soluciones como una Renta Básica de Emergencia, de carácter universal y que sea suficiente para que los millones de chilenos y chilenas que hoy deben estar obligatoriamente en cuarentena no caigan por debajo de la línea de la pobreza”.

Declaran tener la convicción de que el rol del Estado debe replantearse, pasando de la visión subsidiaria hacia una visión anti neoliberal, solidaria y de carácter universal que de garantías económicas para el cuidado de las familias y “que reconozca la dignidad de todas las personas que componen nuestra ciudadanía”.

Respecto al Tribunal Constitucional, señalaron que, si bien es una mala política pública, ”los retiros de fondos de pensiones son la única forma que la ciudadanía encuentra para garantizar su subsistencia mínima en este periodo, teniendo nuevamente que ser los trabajadores y trabajadoras los que pagan los costos de la crisis. Rechazamos categóricamente que el Gobierno haya acudido, sin un mínimo de empatía y sensibilidad, al Tribunal Constitucional, obstruyendo la posibilidad de que las familias puedan retirar el 10% de sus propios ahorros y tener algo de la tranquilidad que no han tenido con las políticas de gobierno”.

Finalmente, y hasta total despacho se votó el tercer retiro del 10% en la Comisión de Constitución del Senado, donde los parlamentarios aprobaron el articulado de la iniciativa y la despacharon a sala para ser votada este jueves por todos los senadores también hasta total despacho.

Periodistas Denuncian al Gobierno ante la CIDH por Vulnerar la Libertad de Expresión

Por
Página 19
-

Una denuncia formal contra el Gobierno de Chile por vulnerar el derecho a la libertad de expresión y prensa presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un grupo de más 290 periodistas y actores del mundo de la cultura, acusación motivada por la carta enviada desde el Ejército al director del canal de televisión La Red, rechazando los contenidos emitidos a través de una sátira política.

La misiva que fue apoyada en simultáneo por el Gobierno, – a través del ministro de Defensa – la FACH y la Armada, se suma a otros hechos ocurridos con anterioridad que según señala el documento “incumplen las normas jurídicas nacionales e internacionales”.

La ex editora de prensa y ex directora  del programa Buenos Días a Todos de TVN, María Eugenia Camus, quien junto a otra periodista es una de las organizadoras de la denuncia, quienes señalaron en un comunicado que “profesionales, artistas, actores del mundo audiovisual hemos suscrito una carta a la CIDH que le exija al Estado de Chile el envío de información de todo lo que está ocurriendo y actué en consecuencia”.

En este mismo sentido, la abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, responsable de la asesoría jurídica de las periodistas organizadoras, explicó que “la prensa y los medios de comunicación deben estar en una posición en la que puedan, en los hechos, interpelar a las autoridades. Esta libertad es indispensable en una sociedad democrática y las acciones activas para socavar el rol de los medios representa amenaza a los derechos fundamentales de las y los periodistas y comunicadores garantizados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos”.

Por su parte, María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo, explicó que “estamos viviendo momentos muy difíciles para la libertad de expresión. Esta carta es algo inaudito, las Fuerzas Armadas aparecen deliberando en un régimen que se supone que es democrático. Más aún, esto ha sido apoyado por el gobierno de Sebastián Piñera, tanto su Ministro de Defensa como su vocero han aparecido defendiendo esta condena a un medio de comunicación por haber hecho una parodia con sentido del humor”.

“Esto es de una gravedad máxima, estamos apelando a que la comisión pueda ver la situación de Chile y ojalá venir en visita el relator. Queremos que se entienda que es la sociedad completa, son todas las personas las que se ven afectadas por esto, porque cierra las posibilidades de conocer la realidad y las posibilidades de conocer el debate público”, puntualizó Mönckeberg.

Entre las personas que suscriben la carta se encuentran premios nacionales, editores, reporteros y fotógrafos. Además adhirieron a la misiva acusatoria personalidades de otros sectores como académicos, cineastas, escritores y representantes del mundo de la cultura, así como el propio conductor y editor periodístico del programa de la Red, “Políticamente Incorrectos”.

Aldo Valle, Candidato a Gobernador por la Quinta Región: “No Creo en la Democracia de Expertos, Sino en la de Ciudadanos y Ciudadanas”

Por
Valeria Pinto Arellano
-

Asumiendo su gran compromiso tanto ciudadano como político, el abogado y actual docente universitario, Aldo Valle, decidió postular al cargo de Gobernador Regional por la Región de Valparaíso, con la convicción de apoyar desde su posición a la creación de una sociedad más inclusiva e integradora.

Fue rector de la Universidad de Valparaíso, institución de la cual hoy es académico. Además, fue vicepresidente ejecutivo del Concejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Desde muy joven recibió por parte de su familia, una formación política, valorando la importancia de instituciones como la democracia, la cual considera que está en deuda con la gente. También trabajó activamente en la política universitaria durante su paso por la educación superior.

Durante su vida fue militante del Partido Socialista de Chile y el Partido por la Democracia. Sin embargo, hoy se presenta como candidato independiente con el apoyo de estas coaliciones. Aldo señala que, a pesar de toda la adversidad vivida, la nueva Constitución podrá llevar a un paso más el Chile soñado.

“Lamentablemente el animismo de mercado que se ha instalado en Chile por la hegemonía economicista y antidemocrática apuesta todo por la competencia. Todo tiene que ser competitivo. Creo que una sociedad de ganadores y perdedores se parece también a una sociedad de depredadores y depredados y esas son formas muy primitivas de la convivencia de la especie humana. Eso debemos dejarlo atrás y acá tenemos una oportunidad”

– ¿Por qué decidió postularse como gobernador por la Quinta Región? ¿Cuáles son sus motivaciones?

– Porque tengo un compromiso tanto ciudadano como político, en el sentido de que desde muy joven recibí una formación en mi familia sobre la relevancia de las instituciones, sobre todo de la democracia y, por lo mismo, me ha parecido que en los últimos años esta ha ido perdiendo el vigor y capacidad de respuesta. En consecuencia, tengo muchas críticas al sistema político, pero también pienso que uno no tiene que quedarse solo ahí, uno tiene que hacer el esfuerzo de contribuir más activamente.

También veo que el país tiene la necesidad de una mayor actividad cívica. No es bueno que la política quede a mano solo de especialistas. No creo en la democracia de expertos, creo en la democracia de ciudadanos y ciudadanas y en esa condición, decidí postularme. Además, la naturaleza del cargo es de carácter político, por lo que no depende del gobierno de turno ni de otras autoridades. El gobernador o gobernadora regional tiene independencia política y capacidad para decidir con autonomía, tomando decisiones en materias relevantes de la inversión, de los proyectos de desarrollo, de la fiscalización, de la transparencia y la probidad.

– ¿Cuál es su posición frente a la falta de descentralización en el país?

– Creo que, como país, tenemos una democracia defectuosa y que uno de los efectos estructurales de eso es el centralismo administrativo y político estatal, lo que obviamente se rige por un principio contrario a la democracia. Esta es para distribuir el poder, no para concentrarlo en una persona ni en grupos determinados o sectores de influencia en la sociedad. En este sentido, la relación del Estado con las regiones requiere de cambios sustantivos. Sin embargo, también creo que esta es una oportunidad para contribuir también a una descentralización al interior de la región, porque tenemos instalado en nuestra cultura política un paradigma cognitivo del centralismo. Me parece que este cargo, por el carácter que tiene, me permitirá contribuir a que haya una igualdad territorial al interior de la región.

– ¿Cree que las y los gobernadores regionales debiesen tener más atribuciones? ¿Por qué?

– Si. Creo que las que hasta ahora han sido consideradas en la Ley orgánica del Gobierno y Administración Regional, tienen unas atribuciones insuficientes, siendo un proceso que tímidamente se está llevando adelante, porque las figuras de carácter transversal en el país obviamente miran con desconfianza la descentralización. Entonces, es un porcentaje muy menor de la inversión pública la que se decide en la región, siendo alrededor de un 7% en el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y con otros instrumentos, no llega más allá del 12%. Ese no es el estándar en países que tienen sistemas políticos más evolucionados y desarrollados. En consecuencia, ahí hay una primera atribución en que debiese haber más autonomía, más transferencia de competencia. Otra Ley de renta regional.

En materias diversas, me parece que no puede haber una descentralización tutelada por un delegado presidencial que va a seguir teniendo atribuciones en materias administrativas muy relevantes. Está bien que se reserven algunas atribuciones del Gobierno anterior, o de la seguridad pública que el Estado quiera llevar por una línea, pero también eso podría pasar a manos de la o el gobernador regional, quien fue elegido democráticamente, teniendo esa base de legitimación pública.

– Su programa incluye interesantes propuestas en torno a la inclusión de los Pueblos Originarios, como la incorporación de su medicina tradicional al Sistema de Salud. ¿Por qué considera que es tan importante incluirlos?

– Es imprescindible llevar adelante un proceso de reconocimiento social y cultural, que es lo que también se puede hacer desde las gobernaciones regionales, porque obviamente el reconocimiento constitucional de los Pueblos originarios tendrá que hacerse en la nueva Constitución y de manera muy explícita. A nivel regional, debemos llevar adelante proyectos de desarrollo social y cultural. En la región hay cerca de 120 mil personas que se reconocen como parte de las etnias originarias por lo que si no tienen una educación o medicina que responda a sus tradiciones e identidad cultural, el Estado de Chile no solo los desconoce, sino que comete un acto de desprecio y por lo tano creo que una democracia que no incorpora estos elementos tiene un déficit moral y ética pública.

¿De qué manera se pueden llevar a cabo estas promesas?

– Las leyes permiten que haya un reconocimiento a la medicina tradicional. Hay que poner en ejecución esas leyes y no dejarlas a medio camino. Por otra parte, en educación es muy importante avanzar en que los planes de estudio consideren la identidad de los Pueblos originarios, pero no solo para educar a quienes pertenecen a las etnias, sino también a quienes no pertenecen, porque acá se trata de una relación social, cultural y simbólica. Todos los demás chilenos y chilenas tienen que también recibir desde su infancia una formación integradora de la cultura e identidad de nuestros Pueblos originarios para efectivamente tener una relación respetuosa y reciproca, por eso creo que es muy importante la interculturalidad bilateral entendida no solo como inclusión de uno, sino como una relación de reciprocidad.

– Frente a la división de las fuerzas de oposición, ¿podría esto afectar negativamente en los resultados de las próximas elecciones de mayo?

– Si, yo creo que podría darse. A lo mejor hay que distinguir en el caso de la Convención Constitucional donde, en definitiva, hay una lista que se congregó a partir de una expresión política minoritaria, que son los del rechazo, quienes presentan una diversidad tan amplia que se pueden encontrar inconsistencias, como por ejemplo, que personas de legítimo pensamiento liberal, estén formando parte de la misma lista, donde hay pensamientos de un conservadurismo autoritario y que sin embargo, van unidos, lo que les puede jugar a favor. Esto afecta a la oposición que es la que finalmente representa la definición popular de redactar una nueva Constitución.

Por ejemplo, si en una comuna se presentan varios candidatos de oposición, mientras que sólo va uno de derecha, obviamente hay estupendas posibilidades para que elijan al candidato de derecha. La dificultad va en que podría salir elegido el candidato o candidata de quienes están de acuerdo con la Constitución de 1980 y en contra de que el país tenga una rectificación de su sistema económico, que todos sabemos los efectos que tiene, porque los vemos a cada rato.

A pesar de todo, tengo la confianza de que no va a ser así porque es muy menor el sector que quiere mantener la Constitución del 80, que quiera mantener el mismo sistema económico y que se repita el gobierno de derecha. Creo que vamos a poder avanzar en este proceso democrático porque así lo decidió la gente el 25 de octubre del año pasado.

2021: El Año Iberoamericano de las Bibliotecas

Por
Página 19
-

En la pasada XX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica, el año 2021 fue declarado como el “Año Iberoamericano de las Bibliotecas”, lo que constituye una oportunidad para abrir una conversación regional sobre la vigencia de las bibliotecas en nuestra región y su rol en el desarrollo de los países iberoamericanos.

En este contexto, el Colegio de Bibliotecarios de Chile ha organizado el evento “2021 AÑO IBEROAMERICANO DE LAS BIBLIOTECAS”, que ha sido financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta actividad permitirá congregar a los distintos tipos de bibliotecas existentes a lo largo de todo Chile, tales como las bibliotecas públicas, comunitarias, digitales, móviles e itinerantes, universitarias y escolares.

Este es un evento de alcance internacional que, con su slogan, “Bibliotecas que crean futuro” permitirá generar un espacio de reflexión alrededor de las bibliotecas de una región conformada por 23 países: Andorra, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El Colegio de Bibliotecarios de Chile inaugura el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, el próximo 23 de abril 2021, ocasión  en que, además, celebramos el Día Internacional del Libro, presentando el programa anual de actividades en torno a Bibliotecas. En esta primera actividad, se realizará la Sesión Inaugural denominada “Bibliotecas Nacionales: Miradas del Pasado, Perspectivas sobre el Futuro”.

Con ello se busca rendir un homenaje al rol de las bibliotecas nacionales como proveedoras de acceso a la información, el conocimiento y la cultura para el progreso de la sociedad y sus ciudadanos. Además, de destacar su misión en la preservación y difusión del patrimonio bibliográfico. Durante el año se   realizará una amplia variedad de actividades y programas en torno a 6 ejes (se adjunta programa):

  1. El mundo diverso de las bibliotecas: tipologías y servicios.
  2. Los desafíos de las bibliotecas después de la pandemia.
  3. Las bibliotecas más allá de los libros: un lugar para las personas.
  4. Innovación y bibliotecas: ¿qué significa innovar y cómo hacerlo?
  5. Las bibliotecas como entidades fundamentales para el desarrollo de la Agenda 2030.

6. Las bibliotecas como lugares para la inclusión de poblaciones en desventaja y minorías.

A continuación el programa:

 

 

 

Consideraciones para la Discusión sobre el Recurso Agua en la Constituyente

Por
Mario Muñoz
-

El derecho humano al agua, es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para sus usos personales y domésticos[i]

Los Delegados Constituyentes que sean elegidos para dar contenido a una nueva Carta Fundamental para Chile, serán personas provenientes de distintos puntos del país y grupos humanos con diferentes visiones del mundo, disímiles intereses económicos, múltiples conocimientos y variadas posiciones políticas. La discusión e intercambio de ideas que construirá esta Nueva Constitución se dará entre personas de diferentes oficios, profesiones, género, edad, grupos familiares, anhelos y expectativas de vida, compromisos y colectivos sociales.

Será en esta rica diversidad de miradas, olfatos y sensibilidades en que – entre muchas otras temáticas – se analizará cómo la sociedad chilena asume, ordena  y dispone el recurso Agua, para su conservación, uso y consumo.

De allí entonces la necesidad de contar con antecedentes fundados de cada una de las aristas técnicas, históricas, políticas, sociales, legales, de usos y costumbres del recurso Agua`; sus actores, usuarios y sus problemas; áreas de indefinición o de visiones encontradas; la incidencia que tiene para sus usuarios y, lo más importante, hacer un diagnóstico y ver qué es lo que queremos cambiar de su actual condición, uso y manipulación; cuál es el rol y función que el agua debe tener desde ahora y hacia el futuro, dada su condición de recurso finito, variable, frágil y de cuidado, para dar sustento cierto y soporte responsable a las posiciones en torno a este vital elemento, que se desea incorporar en la Carta Fundamental del Chile de las siguientes décadas.

Existen abundantes precedentes en el Derecho Internacional en distintos momentos de la historia, que apuntan al Agua como una necesidad inherente a la vida humana, partiendo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de  1948, que en su artículo 26 señala: “…toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. El agua si bien no se menciona de manera explícita en este texto, es un requisito esencial que hace posible el derecho a la vida, alimentación, calidad de vida, salud, etc.

Otros documentos hacen mención del agua, como es el caso del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre estos antecedentes, especial mención se debe de hacer del Convenio de Ginebra relativo a los prisioneros de guerra de 1949, documento que en su artículo 26, tercer párrafo señala que   «Se surtirá a los prisioneros de suficiente agua potable…»

En Chile, el ordenamiento jurídico que regula el recurso agua, desde los tiempos de la Colonia con las Leyes de Indias de 1680, recopilación de normas y ordenanzas de esa época para la gobernanza de los nuevos territorios anexados,  y los cuerpos legales ya en tiempos de la República como el Código de Aguas de 1855, la Ordenanza General de 1872, y los Códigos de Agua de 1948, 1951, 1967 – 1969 (Reforma Agraria mediante) incluso el Código de Aguas de 1981(tiempos de dictadura), concuerdan en que las aguas del territorio son bienes nacionales de uso público. Sin embargo el Decreto Ley 2.603 del 23 de abril de 1979, separó el avalúo de la tierra y de las aguas como dos bienes separados. La Constitución de 1980 vigente hasta nuestros días, en su artículo 19 N° 24 señala explícitamente “…los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.”.

La concentración del poder sobre el recurso agua, sin embargo, es lejos mucho más antigua que la Constitución de 1980 y entre otras distinciones, se remonta a los orígenes de las organizaciones de regantes o usuarios del agua, bajo formas más sofisticadas. En efecto las organizaciones de usuarios del agua se ordenan y disponen según los Derechos de Aprovechamiento de Agua que le asisten a cada usuario y por esta vía quienes más Derechos de Aprovechamiento de Agua tienen, supeditan al resto a sus intereses.

A lo anterior se agrega un complejo marco institucional con la participación de  43 organizaciones gubernamentales[ii] que desde distintas miradas y orientaciones toman decisiones, cursos de acción y soluciones respecto del recurso agua, intervenciones que en opinión del autor, no siempre están lo suficientemente coordinadas para una acción oportuna.

La demanda del recurso agua, es una variable de singular importancia a considerar en esta ecuación. Baste señalar que “… Desde el año 2003 al año 2018, los envíos agropecuarios chilenos al exterior experimentaron un alza del 7% promedio anual, prácticamente triplicando su valor, pasando de operaciones por US$ 3.228 millones en 2003 a US$ 8.674 millones en 2017. Este dinamismo ha estado impulsado por el aumento sólido y sostenido en los embarques de frutas frescas, agroindustria, carnes, frutos secos, semillas, lácteos, aceites vegetales, plantas y flores, entre otros[iii].”La producción agroindustrial chilena que consume del orden del 88% de las aguas superficiales y subterráneas en Chile[iv] se sustenta en la provisión regular y permanente del recurso agua y en tiempos de escasez como el actual, se crean roces y conflictos con los demás usuarios del agua, entre ellos el consumo humano.

Pero los desafíos del agua no son sólo de cantidad, sino también de calidad.  Las afectaciones de los relaves y vertidos de la minería en ecosistemas de bahía Chañaral[v], la presencia de altos contenidos de cobre en la mayoría de los ríos de Chile Central, producto de las aguas residuales de la minería de cobre[vi] el impacto en los salares ubicados en la región de Atacama producto de la extracción en el denominado “triángulo del litio”[vii] dan cuenta de la contaminación del aire, los suelos y el agua, cuyas magnitudes y superficies comprometidas, requieren de la atención del ámbito académico y de la acción de los organismos fiscalizadores.

En la Comuna de Petorca, a abril de este año alrededor de 2.000 personas – el 20% de su población – dependen de camiones aljibes para el suministro de agua potable[viii]. Y mientras esto ocurre, desde 1987 al año 2000 los Derechos de Aprovechamiento de Agua otorgados por el Estado a privados en esta Comuna se duplicó y aumentaron en un  1.200% al año 2018. En todo ese tiempo, ninguno de los 43 organismos del Estado que regulan, miden, ordenan y toman decisiones respecto del agua, hizo posible la adopción de medidas concretas y efectivas para hacer frente a esta situación.

Finalmente, todo lo que se haga en torno al ordenamiento metodológico, organizacional, jurídico, técnico y ambiental del recurso agua, debe ir acompañado de un robusto sistema de medición de la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso y un sistema de fiscalización independiente, regular y permanente, que desincentive la sustracción del recurso, el vertimiento de desperdicios en las riberas de los cauces (práctica generalizada en el país), la operación ilegal de los areneros y extractores de áridos en los cursos de agua, la contaminación de las aguas, y se estimule y eduque a la población en el cuidado, preservación y uso racional de un recurso escaso y finito, …aún hay tiempo.

[i] [i] Observación General N° 15, que efectuó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social las Naciones Unidas, en su vigésima novena sesión celebrada en Ginebra, del 11 al 29 de noviembre de 2002.

[ii] Transición Hídrica El futuro del Agua en Chile, año 2019, Fundación Chile.

[iii] Anuario de las Exportaciones Chilenas 2018, DIRECON PROCHILE

[iv] El Mercurio, 03.02.2020 Fundación Chile

[v] Castilla 1983;Castilla y Nealler 1978

[vi] Schalscha y Ahumada 1998

[vii] Gutiérrez, 2018

[viii] Crisis Hídrica en la Cuenca de Petorca, abril 2020.  Centro de Investigación en Clima y Resiliencia (CR) 2

#NoLoDejemosPasar: Reporte de Vulneraciones de Derechos a Personas Defensoras Ambientales en el Ciberespacio

Por
Nataly González Díaz
-

“¡No lo dejemos pasar! Vulneraciones de Derechos contra defensoras/es de Derechos Humanos ambientales en el Ciberespacio» es el nombre del reporte realizado por la ONG Defensoría Ambiental, organización que se dedica a defender el derecho humano de las personas de vivir en lugares libres de contaminación.

La ONG cuenta con profesionales del derecho, la psicología comunitaria y el periodismo que han podido ver de cerca cómo viven los y las defensoras ambientales, quienes constantemente se están viendo vulnerados por el rol que ocupan al proteger sus territorios y al enfrentarse a poderes económicos y políticos que amenazan los lugares que habitan.

Violencia en aumento  

 Entre sus principales conclusiones, el estudio que encuestó y entrevistó a defensoras y defensores de derechos humanos ambientales, arrojó un aumento de la violencia en los últimos años debido a una diversidad de factores, entre los que destacan “el estallido social de octubre del 2019 y sus consecuencias, el estado de excepción prolongado y una élite con miedo a perder sus privilegios”.

Todas las personas encuestadas y entrevistadas han sufrido amenazas de algún tipo (golpizas o torturas, muerte y desaparición) a través de medios digitales, las que suelen ser perpetradas por personas que ocultan su identidad. En general, a defensoras y defensores les preocupan los efectos que las vulneraciones podrían tener sobre sus familias.

El informe menciona que tres de siete personas entrevistadas relatan haber sido agredidas físicamente por policías. Asimismo, las manifestaciones de violencia digital tienen un carácter similar en cuanto a contenido, al que han sufrido defensoras/es fuera de la red, sin embargo, la violencia digital suele ser anónima.

El género como factor de riesgo  

 En materia de género, cuatro de cinco mujeres entrevistadas creen que este es un factor de riesgo. Tres tienen hijos e hijas menores de edad y a todas las han amenazado con quitar su custodia por las acciones que realizan como defensoras ambientales. Una de las entrevistada relató que la amenazaron con violentar sexualmente a su hija mientras ella se encontraba privada de libertad durante una detención arbitraria.

Frente esta realidad, entre las conclusiones que entrega la Defensoría Ambiental en el informe, se indica que urge concretar el enfoque de género propuesto en la Política Nacional de Ciberseguridad, puesto que se requiere que la regulación reconozca la violencia desde un enfoque interseccional, para garantizar los derechos de mujeres en el eventual ejercicio simultáneo de distintos roles, como el de activistas, feministas y/o defensoras de derechos humanos.

Como otros factores de riesgo para las personas defensoras se nombran las labores de vocería y los altos niveles de exposición en la organización. Por otra parte, las nuevas tecnologías permiten tener mayor acceso a la información personal como el número de teléfono o la dirección, lo que representa un riesgo potencial para las y los defensores.

Todas las personas entrevistadas y encuestadas se han visto en conflictos con autoridades y representantes de empresas, debido a que enfrentan y denuncian grandes proyectos de inversión. Todas también mencionan que Chile debería firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú a la brevedad, para comprometerse con la protección de los y las defensoras.

Otra dificultad que constata el reporte es la inexistencia de espacios a los cuales acudir para solicitar asesoría o protección, especialmente respecto a las situaciones de violencia que viven defensoras y defensores ambientales en el ciberespacio. Los organismos de derechos humanos nacionales les indican que hagan las denuncias correspondientes a las policías, pero, las y los defensores relatan que esta institución les ha vulnerado anteriormente a ellas y ellos o a otras personas pertenecientes a su organización, dice el informe. Además, luego de denunciar, la mayoría desconoce qué ocurre con sus causas.

Inseguridad en el espacio digital

En torno a derechos digitales, la mayoría de las personas entrevistadas y encuestadas tienen una idea vaga de ellos y no sabe cómo protegerse en el medio digital, pero desea aprender a hacerlo.

Para Karla Cubillos, psicóloga y coordinadora de la investigación, “el reporte busca poner luz sobre la violencia que viven defensoras/es de DDHH ambientales en el ciberespacio, en un contexto en que por sus luchas son especialmente vulnerables. El informe evidencia cómo nuevamente el Estado no cumple su rol de garante. Es necesario reconocer el rol social de defensoras/es ambientales y entregar todas las herramientas posibles para su protección”.

Por su parte, Katta Alonso, fundadora de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero y Puchuncaví [MUZOSARE], defensora que participó de la investigación confirma la desprotección que viven defensoras y defensores, señalando que “internet no es un espacio seguro para nosotras, porque no tenemos cómo defendernos. Recibimos mucho bullying y muchas amenazas. La gente te bloquea y tú puedes bloquearlos,  pero por ejemplo en el chat que tenemos de las MUZOSARE o en el mío personal no tenemos cómo defendernos, porque el internet no nos da las herramientas para eso”.

El informe entrega una serie de recomendaciones dirigidas a los organismos con competencia legislativa, ejecutiva y judicial, de la administración del Estado y de derechos humanos. Entre ellas están la necesidad y urgencia de que Chile firme y ratifique el Acuerdo de Escazú; la creación de una Defensoría Ambiental Pública con financiamiento estatal; una ley que proteja la defensa de los territorios, y especialmente a sus defensoras/es; implementar un mecanismo para acusar las malas prácticas de los partidos políticos en los territorios al levantar figuras que fraccionan a la comunidad; medidas de protección para usuarias y usuarios en contexto presencial y virtual.

Asimismo, en caso de sufrir vulneraciones, proveer de apoyo psicológico, en particular a sus familias y la realización de un catastro a nivel nacional de la situación de defensoras y defensores del medioambiente respecto a violencia y vulneraciones en contexto digital.

“¡No lo dejemos pasar! Vulneraciones de Derechos contra defensoras/es de Derechos Humanos ambientales en el Ciberespacio» está disponible para descargar de forma gratuita en la página www.defensoriaambiental.org y ya ha sido remitido a importantes organizaciones como la ACNUDH, la CEPAL y el Centro de Derechos Humanos (DHH) de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales, con el objetivo de incidir en el debate sobre protección de DDHH en contexto digital.

El proyecto contó con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de los Derechos Digitales en América Latina (FRR), gestionado por la organización Derechos Digitales. Las actividades asociadas al lanzamiento del reporte finalizarán el jueves 22 de abril con una conversación entre la ONG Defensoría Ambiental, Derechos Digitales y Katta Alonso, moderado por Natalie Nicloux.

Dardos contra La Red: El Canal que Ha Traído Algo de Pluralismo a la TV Nacional

Por
Lidia Baltra
-

Escudándose en que ha recibido más de 300 reclamos contra “Mentiras Verdaderas”, el programa nocturno de La Red, el Consejo Nacional de Televisión ha decidido “formular cargos” contra el único espacio de la televisión chilena donde se pueden escuchar informaciones y opiniones distintas a las del resto del dial televisivo chileno.

A lo que se ha sumado el secretario general del Ejército al enviar una carta al director del canal quejándose por el programa satírico “Políticamente incorrecto” difundido el viernes 16 de abril pasado, donde según él, se denosta a la institución profiriendo “todo tipo de injurias” con el “ánimo de deslegitimarlo y degradarlo”. Los acusa de no ejercer la libertad de expresión “con verdad y responsabilidad”.

El programa entrevistaba a un “militar de verdad” (comediante) que quería jubilarse a los 40 años con todo su sueldo y beneficios que entrega la institución en estos casos y, además, señalaba que en el Ejército se lo pasan armando conflictos con países vecinos para justificar sus sueldos y usar sus “juguetitos” (aviones, tanques, ametralladoras, etc.).

Entrevista al frentista

El caso de las inculpaciones a La Red del CNTV se refiere a la entrevista que el periodista Eduardo Fuentes realizó el 15 de marzo – gracias a lo que facilitan hoy los teléfonos móviles – a Mauricio Hernández Norambuena, ex frentista y autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, prisionero en la cárcel de Alta Seguridad-.

Se acusa al espacio de televisión de “fomentar la violencia y el discurso del odio”. Nunca escuché en esa entrevista discursos de odio reales como salen a cada rato en twitter. Y de intentar “limpiar la imagen de un terrorista”. El entrevistador nunca le lanzó preguntas en bandeja a su entrevistado como para que se exculpara de ser autor intelectual – no material – de un asesinato por el cual está pagando en cárceles desde hace 19 años, primero en Brasil y desde hace dos en Chile. Sus acusadores ven en sus afirmaciones a La Red “un monólogo discursivo e ideológico entregando en sus dichos mensajes que justificarían hechos violentos”. Interpretación que cualquier ciudadano o telespectador enemigo de los verdaderos discursos de odio y violencia podría discutir.

También se culpa a Fuentes de no haberlo calificado de “preso común” por “delito común”. Tan solo por haber elegido el Frente Patriótico Autónomo, como blanco del atentado del 1 de abril de 1991 a Jaime Guzmán, cerebro gris de la dictadura pinochetista, el ex comandante Ramiro es un preso político. Un preso común por delito de homicidio es, a mi entender, quien planea o ejecuta el asesinato de Perico Los Palotes.

Fue interesante conocer lo que piensa un preso como él, y pasados 31 años del hecho, de los cuales lleva 2/3 cumpliendo su pena. No siempre se da la posibilidad de saber qué piensa la parte directamente involucrada, del castigo que le hace cumplir la sociedad. Para nosotros, periodistas, lo de Eduardo Fuentes, “Mentiras Verdaderas” y La Red, fue un “golpe periodístico”.

Humor con el Ejército

En el caso de “Políticamente incorrecto” (ya su nombre indica que irá por un camino contrario al deber ser) el Ejército demuestra poco sentido del humor y de su realidad. Esta vez más exigible que en el caso de los fanáticos islámicos que arremetieron contra los periodistas de la revista francesa Charles Hebdo por haber osado hacer un chiste a costa de Mahoma. Los sentimientos religiosos sabemos que desatan guerras. Pero aquí satirizaron a hombres de carne y hueso, y por la queja, al parecer dieron en el blanco. Reconozcamos también su mesura: en vez de agarrar sus metralletas como los islamistas franceses, los militares tomaron la pluma y el papel (virtuales, por cierto) y enviaron una queja del director del canal. Pero con el error de deliberar una vez más: a quien debieron quejarse (según un distinguido constitucionalista) era el Ministro de Defensa. Con lo cual una vez más se demuestra que los militares creen todavía que se mandan solos, lo que es incompatible con la democracia.

Es más, en la misiva, el general indignado dicta cátedra a director y comediantes de La Red sobre cómo se debe ejercer la libertad de expresión, tema que desconoce por cierto. José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch, consultado por un medio chileno, afirmó que la actitud de los militares, la queja contra el programa, iba contra este derecho humano fundamental.

¿Y el Pluralismo en la TV…?

Fue una larga lucha la que dimos los periodistas a través de nuestra orden profesional para lograr en democracia lo que se nos negó en 17 años de dictadura: la libre expresión y respeto a las distintas ideas e ideologías. Con la democracia, volvieron los partidos políticos y se acabó el anatema sobre aquellos proscritos de ideología marxista… Pero al parecer no en los medios de comunicación, donde cualquier sombra o relación directa o indirecta con ella temen pueda traer un rebrote.

De vuelta a la democracia, hace más de 30 años, éstos siguen siendo monocordes, transmitiendo solo la voz hegemónica de la derecha nacional e internacional y asfixiando la diversidad de ideas, en especial las antagónicas.

Los Torquemada de hoy desconocen y echan por la borda lo que dictamina el artículo 3 de la Ley sobre Informaciones y Opinión y Ejercicio del Periodismo de 1993 y que aún rige a los medios de comunicación y a los periodistas: “El pluralismo en el sistema informativo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país”. Y a continuación, agrega que: “Con este propósito se asegurará la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social”. De lo cual se deduce que el tener medios de comunicación que entreguen una corriente de aire nueva, renovada, como La Red, sería la forma de empezar a poner en práctica el ansiado pluralismo.

Volvamos al Chile de hoy. Escuchemos lo que prometen los candidatos – representantes de las diversas corrientes políticas y de independientes – de donde saldrán quienes escribirán y conducirán el futuro del país. Si les preguntáramos qué piensan de estos dardos contra La Red y su programación diversa, estoy segura de que la mayoría querría mantener la  libre expresión, diversidad editorial y su aporte al pluralismo televisivo.

Me Arde: el Libro que Mara Rita Dejó para Seguir Leyéndola

Por
Página 19
-

Ediciones del Intersticio publica este lunes 19 de abril el libro que la escritora Mara Rita se
encontraba finalizando antes de su muerte en 2016. El texto fue prologado por la periodista y escritora Javiera Tapia e incluye también imágenes intervenidas de la fotógrafa Zaida González.

La presentación será virtual, a través de las redes de la editorial, este lunes 19 de abril de 2021, a las 19:00 horas, con una conversación de la escritora argentina Camila Sosa Villada; Javiera Romero, productora de La Isla de las Gaviotas y la poeta, trabajadora social y activista travesti Claudia Rodríguez.

Mara Rita fue escritora, profesora y activista trans. Murió a los 25 años, en abril de 2016, producto de un accidente cerebrovascular. Antes de su partida, estaba finalizando el proceso de escritura de Me Arde, publicación que durante este mes verá la luz, gracias a un trabajo colaborativo de Vicente Martínez; Arheli García, Ex Coordinadora de Extensión FECh y Ediciones del Intersticio.

Me Arde es un texto urgente, en el que la autora camina hacia su propia consistencia escritural. El fuego, que en sus páginas se presenta como fluido, mordisco o iteración incandescente, comparece como seña de una viveza que no conoce de descansos. En este trabajo, Mara Rita altera ritmos y fraseos, ensaya figuras y desplaza órdenes. Un proceso de experimentación que, al momento de su muerte, ya había tomado la forma de un poemario con título, epílogo e índice.

El proceso de edición de Me Arde estuvo de todas formas, atravesado por las complicaciones asociadas al trabajo de un texto que la autora mantenía aún en elaboración. “El manuscrito mostraba ya una forma, estructura y un estilo claramente pensado por Mara Rita”, explican sus editores. “Sin embargo, resulta imposible ratificar que su intención fuera mantener la totalidad de estos atributos, especialmente con relación al orden, la estructura de las secciones o a numerosas decisiones escriturales que ella toma a lo largo de su obra. Trabajamos, entonces, sobre la idea de que todo libro es ciertamente infinito, pero que este vio su viaje interrumpido en un lugar determinado por el destino y no por el genio literario definitivo”.

Además, el proceso abrió la urgencia de recurrir a otras fuentes de la voz de Mara; sus textos previos, testimonios de experiencias compartidas o registros fotográficos, como los llevados a cabo por Zaida González en esta misma edición, por ejemplo. Además, la publicación también incluye un prólogo escrito por la periodista y escritora Javiera Tapia, a quien originalmente Mara le encargó esa tarea en el año 2016.

Me Arde tendrá un valor de 8 mil 500 pesos y se podrá conseguir -desde el lunes 19 de abril- directamente a través de la web de Ediciones del Intersticio. Personas de la comunidad LGBTIQ+ que deseen adquirirlo pero se encuentran pasando por problemas económicos, pueden escribir al correo de la editorial.

Mara Rita Villarroel Oñate fue profesora, escritora y activista trans. Nació en Santiago de Chile el 10 de abril de 1991 y murió el 19 de abril de 2016, producto de un accidente cerebrovascular. Mara comenzó a escribir a los quince años, estudió Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, donde también cursó el Programa de Pedagogía. En 2015 publicó su poemario Trópico Mío, el mismo año en que logró el cambio de su nombre registral.

Desarrolló su activismo a través de diferentes plataformas como OTD, Diversinap de la Universidad de Chile, la revista Le Trans y Transfest, entre otras, además de su foco en la pedagogía, como profesora de lenguaje en el Preuniversitario José Carrasco Tapia y también en el «Preu Trans» que, luego de su muerte, fue nombrado “Escuela Popular Feminista Profesora Mara Rita”. En el 2017, la Universidad de Chile aprobó el Decreto Mara Rita, que establece el derecho de las personas trans a ser tratadas en asuntos internos por su nombre social.

Paula Narváez Presentó su “Manifiesto para servir al pueblo de Chile” en Encuentro con 500 Mujeres

Por
Página 19
-

Durante el fin de semana pasado, en un encuentro virtual con más de 500 mujeres militantes e independientes de todo Chile y del exterior, la candidata presidencial Paula Narváez presentó su “Manifiesto para servir al pueblo de Chile”, el que calificó como un “proyecto de gobierno feminista y participativo”.

En la actividad que fue organizada por la Red de Mujeres con Paula, participaron las
parlamentarias Isabel Allende, Maya Fernández y Daniella Cicardini e hicieron uso de la palabra la exdiputada Fanny Pollarolo y la vicepresidenta de la Juventud Socialista (JS), Evelyn Pino.

En su intervención, la candidata dio a conocer el manifiesto, documento que resume sus
propuestas e incluye una crítica a la forma de hacer política en las últimas décadas. “No tuvimos la unidad, la fuerza y suficiente voluntad para impulsar los cambios profundos al modelo neoliberal que nuestro país necesitaba para construir un Chile más justo y digno para todas y todos. Y ese modelo inamovible, que separa a las personas, viola su dignidad, las somete a abusos, las hace sentirse impotentes, enojadas y desesperanzadas, es también una manera de violencia si no somos capaces de transformar de raíz sus bases de funcionamiento”, señaló.

Narváez mencionó el mayo feminista de 2018 y el estallido social como reveladores de la magnitud del enojo y la frustración social ante la urgente exigencia de transformar Chile y manifestó su confianza en que el Proceso Constituyente genere un nuevo pacto social. “Estoy plenamente convencida de la necesidad de un cambio profundo, el que solo llegará a buen puerto con un gobierno coherente con esos cambios, capaz de asegurar su gobernabilidad y que aumente sustancialmente la participación ciudadana de modo de recuperar las confianzas”.

Con miras a ese objetivo de una mayor participación incidente, indicó que de ser electa como presidenta, durante los primeros 100 días de su gobierno convocará a un Consejo Ciudadano Paritario en materias sociales y económicas, instalará una Defensoría de la Ciudadanía e implementará un sistema de participación directa, a través de plataformas digitales y otros medios, para que cualquier persona en su territorio pueda entregar opiniones y propuestas.

Deuda histórica con las mujeres

La candidata del Partido Socialista puso énfasis en la deuda histórica con las mujeres “que han aportado a la reproducción de la vida y de la sociedad, con su trabajo gratuito e invisible”. Para la psicóloga, exministra del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el cuidado de niñas y niños, personas mayores y dependientes, debe ser una función social y no privada ni exclusiva de las mujeres. Por ello, planteó la instalación de un Sistema Integral de Cuidados que asuma estas tareas con corresponsabilidad social del Estado, empresas, mujeres y hombres y mujeres y que incluya a quienes se dedican al cuidado en la renta básica universal.

Programa Integral de Reconstrucción

Frente a la crisis sanitaria y social producto de la pandemia de COVID-19, criticó “la inacción” del Gobierno de Sebastián Piñera, “que ha optado por la actividad económica antes que por la vida de sus ciudadanos”. La pandemia, dijo, “ha agudizado las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes, exponiendo la ausencia de seguridades básicas ante la incertidumbre”. Como respuesta, propone la implementación de un Programa Integral de Reconstrucción sustentable, solidario y con enfoque de género que -entre otros puntos- asegure ingresos básicos, programas de capacitación masivos que permitan aumentar la participación laboral de las mujeres y jóvenes; apoyar a las pymes, a empresas que aceleren la transición a descarbonizar la economía y a creadores, artistas y gestores culturales; la estimulación de la economía con planes de inversión pública; el fortalecimiento de la salud pública y telemedicina para recuperar las atenciones
postergadas y ampliar la prevención; la renovación de la infraestructura de 300 escuelas públicas y asegurar su conectividad; la construcción de 300 salas cuna y jardines infantiles en las comunas con mayor déficit.

En materia ambiental, en su manifiesto se compromete a “impulsar un proyecto transformador que supere el neoliberalismo en Chile, con un sello feminista y ecologista”. Narváez apuntó a que “las consecuencias del neoliberalismo se expresan como violencia estructural”, y anunció que una de las primeras medidas en materia internacional será el abogar por la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú.

“La estrategia de crecimiento y de explotación de recursos naturales de Chile está agotada. Vamos a impulsar una estrategia de desarrollo sustentable, una revolución industrial verde, la reducción de emisiones de carbono con un Estado que planifica estratégicamente y misiones nacionales que orienten no solo la inversión, sino que nuestros desafíos sociales”, enfatizó en su intervención, en la que añadió que avanzará en materia de descentralización.

Respecto a trabajo decente para mujeres y hombres, anunció que impulsará la negociación
colectiva por rama, el respeto irrestricto al derecho a huelga, incluyendo al sector público y el fin de la precarización, en especial del trabajo de las mujeres y de la población migrante.

Derechos humanos

En sus palabras, Narváez agregó que la promoción de la cohesión social y la convivencia en la diversidad serían un objetivo conductor de su gobierno, en un país en el que “hay signos de violencia inaceptables hacia las mujeres y las disidencias sexuales, en los barrios, en el Wallmapu”.

Expuso que “Es un imperativo ético que se garantice el derecho a la verdad, justicia, deber de reparación y garantía de no repetición a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en contexto del estallido social. No es admisible la impunidad de esos crímenes en el marco del Estado de Derecho, la señal del Estado debe ser clara y sin reservas”.

Junto con ello, subrayó la necesidad de que los presos y presas de la revuelta social tengan
derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, “la tardanza en la tramitación de los procesos es también una vulneración de los derechos humanos, la justicia debe ser pronta y su privación de libertad no puede ser la consecuencia de esa tardanza, se deben revisar las privaciones de libertad considerando la lentitud de los procesos y el contexto por el cual están privados de libertad”, expresó.

En tanto, llamó a asumir la deuda histórica con los pueblos originarios y condenó la militarización de la Araucanía. “Es una obligación ética, democrática y política reconocer que Chile es plurinacional y multicultural. La nueva constitución política deberá establecer las bases institucionales para una nueva relación de reconocimiento efectivo y respeto a los pueblos indígenas, a su cosmovisión y sus culturas y a sus legítimas demandas”.

Paula Narváez calificó el “Manifiesto para servir al pueblo de Chile” como una invitación a
“dialogar sobre cómo hacer realidad un nuevo Chile. Un Chile más democrático, justo y digno para todas, todos y todes”, finalizó.

1...479480481...639Página 480 de 639

Entradas recientes