El Departamento de Estado de EEUU dio a conocer un extenso reporte titulado “Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos: Chile” en el que entrega sus conclusiones sobre la observación del estado de las garantías civiles que rodearon el último año en materia de respeto por la integridad de las personas, libertades civiles, discriminación, corrupción y derechos laborales, ente otros.
El reporte entrega definiciones relevantes sobre cómo las fuerzas policiales cometieron abusos contra la población, mientras que por otro lado señala que el Gobierno tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron estos abusos. Entre las vulneraciones que el informe detalla se incluyen casos específicos de homicidios arbitrarios o ilegales, tortura por parte de agentes del orden, violencia contra pueblos indígenas y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
El abogado y docente de la Escuela de Derecho UAHC, Rodrigo Medina, cree que el informe da un salto histórico en cuanto a su definición de las violaciones a los derechos humanos respecto a los años del presidente Donald Trump. “Este legendario informe que data del año 1976 -desde el gobierno del presidente Jimmy Carter- plantea una panorámica del estado institucional en la región y, a diferencia de la administración Trump, ya no se habla de “presuntos abusos” sino que se les da por efectivos y eso es un avance muy importante. Así, a nivel internacional, queda la certeza bastante clara de la existencia de estos excesos ocurridos a partir de la protesta social y no se consideran pues una opinión de los grupos víctimas de la represión únicamente”, explica Medina.
Por su parte, la doctora en Derecho, Silvana del Valle, valora que exista este reconocimiento internacional de una situación de violación de derechos humanos en el país a partir de la revuelta. Lo que llama la atención, dice la doctora en Derecho es que al analizar el detalle de las situaciones que se reportan, se observa que el informe se funda más en aquellas situaciones que han sido documentadas por el propio Estado, sin consultar a organizaciones autónomas.
Advierte del Valle que en ese sentido se trata de un informe conservador donde “no se reconoce una situación de persecución a personas que han participado en la revuelta, aún cuando existen otras fuentes que podrían haber sido consultadas, como organizaciones de la sociedad civil. La Academia, por ejemplo, ha tenido contacto con las agrupaciones de presos políticos, la Comisión de Derechos Humanos ha estado reportando esta situación sobre procesos que están plagados de irregularidades“, plantea.
El informe del Departamento de Estado de EEUU también señala que, para efectos de su conclusión, no encontró registros de la existencia de presos o detenidos políticos en el contexto de las movilizaciones sociales. Sobre este apartado, el profesor Medina, advierte que si bien el informe estadounidense habla de detenidos por delitos comunes y no políticos, esta es una categoría bastante maleable y difícil de zanjar en cuanto a su definición en este tipo de publicaciones. “Hay que entender que en el caso chileno el Estado ha hecho uso, de manera exagerada, antojadiza y no disimulada de las herramientas procesales y penales para construir delitos, se dice, de manera artificial para extralimitar las medidas cautelares de estas personas sometidas a la jurisdicción de los tribunales. Por eso no se descarta que estas detenciones tengan ribetes políticos, discuten quienes buscan la aplicación de un indulto a las personas investigadas y condenadas después de la protesta social”, razona el abogado.
El documento emanado desde el Departamento de Estado de EEUU anticipa que, a mediados de este año, el organismo publicará un apéndice referido a abusos contra los derechos reproductivos de la mujer.
A sus cortos 33 años, Pedro Muñoz Leiva ha desarrollado una gran labor política en el sur de Chile, compartiendo y conociendo desde dentro, las inquietudes y problemáticas de distintos grupos y organizaciones en la Región de Los Ríos, su lugar de nacimiento. Hoy se presenta como candidato constituyente por el Distrito 24, es decir, por las localidades de Los Lagos, Río Bueno, Panguipulli, Mariquina, Corral, Futrono, Lago Ranco, La Unión, Lanco, Valdivia, Mafil y Paillaco, ubicadas en la décimo cuarta región.
Hijo de trabajadora de casa particular y de obrero, Pedro fue el primer miembro de la familia en poder tener acceso a la educación superior, entrando a estudiar Derecho en la Universidad Austral de Chile, en el año 2006, donde comenzó su carrera política en la FEUACh. Más adelante su vocación lo llevó a tomar el puesto de concejal por la ciudad de Valdivia, convirtiéndose en el primer político perteneciente a la Comunidad LGBTIQ+ en la región. En este sentido, ha trabajado activamente por la defensa de los derechos de la diversidad, siendo fundador y presidente de la organización “Valdiversa”, una de las más reconocidas en el sur de Chile en este tema.
Militante del Partido Socialista de Chile desde los 17 años, Muñoz busca representar las voces escuchadas durante la revuelta social y llevar adelante el derecho fundamental de poder decir basta al abandono, la corrupción, inequidades e injusticias en tantos ámbitos de la sociedad.
“Creo que las y los hijos de obreros, de familias humildes, las diversidades sexuales y jóvenes de regiones tenemos que estar en la constituyente. Tenemos el derecho a representar a nuestro pueblo y región. Yo me siento un legítimo representante de los de abajo, de la clase obrera de este país”.
– ¿Por qué decidió postularse como constituyente?
– Porque creo que el desafío histórico acabar con la constitución pinochetista, terminar con las camisas de fuerza que se le han puesto a la democracia en Chile por décadas. Participar en este momento donde el pueblo, en su despertar, abrió la posibilidad de hacer cambios profundos en nuestra sociedad, Estado y democracia, una oportunidad maravillosa para contribuir al país. Además, porque vamos a comenzar a transitar definitivamente hacia el desarrollo con las personas y la naturaleza en el centro de la sociedad, sobre todo en tiempos tan difíciles y poco indicados para llevar adelante procesos democráticos, considerando que estamos en una pandemia sin precedentes que ha minado más la democracia y ha profundizado más las desigualdades. Es por esto por lo que el desafío hoy es mucho más importante.
– Usted fue una de las figuras políticas que estuvo presente en las calles durante la revuelta. De acuerdo con esto, ¿cuál es la importancia de estar junto a la ciudadanía en estos procesos?
– Debiese ser normal que las y los políticos estuviéramos acompañando los procesos sociales. Creo que es fundamental que esta nueva Constitución se haga cargo de esto, de la re-vinculación entre la ciudadanía y sus representantes, y creo que la revuelta, pese a todos los elementos negativos que pudiera tener, fue un momento maravilloso al que arribó el pueblo chileno, ya que significó un despertar de acuerdo con las condiciones estructurales de desigualdad y opresión. Yo que soy hijo de la clase trabajadora, de una familia con padres que reciben pensiones de hambre, no podía sino salir a las calles junto a miles de vecinas y vecinos de la Región de Los Ríos a protestar y exigir un nuevo modelo de desarrollo. Fue un movimiento casi automático de mi parte, porque creía que allí debía estar.
– En términos medioambientales, el sur de Chile se ha visto duramente sometido a la deforestación de los recursos naturales, ¿cuáles son sus propuestas para acabar con esto en la nueva Constitución?
– Es un tema complejo porque no se trata sólo de recursos naturales, se trata de definir tanto las relaciones entre las personas, el Estado y la naturaleza como de definir el rol que tienen las comunidades y en el sur especialmente el Pueblo Mapuche, que siempre ha sido un guardián de la naturaleza y que tiene una cosmovisión que se encuentra en las antípodas del capitalismo extractivista. Creo que la Constitución puede sentar las bases para una nueva forma de entendimiento, y apostando también a que incluya a los animales como seres sintientes. Globalmente debe ser una Constitución ecológica que promueva una economía sostenible y que por una parte ponga fin al negocio del agua.
– ¿Qué hay sobre la privatización tanto de recursos naturales como de espacios públicos?
– En la región, incluso los ríos se están viendo amenazados. Nuestros lagos ya no son libres porque están capturados por privados, por los dueños de Chile que tienen acá sus segundas viviendas. Tenemos que terminar con eso. No solamente tenemos que recuperar el derecho de abrir la llave y que salga agua potable, sino que también el acceso a bienes públicos como los ríos y lagos deben ser un derecho y tiene que reafirmarse en la Constitución como base, para que más adelante haya una legislación mucho más protectora, de conservación.
Tampoco hay que olvidar que la deforestación, el monocultivo, los pinos y los eucaliptos obedecen a definiciones unilaterales respecto de cuál debe ser el desarrollo productivo de nuestro país, por lo tanto, también hay que incluir la incorporación de nuevas ciencias y tecnologías en los procesos productivos.
– Como miembro de la comunidad LGBTIQ+ ha sido un activo participante de la lucha por la inclusión, ¿de qué manera se debiesen incluir las demandas y necesidades de este sector en la Carta Magna?
– Lo primero que hay que hacer es conocer la diversidad de este país, incluso más allá de la diversidad sexual. Hay que reconocer la diversidad como un hecho innegable de nuestra sociedad y creo que, en este marco, las diversidades sexuales deben quedar protegidas por la ley, tanto como la diversidad de los pueblos originarios, de las personas provenientes de otros lados y que han elegido a Chile como su segunda patria. No es que queramos que haya más diversidad, esta existe y tenemos que darle su lugar. El Estado chileno se sigue pensando en clave de homogeneidad, como si fuésemos producidos en serie: hombre blanco, heterosexual, urbano y propietario, y ese es un paradigma que le ha hecho mucho daño a Chile, por lo tanto, hay que cambiarlo.
Por supuesto, hay muchas herramientas constitucionales que se pueden agregar a esa protección de la diversidad, porque una cosa es reconocer y otra es garantizar, por tanto, creo que hay que renovar muchas instituciones presentes en la actual Constitución, que son de carácter sumamente conservador y que está muy distante de la evolución del constitucionalismo en el mundo. Hay que poner un núcleo duro antidiscriminación en la Constitución porque la violencia que se ha vivido es una violación a los Derechos Humanos.
– ¿Cuáles son sus expectativas de este proceso? ¿siente confianza?
– Yo creo que la confianza se va construyendo en el camino, y todas y todos, especialmente el Gobierno, tiene que dar garantías para que la ciudadanía confíe en este proceso. La desconfianza imperante viene desde antes de la pandemia producto de esta crisis política a nivel sistemático: desde la Iglesia, Carabineros y todas las instituciones del Estado. Esa desconfianza se combate generando condiciones para generar un diálogo democrático que nos permita dar garantías de que en el futuro va a ser mejor siempre y cuando no desaprovechemos este proceso histórico y democrático que se da por primera vez en nuestro país para redistribuir el poder.
Creo además que, si bien tenemos que avanzar en derechos sociales, tenemos que tomar en cuenta la experiencia del constitucionalismo latinoamericano que en sus procesos ha hiper inflado las declaraciones de derechos, pero no ha cambiado los mecanismos de distribución de poder. Es fundamental que nos metamos en la sala de máquinas de la nueva Constitución y tenemos que revisar cómo se toman las decisiones en nuestro país, para llegar a mejores mecanismos de toma de decisiones que nos hagan parte de una sociedad, no de simples espectadores. En este sentido, hay que revisar todos los poderes del Estado y no solamente conformarnos con bellas declaraciones de derechos.
Los esfuerzos del gobierno para insuflar confianza en todo el país, luego de unos meses en que el miedo y la incertidumbre se desataron a raíz de una pandemia que a ratos parecía incontrolable, aún no llegan a buen puerto. El panorama, si se analiza con objetividad, no puede ser peor, aunque siempre es posible que lo sea. Hay ya más de un millón de personas que se contagiaron; todos los días se espera con angustia el reporte diario del Ministerio de Salud dando el número de contaminados con el virus, y lo que es peor, cuántos compatriotas murieron ese día. Ya van más de 30 mil y poco o nada los han podido llorar sus deudos y para qué decir el gobierno.
Todos los días también aumenta la ansiedad cuando se escuchan los llamados de los médicos a no enfermarse de cualquier dolencia, porque las camas críticas están en falta y las UCIs repletas. Y en ese panorama desolador, la vacuna sigue entregando una luz de esperanza, pese a la estupidez humana que -al margen de quienes están obligados a salir para llevar el sustento a su hogar -sale a todas horas, hacen fiestas, y -ganadores ellos- tratan de hacerle una verónica a las instrucciones sanitarias para cortar el contagio.
Aunque finalmente se logró aprobar el proyecto del gobierno sobre el bono para la clase media y el ingreso familiar de emergencia, con evidentes mejoras instaladas por las oposiciones, lo cierto es que constituye un pequeño paliativo a la situación de las familias chilenas. Porque esa es la otra pandemia, la del hambre que muchas familias están pasando y que a duras penas se mantienen gracias a las ollas comunes solidarias.
Clase media en la vulnerabilidad
Al final, las interrogantes respecto al futuro se acumulan en el país. Baste señalar lo que recientemente comprobó el Banco Mundial, afirmando -categórico- que aparte de los sectores más vulnerables que han perdido sus empleos, 2,3 millones de personas de la clase media cayeron en la vulnerabilidad producto de la pandemia.
El estudio del Banco Mundial señala que las pérdidas de empleo durante el 2020 impactaron a las familias de los sectores medios. Dice que el ingreso per cápita cayó alrededor de un 40% en los hogares donde al menos un miembro perdió el trabajo, y que el 19% de la clase media cayó al grupo de vulnerabilidad, lo que equivale aproximadamente a 2,3 millones de personas. Y, además, ¡sorpresa para algunos!, detectó la caída de 300 mil personas desde la clase alta a la clase media.
Lo complicado es que pese a todas las anticipaciones exitosas que algunos economistas han realizado, si bien el Banco Mundial espera para este año una recuperación de la economía, manifiesta su incertidumbre sobre si será posible para los hogares vulnerables y de clase media recuperar sus niveles de ingreso de antes de la pandemia.
Así las cosas, las ayudas con cuentagotas del gobierno se diluirán rápidamente y el futuro se avizora sombrío. Tal vez por ello es que el tercer retiro del 10 por ciento de las cuentas de las AFPs tiene cerca de un 80 por ciento de apoyo de acuerdo a las últimas encuestas. El único que parece no darse cuenta del clamor ciudadano es el Presidente Piñera. Ya han advertido en todos los tonos que acudirán al Tribunal Constitucional para rechazar lo que chilenos y chilenas están pidiendo. La pregunta que se escucha es ¿por qué el gobierno regatea y trata de evitar a todo trance que se abra como corresponde la billetera fiscal e ir en ayuda no sólo de quienes están sintiendo la angustia del hambre, sino de quienes pueden perder sus casas, o los colegios, o las universidades por no pago? ¿Por qué se opone a troche y moche que los ciudadanos hagan uso de sus propios recursos?
Renta universal de emergencia
En la oposición, si bien tienen claro que no es la mejor política acudir a los fondos de los propios trabajadores para enfrentar esta crisis, están por aprobar el tercer retiro del 10 por ciento, ante la negativa del gobierno de instaurar una renta universal de emergencia como lo han pedido desde el primer día varios parlamentarios de este sector.
Las últimas medidas del gobierno fueron duramente criticadas en los opositores. Según el diputado DC Matías Walker, “se valora el intento por ampliar la red de protección social, pero el Gobierno equivoca el camino con una extrema focalización en la entrega de todo tipo de bonos que están vinculados a todo tipo de requisitos con letra chica . Era mucho más simple una renta universal de emergencia”.
Marco Kremerman, economista de Fundación Sol criticó la insistencia del Ejecutivo en implementar medidas no permanentes y focalizadas. “Uno esperaría, considerando que estamos en plena pandemia, con una nueva ola de contagios, comunas que están en cuarentena, tasas de desempleo muy altas y hogares más empobrecidos que hace un año atrás, que aparezca un concepto distinto a un bono focalizado, que se estructure una renta básica de emergencia relacionada con las necesidades de los hogares. Sería importante considerar a los hogares como la unidad de análisis y apoyo y con medidas que no sean tan focalizadas como las que en general plantea el Gobierno”. Y añadió: “Es fundamental que de una vez por todas se abra el debate de la renta básica de emergencia. Hay países íconos del capitalismo que la han establecido en este periodo de pandemia”.
Finalmente, la Cámara de Diputados despachó a ley el paquete de apoyo a la clase media y refrendó las modificaciones realizadas el domingo por el Senado. Aprobó el proyecto con 132 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Mientras que los cambios que realizó el Senado a los incisos 2 y 3 del artículo 8 sobre las incompatibilidades del bono respecto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) entregado en enero y febrero fue visado por amplia mayoría. En el proyecto original del Gobierno, se establecía descontar el IFE al Bono de Clase Media.
El Ejecutivo logró un acuerdo con la oposición aceptando lo que ésta pedía en el sentido que los dineros del IFE de enero y febrero no sean descontados del bono clase media de $500.000. Además, el gobierno acordó enviar una ley corta que normará lo mismo en el beneficio de quienes reciban el bono destinado a los transportistas.
Un camino pedregoso
Así se visualiza el camino del tercer retiro del 10 por ciento de las AFPs. Si hasta la derecha lo sabe. El diputado UDI Jorge Alessandri declaró: “sabemos que el proyecto del tercer retiro va a rebotar en el Tribunal Constitucional, aunque lo apruebe la Comisión, la Sala, el Senado, sabemos también que los bonos de clase media son considerados insuficientes porque llegan a un millón y medio de familias y no a la gran mayoría de la población que necesita los recursos, entonces la pregunta es ¿el Gobierno va a patrocinar alguna de las ideas que están sobre la mesa, la del retiro del seguro de cesantía de Lavín, la del bono más universal de Desbordes, o solamente se va quedar con los apoyos a la clase media que anunció?”.
Alessandri se preguntó: “¿Vamos a ilusionar a la gente con el tercer retiro hasta que rebote en el TC? Nos parece que eso sería de una crueldad enorme, la pelota está del lado del Gobierno, no es fácil, no es barato, nadie dijo que los sería. Pero evidentemente esperamos una respuesta“.
Desde Renovación Nacional ya varios parlamentarios han instado al Gobierno a generar un bono universal para ayudar a chilenos y chilenas. Pero, no han tenido la respuesta que esperaban. El diputado de ese partido, Jorge Durán, llamó al gobierno a no entorpecer el avance del proyecto. “El tercer retiro viene a ser una alternativa viable, voluntaria, que le entrega la posibilidad a aquellas personas que estén mal de retirar sus fondos. Si el Gobierno quiere implementar bonos y otras medidas, bienvenido, lo apoyaremos, pero por favor no le nieguen la oportunidad a aquellas personas que necesitan recursos de acceder a este tercer retiro. Yo invito al Gobierno a trabajar de forma paralela en el apoyo de los bonos anunciados, ver de qué forma lo hacemos más amplio, sin letra chica, sin focalización, pero por ningún motivo poner piedras en el camino al avance del tercer retiro”.
Es más. El actual candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, defendió los retiros previsionales desde las AFP y aseguró que “yo estoy convencido que en junio y agosto del año pasado pudimos haber tenido perfectamente otro estallido“ y de paso, refrendó lo que ya había anunciado la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches: quien manda en La Moneda es el segundo piso, Cristian Larroulet.
Y ese segundo piso es la espada del Tribunal Constitucional sobre todas sus cabezas. Leonardo Soto, diputado del PS, sin embargo, es optimista. “Tiendo a pensar que, en la oposición, al igual que lo que ocurrió en el primer y segundo retiro, va a haber un consenso de aprobar una medida que, sin duda, tiene mucho respaldo ciudadano ante la falta de alternativas de ayudas económicas por parte de este Gobierno. En eso yo creo que la oposición se alineará con facilidad, yo soy partidario de que esto se apruebe, voy a ser entusiasta, impulsor de este tercer retiro, especialmente porque este Gobierno no ha sido capaz de entregar ayudas y alternativas económicas”.
Y anunció que “en el oficialismo este proyecto está teniendo cada vez más partidarios. Ya hay algunos RN que han anunciado su voto a favor, lo que nos hace augurar que, en lo sucesivo, a partir de esta semana, probablemente parte de las bancadas de la derecha se van a ir sumando a este tercer retiro produciendo un quiebre, una división en Chile Vamos y en las bancadas oficialistas. Una fragmentación del apoyo que tiene este Gobierno que va a obligar al Ejecutivo a presentar su propio proyecto de ley de tercer retiro. Esa es la perspectiva que hay en la oposición”.
La Comisión Política del Partido Socialista emitió una declaración donde dejan claro nuevamente su decisión de “desplegar todas nuestras energías y capacidades políticas, humanas y materiales” para que la candidatura de Paula Narváez “triunfe en las elecciones primarias de la oposición”.
En ese sentido, y a pesar de la insistencia en llegar a un acuerdo en base al diálogo para “consolidar una candidatura única del socialismo democrático”, lamentan que ”el PPD no evidencie la misma voluntad política, voluntad que reclamamos debe ser clara, decidida y urgente”. Añaden que los socialistas hacen una convocatoria “a escuchar la decisión más democrática posible, que es la expresión de los chilenos y chilenas en las elecciones que se desarrollarán el 15 y 16 de mayo, y que sea el pueblo de Chile el que resuelva qué fuerza política está en mejores condiciones de confianza y respaldo ciudadano para enfrentar con su liderazgo las primarias de la oposición, representando las ideas del socialismo democrático”.
El PS dice que es indispensable crear las condiciones para derrotar a la derecha en la elección presidencial y ofrecer al pueblo chileno un gobierno de centro izquierda que realice las profundas transformaciones políticas, sociales y económicas “que consoliden la dignidad que demanda, y que den forma al nuevo pacto social que debe expresarse en la nueva Constitución”.
Confían en que candidatura de Paula Narváez triunfe en las elecciones primarias de la oposición para abrir “el camino a un gobierno de transformaciones democráticas, sociales, económicas e institucionales que responda al Chile que salió a las calles a pedir cambios profundos”.
Termina la declaración señalando que la unanimidad con la cual fue proclamada Paula Narváez, por parte del Comité Central de Partido Socialista de Chile, “es la mejor expresión de nuestra decisión inequívoca que, tras su liderazgo, se puede unir al socialismo democrático y contribuir a la unidad de la oposición como único camino para construir un proyecto político mayoritario centrado en garantizar la dignidad de nuestro pueblo”.
La crisis sanitaria se ha agudizado en nuestro país durante el último mes. Así lo demuestran los casi siete mil nuevos casos de COVID-19 que se detectan diariamente, desde hace ya una semana. Es por eso que el gobierno decidió aumentar las restricciones, como prohibir la venta de artículos no esenciales, con la intención de disminuir los contagios y aliviar el trabajo del sistema de salud.
Sin embargo, una de las medidas ordenadas por el Ejecutivo generó el repudio del Colegio de Periodistas de Chile ya que se prohibió la entrega de salvoconductos colectivos a periodistas y trabajadores de prensa que no cuenten con un empleador.
Durante 2020, la orden profesional gestionó la entrega de este permiso a muchos reporteros y reporteras de las comunicaciones, principalmente a comunicadores de medios independientes, locales, universitarios o freelance con la intención de velar por la libertad expresión y el derecho a la información.
Acción que no será posible a partir de lo señalado en la última entrega del instructivo Paso a Paso, el cual indica que “sólo permite la movilidad de los profesionales de la prensa y las comunicaciones que cuenten con un documento emitido por su empleador, que es el caso de periodistas e integrantes de medios de comunicación tradicionales (canales de TV, prensa escrita, radio y medios de comunicación online); así como de las y los periodistas colegiados, quienes deberán portar su credencial vigente y certificado de título profesional”.
Reacciones del gremio de periodistas
El Colegio de Periodistas de Chile denunció esta situación a través de una declaración, en la cual manifiestan su rechazo a la medida. Danilo Ahumada, presidente de la orden profesional, manifestó su disconformidad con la decisión, ya que “se deja a un montón de periodistas freelance, comunicadores de medios independientes y trabajadores de prensa sin poder ejercer. Por lo tanto, a nuestro juicio, atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Además, el dirigente recalcó que “en tiempos de crisis sanitaria y social, lo que más importa es garantizar y democratizar los espacios de información. Por lo tanto, el gobierno debería promover estos espacios y no excluir a un sector importante que ha cumplido un rol fundamental durante el último tiempo. Aplicando medidas coercitivas no se colabora con el objetivo de llevar información pluralista a la sociedad”.
Junto con lo anterior, Danilo Ahumada señaló que la semana pasada integrantes de la directiva del Colegio de Periodistas se reunieron con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, Instancia en la que las autoridades les informaron de esta medida, la cual rechazaron inmediatamente, argumentando que esta restricción coartaba la labor de muchos trabajadores de prensa.
Por último, el presidente del Colegio de Periodistas informó que se encuentra estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales. “Estamos viendo si es que esta situación amerita que la llevemos a la justicia, por vulneración a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa. Nos estamos articulando con reporteros gráficos, para que esto sea una denuncia masiva hacia al gobierno de Chile, que aplica una medida que no tiene criterio y atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Un día después de la indignación ciudadana, especialmente, de las críticas que surgieron desde diversas organizaciones de mujeres como la Mesa de Género COVID-19 del Senado, el Colegio de Ginecólogas, Colegio de Matronas, Coordinadora Feminista 8M y la Mesa Acción por el Aborto en Chile, entre otras, obligaron durante esta mañana al Instituto de Salud Pública, ISP, a echar pié atrás a la medida que, en plena pandemia, obligaba a las mujeres a comprar anticonceptivos con receta médica.
Mediante un oficio enviado a los representantes de farmacias del país que cuentan con autorización para la venta física y electrónica de medicamentos, el organismo dependiente del Ministerio de Salud, solicita flexibilizar la adquisición de anticonceptivos en establecimientos farmacéuticos, los cuales no se verán en la obligación de exigir una receta para la venta de éstos.
El breve comunicado señala, además, que para el caso de las farmacias en línea, los químicos farmacéuticos podrán respaldar la venta a través de canales de mensajes instantáneos u otra solución que sea factible para el comercio electrónico.
La información fue conocida a través del sitio web del organismo estatal, donde se argumenta que este cambio se debe a motivos de salud pública.
En este tiempo circulan muchas ideas sobre la educación que deben instalarse en la Constitución, pero raramente se asocian a otras normas –no necesariamente educacionales- que son fundamentales para que realmente tengamos otra educación. Las ideas requieren normas que las concreten y permitan. Veamos algunos hechos educativos que exigen hechos constitucionales:
Educación integral a lo largo de toda la vida. La educación pública, requiere que se separe el concepto de educación del sistema escolar y se entienda en una mirada amplia y bajo diversas modalidades. Hay que romper en la Constitución esta asociación y abrirse a otras formas de ejercer el derecho a la educación pública lo que permitiría el aporte del estado a diversos actores y expresiones pedagógicas no escolares o escolarizadas. Ya no basta el sistema educacional para la educación que requiere el desarrollo sostenible de los territorios y de las personas: se requiere de un sistema amplio, flexible, permanente, gratuito, de trayectorias formativas variadas a lo largo de toda la vida personal y comunitaria.
Derecho a un ambiente sostenible. No puede haber educación ambiental, educación rural, educación intercultural, educación técnico-profesional, ni ninguna, sin enseñanza al aire libre y en el trabajo, cuidando de los estudiantes, docentes, espacios patrimoniales, culturales-naturales, mundo natural. Sin naturaleza vital, limpia, bella, envolvente del ser humano, no habrá educación vinculada al mundo, la vida y espiritualidad. Asegurar el control nacional o territorial del agua interior y marítima y de sus profundidades, del subsuelo, del cielo y espacios de suelo, es condición absoluta para una educación contextualizada, liberadora, sostenible. Lo otro es discurso que empuja a pequeñas acciones, importantes, pero limitadas en su impacto.
Propiedad privada al servicio del bien común. Es fundamental en un sistema social en que la propiedad privada junto al dinero son los máximos dioses del Olimpo del capitalismo neoliberal, asegurar la función social de la propiedad privada. Ello es condición para un sistema educacional con 5.665 establecimientos particulares subvencionados y 4.925 municipalizados (2018, MINEDUC). Esa definición de propiedad privada redefinirá positivamente la noción de colegio particular, hoy subvencionado (no trataremos los privados sin financiamiento del estado) hasta que se acabe el sistema de subvenciones, otorgándole ya no la figura de “colaborador de la función educacional del estado” sino la de componente de un único sistema educacional público, por tener un fin social en sí misma; también afectará al sistema de educación superior gratuito, con financiamiento basal predominante del estado.
Derecho a la negociación colectiva y sindicalización inter-empresas. Señalar que los docentes son fundamentales en la educación es de sentido común. Pero no lo es asegurar su derecho y el de los(as) trabajadores(as) de la educación, a la organización para negociar sus condiciones laborales. La nueva constitución debe permitir la negociación colectiva frente a sostenedores de diversos establecimientos y negociación inter-empresas (inter-establecimientos) cuando un sostenedor sea propietario de varios establecimientos con Rol Base Datos (RDB) diferentes o con un carácter territorial frente a varios sostenedores. No habrán buenos(as) profesores(as) sin organización y capacidad de negociación colectiva de todos los docentes y/o trabajadores de la educación empleados frente a un mismo empleador. Ello puede extenderse a negociaciones nacionales o regionales en caso de que sus organizaciones estén afiliadas a Federaciones, Confederaciones o Centrales. La Constitución debe asegurar una legislación laboral justa que otorgue seguridad, dignidad y fuerza negociadora a los/as docentes y/o trabajadores de la educación. Lo otro es mantener precariedad y abuso laboral mientras se hacen discursos de loas a la docencia.
Gestión participativa vinculante. El concepto de participación y derecho a la educación pública y gratuita, sin lucro, en un sistema único de educación pública, como fue siempre en Chile, orientado al bien común de sus habitantes, debe ser vinculante. En este sistema público único (con un componente estatal y otro particular, financiados por el estado y gratuitos), la participación de la comunidad escolar y comunidad local debe ser vinculante en sus decisiones respecto de aspectos como el Proyecto Educativo Institucional, financiamiento, gestión, sanciones a actos que atenten a derechos de las personas. Sin participación en las decisiones escolares por parte de las familias, estudiantes, docentes, otros trabajadores de la educación, organizaciones e instituciones del territorio, no habrá democracia, formación ciudadana, ni relaciones de cooperación profundas y ricas con las comunidades e instituciones próximas.
Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afrodescendientes. No habrá interculturalidad sin este reconocimiento que permite la educación intercultural expresada en diversas modalidades, asignaturas, manifestaciones educativas. El reconocimiento oficial a los pueblos indígenas y tribales, a sus lenguas, patrimonio, memoria, es central para asegurar sus derechos culturales, políticos, sociales y lingüísticos, Así la interculturalidad contribuirá a la formación de la conciencia, el conocimiento y el curriculum de las diversas modalidades y actores de la educación. Sin reconocimiento no habrá educación intercultural.
Estado regionalizado. Contextualizar y hacer significativos los aprendizajes es un principio ya convertido en consigna. Sin regionalización, descentralización y desarrollo territorial sostenible, se convierte en vincular contenidos del curriculum a hechos, actos, momentos o situaciones periféricas del territorio. Una educación que aporte al desarrollo integral, permanente y armónico de los territorios debe estar asociada a la regionalización como escala territorial de referencia, partiendo de la local para, a través de ella, llegar a la nacional y global. Un estado regionalizado permitirá un país más armónico y una educación asociada al principio de que “un territorio que aprende es un territorio que se desarrolla”. Ello requiere diversidad de formas de educación descentralizadas, por diversos actores. No articular la educación a la regionalización del país, es mantener un sistema centralizado, vertical, clasista, monocultural, concentrado en su calidad y poder en algunas regiones, en comunas dentro de ellas y en barrios en su interior. La educación no será contextualizada y significativa de verdad sin regionalización.
La educación no es una isla, ni en la sociedad, ni en la Constitución. Hay que considerarla integralmente y actuar en ella y desde ella, como desde otros marcos legales fundamentales para que cumpla su objetivo social: formar los(as) ciudadanos(as) que una buena vida común, una democracia participativa, el trabajo digno y un desarrollo sostenible exigen para la sociedad post-nueva constitución. Sin estos otros cambios constitucionales el discurso pedagógico transformador no se convertirá en realidad y práctica transformada.
En la última elección municipal de 2016, el Partido Socialista de Chile (PS) fue el segundo partido más votado de la oposición en la lista de concejales, obtuvo 486.369 votos a nivel nacional, siendo superado solo por la Democracia Cristiana.
Sin embargo, la Revuelta Social de octubre de 2019 sacudió el contexto político del país, generando una incertidumbre respecto a la votación que puedan obtener los partidos políticos de la centroizquierda del país. Ya que uno de los principales reclamos fue contra los conglomerados políticos tradicionales y su funcionamiento. Por lo que el próximo proceso eleccionario municipal permitirá medir el apego de la ciudadanía con los partidos y el impacto de la protesta social en la cifra de concejales electos.
Este nuevo escenario se presenta como un desafío para los más de mil candidatos y candidatas a concejal que presenta el PS, quienes estarán en la papeleta en gran parte de las comunas del país en representación de una de las organizaciones políticas históricas de la izquierda nacional.
Se dice que las elecciones de concejales tienen gran relevancia, ya que son una radiografía de la inserción territorial de cada colectividad política, debido a que el cargo es el de mayor cercanía con las personas. Es por eso que en esta batalla aparecen dirigentes vecinales, locales y sociales, conocidos, generalmente, por sus pares.
A continuación revisaremos, a partir del testimonio de dos candidatas y tres candidatos del PS a concejal, cómo ha sido realizar campaña en pandemia, las prioridades de los y las postulantes socialistas, sus mayores dificultades y su opinión respecto a si se debería cambiar de fecha la elección municipal.
Una mujer PS al Concejo Municipal de Talca
Elia Piedras, candidata a concejal (Talca).
Elia Piedras es una de las candidatas del Partido Socialista en Talca, comuna en la que el socialismo cuenta con un concejal actualmente. Sin embargo, la periodista de profesión espera integrar el espacio para representar a las mujeres y aquellos vecinos y vecinas que la vida le ha puesto más de una dificultad, según relata.
La comunicadora destaca la composición transversal de su comando, lo que a su juicio demuestra la capacidad aglutinadora de su candidatura. “En el equipo tenemos gente de distintas corrientes de opinión del PS, distintas edades y también personas independientes que le impregnan un carácter ciudadano a la campaña”.
Piedras califica la próxima elección como una “tremenda oportunidad para recuperar la confianza de la gente a través de trabajo concreto”. Además, comentó a Página19 que una de sus principales preocupaciones recae en el estado de los recursos municipales, ya que “durante los últimos años Talca ha tenido varios problemas de corrupción, por lo que pretendo ser un aporte en que se esclarezcan todos los actos que han estado a todas luces reñidos con la ley”, aseguró.
Junto con lo anterior, la candidata socialista exigió mayor ayuda directa a los vecinos y vecinas por parte del Estado para enfrentar la pandemia, “las personas necesitan que las instituciones públicas las asistan y ayuden, en campaña me han manifestado la preocupación por el futuro. Las personas no saben qué pasará más adelante y debemos buscar soluciones”.
Elia Piedras se describe como una mujer comprometida con la verdad, característica que, según su opinión, ha desarrollado en su vida personal y profesional, a causa del ejercicio del periodismo. Quien se manifestó a favor de que se aplacen las elecciones, “es una posibilidad para acercarnos a vecinos que no les ha llegado nuestro mensaje”.
La lucha por un cupo en el Norte del país
Ricardo Asís, , candidato a concejal (Arica).
Ricardo Asís es sicólogo y a partir de su rol como dirigente vecinal, decidió embarcarse en su segundo desafío electoral. Luego de una conversación con un amigo se puso a pensar en la escasa representación de la comunidad LGBTIQ+, a la cual pertenece, en cargos de representación popular. Eso lo convenció de asumir una candidatura a concejal en la comuna de Arica.
Espera aportar con su perspectiva y experiencia en estas temáticas a la educación de la comunidad, posicionar esta visión en el Concejo Municipal de Arica y desde ahí luchar contra la discriminación y en favor de la comunidad LGBTI+. “Quiero potenciar los proyectos de educación sexual y el respeto de los derechos humanos, para destacar el valor de las diferencias entre todos y todas. Me gustaría acercar estas ideas a las juntas vecinales”.
Otra lucha que ha llevado adelante Asís, ha sido contra el narcotráfico. “Yo fui presidente de la junta de vecinos de mi población, pero tuve que renunciar porque denuncié a los traficantes de la zona. Entonces, me amenazaron, me persiguieron e incluso me quemaron la casa en 2018. Tuve que salir de ahí por sobrevivencia”.
El psicólogo socialista aseguró que si llega a salir electo, ejercerá con escucha activa, “ya que las instituciones públicas se han alejado de la comunidad, por eso quiero escuchar a los vecinos y vecinas. De esa forma se podrán destinar los recursos a las verdaderas necesidades. Yo fui dirigente vecinal y me di cuenta lo que cuesta que te escuchen y te faciliten el trabajo. No hay una interiorización de cómo vive la gente. Debemos saber qué sucede con el consultorio, los colegios, escuchar las denuncias”.
La experiencia socialista al Concejo de San Joaquín
Edmundo Nelson García, candidato a concejal (San Joaquín).
Nelson García es un militante socialista con vasta experiencia. Pero sin duda su candidatura a concejal por San Joaquín es uno de los mayores desafíos políticos que ha enfrentado. Durante la dictadura militar estuvo detenido y luego luchó por la democracia. Ha sido funcionario público gran parte de su vida, sin embargo, también se ha desempeñado como dirigente social y sindical.
Considera que los socialistas tienen que actuar apegados a las necesidades de las personas, “nosotros tenemos un compromiso social que no podemos desconocer. Representamos a la gente más necesitada y nuestra lealtad es con ellos”, comenta García, quien es militante del PS desde los 14 años.
Su principal eje de campaña es fomentar la participación territorial en la toma de decisiones, intentando hacer parte a las organizaciones sociales, clubes deportivos, juntas vecinales, de la planificación comunal. “Se debe dar a conocer a los vecinos organizados y no organizados de los proyectos del municipio, de esa forma avanzaremos en derechos. Además, tenemos que preocuparnos por los adultos mayores, quienes muchas veces están solos, y de la contaminación, un problema que afecta a todos por igual”.
La campaña le ha permitido a Nelson García estar en distintos lugares de San Joaquín y un aspecto que le ha llamado la atención es “el aprecio que se tiene por el viejo militante. Hoy día quienes más me apoyan son los jóvenes. Es un reconocimiento a la historia política, me preguntan mucho las cosas que hicimos en clandestinidad y cosas así Pero siempre les recalco que la organización política es fundamental para influir y cambiar el destino de las personas”.
Además, García se manifestó a favor de cambiar las elecciones de fecha. “La situación es complicada, yo he visto el desgaste del personal de salud, tengo familiares funcionarios, entonces se debe buscar que mejore todo esto. Esa debe ser la prioridad”.
De la organización barrial al Concejo de Santiago
Gemy Herrera Allende, candidata a concejal (Santiago).
Gemy Herrera Allende, candidata a concejal por Santiago, es actualmente presidenta del Comité de Adelanto y Seguridad Nuestro Barrio, fue escogida por sus vecinos del Centenario de Santiago, hace dos años. Además, es secretaria ejecutiva de la Fundación Santiago Nuestro y Ciudadano. Aquel trabajo espera que le sirva para alcanzar un cupo en uno de los municipios más disputados del país: Santiago.
Es trabajadora social de profesión y conoce el funcionamiento interno del municipio, ya que recién retornada la democracia fue funcionaria municipal de Santiago. También destaca la carga simbólica de su apellido materno, es sobrina de Fidelma Allende, diputada durante la Unidad Popular. A pesar de este vínculo familiar y político, es la primera vez que competirá por un cargo de representación popular.
Comenta que a través de su campaña ha impulsado “la organización, participación y promoción de las capacidades colectivas de los vecinos para enfrentar todo tipo de problemas”.
Aunque también destaca que el proceso constituyente es una oportunidad para pensar las labores de los concejales, ya que muchas veces las facultades son limitadas para enfrentar las problemáticas de las comunidades.
Es opositora a la gestión del alcalde Alessandri, ya que, a su juicio, este ha puesto el énfasis de su trabajo en materias económicas y no sociales. “Otro grave problema que ha tenido, son los conflictos con las comunidades escolares. Queremos cambiar la cara del municipio, que tenga una buena relación con las organizaciones barriales, con los vecinos y las vecinas”.
Gemy Herrera confía en el poder de la organización y el apoyo de sus vecinos y vecinas para llegar al Concejo Municipal. “Mi principal apoyo es la gente que conozco, que vive cerca mío, la gente de los almacenes de mi barrio, ellos entregan mis volantes y me han ayudado a darme a conocer”. A quien no le complica que se cambie la fecha de la elección, a pesar de que reconoce que la energía para trabajar en la campaña y los recursos económicos se han agotado.
Ángel Omerovich, candidato a concejal (La Granja).
De San Gregorio al Gobierno Local de La Granja
Ángel Omerovich es politólogo y candidato a concejal en la comuna de La Granja, proviene de una de las comunas más estigmatizadas de la capital: la Población San Gregorio. Lugar donde nació y se crió, según comenta. Destaca que el proceso eleccionario le ha permitido reencontrarse con “con amigos, compañeros de colegio y vecinos que no veía hace tiempo por efectos de la pandemia ha sido revitalizante. Son ellos el motor de la campaña que me toca liderar y es en su representación que quiero llegar a ser concejal”.
Se define como un allendista, es por eso que apuesta por transformaciones estructurales. “Competiré defendiendo las banderas que represento, de igualdad y bienestar social, para que todos los ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones, sin discriminación de género, de lugar de nacimiento ni de condición social. Con esa convicción, mi trabajo como concejal será la de relevar el bienestar de los adultos mayores, la de recuperar la vida en vecindad, trabajar por la tenencia responsable de mascotas, generar más actividades comunitarias, deportivas y culturales con la respectiva mejora de los espacios públicos y, sobre todo, entregar dignidad y justicia a cada uno mis vecinos de La Granja”.
Su labor como dirigente social la ha centrado en el fortalecimiento de las organizaciones funcionales y territoriales en La Granja. “Mi trabajo ha sido mayormente la de poder generar recursos a través de la formulación y el desarrollo de proyectos en fondos colectivos y sociales para beneficiar a la comunidad y por sobre todo entregar herramientas de participación a los dirigentes y vecinos de la comuna”.
A pesar de que está a favor de la reprogramación de las elecciones, cree que este es un escenario que se podría haber evitado si es que el gobierno hubiera tomado las medidas sanitarias correctas y a tiempo. No obstante, cree que “así como trasladaron la fecha de votación, también deberían entregar recursos directos a los trabajadores para evitar el traslado en el transporte público, ya que es de sentido común que es el lugar de mayor aglomeración de personas”.
Más de 70 representantes de la pequeña y mediana empresa escucharon con atención las ideas y posturas de la candidata presidencial PS, Paula Narváez, quien realizó una fuerte crítica hacia la concentración económica y destacó la necesidad de una efectiva y real fiscalización a este problema.
La candidata presidencial de la oposición destacó que se concentrará en un “Gobierno para las Pymes”. La militante PS comenzó con un crudo diagnóstico, donde recalcó que los indicadores muestran que la economía se concentra cada vez más, con elevadas tasas de rentabilidad para las grandes empresas, mientras la pandemia ha golpeado fuertemente a las Pymes en diversos rubros. “Nuestro plan de reconstrucción será un plan integral y profundo que incluirá el apoyo a las Pymes para que se levanten y acompañaremos nuevos emprendimientos que han surgido en pandemia. Este gobierno será el gobierno de las Pymes”, aseguró.
Tras escuchar posturas y preguntas de los integrantes de diversos gremios, y acompañada por los miembros de su equipo Carlos Álvarez y Lyssete Henríquez, así como por el senador Carlos Montes, coincidieron en la necesidad de poner freno a la concentración económica -representantes de las pymes llegaron a calificarla de cáncer-, como mecanismo para combatir la desigualdad. “Si algo quedó claro con el estallido social, es que la gente está cansada de los abusos, por lo que espero que el proceso constituyente permita la persecución de estos aspectos. Mi gobierno resguardará la existencia de capacidad real de fiscalización en todo el territorio. Sin capacidad de fiscalización, la regulación es letra muerta. Por eso, en nuestro gobierno vamos a darle dientes a los órganos reguladores y fiscalizadores para terminar con abusos, colusiones y evasiones tributarias”.
“La concentración es un desvalor, que no permite avanzar, impide el éxito social y atenta contra la propia actividad económica. El proceso constituyente permite la posibilidad de abordar esta mala práctica y cambiar. El contrato social actual en Chile se venció…no va más, pues dejó afuera del desarrollo a mucha gente”, aseguró la candidata presidencial.
A juicio de Narváez se está en un momento de inflexión que llama a ser más ambiciosos. Por ejemplo, dentro de la discusión sobre el rol que le cabe a Chile en el ámbito externo, resulta importante el rol que el Estado le va a otorgar a las pymes en materia de proyección internacional.
Consultada, la candidata PS fue crítica respecto del Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape). Primero, en el diseño, donde no está cumpliendo el rol para el cual se planteó; segundo, planteó que no es posible que se cobren las cuotas del Fogape cuando aún existe cuarentena, “habrá que ver como renegociar dichas deudas, para llevar tranquilidad al sector y aplicar el instrumento con sentido de la realidad de las pequeñas y medianas empresas”.
Tras las reiteradas denuncias de mujeres a las que se les exigió receta médica para comprar métodos anticonceptivos vía online en farmacias, por requisito del Instituto de Salud Pública (ISP), organizaciones de mujeres y feministas mostraron su indignación en redes sociales y advirtieron de las consecuencias que podría generar esta medida.
Desde Ginecólogas Chile emitieron una declaración para «dejar explícita nuestra preocupación en relación a la dificultad en el acceso a la anticoncepción que están teniendo miles de mujeres, tanto del sistema público como privado, en nuestro país durante la situación sanitaria actual», y en la que subrayan que la anticoncepción plena y eficaz es un derecho sexual y reproductivo, y “una de las pocas medidas, científicamente comprobadas, que disminuyen la tasa de abortos”.
Por ello, las ginecólogas hacen un llamado a las autoridades “para trabajar en facilitar el acceso a la anticoncepción desde ahora y evitar de esta manera los cientos de embarazos no deseados que pueden producirse por la dificultad en el acceso a ésta y que, por tanto, constituyen una vulneración grave a los derechos de las mujeres».
La agrupación habilitó el correo electrónico [email protected], para contacto de quienes necesiten ayuda urgente con la continuación de su método anticonceptivo.
Mesa de Género COVID-19 del Senado
Por su parte, decenas de organizaciones de mujeres que forman parte de la Mesa Agenda Género COVID-19 de la presidencia del Senado, también manifestaron su preocupación y exigieron con urgencia una pronta respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud frente a reiteradas denuncias “que señalan que en farmacias se está exigiendo la presentación de recetas médicas para la venta de anticonceptivos regulares”.
A través de una declaración pública, la Mesa recuerda que desde el inicio de la pandemia ha advertido que en todas las catástrofes, “se violan absolutamente los derechos reproductivo-básicos, como es el acceso oportuno y fácil a los métodos de control de la fecundidad y acciones consagradas en los derechos reproductivos como derechos humanos”.
Añaden que tienen claridad que los métodos anticonceptivos deben tener una consejería previa a la prescripción para evitar eventos adversos, “por lo que estando en esta situación sanitaria, se deben flexibilizar los reglamentos y tomar medidas que faciliten a las mujeres la entrega oportuna, el anticonceptivo adecuado y la prevención del contagio. En el caso de la píldora de anticoncepción de emergencia NO se debe exigir receta”.
Las organizaciones de la Mesa de Género COVID-19 enfatizan que las mujeres no pueden ser vulneradas en sus derechos sexuales y reproductivos, los que están reconocidos por tratados y convenios internacionales firmados por el Estado chileno.
Embarazos no deseados y violación a derechos
En tanto, la Coordinadora Feminista 8M denunció en sus redes sociales que “en medio de una crisis sanitaria mundial, las mujeres y personas gestantes hemos sido víctimas de múltiples violaciones a nuestros derechos por parte de las instituciones del Estado. Primero, por la nula reparación a quienes están en proceso de gestación por errores en varias secuencias de anticonceptivos. Hoy, con la mayoría del territorio plurinacional en fase 1 o 2 (con altas medidas represivas y restrictivas), burocratizan nuestro derecho a decidir pidiendo recetas para comprar métodos anticonceptivos”.
De igual forma, la Mesa Acción por el Aborto en Chile también recordó a las 111 mujeres que quedaron embarazadas tras tomar anticonceptivos defectuosos suministrados por el sistema público de salud. “La anticoncepción oportuna y eficaz es un derecho sexual y reproductivo básico. Cualquier impedimento a su acceso en un contexto de pandemia con prolongadas cuarentenas obligatorias, tiene consecuencias permanentes em la vida y salud de las mujeres. La evidencia más clara está en los lotes de píldoras anticonceptivas defectuosas y las más de cien mujeres que hoy están enfrentando maternidades no deseadas, impuestas”.
ISP
Frente a la polémica, el ISP publicó una declaración donde asegura que «no se ha emitido ninguna normativa diferente a las ya existentes en el Código Sanitario, ni ha establecido nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún medicamento en esta pandemia». Agrega que las condiciones de venta de un medicamento vigente se encuentran establecidas en el Registro Sanitario.
La entidad explica que los anticonceptivos orales pueden ser prescritos por médicos y matronas, y “dado que las farmacias son un centro de salud, los pacientes que presenten inconvenientes con sus recetas ya sean físicas, digitales o electrónicas, o bien no cuentan con ella, pueden acudir al químico farmacéutico del establecimiento para recibir orientación y evaluar caso a caso, como se hace habitualmente”.
El comunicado añade que en septiembre del año pasado, “en un esfuerzo por facilitar el acceso en tiempos de pandemia, se promulgó la ley 21.267 sobre la adquisición de medicamentos y que señala en su Artículo 1, que las recetas pueden emitirse en medios digitales, electrónicos y físicos, incluyendo imágenes y mensajería instantánea. La duración de las recetas se extiende desde los seis meses anteriores a la publicación del decreto de alerta sanitaria, es decir a partir de septiembre del año 2019. Asimismo, las recetas extendidas durante este periodo tendrán validez para la dispensación de los productos farmacéuticos prescritos en ellas, hasta seis meses después del término de la alerta sanitaria”.
