Comienza una semana particularmente interesante. Tal vez hasta decisiva para algunos. Pero no para el gobierno que transita por la peor de sus etapas, en un camino de agonía que sólo terminará en 11 meses más, cuando un nuevo Presidente se haga cargo de un Chile agotado por la pandemia y la crisis económica.

Será una semana donde se expondrán las cartas de quienes están genuinamente por ir en ayuda de los sectores vulnerables del país, incluyendo los más de dos millones de chilenos y chilenas de clase media que según el Banco Mundial, entraron en pobreza.

El jueves próximo la esperada iniciativa del tercer retiro del 10 por ciento de las AFPs podría ser votada, según anunció el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien sostuvo que la norma será debatida en particular en dicha instancia el martes 13 de abril y se despachará a la sala durante esa jornada.

Nadie duda, ni siquiera el nuevo ministro del Trabajo, que este tercer retiro, que en las encuestas es apoyado abrumadoramente por la ciudadanía, va a ser aprobado. Pero, la gran incógnita es qué hará el Ejecutivo con su mil veces anunciada intención de recurrir al Tribunal Constitucional para detenerlo.

Le quedan pocos días para hacerlo. El punto es si se van a arriesgar a presentarlo a este tribunal por estos días lleno de conflictos internos, deslegitimado, incluso con acusaciones de abuso laboral hacia su presidenta, María Luisa Brahm, ex jefa de asesores del Presidente Piñera. El gobierno debe estar sacando muchas cuentas. Muchísimas, porque la última vez que recurrió al TC por el retiro de  fondos previsionales, hubo un empate y según el reglamento, debió dirimirlo esa presidenta, inclinándose -obvio- por la propuesta del gobierno. Si se suma que se está en tiempos electorales, y los ojos de la ciudadanía estarán puestos en cómo votarán sus representantes, particularmente quienes adscriben al oficialismo, entonces menudo problema es el que está enfrentando el gobierno de Piñera y Chile Vamos en estos momentos.

Lo concreto es que los votantes, particularmente la clase media que apoyó a Piñera, necesitan ayuda y el gobierno ha sido incapaz de hacerlo. Y si lo hace, es a regañadientes y con una letra muy chica que a estos ciudadanos, hasta hace poco exitosos, los obliga a humillarse para dar pruebas de pobreza.

 No es casualidad entonces la postura drástica asumida por Renovación Nacional y su candidato a presidente, Mario Desbordes. Ha reiterado una vez más, que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera está llegando tarde con las ayudas sociales. Para no ser tan duro, dice que las actuales medidas si bien son un avance importante, son insuficientes y, por lo tanto, el abanderado presidencial de RN insiste en que el Ejecutivo debe impulsar el tercer retiro de fondos de pensiones. “El paquete económico que propuso lo valoro y aplaudo, están quedando miles de personas fuera. La clase media está quedando fuera de la ayuda o le va a llegar una ayuda insuficiente. El informe del Banco Mundial es lapidario: dos tercios de la clase media no ha recibido un peso. La única alternativa universal que está sobre la mesa -porque el gobierno ni siquiera ha contestado la posibilidad del Seguro de Cesantía que planteó Joaquín-, es ésta. Lo que le pido al gobierno es que arregle el proyecto: si lo patrocina deja de ser inconstitucional; segundo, que plantee alternativas para recuperar los fondos y con eso también el drama que tiene este proyecto se soluciona”.

Desbordes afirma que “el gobierno no ha sido capaz de visualizar el verdadero impacto que ha tenido esta crisis en la clase media y eso es complejo (…). La pandemia va a superar las proyecciones del propio gobierno. No sé si vamos a poder hacer las elecciones en mayo cuando estamos rozando y llegando a los 10 mil contagios. Por lo tanto, esto ya se salió de todo control posible y hay que ser más agresivo en las ayudas a la gente. Aquí el gobierno debe ser menos dogmático y más pragmático. Ir al TC es un error. Las consecuencias políticas de esto pueden ser tremendas.

De paso, señala que en La Moneda hay “dogmatismo” y que eso impide ver la realidad de lo que ocurre en el país. “El Presidente se termina instalando en un círculo donde todo lo encuentran perfecto, todo lo encuentran bueno y se empieza a distorsionar la realidad”. Sus ojos y sus palabras suben al segundo piso de La Moneda.

En guerra

Si para el gobierno no fue una sorpresa la postura de Desbordes, sí lo fue la declaración de la Comisión Política de Renovación Nacional. “Los chilenos no pueden esperar más”, dijeron en una declaración que no sólo estremeció a La Moneda. También a la UDI, que queda absolutamente huérfana en el apoyo al gobierno. Ni Evopoli ni el PRI pesan lo suficiente como para enfrentarse al partido más grande del escenario político del país.

La Comisión Política de RN considera un tercer retiro de las AFP como “necesario”. “Miles de personas, dueños de pymes, trabajadores independientes y personas de clase media no tienen otra alternativa para poder hacer frente a la pandemia generada por el Covid-19, sea porque no recibirán apoyo estatal, sea porque no lo recibirán en forma suficiente. Sabemos que más de dos millones de chilenos salieron de la clase media según las cifras del Banco Mundial, y que el 75% de clase media no ha recibido ayudas”.

En este sentido, indicaron que “no solo le pedimos a nuestro Gobierno no recurrir al Tribunal Constitucional para evitar que se produzca este nuevo retiro de los fondos de las AFP, sino también le pedimos al Presidente Piñera liderar el proyecto que así lo establezca y mejorarlo”.

No es sólo este desencuentro el que tiene ajizado al gobierno. También el nombramiento del UDI Patricio Melero como ministro del Trabajo, que enojó -de nuevo- a RN. “Obviamente que a Renovación Nacional le duele no haber puesto a un nombre de sus filas, teniendo a nombres como el subsecretario Pizarro para esa cartera», dijo el presidente de RN, Rafael Prohens. Se supo que en el partido de Antonio Varas calificaban la designación como «un trago amargo» y se lo hicieron saber al Gobierno en público y privado.

Para la oposición, también fue otro trago amargo. Lo explicitó la senadora DC y presidenta de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic. “El Presidente de la República por un lado llama a un acuerdo, pero por otro lado, en materia de pensiones ha cambiado a cada rato al principal interlocutor. Así es imposible generar las condiciones, más aún ahora lo que hace es poner enfrente a un defensor de la industria, a un defensor del sistema de AFP y yo creo que con eso el Presidente echa por la borda la posibilidad de sacar adelante la reforma de pensiones».

El senador socialista Juan Pablo Letelier ahondó en la crítica:  «Con este nombramiento parece que el segundo piso y el Presidente Piñera han decidido dar vuelta la hoja, dejar de manera incumplida su principal promesa de campaña, que era arreglar el sistema de pensiones en nuestro país», comentó.

Así, las tres tareas que el Mandatario le pidió realizar al nuevo Ministro, parece ser que quedarán muy entrampadas. Porque cómo llegará a acuerdo en la segunda etapa de la reforma de pensiones, el proyecto de sala cuna universal y la recuperación de empleos tras la pandemia, este ministro que es resistido hasta por sus pares.

De que están más que inquietos en la derecha, lo evidencia lo señalado en una de sus últimas columnas uno de sus escribientes, Patricio Navia: “Sin capacidad de controlar la agenda, habiendo perdido la confianza de la gente y de los votantes de su propio sector, La Moneda aparece derrotada y rendida. Aunque todavía se aferra a que la exitosa campaña de vacunación logre controlar el avance de la pandemia, el Presidente Piñera sabe que los chilenos ya tienen sus sueños y esperanzas depositados en lo que hará la convención constitucional y el próximo gobierno”.

Pero, además, dijo que “la salida de la Ministra del Trabajo María José Zaldívar y la llegada de Patricio Melero, un diputado que ha estado en el Congreso desde 1990 y que ya no podía buscar la relección en noviembre de este año, subraya la triste y larga ceremonia del adiós que está protagonizando el Mandatario”.

Controversia y debate ha generado la arremetida comunicacional del Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, quienes con sendos videos pusieron en la palestra pública la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sus videos incluso fueron acusados de fomentar la desinformación a través de fake news -noticias falsas-, acusación que niegan rotundamente.

Es así como quisimos conversar con dos partes que tienen mucho que decir y con visiones diametralmente opuestas frente a un mismo proyecto. Por un lado, con Ricardo Heinsohn Vergara, abogado y presidente del SINAPROF de CONAF y, por otro, con Pamela Poo, politóloga, Magíster en Sociología y encargada de Política e Incidencia de Chile Sustentable.

Cómo en este caso los árboles no dejan ver el bosque, decidimos adentrarnos por los intrincados senderos de este controversial proyecto que tuvo más de mil indicaciones antes de ser aprobado en el Senado y que en la actualidad espera nuevos trámites legislativos en la Comisión de Medio Ambiente y, posteriormente, en la Comisión de Agricultura para finalmente llegar a la sala de la Cámara Baja.

Antes de comenzar la entrevista, a propósito de un video que se viralizó en las redes sociales, el presidente de SINAPROF, Ricardo Heinsohn, puntualizó “que el único tema que se nos quedó y que hoy está fuera del marco normativo que se está tramitando, es lo referido a los bancos de compensación, eso es lo único que hasta ahora se eliminó y que, por lo tanto, mejoró  -entre comillas- el proyecto. El resto del texto sigue absolutamente igual “.

 – Aclarado ese punto entonces ¿cómo entienden ustedes el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas?

– Nosotros entendemos que este proyecto es ultra-neoliberal y un intento más de jibarizar el Estado de Chile para dedicarse al control, cuidado, protección, manejo del bosque nativo y especialmente de las áreas protegidas. Al crear este servicio, que es ínfimo, con un presupuesto absolutamente insuficiente y sin el personal que actualmente tiene la CONAF, no van a tener recursos porque se quintuplicarán las áreas protegidas, los recursos serán de 0.11 dólares por hectárea versus los 0.96 dólares que se destinan hoy en día.

Esto significa que los creadores de esta ley, los neoliberales de siempre van a tercerizar esto y van a pasar esas funciones que deben ser del Estado a terceros, a privados, entre ellos las concesiones, el monitoreo de diversidad, fiscalización del bosque nativo y áreas protegidas. Algunos interesados como algunas ONG´s también podrían acceder a estos fondos públicos, por eso digo que el fin último de esto es jibarizar el Estado y de paso destruir a CONAF que ha sido el único ente sectorial y el único que se ha opuesto a proyectos emblemáticos como Dominga o Isla Riesco.

Cuando hablamos de las Concesiones que contempla este proyecto no se trata de infraestructura menor en las Áreas  Protegidas sino de Concesiones de tipo TOTAL, de todo el territorio de cada Área Protegida y hasta por 30 años. Dentro de ellas los Concesionarios podrán hacer intervenciones de tipo mercantil groseras y desarrollar proyectos lucrativos de todo tipo. Se habla de que los Concesionarios serán personas jurídicas sin fines de lucro; bueno, ahí están las Fundaciones que crean los empresarios acaudalados para – entre otras cosas – evadir impuestos y lograr subvenciones estatales. Eso ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Por otro lado, se contempla la figura de Transferencia de la Concesión a terceros  con ello sencillamente desaparece todo intento de Conservación porque no habrá ningún hilo conductor entre la acción del concesionario original y del comprador de la concesión. Es decir, la Conservación pasa a manos del bien de consumo que será la Concesión. Impresentable. Esto también fue aprobado por la Comisión.

El rol de CONAF

 – ¿Por qué ustedes están en contra de la privatización de las áreas protegidas si CONAF ya es un ente privado?

– CONAF es un ente híbrido, que nació como una Corporación de Derecho Privado y finalmente cumple todas las funciones públicas. No es que CONAF haga negocios con los bosques, las plantaciones, NO. Cumple solo fines públicos y es una Corporación y justamente por el Estatuto Jurídico que tiene es que funciona excelente, como un ejemplo para el servicio público. Este no es un negocio de CONAF ni de los trabajadores, dentro de los cuales me incluyo; lo que existe es un atropello atroz a los derechos adquiridos de los trabajadores.

La gente tiene que informarse y leer este proyecto que es asqueroso y que va en estricto detrimento del patrimonio natural del país. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, por lo que apelo a la conciencia de nuestras y nuestros parlamentarios que por favor revisen bien este proyecto y que no lleguen a acuerdos para que se pareen en cada sesión con el objeto de ir aprobando las normas.

No podemos estar de acuerdo con la aprobación de un proyecto tan importante como éste y precisamente en tiempos que se va a escribir una nueva Constitución en Chile, entrando en directa colisión con la nueva carta fundamental, porque se va a referir a otras cosas respecto al agua, la flora y fauna, los bosques nativos y todo eso va a quedar amarrado antes si se aprueba ahora, sencillamente va a ser una ley de amarre más.

 – Usted se refiere a que esto es un atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de CONAF ¿podría profundizar en este punto?

– Este es otro acápite que es muy importante que, por supuesto, como dirigentes sindicales tenemos que darle mucho énfasis y expusimos en la misma Comisión de Medio Ambiente sobre la normativa laboral que es absolutamente vejatorio a los derechos de los trabajadores. Porque según el artículo 11 que dice que se aplicará a los trabajadores la normativa contenida en el Código del Trabajo y después empiezan una cantidad de normas que son solo gravosas del Estatuto Administrativo, no aplican las normas que establecen los derechos del Estatuto Administrativo. Solamente las obligaciones, los deberes, las sanciones y con eso crean muchas más causales de despido. Incluso las nuevas administraciones se han dado cuenta que estas normas son gravosas para los trabajadores.

 No a la tercerización 

 – ¿Qué se requiere para que esta ley tenga el apoyo del sindicato que usted representa?

– Así como está es imposible que nosotros estemos de acuerdo con este proyecto. Dejen a CONAF con las funciones que tiene hoy en día, con todo el bosque nativo porque les están quitando todas las funciones del bosque nativo, áreas protegidas, sitios Ramsar y sin personal porque el artículo 9° transitorio habla del traspaso de los trabajadores que laboran en las áreas silvestres protegidas de CONAF, que va a ser solo después del tercer año de entrado en funcionamiento el servicio. Hay tres años que esto va a quedar en tierra de nadie idóneo, ni siquiera el proyecto establece una norma transitoria que indique que CONAF seguirá estando a cargo de las áreas protegidas. Queremos que el monitoreo de la diversidad sea parte del Estado y no tercerizado a privados. Con este bodrio de proyecto se establece que se deja la facultad, incluso que la fiscalización del bosque nativo esté a cargo de guardias civiles, casi como guardias de seguridad de un supermercado. Además, estas concesiones se pueden transferir a terceros, o sea,  el objeto que supuestamente persigue esta ley que es la conservación de nuestra biodiversidad, se pierde completamente.

Pamela Poo, encargada de Política e Incidencia del Programa Chile Sustentable.

 – ¿Qué significa para usted el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas?

– Ocurre que actualmente el famoso SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, “nunca fue ratificado como servicio”, más allá que por costumbre sabemos que existe, pero la verdad es que esto quedó en manos de CONAF, organización de derecho privado que tiene limitaciones para poder hacer servicio de biodiversidad público, es decir que tienen funciones acotadas y hay cosas que no pueden hacer. Esto no lo estoy diciendo yo, lo ha planteado la Contraloría.

Entonces, para completar la institucionalidad ambiental que hoy en día se compone del Ministerio de Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, se requiere el Servicio de Biodiversidad.

– ¿Por qué existen opiniones tan disímiles entre la gente que está a favor y en contra de este proyecto de ley?

– Los que están en contra del proyecto son los sindicatos de CONAF. Yo no he visto a nadie más en contra del proyecto más allá de la desinformación que generan con sus videos que son falsos. Yo soy categórica en decir que es falsa la información del video.

Ahora bien, efectivamente el servicio hace concesiones, hace una licitación pública y puede retirar esa concesión si no están cumpliendo las bases de la licitación, además que son científicas, turísticas, educacionales. Por ejemplo, infraestructura como la creación de un baño. No es el ideal, pero tampoco es un problema, hoy existen concesiones y actualmente las concesiones que hay no tienen el nivel de regulación que pone el servicio, entonces hay un tema que ocultan los sindicatos, de hecho, son los mismos sindicatos los que se oponían a la decisión del Comité de Ministros de transformar en Parque Nacional la Reserva Río Clarillo, que significa una protección mucho más alta. Estos sindicatos incluso acudieron a Contraloría en contra de esa decisión.

– En cuanto al traspaso ¿estas áreas protegidas quedarán en el desamparo?

– Eso no es así, lo que ocurre es que está el servicio y el traspaso de tres años es para los trabajadores, para ir traspasándolos y hacer estudios de homologación, no es que quede en tierra de nadie, sino que sigue corriendo la ley actual y que se debe ir ajustando hasta que se logre el traspaso total.

– ¿Y CONAF sería el encargado de resguardar los Parques Nacionales? 

– Efectivamente los guarda parques, quienes están de acuerdo con el proyecto, por lo menos el 80 por ciento de ellos están de acuerdo con este proyecto. La Federación ha ido a exponer al Congreso señalando su postura a favor.

200 indicaciones

– Cómo todos los proyectos de ley son perfectibles, a su juicio ¿Qué es lo que le falta a este proyecto?

– El proyecto tiene 200 indicaciones. Se ha votado prácticamente un tercio y todas van en la lógica de definir mejor, de incluir por ejemplo el tema del paisaje que es súper importante que se mencione como un componente, por ejemplo, de las áreas protegidas. El paisaje quiere decir que se deben incluir muchos más elementos, también hay otros que se han ido mejorando por lo tanto todavía quedan temas por mejorar. 200 indicaciones que van en la línea de especificar algunos temas, de mejorar las redacciones, de ir cerrando también los temas, por ejemplo, decir tajantemente que no se pueden hacer actividades productivas en ciertas áreas, y eso ya se cerró, fue una larga discusión. El hecho de homologar las áreas por ejemplo. Ya no son todas las áreas que se indicaba sino que son seis y cada una de esas áreas tienen un objeto de protección mucho más definido como también lo que se puede y aquello que no se puede hacer. Una mejora sustancial es que el parque marino ahora tiene el rango de Parque Nacional, situación que no es menor

Las concesiones se han ido perfeccionando, ya se han votado varias partes del articulado y las concesiones son hasta 30 años, no son 30 años, podría haber una licitación que requiera de un servicio de restorán por ejemplo que se licite a 10 años.

– ¿Cómo se puede preservar nuestra biodiversidad con un servicio de hotelería, pensando en una concesión turística?

– No va a existir hotelería adentro porque es un área protegida que tiene un plan de manejo, un objeto de protección que define aquello que se puede hacer dentro de un área protegida, tienes un plan de manejo lo que se puede y no se puede hacer dentro de un parque nacional. El servicio es el que define qué necesidades tiene que cubrir dentro de cualquier área protegida y eso es lo que se licita. Hay bases públicas en las cuales el servicio va a licitar por ejemplo baños y garitas en la zona de amortiguación de un área, que no es la zona núcleo, sino que fuera del área.

– ¿Qué le falta a este proyecto para que se apruebe?

– Yo creo que este proyecto se va a seguir tramitando, todavía le falta que termine la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente. Debiera pasar a la de Agricultura y después de eso en sala y probablemente tendrá una comisión mixta así que le quedan dos o tres años más.

El Servicio de Bienestar y Áreas Protegidas se necesita. En ningún proyecto de ley se va a conseguir el 100 por ciento de lo que uno se imagina, es muy difícil que cualquier gremio, movimiento ciudadano o cualquier ONG logre esto. Todo esto sobre la base de las cosas que se van construyendo en la democracia y que hay gente que no piensa igual que uno. En ese sentido la materia de la ley es así, se legisla en la base de hacer confluir múltiples posturas y pensamientos. En ese sentido yo respeto apreciaciones que no estén de acuerdo, pero insisto que debe ser sobre la base de argumentación fidedigna y no falsa.

Descargar proyecto de ley Aquí

Link de tramitación del proyecto de ley

Un llamado urgente al gobierno a cambiar su estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia que -afirman- tiene a la red asistencial en un verdadero estado de catástrofe, hicieron agrupaciones de trabajadores/as de la salud, organizaciones sociales y de usuarios de la salud, además de todos los partidos políticos de oposición,  quienes insisten en la necesidad de trabajar en conjunto pese a que sus propuestas no han sido tomadas en  cuenta,

“Venimos nuevamente a insistir en un cambio de estrategia sanitaria, con una mirada integral de enfrentamiento de la pandemia”, señalan los firmantes, entre quienes se cuentan representantes de Confederación Nacional de la Salud Municipal, la Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile; la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud;  Confederación Nacional FENATS Unitaria; FENATS NACIONAL; Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud; Federación de Asociaciones de la Salud Pública; Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines; Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada;  Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública; Federación Nacional de Asociaciones  de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud;  Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile; la ANEF; la Asociación de Funcionarios/as Subsecretaria de Redes Asistenciales; Federación FENATS Histórica Nacional; Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud y la Federación Nacional de Trabajadores de cadenas de Farmacias de Chile.

Señalan en su escrito que se requiere una gobernanza participativa que genere compromisos, desde y en los territorios, “que implique refuerzo al trabajo de la atención primaria, con énfasis en trazabilidad y aislamiento”.

Además, -dicen- “considerando los pobres resultados en reducción de la movilidad física y la protección económica de las personas, altamente burocratizada, reiteramos la importancia de acciones que abordan las necesidades y condiciones sociales, la participación, la comunicación de riesgo y la protección de las y los trabajadores, en el rol de la red asistencial y fortalecimiento de la red pública”.

Estado de catástrofe

Declaran los firmantes que la Red Asistencial se encuentra en un estado de catástrofe, con camas críticas completamente saturadas, con pacientes esperando días en urgencia, “donde con esfuerzo los equipos de salud aplican ventilación mecánica a espera de cupos en UCI, las que para algunos nunca aparecen”.

Añaden que “frente al colapso hospitalario, la atención primaria ha debido recurrir a las unidades de “Observación Prolongada” improvisadas. Se encuentra un número creciente de casos con características distintas a las ya conocidas por el COVID 19, que encienden alarmas de la presencia significativa de nuevas cepas del virus aún indeterminadas y refuerzan la necesidad de intensificar la vigilancia genómica”.

Recuerdan que en la red de atención primaria ya han habido muertes en varias ciudades y comunas del país, “lo que recuerda dramáticas escenas de países vecinos con muertes en hogares y calles”.

“Nos encontramos frente al evidente colapso del sistema de salud en cuanto a infraestructura física, camas con capacidad de ventilación asistida y el personal de salud agotado, desmoralizado, y una falta de financiamiento para contratar personal para reforzar tareas cruciales en este momento, lo que es aún más evidente en centros urbanos alejados de las capitales regionales. Frente a esto se debe actuar con fuerza y firmeza, de la mano de la ciencia y con la conciencia de que se juega la vida de miles de chilenos”.

Expresan su profunda desazón e impotencia “ante las cifras publicadas por el Ministerio de Salud y el manejo de la pandemia por parte del gobierno, al que consideramos responsable dado su actuar errático y contradictorio, una conducción que no ha sido convocante a la amplia sociedad, una permanente actitud exitista, primero con el virus “buena persona” del Ministro Mañalich y actualmente con el proceso de vacunación, y siendo negligentes con las demás estrategias de contención sanitaria”. (VER DECLARACIÓN COMPLETA)

Un llamado urgente al gobierno a cerrar las ciudades donde exista alta circulación del virus para disminuir la movilidad en 70% de manera urgente, única forma de frenar la transmisión del coronavirus que ya alcanzó la cifra catastrófica de más de 9 mil contagios y que hoy significa que está muriendo una persona cada diez minutos, hicieron un grupo de candidatos presidenciales opositores, aunque con algunas ausencias.

Paula Narváez; Gabriel Boric; Heraldo Muñoz; Daniel Jadue y Carlos Maldonado entregaron una declaración pública señalando que las cifras que entrega el Ministerio de Salud hoy “son catastróficas, muestran el evidente e inmenso fracaso de este gobierno en el manejo de la pandemia”. Señalan que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están colapsadas en un 100% en la mayoría de las regiones y que en las próximas dos semanas podría haber un colapso incluso mayor en ellas. En su diagnóstico, recuerdan que la atención primaria también está sobrepasada y el 35% de los técnicos en enfermería está con licencia médica.

Los presidenciables indican que “frente a este desolador escenario sanitario, profundizado por la irresponsable inacción del gobierno de Sebastián Piñera, exigen enfrentar el problema  con decisión. “Necesitamos frenar la pandemia fuera de los hospitales, frenar los contagios y no solamente tratar a las y los enfermos. Para ello, hay que cerrar las ciudades donde exista alta circulación del virus, y es indispensable disminuir la movilidad en 70% ahora ya”.

Recuerdan que cada medida tomada hasta ahora demora dos semanas en mostrar resultados. Piden, además planificar el uso del transporte público para evitar aglomeraciones de quienes mantendrán su movilidad.

Asimismo, y mientras se toman las medidas extremas, “el gobierno debe entregar una Renta Básica Universal de emergencia, sin trabas para que la acción sanitaria sea efectiva” y se salven vidas de chilenos y chilenas.

Abogan también por los trabajadores de la salud, pidiendo que se traspasen masivamente “recursos a la Atención Primaria de Salud para contratar personal suficiente que pueda trazar contactos y aislar efectivamente a las personas infectadas. Se requieren con premura 30 trazadores por 100.000 habitantes, 5 veces más que lo que hay ahora”.

Piden que el gobierno cambie la estrategia de comunicación de riesgo ahora, tomando en cuenta que hoy la mayor parte de los pacientes complicados son jóvenes. “Se requiere de campañas masivas de comunicación diaria y que se informe a la comunidad los fundamentos y criterios con los cuales se están tomando las decisiones. Esta medida de transparencia contribuye a que la ciudadanía adhiera a las medidas de la autoridad”.

También generar espacios de participación efectiva que incorpore a representantes tanto de la comunidad científica, organizaciones sociales, municipios, de los trabajadores de la salud y del parlamento. “Estos espacios de participación deben ser resolutivos en los ámbitos tanto de definiciones estratégicas como ejecutivas en torno a la pandemia.”

Si a la ahora ex ministra María José Zaldívar le fue difícil lidiar con las presiones por obtener humo blanco en la discusión y aprobación de la reforma previsional y con detener el debate sobre un posible tercer retiro del 10 por ciento de las AFPs, más difícil se ven dichos objetivos con el recién nombrado Ministro del Trabajo, Patricio Melero, quien se desempeñó como diputado desde 1990, fue alcalde designado por el dictador y el que -según la oposición- es conocido por sus posturas conservadoras. Así, fue peor el remedio que la enfermedad.

De hecho, la ex Secretaria de Estado dijo al salir que “el hecho de que yo esté dejando el cargo de ministra no quiere decir que se esté dando por terminada esta reforma ni mucho menos”, refiriéndose al proyecto en discusión.

Para la diputada comunista Camila Vallejos, con este nombramiento se le da “un portazo al tercer retiro”. Melero ha sido un tenaz opositor a dicho proyecto. De ahí que el parlamentario socialista Gastón Saavedra opinara que el nuevo ministro “viene a defender los intereses de los grandes empresarios y las AFPs”. La diputada DC Carolina Goic se lamentó de lo ocurrido justo cuando estaban avanzando en la discusión de la reforma previsional. Y expresó que de nuevo el Presidente hace un llamado al diálogo, cuando pone en el ministerio a “alguien que viene de un sector que ha defendido la industria”. un sector .-dijo- que ha sido “la piedra de tope para avanzar en un acuerdo”.

Y hasta en la otra vereda hubo críticas. El diputado Andrés Celis, de RN, dijo el él “hubiese colocado una cara más amable, más conciliadora de los nuevos tiempos. Lo más criterioso hubiese sido designar al subsecretario de Previsión Social. Un ministro que llega, más allá que haya sido miembro de la Comisión de Trabajo, es imposible que esté al tanto al detalle de todos los proyectos que se discuten como si lo está el subsecretario de Previsión Social”.

Patricio Melero, de 64 años, militante de la UDI, es Ingeniero Agrónomo y asume en medio de la discusión para la reforma de pensiones, que fue trabajada por los ex ministros de Hacienda Ignacio Briones y del Trabajo María José Zaldívar, en conjunto con el Congreso.

Es hermano de Manuel Melero, quien hasta este miércoles se desempeñó como presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (CNC) y renunció a su cargo unas horas antes de la asunción oficial de su hermano como ministro.

La UDI designó a Cristian Labbé -hijo del ex militar que fue alcalde de Providencia- como reemplazante de Melero en la Cámara.