Marcela Araya Sepúlveda (44 años) recorre las calles de la ciudad de Vallenar como lo hace habitualmente, saludando a vecinas y vecinos que la conocen desde su rol como Encargada de Planificación de la ciudad o como coordinadora histórica del Programa Quiero MI Barrio, una iniciativa que ha devuelto la vida de las comunidades a lo largo del país, y que en la Región de Atacama ha tenido hitos importantes.
Ingeniera en Planificación y orgullosa funcionaria pública, Marcela Araya forjó su vocación social de la mano de su madre, la enfermera Nolvia Sepúlveda, muy recordada por su trabajo territorial en la Población Torreblanca, y quien hoy tiene un pasaje que lleva su nombre en la capital de la provincia de Huasco.
Moviéndose a lo largo del Valle, Marcela es socialista y ha estado vinculada a importantes organizaciones feministas, sociales y ambientales, liderando las marchas con su megáfono, lo que también se plasma en la imagen de su campaña, como candidata a Constituyente por el Distrito 4, que comprende las 9 comunas de la Región de Atacama, la tierra de sus ancestros diaguitas.
“Hay que democratizar la política, porque la gente se cansó que la política se haga desde los mismos clanes familiares de siempre. Basta de nepotismo en Chile y Atacama”, sostiene.
Defensora de la tierra y del agua como bien garantizado constitucionalmente para todas las chilenas y chilenos, cuanta que la oportunidad de ser parte de un proceso histórico la animó a postularse para ocupar uno de los 5 cupos constituyentes que disputa el Distrito 4, con el objetivo de que exista representatividad de las comunas.
En conversación con Página 19, Marcela Araya explicó sus propuestas para el debate constitucional, que apuntan, entre otros, a que la nueva Carta Magna sea “ecosocial”, consagre la equidad territorial y garantice los derechos de pueblos originarios, mujeres y disidencias.
-¿Cuáles son los grandes temas que busca representar en la Convención Constitucional?
– Luego del 18 de octubre y de la expresión de descontento popular más grande de las últimas décadas, el ejercicio de pensar en una nueva Constitución para Chile nos sitúa en planos que abordan aspectos locales, regionales y aspectos de carácter nacional, todos articulados por el respeto irrestricto de los derechos humanos de individuos y comunidades. El primero de esos puntos es de carácter nacional, que implica poner fin al Estado subsidiario propio del modelo neoliberal impuesto por la dictadura, y consagrar en la Constitución un Estado social y democrático, que permita avanzar hacia una República plenamente participativa y paritaria, en la que la soberanía radique en el pueblo.
También declarar que el Estado sea laico y plurinacional, donde se reconozcan los derechos de los pueblos originarios en cuanto cultura y territorio, lo que tiene una significancia importante para regiones como Atacama, con la presencia de varias comunidades indígenas viviendo un permanente conflicto territorial, con intereses de terceros que buscan un beneficio económico en desmedro de la identidad, de la presencia y de los derechos ancestrales de los pueblos de nuestra región.
Entre los aspectos de carácter regional, necesitamos que la nueva Constitución asegure más poder a las comunidades regionales y locales en los procesos de toma de decisiones, instituyendo la figura de equidad territorial en la redacción constitucional. El proceso de descentralización iniciado con la elección directa de Gobernadores Regionales, necesita de traspaso de competencias y de una ley de rentas regionales, todo un proceso administrativo que se ha visto entrampado porque la actual Constitución permite que la desigualdad territorial exista, y por ello hablamos de equidad territorial: no puede haber más regiones de primera y segunda categoría, y debemos asegurar que la riqueza que se produce en una región, debe quedarse en la región, estableciendo además un régimen solidario para el desarrollo equitativo de otras regiones.
Y por supuesto, otro gran eje radica en los aspectos locales, asuntos propios de cada comuna, de cada comunidad, instituyendo los derechos sociales como una salud digna, acceso a una vivienda digna, a un trabajo digno, y que, además, en nuestro caso puntual, se expresa en que la nueva Constitución debe garantizar el fin de las zonas de sacrificio y la reparación ambiental y social de comunidades como Huasco, Tierra Amarilla, Chañaral o Paipote en Copiapó, en una región que necesita un desarrollo sostenible sin afectar el derecho humano de vivir en un ambiente sano, limpio, seguro.
-¿Plantea que la constitución debe ser “ecosocial”, a qué se refiere y cómo debería quedar plasmado esto en el nuevo texto constitucional?
-La nueva Constitución debe ser ecosocial, debe establecer mandatos objetivos para la protección especial de la naturaleza y garantizar el derecho a un medio ambiente sano. El acceso a la información ambiental, a la participación con grados de vinculación, reparación y remediación del daño ambiental, el fin de las zonas de sacrificio y el acceso a la justicia ambiental cuyo contenido deberán ser desarrollados por las leyes y las políticas públicas. Al mismo tiempo, se debe establecer un principio de intergeneracionalidad que vele por el derecho de las futuras generaciones a acceder a un medio ambiente sano. A su vez, el Estado deberá velar por un desarrollo sostenible en donde las actividades productivas sean acordes con el desarrollo social y ambiental.
Tal como hemos podido abordar con las distintas organizaciones sociales de Atacama en los últimos meses, la nueva Constitución debe consagrar el derecho humano al agua y de los ecosistemas. El agua es un elemento esencial para la vida y el desarrollo de las comunidades, por lo que se debe establecer el agua como bien nacional de uso público, y la definición del agua en algunos cauces como bien común y la priorización de sus usos, siendo el principal el consumo humano, debiendo, además, poner fin a la propiedad del derecho de aprovechamiento de las aguas en rango constitucional. Eso es fundamental en regiones como la nuestra, donde vivimos una escasez hídrica y el negocio del agua es una realidad, hasta hoy, sin freno. No más. Por ello, además, suscribí el decálogo de Recicla la Política para enfrentar la crisis socioecológica climática y sanitaria, porque las amenazas están presentes ahora y debemos actuar ya.
-En su campaña indica que Atacama ha sufrido una postergación histórica por exceso de centralismo, ¿de qué manera la nueva Constitución puede permitir avanzar en una verdadera descentralización?
-Chile es uno de los países más desiguales del mundo, y gran parte de esa desigualdad se expresa en las regiones, donde no tenemos especialistas de salud; donde en muchos casos no se tiene oportunidades de estudio para las y los jóvenes; donde existen condiciones de vida que muestran que hay zonas de Chile que no viven en el siglo 21, sino que aún no cuentan con alcantarillado, transporte, conectividad digital para las clases de los niños y niñas. Por ello, la nueva Constitución, como mencioné antes, debe consagrar la equidad territorial, donde todas las regiones cuenten con los recursos suficientes para crecer equitativamente, a través de un Estado unitario pero fuertemente regionalista.
La naciente figura de una o un Gobernador Regional necesita contar con un marco constitucional que resguarde la efectividad del proceso de descentralización, y por supuesto, con un componente de participación territorial en las decisiones regionales, como plebiscitos y consultas. Más desarrollo implica más participación, y eso debe asegurarse como un derecho constitucional.
-También ha planteado con fuerza la necesidad de que se garanticen los derechos de las mujeres y disidencias, ¿de qué manera se logra esto?
-La lucha de las mujeres es parte de la movilización social por igualdad de derechos más importante a lo largo del último siglo en el mundo, y debemos seguir avanzando, en nuestros derechos y en nuevos derechos individuales proyectados hacia el futuro, actualizando el contenido de los ya consagrados y extendiendo sus ámbitos de protección.
También, la nueva Constitución debe ir más allá y asegurar un derecho a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la autodeterminación personal; la prohibición de tratos crueles e inhumanos; el derecho a una vida libre de violencia de género; el derecho a la intimidad y asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Además, derechos que protejan la identidad digital y los demás derechos propios de un futuro digital, incluyendo el derecho a una muerte digna. Sin duda, el futuro es feminista, pero también el futuro necesita de mayor respeto por la individualidad, por la autodeterminación personal, y por ello, la diversidad y las disidencias debe resguardarse constitucionalmente.
-¿Cuáles son sus expectativas de este proceso Constituyente, qué resultados espera?
-Mi principal expectativa es que logre participar la mayor cantidad de personas, especialmente las y los más jóvenes, dado que son quienes podrán vivir los cambios de la nueva Constitución, porque los cambios no son automáticos. Pero para ello, hay que movilizar, porque la derecha conservadora intentará dejar todo como está. El cálculo que hacen es que, mientras menos gente participe, tenemos menos posibilidad de cambiar las cosas. Espero unidad de las fuerzas de oposición, pero principalmente espero que la gente se movilice, y vote en abril. Chile no puede seguir a expensas de quienes tienen intereses económicos, que son los que van normalmente a votar. El voto voluntario contribuyó a de desmovilizar a la ciudadanía y la convirtió en simples consumidores sin voz. Ahora que no quieran ejercer su derecho a voto es quedarse a merced de los poderosos. El 18 de octubre fue una muestra de descontento nacional que se mantendrá solo si las fuerzas progresistas elegimos la mayoría de representantes en la Convención Constituyente. Confío en que la gente despertará y saldrá a votar en masa por quienes buscamos un cambio real a este Chile, uno de los más desiguales del mundo.
