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Esperanza de Justicia: En Prisión Preventiva Carlos Méndez Acusado del Femicidio de María Isabel

Por
Valeria Pinto Arellano
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Mediática ha sido la reciente captura y formalización de Carlos Humberto Méndez González, único sospechoso por el femicidio de la joven María Isabel Pavez, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y arriesga desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado. Con la implementación de la Ley Gabriela se ha dado una mayor esperanza de obtener justicia, pero también existen los temores de la histórica impunidad por estos delitos.

Entendiendo que el femicidio no es un asesinato “común” debido a su trasfondo de odio hacia las mujeres, su sentido de propiedad y de dominación patriarcal, la Ley Gabriela vino a incluir este crimen ampliando la conceptualización de femicidio, mediante tipos penales específicos que contemplan tanto si se trata de un femicidio íntimo (propiciado por el esposo, exesposo, conviviente o ex conviviente de la víctima), como de femicidio público (donde el asesino es el pololo o ex pololo), que es el caso de Méndez.

En este sentido, el caso de María Isabel se posiciona frente a la justicia con un respaldo mucho más contundente ya que, con la existencia de esta Ley, existen más posibilidades de que el asesino cumpla penas importantes. “Tenemos la esperanza de que ya hay suficientes antecedentes para que encontremos una respuesta decente de la justicia. Igual ha sido un caso con mucha connotación pública así que es bien difícil que se atrevan a no hacer lo que corresponde”, declaró Paula Silva, abogada de la Coordinadora 19 de diciembre.

¿Es suficiente?

Sin embargo, a pesar del acogimiento del concepto de femicidio por parte de la Ley, se siguen dejando importantes temas a la deriva. “Es una Ley que pretende castigar a los femicidas una vez que las mujeres ya están muertas”, expresó Lorena Astudillo, miembra de la Coordinadora Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, poniendo énfasis en que la legislación debe apuntar, en primer lugar, a que las mujeres no tengan que ser agredidas.

Además, la abogada feminista manifestó su preocupación acerca de los posibles beneficios a los que puede optar el femicida una vez que sea condenado, tales como el que alude al buen comportamiento. “Lo que se debiera hacer es que las sanciones sean realmente efectivas, y en el caso de violencia hacia la mujer, femicidio o violación, no se pueda optar a beneficios”, sentenció.

Según cifras de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, desde el 2010 al 2020 se registran 638 femicidios consumados, no considerando los femicidios frustrados, castigos femicidas, suicidios femicidas ni otros asesinatos motivados por la violencia machista.

También se apunta a una grave falencia en la coordinación entre el SernamEG y Carabineros para la atención de las mujeres que necesitan contención, apoyo, reparación, y por sobre todo, ser protegidas del agresor, lo que deja en evidencia lo insuficientes que son las medidas de protección hacia las víctimas. “La denuncia se convierte en la puerta de entrada a un circuito de (des)protección revictimizante e ineficaz para las mujeres”, afirmó la misma organización a través de un estudio explorativo sobre las respuestas de carabineros frente a denuncias realizadas por mujeres que vivieron violencia.

El doble femicida

Tras permanecer días prófugo, el pasado miércoles, Carlos Méndez González fue hallado y detenido en una hospedaría en Valparaíso. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, decretada por el Decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Méndez habría ingresado al país en 2009 de manera irregular con un pasaporte falso, año desde el cual ha existido bajo la identidad de Igor Yaroslav González. Todo esto a raíz de haber cometido otro femicidio, esa vez contra de la joven de 17 años, Itzel Monroy en México, su país de origen del cual arrancó, permaneciendo prófugo por 11 años.

Con todos estos antecedentes, quedó acreditado que este sujeto es un peligro para la sociedad, con  testimonios de cercanos que aseguran que es un hombre bastante violento con su entorno, además de que habría planificado el femicidio, hecho que serviría como agravante para incrementar las penas.

 

Caso Catrillanca: La Lectura del Veredicto en Paralelo al Allanamiento a la Comunidad de Temucuicui

Por
Javiera Caneo Alarcón
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Cuando gran parte de Chile estaba atento, este jueves 7 de enero, a la lectura del veredicto en el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca, de manera semipresencial en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, simultáneamente las policías de Investigaciones y de Carabineros realizaban un allanamiento inentendible en la comunidad de Temucuicui. Supuestamente, el asedio a la comunidad se justificaba para encontrar armas y drogas.

Carlos Alarcón, un carabinero pasado a retiro, fue declarado autor del homicidio simple consumado de Camilo Catrillanca y el homicidio frustrado del adolescente de iniciales M.A.P.C., quien acompañaba en el tractor al comunero mapuche aquel fatídico día. Entre los siete carabineros involucrados, Raúl Ávila, fue declarado como autor de apremios ilegítimos contra el menor M.A.P.C., disparos injustificados y obstrucción a la investigación del caso.

El ex-suboficial de Carabineros, Patricio Sepúlveda, fue señalado como autor del delito de obstrucción a la justicia, ilícito que comparte con Gonzalo Pérez, Manuel Valdivieso, Jorge Contreras, Braulio Valenzuela, quien también es declarado culpable de disparos injustificados, y Cristian Inostroza, el abogado que participó en la versión falsa de Carabineros.

El padre de Camilo, Marcelo Catrillanca, señaló que no se le permitió ingresar al tribunal.

La próxima audiencia consistirá en la lectura de sentencia, el 28 de enero a las 11:00 horas, en el Tribunal Oral de Angol.

 Allanamiento en Temucuicui

En paralelo al caso Catrillanca, funcionarios de la PDI desplegaron un operativo policial en la comunidad mapuche de la que era parte Camilo, Temucuicui, con más de 800 efectivos de la PDI el cual tenía como objetivo el allanamiento de drogas que supuestamente se encontraría en el lugar.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “se llevó a cabo un allanamiento fruto de una orden judicial que está trabajando la Fiscalía desde hace mucho tiempo”. En el lugar fueron seis heridos y dos fallecidos de la Policía de Investigaciones.

Sobre la comunidad se desconoce la cantidad de heridos que se encuentran al interior de las comunidades tras el operativo. Sin embargo, se estima que viven alrededor de unas 180 a 300 familias, ya que Temucuicui es una zona de conflicto con el Estado chileno, de difícil acceso y que no se contempló en el Censo 2017. En esa ocasión, las comunidades mapuches de Temucuicui y Collinco en Ercilla obstruyeron el paso a los censistas con árboles en el camino.

A pesar de que el allanamiento fue justificado por un “ilícito de drogas”, en circunstancias que se desconocen, fue detenida, golpeada y agredida la esposa de Camilo Catrillanca, Katherine Antin, en presencia de su hija de siete años de edad a quien los efectivos policiales mantuvieron retenida durante el día, siendo entregada a sus familiares en horas de la tarde.

 “No estamos frente a un hecho aislado”

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), su director, Sergio Micco indicó que en el caso Catrillanca, “se asesinó a una persona por la espalda”.

El miércoles 14 de noviembre del 2018, Camilo Catrillanca fue impactado por una bala que perforó 16 centímetros en su cabeza mientras se encontraba en camino, junto a un menor de edad, a buscar verduras para un almuerzo que tendría con familiares y amigos.

La unidad policial que le disparó ese día a Camilo era una extensión del GOPE, el denominado “Comando Jungla”, creado en junio del mismo año y que tenía como fin “combatir el narcotráfico y a las organizaciones que surgen al margen de la ley”.

El entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, mantuvo una versión alienada con el Jefe Regional y Carabineros, catalogando la muerte del comunero como un “hecho delictual”, justificando el despliegue policial del Comando Jungla por el robo de un auto interceptado en el camino de Ercilla por encapuchados.

“Un grupo de oficiales de carabineros y otros agentes del Estado intentaron obstruir a la justicia, inventando un enfrentamiento que jamás tuvo lugar, mintiéndole a las autoridades y al país entero”, añadió Micco.

Además, el director de dd.hh pidió que se “aplique el mayor rigor posible en la ley penal” advirtiendo que “no estamos frente a un hecho aislado, aquí hay hechos que se han sucedido en el tiempo y espacio (…) estamos frente a una profunda crisis de carabineros”.

El principal imputado, Carlos Alarcón, fue absuelto de los delitos de falsificación de instrumento público, homicidio simple por el menor M.P.C., obstrucción de la investigación, disparo injustificado y encubridor de torturas. Alarcón arriesga 15 años de presidio por este caso.

En declaraciones sobre el posible fallo de sentencia en las responsabilidades del caso Catrillanca, el Instituto Nacional de Derecho Humanos señaló que “tras conocer acuciosamente el fallo y leer sus fundamentos, determinará las medidas a seguir”, concluyó su director.

Encuesta Criteria: Ex ministra Paula Narváez Irrumpe en Encuestas para Presidenciables

Por
Javiera Caneo Alarcón
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Los resultados de una nueva entrega de la medición de Criteria entrega cifras donde por primera vez la psicóloga socialista, Paula Narváez, aparece con un 7% de intención de voto entre las cartas de la centro izquierda.

La ex vocera de Gobierno es la figura del Partido Socialista mejor posicionada en la lista. Más atrás aparece el senador por la región de Arica, José Miguel Insulza,  con un 4% y el timonel del partido Álvaro Elizalde, igualmente con un 4%. De estos dos últimos nombres, solo el otrora Secretario General de la OEA se ha mostrado dispuesto a competir en una primaria.

A pesar de que Narváez aún no ha confirmado ni descartado su participación en la carrera presidencial, la cifra demuestra que es una carta en crecimiento, considerando que los movimientos al interior del socialismo comenzaron hace apenas dos semanas, cuando un grupo de mujeres militantes de base del partido redactó una carta titulada: “Nunca más sin nosotras”, en la cual le solicitan a la actual funcionaria de ONU Mujeres asumir el desafío de representar a las filas socialistas en la disputa por llegar a La Moneda.

La misiva, hasta el momento, cuenta con más de dos mil firmas. Entre los firmantes se encuentra la expresidenta Michelle Bachelet. Este gesto se ha interpretado como un apoyo explícito a su ex vocera de Gobierno, por sobre otros cercanos a su persona como Heraldo Muñoz o Francisco Vidal.

Otros socialistas que han firmado la solicitud escrita son las diputadas Emilia Nuyado y Maya Fernández, la Presidenta del Instituto Igualdad, Clarisa Hardy,  el abogado Salvador Millaleo, la ex diputada Denise Pascal, por mencionar algunos. Lo que evidencia el apoyo transversal que ha recibido la iniciativa al interior del socialismo.

Las definiciones respecto a los plazos y nombres para dar con la carta presidencial del PS, se deberían tomar en el próximo Comité Central de la agrupación, el cual está programado para el 16 de enero.

Otro de los resultados que arrojó el estudio, fue que el Presidente Sebastián Piñera cerró el 2020 con un 77% de desaprobación y un 15 % de aprobación, ocho puntos más que la entrega anterior.

 

Florcita Alarcón: Bancada de Diputadas Feministas Califica de Insuficiente su Renuncia a la Presidencia de la Comisión de Cultura

Por
Valeria Pinto Arellano
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La Bancada Julieta Kirkwood, integrada por diputadas feministas, expresó este miércoles, por medio de una declaración pública, su indignación ante los hechos denunciados a través de redes sociales sobre el diputado del Partido Humanista, Florcita Alarcón, quien fue acusado de abuso sexual. Por esta razón, el parlamentario renunció a la Presidencia de la Comisión de Cultura y a su militancia en el partido.

“Esperamos que, ante estas graves denuncias, la Comisión de ética aborde el caso y lo investigue a profundidad”, comunicó la Bancada. Añaden además que respaldan completamente a la denunciante, destacando su valentía al hacer público este hecho y presionando a la justicia para que haga las investigaciones correspondientes. “Yo como mujer voy a creer a toda aquella mujer que haga una denuncia sobre violación o abuso”, declaró la diputada Marisela Santibáñez, también integrante de la Comisión de Cultura de la cámara baja.

En este sentido, las diputadas feministas manifestaron que la reciente renuncia de Alarcón a la Presidencia de esta Comisión es necesaria, pero insuficiente debido a la gravedad de la denuncia. “La conducta de un parlamentario debe estar a la altura de su investidura, más aún cuando ha sido el mismo quien se ha manifestado en más de una oportunidad a favor del feminismo y los derechos de las mujeres”, dice el comunicado.

La Bancada nació a raíz de la necesidad de crear una Comisión de Mujeres y Equidad de Género que vele por instaurar y fiscalizar las leyes que respecten a mujeres, adolescentes y niñas. Actualmente está conformada por las diputadas Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Daniella Cicardini (PS), Maya Fernández (PS), Jenny Álvarez (PS), Denise Pascal (PS), Cristina Girardi (PPD), Loreto Carvajal (PPD) y Marcela Hernando (PR).

Graves denuncias contra el diputado

Durante la jornada del 4 de enero, una cuenta de Twitter publicó la funa en contra del diputado Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda, donde se le acusa de violar de forma reiterada a su pareja bajo los efectos de pastillas. “La persona que violó a mi amiga fue Florcita Motuda, yo apechugo con ella. Necesitamos orientación legal para esto porque no porque seas diputado tienes el derecho de hacer con el cuerpo de otra persona lo que a voh te plazca”, twitteó a continuación la misma usuaria.

Además, se confirmó que el parlamentario publicó a través de estados de la aplicación WhatsApp, fotografías con alto contenido íntimo y sexual tanto de él mismo como de una mujer, las cuales aparentemente, fueron compartidas sin el consentimiento de ella.

Por su parte, Maite Orsini, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, declaró a través de Twitter que la Comisión de ética inició una investigación de oficio. “Hay dos imputaciones graves, una por difusión de fotos íntimas que podría darse sin el consentimiento de la víctima, cuestión que justamente estamos legislando. La segunda denuncia es por violación, lo que esperamos que sea investigado en caso de que la víctima decida denunciar. No podemos tener un Congreso con abusadores”, añadió la diputada de Revolución Democrática.

 

Cambia Todo o no Cambia Nada

Por
Manuel Cabieses Donoso
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Los partidos opositores abusan de la paciencia del pueblo y eso puede costarles muy caro. Al filo del límite para inscribir candidatos a la Convención Constitucional, todavía resulta imposible consensuar una lista única -con participación también de líderes de opinión independientes- que permitiría derrotar a la derecha feroz disfrazada de oveja. La obstrucción de los partidos ha sido pública y evidente. Detrás de la cortina de declaraciones, reproches y acusaciones, se percibe la tradicional “ingeniería electoral” que hace polvo los ideales y reduce la política a una negociación (en el peor sentido de la palabra) para repartirse cargos y cuotas de poder.

Los partidos -PC, Frente Amplio, Federación Regionalista Verde Social, PS, PPD, PR y DC- están a punto de cometer la estafa política más colosal de la historia. Ambos extremos del arco -el Partido Comunista y la Democracia Cristiana- afirman que dos listas se complementan y representan las diferencias que separan a la oposición. Sostienen que ir separados no afectará el resultado electoral. El argumento es de una futileza increíble si se mide con el desafío histórico que significa terminar -en forma pacífica y democrática- con la Constitución de la dictadura y su andamiaje institucional. Los dirigentes partidarios saben muy bien que dos listas opositoras producirá -al menos- dos efectos mortales. Uno inmediato: la inscripción de un río de listas de organizaciones sociales y políticas ajenas a ambos bloques opositores e incluso de listas individuales que sumirán en el caos las elecciones de Convención Constitucional, gobernadores y alcaldes del 11 de abril. El otro efecto de la ceguera (y sordera) de los partidos, será una enorme abstención de rechazo a la politiquería. Este último factor puede causar un daño irreversible a la legitimidad de la nueva Constitución. Todo esto sin contar las previsibles protestas callejeras de un pueblo indignado.

Partidos que sufrieron la represión de la dictadura -como el PC, PS, PR y militantes del PPD-, tienen el deber moral de sepultar a la Constitución de 1980. Para esto se necesita superar los 2/3 que impone la camisa de fuerza del reglamento de la Convención que la colusión de partidos impuso en marzo del 2020.

¿Cuál es la frontera que separa a ambos bloques opositores? A mi juicio -aunque no se confiese-: la economía de mercado. Sin embargo, ambos bloques han disfrutado de los embelecos del neoliberalismo y ninguno está planteando proclamar una República socialista y menos una monarquía. Sus diferencias de hoy no impedirían comprometerse en una lista única para alcanzar la mayoría decisiva en la Convención. Está demás intentar demostrarlo con los partidos de la ex Concertación que se dicen anti neoliberales. Y no hay que gastar demasiadas palabras en hacerlo con la ex Nueva Mayoría (o sea los anteriores partidos más el PC). Este último publicó un libro (“El Partido Comunista de Chile y la experiencia del gobierno de la Nueva Mayoría”), en el que tuvo dos ministros y varios altos funcionarios. Uno de los autores, el diputado Daniel Núñez, miembro de la comisión política del PC, sostiene: “La presidente Bachelet pasará a la historia como la mandataria que lideró, superando el permanente boicot de la derecha, el proceso para dejar atrás el neoliberalismo con reformas que han beneficiado directamente a miles de familias vulnerables y de sectores medios” (1).

Menos de dos años después, el 18 de octubre del 2019, una rebelión social y política que sigue en curso subterráneo, rechazó a todos los partidos. Una semana después un millón y medio de personas -y casi tres millones en todo el país- marcharon en Santiago exigiendo Asamblea Constituyente. Dos meses más tarde la encuesta CEP señaló que sólo un 2% apoyaba a los partidos políticos y apenas un 3% al Congreso Nacional. Sin embargo, han sido esos actores repudiados por el pueblo los que se han adueñado de la Convención Constitucional, torciéndole la nariz al plebiscito del 25 de octubre del 2020 que rechazó la participación de los partidos y del Congreso en la Convención Constituyente.

Lo que está en juego no son pitutos más o menos en el Estado. La Convención, triste caricatura de una Asamblea Constituyente, es la oportunidad única -por vía pacífica y democrática- de cambiar los fundamentos y soportes institucionales del país para avanzar a una democracia participativa y solidaria. Es la hora de todo o nada. Se ponen a prueba las convicciones democráticas. “Chile no va a cambiar mientras las elites no suelten la teta”, afirmó hace años -en un rapto de sinceridad- el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Felipe Lamarca. El viejo conspirador confesó: “Hay que corregir el modelo…Es un sistema que sólo tiene de mercado el nombre, pero todos los poderes están concentrados, el chorreo funciona a goteo” (2).

En este momento histórico si no se conquista todo, no se consigue nada. Es la única oportunidad de retomar el camino de las conquistas sociales y políticas que el zarpazo militar-empresarial interrumpió en 1973.

El cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa convirtió el dilema en canción: “El que no cambia todo, no cambia nada” (3).

 (1) www.elmostrador.cl 6/1/2017.
(2) La Tercera, 9/10/2005.
(3) “Triunfo agrario”.

 

Juntas Hacemos Historia: Asamblea Feminista Plurinacional Convoca a Encuentro Constituyente

Por
Valeria Pinto Arellano
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La Asamblea Feminista Plurinacional inició una convocatoria a todas las organizaciones y activistas feministas para realizar un encuentro preconstitucional los próximos 22 y 23 de enero, a las 18:30 horas, con el fin formar una instancia de debate sobre los contenidos que debiesen estar en la Convención Constitucional.

El encuentro llamado “Pre-Constituyente Feminista Juntas Hacemos Historia” se realizará días después de la inscripción de las candidaturas constituyentes y será de manera remota debido a la situación en la que se encuentra actualmente la pandemia.

Lo que se pretende abarcar durante la actividad, va desde la garantía de derechos fundamentales, el modelo de desarrollo, hasta debatir qué tipo de democracia se va a construir, bajo la premisa de la transversalidad del feminismo y cómo este debe tocar todos los puntos del nuevo Chile. “Sin duda vamos a tener que defender un sistema de garantías de derechos y un sistema judicial con perspectiva de género, pero hay mucho más y eso es lo que queremos co-construir en este encuentro con todas las asistentes”, manifestó, en conversación con Página 19, Valentina Saavedra, miembra de la Asamblea Feminista Plurinacional.

A meses de iniciar el proceso de discusión de la nueva Constitución, la Asamblea pretende reunir a feministas organizadas a lo largo del país, para llevar toda esa diversidad al debate, y demostrar que el feminismo articulado significa un peso importante en la toma de decisiones. “Ya mostramos que articuladas logramos empujar la paridad y que los derechos de mujeres e identidades se pongan sobre la mesa. Ahora apostamos a que la Constitución sea feminista y eso requiere que logremos puntos de acuerdo y nos comprometamos a defenderlos en este proceso”, añadió Saavedra.

Sobre candidaturas y patrocinios

Actualmente, dentro de la Asamblea, participan feministas de diferentes generaciones y espacios sociales, contando tanto con precandidatas constituyentes perteneciente a coaliciones políticas, como con precandidatas que se postularon de manera independiente.

En este sentido, ha existido un revuelo por la poca participación ciudadana en cuanto al patrocinio para validar y permitir la postulación de candidatas y candidatos independientes a la redacción de la nueva Constitución. La situación ha golpeado sobre todo a sectores de centroizquierda que acusan al Gobierno de entregar limitada información al respecto, además de escaso tiempo, teniendo en cuenta que este proceso acaba el 11 de enero.

Saavedra expresó la preocupación por parte de la Asamblea Feminista Constituyente sobre esta dispersión, no obstante, apelando a que esto supone un desafío mucho más profundo que es que “los partidos se abran a los intereses sociales y que reconstruyamos el tejido de la política y la sociedad”.

La Prisión Como “Terapia de Shock” para Manifestantes: el Caso de Felipe Santana

Por
Javiera Caneo Alarcón
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Felipe Santana es uno de los presos políticos de la revuelta social de octubre de 2019. Se mantuvo detenido bajo prisión preventiva alrededor de 11 meses, para luego ser condenado a siete años de presidio. Sin embargo, las pruebas no esclarecen su participación en los hechos que se le imputan, y este parece no ser un caso aislado.

Su condena es un reflejo de la desigualdad en el sistema judicial penal, y una advertencia en tono de amenaza para quienes hagan valer un derecho garantizado en la actual constitución y respaldada por los organismos internacionales de los DD.HH: manifestarse.

Al igual que Felipe, según el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH) fueron 2.500 personas encarceladas durante el período del 16 de octubre cd 2019 hasta el 16 de marzo de 2020. Entre ellos se encuentran menores de edad que están recluidos en una de las instituciones más cuestionadas dentro de la protesta social, el Servicio Nacional de Menores (Sename).

La criminalización de la protesta

En el conversatorio “DDHH y garantías ciudadanas de los presos de la revuelta: el caso de Felipe Santana”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Mónica Hernández, directora del Liceo Forjadores de Alerce en Puerto Montt fue la encargada de relatar la historia y el contexto de vulnerabilidad de Santana.

Un joven de 20 años, con discapacidad cognitiva leve y sin un núcleo familiar presente. El plan de vida que tenía Felipe era un ejemplo de esfuerzo y superación. Participó de un programa de oficios y egresó de un curso de juguetería y mueblería en madera, impartido por el Liceo Forjadores de Alerce, según relató Hernández.

La directora y ex profesora de Felipe, Mónica, mantiene una estrecha relación con él y comenta que tenía planes de terminar su enseñanza media y estudiar ingeniería, pese a su  complejo contexto social. “Es un chico que siempre estaba mentalizado en salir adelante. Era muy admirable, trabajaba y estudiaba para suplir sus necesidades”, señaló Mónica Hernández.

Desde el comienzo de su detención no se sostuvo la presunción de inocencia para Felipe. Se le imputaron los delitos de daños a bienes nacionales de uso público, hurto e incendio de inmueble habitado en grado de desarrollo frustrado, hechos que habrían ocurrido entre el 13 y 22 de noviembre de 2019 en Puerto Montt. Las pruebas que lo inculpan son videos extraídos de redes sociales, en donde en ninguno muestra a Felipe accionando algún tipo de acelerante. La detención de Santana se justificó en base a la coincidencia de su vestimenta.

Cabe destacar que se mantuvo a Felipe 11 meses en prisión preventiva, los cuales no se contemplan en su actual condena.

El 6 de enero del 2020, Felipe Santana escribió uno de sus primeros llamados de auxilio. “Soy uno de los caídos que en estos momentos está siendo torturado, están abusando de mí como quieren. ¡Necesito su ayuda! Están violando mis derechos y no sé qué hacer, me estoy enfermando mucho psicológicamente, les pido que se manifiesten por todos los caídos”.

Por otro lado, su defensor judicial, Fernando Leal, acusa una sentencia injusta hacia Felipe. “Creemos que la sentencia tanto del tribunal oral en lo penal como la declaración de la Corte Suprema que declaró inadmisible el recurso de inhabilidad no cumple con los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Internacionales para este tipo de casos”, sentenció.

El abuso de la prisión preventiva

Fiscales y jueces de garantía han impuesto y solicitado, desde la revuelta social de octubre, más de 25.000 medidas cautelares, entre ellas una zona gris del sistema judicial chileno: las prisiones preventivas. Son 2.180 casos con prisión preventiva decretada y de ellos 280 se encuentran vigentes al 11 de diciembre de 2020.

El sacerdote Felipe Berríos, quien se ha comprometido con los presos políticos de la región de Antofagasta, sostuvo que el caso de Santana tiene similitudes socioeconómicas con al menos 19 jóvenes de la región, quienes participaron de la protesta social y que hoy se encuentran siendo procesados por el poder judicial.

“Son familias sin contactos, sin pitutos, sin conocimiento judicial, porque tampoco tenían antecedentes penales (…) Ha sido un abandono muy grande”, sostuvo el sacerdote jesuita.

Frente al abandono a los presos políticos del 18-O, Fernando Leal añadió que “son muchos los que necesitan defensa adecuada, pero desgraciadamente no hay la cantidad de abogados comprometidos con los derechos humanos (…) Faltan colegas que se comprometan con esto. Muchas veces los chicos con tal de no seguir privados de libertad, y pese a que se saben inocentes, prefieren un acuerdo con fiscalía para poder irse”

Las voces profesionales que se encuentran ligadas a los derechos humanos advierten que las medidas aplicadas se han utilizado para criminalizar y castigar la protesta, pero por sobre todo, para intimidar a quienes se manifiesten en contra del gobierno.

“Desgraciadamente en el contexto de las investigaciones penales que se han dado desde el estallido social, nos hemos encontrado una y otra vez con que muchas veces la policía inventa pruebas o tergiversan los acontecimientos, y resulta que con esas pruebas tienen a chiquillos más de un año privados de libertad.” añadió el abogado, Fernando Leal.

En diciembre del 2020, un grupo de parlamentarios y parlamentarias de oposición presentó el proyecto de ley de indulto general para los presos de la revuelta.

No obstante, el proyecto ha recibido múltiples objeciones desde diversos sectores, además de una respuesta reacia del gobierno, quien se cerró al diálogo y advirtió vetar la iniciativa si avanzaba en los trámites legislativos.

Ante el contexto de discusión política, el Poder Judicial entregó un análisis estadístico respecto al estado de causas penales que se encuentran vinculadas a las manifestaciones sociales que se iniciaron en octubre del 2019. Actualmente, la información oficial señala que serían 26 los imputados que se encuentran en prisión preventiva, con una extensión que indica un mínimo de 91 días y el máximo de 420.

 

Cuando el Narcotráfico se Apoderó de Chile

Por
Benjamín Poza Solís
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Dos fenómenos -que no son  nuevos-, están haciendo temblar al país. El tráfico de cocaína y el uso creciente de armamento de gran poder en manos precisamente de los narcotraficantes. Se suceden en las calles de poblaciones populares los tiroteos, los ajustes de cuenta, y finalmente…los muertos. Muchos de ellos inocentes.

Es lo que pasó en Maipú durante el fin de año. Eran alrededor de las cuatro de la tarde del 22 de diciembre de 2020, y  cientos de personas caminaban en busca de los últimos regalos de Navidad en una feria del centro de Maipú. Ni el calor ni la pandemia fueron impedimentos para que la gente se acercara hasta el lugar, al igual que cada víspera de Noche Buena. Todo era aparentemente normal, hasta que de pronto, un auto blanco se detuvo en la intersección de Avenida Pajaritos con 5 de abril y desde su interior un sujeto disparó más de diez veces.

El ataque, acontecido a plena luz del día, generó pánico entre comerciantes y transeúntes. Algunos corrieron desesperados, mientras que otros se lanzaron al suelo. Sin embargo, cinco personas fueron alcanzadas por las balas: una mujer de 59 años falleció y otros cuatro sujetos resultaron heridos, incluido el blanco del ataque.

Ocho días antes, una noticia ocurrida en el Puerto de San Antonio había remecido la agenda policial del país: el decomiso de 3,5 toneladas de marihuana por parte de la PDI. La sustancia ilícita fue encontrada en tres barcos procedentes de Puerto de Manzanillos, una localidad costera de México.

El Director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, señaló en aquella oportunidad a la prensa que la “Operación Azteca”, como se denominó, había comenzado en el año 2019, cuando el órgano de control aduanero y la PDI empezaron a trabajar en la determinación de patrones comunes de algunos cargamentos considerados riesgosos.

Los sucesos descritos anteriormente retratan dos características que han marcado al narcotráfico en Chile durante los últimos años: el poder de fuego de las bandas y el aumento del ingreso de drogas a través del mar. Ambos aspectos, hace diez años no parecían estar tan presentes en el mundo del tráfico de estupefacientes. Antes, la vía más usada por bandas de traficantes era por tierra, en cambio actualmente, las costas nacionales son cada vez más utilizadas para la entrada y salida de drogas. Según cifras de la Armada, durante 2020 se incautaron 4,3 toneladas. Mientras que la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que Chile, a partir de 2019,ocupa el tercer lugar de importancia en los envíos de cocaína a Europa.

Vinculado con ello está otro dato preocupante: el alza de asesinatos ocurridos durante el año pasado. Según un informe del OS9 de Carabineros, los homicidios aumentaron un 34% en comparación a 2019, a pesar del confinamiento.  El coronel de Carabineros y jefe del OS9, Juan Francisco González, declaró a Radio Bio Bio que “hay mayor frecuencia en el uso de armas de fuego, e incluso la cantidad de disparos es mucho mayor, es un armamento más sofisticado y con mayor capacidad de fuego”.

Ya es común conocer informaciones de enfrentamientos entre bandas rivales por dominios de “territorios”, o despedidas con fuegos artificiales o disparos al aire para despedir a algún narcotraficante muerto en un ajuste de cuentas. De hecho y según denuncias ante fiscalía, las balas perdidas de los últimos días incluso han llegado hasta el barrio El Llano, el que se encuentra a tres kilómetros de La Legua

Ya llegaron a Chile

La incautación de droga ocurrida en San Antonio no es algo nuevo. Desde hace un par de años, los puertos nacionales han ido ganando protagonismo como medio de ingreso y salida de estupefacientes. Pero en el caso de la “Operación Azteca”, lo que ha impactado y  generado especulaciones es la procedencia de los barcos allanados, ya que el Puerto de Manzanillos es utilizado, frecuentemente, por el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México. Y uno de los más criminales. Esta agrupación narco, en 2010 se independizó del Cártel de Sinaloa y ha tenido una rápida expansión internacional. Hay registros de su presencia en Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. Y ahora sus tentáculos ya llegaron a Chile.

La socióloga experta en temas de seguridad y académica de la USACH, Lucía Dammert, considera necesario esperar que finalice la investigación para ratificar o descartar la presencia de esta poderosa organización internacional de narcotráfico. “Manzanillos es un puerto que el “Nuevo Cartel de Juárez” usa de entrada y no de salida, esta es una asociación que está concentrada en drogas químicas también conocidas como drogas de diseño y no marihuana. Además, su principal mercado es EEUU, es muy extraño que hayan mandado algo a Chile para luego enviarlo de vuelta a Norteamérica”, agrega.

Según el Informe de 2020 del Observatorio del Narcotráfico de Chile, elaborado por la Fiscalía Nacional, “Chile se sitúa en una condición de privilegio para los fines del narcotráfico, considerando su cercanía a las zonas de producción, la creciente demanda mundial, la política nacional de mercados abiertos y el masivo uso de las vías marítimas para los efectos del intercambio comercial”. El estudio también da cuenta que la ruta marítima más utilizada para traficar marihuana “creepy” es Colombia-Ecuador-Perú-Chile. El decomiso de esta sustancia  ha aumentado un 700% durante los últimos tres años, detalla el informe. En el mismo periodo, la marihuana prensada proveniente de la ruta Paraguay-Argentina / Bolivia-Chile, ha caído un 900%.

Lucía Dammert afirma que evidentemente existen vínculos comerciales entre traficantes nacionales y extranjeros. “Que existan estas conexiones no significa que tengamos una franquicia del Cartel de Juárez”. El documento del Ministerio Público mencionado anteriormente, afirma que, según datos de UNODC, Chile desde el año 2017 es el tercer país que más envía cocaína a Europa,  por detrás de Brasil y Colombia, posición que ha mantenido hasta la actualidad.

Otro destino importante de la droga que sale desde el país es Oceanía. Según la UNODC, en 2017 Chile era el tercer país que más enviaba cocaína vía marítima hasta aquel continente, pero que desde 2018 pasó a ocupar el segundo lugar.

Lucía Dammert señala que se ha puesto mucho énfasis en las fronteras terrestres, sin embargo, gran parte del comercio legal e ilegal se está concentrando en el mar. “Tenemos que hacer ajustes en las políticas públicas, aumentar la capacidad de fiscalización y reconocer las necesidades de mayor control civil”.

Poder de fuego de narco

El tiroteo ocurrido en la feria navideña de Maipú es uno de las tantas que marcaron el año. En el mes de mayo, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, denunció el abandono de parte de las policías y la autoridad política, luego de intensos enfrentamientos armados que se dieron durante dos semanas en la población La Legua. “En años que no se veían balaceras de esa intensidad y hay, claramente, armamento de grueso calibre”, afirmó el edil en esa oportunidad a Radio ADN.

Las balas perdidas son ya parte del paisaje en  los sectores más carenciados del país. El alcance de los proyectiles demuestra la peligrosidad y el alto calibre del armamento utilizado por las bandas traficantes locales. Y su uso ha dejado una estela de muertos inocentes, niños, hombres y mujeres que conviven a diario con las balaceras en territorios dominados por los narcos.

A juicio de Lucía Dammert, lo que estamos viendo es el fortalecimiento de las organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas. “Son esos los grupos que tienen vocación de control territorial, esto les sirve para proteger su mercancía, que es la droga. El poder de fuego inicialmente era para demostrar fuerza ante la policía, la ciudadanía y bandas rivales.  Las armas, mayoritariamente, se utilizaban para amedrentar con tiros al aire o cosas así,  pero hoy eso ha cambiado. Actualmente existen más homicidios en el marco de enfrentamientos entre criminales, y lo que pasó en Maipú está dentro de ese fenómeno de cambio, ya que se atreven, incluso, a disparar en espacios públicos”, afirma la experta.

El Informe de 2020 del Observatorio del Narcotráfico de Chile, da cuenta de un alza en la cantidad de imputados por drogas, con al menos una imputación por armas en el mismo periodo, en comparación a lo que ocurría hace nueve años atrás. En 2010, 3.500 personas fueron acusadas, mientras que en 2019 la cifra fue de 3.951.

La incautación de armas también creció durante 2020. Según cifras de Carabineros, durante el año pasado se incautaron 2.600, mientras que en 2019 se requisaron 2.278 armas de fuego.

“Hay un mercado gigante de armas y se obtienen, generalmente, de tres formas: a través de robos a personas que las tienen legalmente, por medio de armerías que las ingresan de forma lícita, pero que posteriormente las venden a bandas delictuales y la tercera  es la entrada de armas desde el extranjero que luego llegan a manos de grupos narcos. También en ocasiones los envíos de drogas vienen asociado a las armas que forman parte del mismo envío. Se necesita mucha más información, las bases de datos son muy débiles y no se cuenta con la capacidad para restringir ese mercado”, asegura Lucía Dammert.

Consultada la experta sobre la denuncia realizada por  el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en una ceremonia privada de la institución castrense en 2018, sobre la venta de armas de miembros del Ejército al crimen organizado, la experta cree que este es un caso de corrupción grave, que además, carcome la moral institucional. “Necesitamos tener control civil sobre las armas de policías y militares, ponerlas en una sola base de datos y que esa herramienta sea supervisada por una organización civil”, añade.

Cómo enfrentar el conflicto

Luis Toledo, Director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas y Estupefacientes de la Fiscalía de Chile, señala que “ lo que estamos haciendo después de 5 años de arduo trabajo en conjunto con policías, instituciones de las Fuerzas Armadas, organismos de control de fronteras, de los Tribunales de Justicia y del Gobierno central, es proveer al sistema de persecución penal en su conjunto, de elementos de predictibilidad sobre los comportamientos delictivos asociados al tráfico de drogas y los crímenes relacionados”.

Sin embargo, Lucía Dammert cree que estos esfuerzos son necesarios, pero insuficientes. “La policía sigue poniendo énfasis en la venta callejera, pero la única forma de terminar con el negocio es buscar el dinero que este mercado genera. En general, durante los últimos treinta años las investigaciones se han concentrado en el vendedor final y eso no ha dado resultados. Las policías tienen la inversión pública y estructura necesaria, es cuestión de comparar el presupuesto policial con el resto de los países de Latinoamérica, pero deben cambiar el paradigma con el cual enfrentan el conflicto”.

La socióloga también considera necesario que las políticas públicas de prevención y tratamiento del consumo tengan un rol más relevante para el Estado. “Mientras los traficantes sigan encontrando un mercado activo para ofrecer su producto, se multiplicarán este de organizaciones criminales y  seguirán aumentando su poder”, acota.

Estudio sobre Impacto de Covid-19 en Servicios de Salud para Mujeres, Niñez y Adolescencia Pronto Verá Resultados Finales

Por
Valeria Pinto Arellano
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El Proyecto ISLAC, sobre el Impacto del Covid-19 en América Latina y el Caribe en servicios de salud para mujeres, niñas, niños y adolescentes, tras meses de análisis, exhaustiva investigación y luego de entregar un primer avance con resultados preliminares, se encuentra pronto a arrojar sus aseveraciones finales sobre las necesidades y carencias presentes en este ámbito, para que expertos realicen las correspondientes acciones de reparación en cada territorio.

De acuerdo con los resultados preliminares presentados en septiembre de 2020 y al análisis de un cuestionario realizado a funcionarias y funcionarios públicos no gubernamentales del sector sanitario, un 40% manifestó que la prioridad es garantizar el acceso a prestaciones de salud. Este análisis incluyó 795 respuestas de 21 países de América Latina y el Caribe, donde la mayoría de las encuestadas fueron mujeres. Además, Chile y Ecuador fueron las naciones que albergaron la mayor parte de la población consultada.

En este sentido, se demostró también, en base al mismo cuestionario y entrevistas, una disminución en término de cobertura de prestaciones de salud que históricamente la región estaba mejorando, como las vacunas, atenciones pre y postnatales debido a las limitaciones en el equipamiento médico y en recursos humanos en salud, además del latente miedo de la población a acudir a establecimientos de salud.

Sin embargo, de igual manera se incorporaron nuevos protocolos de atención, por ejemplo, para el embarazo, donde se implementó la telemedicina para aquellos sin complicaciones y además para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. “Se dio una innovación en términos de adaptación frente a este nuevo desafío y de responder frente a una pandemia”, señaló Claudio Castillo, director del proyecto.

Inicios de la Investigación

El Estudio inició casi inmediatamente después de la llegada de la pandemia a Latinoamérica y el Caribe con el objetivo de realizar una investigación operativa, cuantitativa y cualitativa en tiempo real sobre la pandemia del Covid-19 en 25 países de la región, incluyendo Chile. En este sentido, se tomó como eje central el cómo impactó el Coronavirus en los servicios de salud para la mujer, niñez y adolescencia.

Los países incluidos en este proyecto son Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

La invisibilización de las prestaciones de salud a estos sectores, debido a que son considerados como grupos de menor riesgo frente al Coronavirus, fue justamente una de las razones por las que se realizó el proyecto, sumándole además que, a diferencia de desastres devastadores anteriores, el rumbo de esta pandemia es completamente desconocido por lo que existe incertidumbre sobre el restablecimiento del correcto funcionamiento de estos servicios.

El proyecto fue impulsado por el Programa Centro de Salud Pública de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y el Grupo Colaborador para la Equidad en Salud en América Latina de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, además de contar con la colaboración del Movimiento Todas las Mujeres, Todos los niños (Every Woman and Child) y la Fundación Bernard Van Leer.

Cámara de Diputados Rechaza Proyecto que Pretendía Crear Asignatura de DDHH

Por
Benjamín Poza Solís
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El proyecto de ley que buscaba incluir la asignatura de Derechos Humanos en el currículo escolar de enseñanza básica y media de los colegios reconocidos por el Estado fue aprobado por 76 votos a favor, 48 en contra y 18 abstenciones. Sin embargo, la iniciativa fracasó debido a falta de quorum. Para su aprobación se necesitaban 89 votos a favor, por lo que le faltaron 23 votos.

No obstante, en la Comisión de DDHH se acordó que el contenido se incluiría en la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana.

La Diputada Emilia Nuyado (PS), quien preside la Comisión de DDHH, señaló que «hoy lamentablemente estamos en un período donde se están viviendo situaciones parecidas a lo que se vivió en dictadura con detenciones arbitrarias, mutilados en protestas sociales. Lo que buscamos es que el respeto a los derechos humanos se internalice desde la enseñanza básica y media, para tener adultos defensores de la diversidad y la diferencia»

Por su parte, el Diputado Juan Santana (PS), presidente de la Comisión de Educación, afirmó que «la memoria histórica es urgente, porque concientiza a las nuevas generaciones en materia de derechos humanos. Nuestra convicción es que la educación cambia a las personas y justamente crea conciencia para no repetir los mismos errores del pasado, para nosotros es urgente que este proyecto sea ley para tener una democracia sana».

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