Justo un año después de que se diera a conocer por parte del Consejo de Defensa del Estado quiénes eran los involucrados en un caso grave de corrupción investigado por la Fiscalía de Atacama, uno de ellos, el actual diputado Jaime Mulet, anunció el 20 de septiembre este año, que bajaba su candidatura a la reelección.

El parlamentario será formalizado por cohecho pasivo luego que el fiscal de Copiapó, Luis Miranda Flores, solicitara la acción al Tribunal de Garantía de la ciudad. Demasiado dinero -7 millones de dólares- a cambio de que el alcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, desistiera de un juicio ambiental que perjudicaba a la minera de capitales canadienses, Candelaria. La oferta por el desistimiento  -confesó el edil- fue entre 400 y 600 millones de pesos. ¿Quién habría ofertado? Jaime Mulet los 400. Otro abogado, también protagonista de esta historia, los 600.

¿Por qué esta confesión de Delgado? Porque con ella buscaba obtener la libertad provisional. Se encontraba formalizado, suspendido de sus funciones y en prisión preventiva por fraude al fisco en otro caso de corrupción ocurrido en la comuna. Según el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, el alcalde perpetró el delito de fraude al fisco al utilizar fondos públicos en diversos viajes privados. Osvaldo Delgado es investigado desde 2016 tras un informe de Contraloría a raíz de la creación de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta), cuyo directorio estaba encabezado por el alcalde, además de otros dos funcionarios municipales e imputados en estos hechos. Fue suspendido de su cargo en 2018.

La palabra de la Contraloría

El tema, que se investiga desde hace varios años, no sólo involucra a Mulet, sino también a dos reconocidos abogados capitalinos, Hernán Bosselin y Ramón Briones. En una investigación periodística realizada por radio Biobío se señala que estos tres personajes se habrían puesto de acuerdo para obtener 7 millones de dólares de la minera a través de la Ley de Donaciones en beneficio de la comuna de Tierra Amarilla, siempre y cuando el municipio se desistiera de una demanda por daño ambiental presentada el 2015 contra la minera. Se aliaron entonces con el alcalde Delgado y junto al abogado de la minera, Miguel Troncoso, cantaron victoria.

Duró relativamente poco la euforia. El año 2017 la Contraloría detectó que algo olía mal en Dinamarca. En sus investigaciones, la Contraloría descubrió una jugada aparentemente legal que permitió que los abogados en cuestión se quedaran con 4 millones de dólares, como pago de honorarios.

¿Cómo ocurrió aquello? El dictamen 033944N17 del 15 de septiembre del año 2017 y firmado por el Contralor Jorge Bermúdez da algunas luces. Ocurrió que se le solicitó un pronunciamiento acerca de “las facultades del señor alcalde de Tierra Amarilla para celebrar un acuerdo con la Compañía Contractual Minera Candelaria destinado a poner término al juicio por daño ambiental iniciado en 2013 ante el Tribunal Ambiental”.

 Se le informó que dicha causa había terminado “por falta de notificación de la demanda” y que ni el Tribunal Ambiental ni la Subsecretaría de Medio Ambiente tenían conocimiento de una transacción entre la Minera Candelaria y el Municipio.

Al ser consultada la corporación edilicia reconoció el acuerdo con la Compañía Contractual Minera Candelaria y con la Compañía Contractual Minera Ojos del Salado, y que “a través del aludido convenio, dichas empresas se obligaron a pagar la suma que indica, destinada, una parte, a cubrir los honorarios de los abogados contratados por el municipio para la defensa de sus intereses, y la otra, a incrementar el patrimonio municipal”. Y que, por lo tanto, se desistieron de las acciones judiciales interpuestas.

La Contraloría verificó que efectivamente en diciembre del 2013 el municipio presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental una demanda de reparación de daños ambientales contra la minera en cuestión. Comprobó que dicha demanda no fue notificada “teniéndose por no presentada con fecha 31 de marzo del 2014”.

En el convenio suscrito, consta que las aludidas empresas “se obligaron a pagar la suma de siete millones de dólares, acordándose que, de ellos, cuatro millones de dólares se destinarían a cubrir los honorarios de los abogados contratados por el municipio para la defensa de sus intereses, y sólo la cantidad restante ingresaría al patrimonio municipal. Por su parte, la entidad edilicia se comprometió a no perseverar en la demanda interpuesta, declarando y reconociendo la inexistencia del daño ambiental provocado, o al menos, la falta de participación de tales compañías en el mismo”.

La Contraloría señala que en el contrato “no se estipuló ninguna medida destinada a reparar el daño ambiental causado”, limitándose las entidades mineras únicamente a entregar una cantidad determinada de dinero, “de la cual, incluso, más de la mitad fue destinada al pago de honorarios profesionales -a pesar de que la demanda no fue notificada-, y el resto ni siquiera se estableció que debía emplearse para el cumplimiento de las funciones municipales de protección del medio ambiente”.

Y concluyó que “ello no se ajusta a derecho”, y “no se da cumplimiento a la función propia de la entidad edilicia de proteger el medio ambiente”.  Añade que lo anterior cobra mayor relevancia aún, “si se considera que en el acuerdo que se analiza, el municipio de que se trata también renunció al ejercicio de cualquier pretensión encaminada a la impugnación de la resolución exenta N° 133, de 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la III Región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto “Candelaria 2030-Continuidad Operacional”, lo que tampoco resulta procedente”.

Afirma que con el convenio suscrito “no se ha logrado el objetivo de preservar la naturaleza a través de medidas concretas de reparación del daño ambiental causado, sino que solo se ha obtenido un incremento del patrimonio municipal y el pago de los honorarios profesionales de abogados”, advirtiendo de paso que la Municipalidad debía regularizar la situación en un plazo de 30 días. “Se remiten los antecedentes respectivos al Consejo de Defensa del Estado, para los fines pertinentes, y a la Fiscalía de esta Entidad de Control, para efectos de iniciar un procedimiento disciplinario en el aludido municipio en el que se determine la existencia de eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios en los anotados hechos.

Un poco de historia

El alcalde Delgado, al ser interrogado por la Fiscalía instaló una bomba de tiempo de acción retardada. Le confesó al Fiscal Luis Miranda que Jaime Mulet le había ofrecido 400 millones de pesos, si se desistía de la demanda y levantaba una medida precautoria presentada en un juzgado civil capitalino para que finalmente los abogados Bosselin y Briones recibieran 4 millones de dólares en pago por sus servicios profesionales. El punto es que Contraloría señala que tales servicios no se realizaron. No hubo proceso a raíz del desistimiento.

La suma, detalló Delgado según el reportaje de Biobío, le fue ofrecida en octubre de 2016 por Mulet para que levantara una medida precautoria presentada en un juzgado civil de Santiago sobre 4 millones de dólares que deberían recibir como honorarios los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, a raíz de un acuerdo con la minera Candelaria, que permitió evitar un juicio ambiental.

Haciendo un poco de historia, efectivamente, por sugerencia de Mulet, la municipalidad de Tierra Amarilla contrató a Bosselin y Briones para defender la comuna de daños ambientales en que había incurrido la minera. De hecho, el objetivo propuesto era que se compensara económicamente a la comunidad de Tierra Amarilla, se señala en un escrito del Consejo de Defensa del Estado.

Sin embargo -y de acuerdo al dictamen de la Contraloría- los 7 millones de dólares pagados por Candelaria no sirvieron a ese objetivo de preservación del medio ambiente, sino para incrementar el patrimonio municipal y de los abogados Bosselin y Briones.

¿Cómo se llegó a esta situación? El Consejo de Defensa del Estado fue lapidario: “se buscaba lisa y llanamente obtener dinero a costa del daño ambiental”. Y explica el complicado tema de esta manera: “así́ las cosas, y advirtiendo la necesidad imperiosa que tenia CCM Candelaria de obtener la aprobación ambiental de su proyecto sobre continuidad operacional –que permitiría la continuación de las actividades de explotación minera en la zona hasta el año 2030, pues la Resolución de Calificación Ambiental vigente solo tenia duración hasta el 2015-, los querellados divisaron una oportunidad de negocio que permitiría obtener dinero de parte de La Minera, tanto para los asesores externos y el propio Alcalde, como para el municipio, utilizando para ello indebidamente la función publica”.

En julio de 2015 la Comisión de Estudio Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Candelaria, por lo que el camino para una negociación ya no tenía impedimento alguno. Y entonces,  el 3 de septiembre de 2015 con la conformidad del Concejo Municipal de Tierra Amarilla, se firmó el millonario acuerdo. El municipio recibiría 7 millones de dólares, pese a que no había demanda alguna en contra de Candelaria. Hubo dos vales vista que debían ser cobrados por Bosselin y Briones, pero con una condición: la autorización para que la cuprífera pudiera funcionar hasta 2030, debía ser confirmada por el comité de ministros. Y así ocurrió en septiembre del 2016. Los abogados ya podían retirar sus increíbles honorarios.

Pero, varios concejales de la municipalidad se opusieron a tales honorarios, aduciendo que nunca habían tenido conocimiento del tema. El alcalde Osvaldo Delgado entonces interpuso una medida prejudicial, lo que impedía a los abogados retirar los cuatro millones de dólares.

El entonces alcalde viajó a Santiago para recuperar el dinero y según confesó a la Fiscalía, sostuvo una reunión con Mulet, en las oficinas de Bosselin y Briones, ubicadas en Sótero del Río. En su testimonio, Delgado señala que, en un momento, Mulet “me llevó a un rincón y me ofreció (…) 400 millones de pesos para que retirara la acción judicial para retener el pago. Después, en la misma reunión, Bosselin, un viejito parecido a Stephen Hawking me ofreció 600 millones”. Y agregó: “Todo este acuerdo lo manejaron Mulet (…) con Briones y Bosselin. Ahora estoy convencido que todos ellos (…) se coludieron para obtener dinero de la minera a cualquier costo (…) Es injusto que los abogados de la municipalidad obtengan más que su cliente (…) eso demuestra que ellos protegieron sus intereses antes que los de la Municipalidad de Tierra Amarilla y me utilizaron para lograrlo. Yo no recibí un solo peso por ese acuerdo”.

El 17 de enero de 2017, Bosselin y Briones cobraron sus honorarios. Y hoy, ambos enfrentan al Consejo de Defensa del Estado, que en su presentación señala:  “Los querellados efectuaron diversas conductas destinadas a forzar una negociación con la minera, y ésta, a sabiendas del daño ambiental ocasionado y que las acciones ejercidas por el municipio podrían obstaculizar su proyecto de continuidad de explotación minera hasta 2030, negociaron una “transacción” que significó el pago indebido de dinero al municipio (…)”.

La explicación de Mulet

“Soy totalmente inocente en esta investigación que ya lleva más de 5 años y se refiere a hechos de una época donde yo no tenía cargo público alguno. Tampoco involucra que yo haya recibido dineros. Sólo que la investigación pasa de desformalizada a una formalizada”, señaló Mulet

El mundo político esperaba, no sin impaciencia, el fin de las Fiestas Patrias. Es que ahora sí la carrera electoral, presidencial y parlamentaria, acelerará su marcha que no terminará hasta el 21 de noviembre. Son varios los hechos políticos que se cruzan e influencian los procesos en curso.

Para comenzar, y no es poco importante, está la definición de los parlamentarios sobre el cuarto retiro del 10 por ciento en estos días. Cual más cual menos de los presidenciables probará si su liderazgo es respetado por los partidos que los apoyan: Sichel se opone rotundamente, incluso con amenazas a quienes lo aprueben; Boric votaría a favor siempre y cuando se pague impuestos por el retiro; y Yasna Provoste, aún no se pronuncia claramente.

No sólo el tema del diez por ciento ha puesto en jaque a Gabriel Boric. Aunque en principio no todos en sus socios de pacto estaban de acuerdo en la fórmula que él propone, finalmente el PC le dio un respiro a su candidato al ceder en su negativa inicial y acordar finalmente el ingreso de una indicación conjunta para que el cuarto retiro tribute para quienes tengan rentas sobre $2,6 millones.

Sin duda, se trata de un tema que esta semana acaparará la atención de la ciudadanía. Tal vez quien graficó la situación con un punto de vista poco mencionado fue un parlamentario de la derecha, Manuel José Ossandón.  Colgó un video de advertencia en sus redes sociales, explicando que “yo lo que he dicho es que es muy difícil votar por el cuarto retiro, porque claro que puede tener efectos nocivos para la economía. Hay una campaña del terror de algunos grupos técnicos sobre el cuarto retiro”. Sin embargo, añadió que “el tema es que hoy se habla mucho de los efectos negativos de votar a favor, pero no se habla casi nada de que votar en contra también tiene implicancias”. “Hay buenos argumentos para votar en contra, como la crisis inflacionaria que se podría dar, pero también el votar a favor podría evitar que se desate una explosión social”. Es lo que muchos dirigentes políticos comentan en voz baja, mencionando el qué ocurriría cuando se terminen las ayudas que está entregando el Estado, que, de alguna manera, a quienes sí han logrado un trabajo, les ha servido no sólo para pagar deudas, sino para enfrentar una inflación que hace difícil comer.

Como si fuera poco, y olvidando su descrédito, la Iglesia decidió pronunciarse políticamente, dándole un apoyo directo a lo más conservador de la derecha. Fue durante el Te Deum pasado. El arzobispo de Santiago, Celestino Aós, se permitió abordar temas extremadamente sensibles para chilenos y chilenas. Dio gracias por todos aquellos que buscan «respetar y proteger los valores no negociables», como el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural; la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer y la libertad de los padres de elegir el modelo de educación de sus hijos, entre otros temas.

Otro tema que tensiona

Luego está la votación del quorum de los dos tercios para el reglamento en la Convención Constitucional, un tema que pocos entienden pero que deja al desnudo las divisiones en los conglomerados políticos. Además, se inicia oficialmente la campaña electoral y el miércoles se verán las caras los candidatos a la Presidencia durante un foro televisado. El cómo se enfrenten cada uno de los candidatos, sus diferencias, sus propuestas de futuro,  puede mover la aguja de las simpatías por uno u otro, particularmente de quienes sí tienen posibilidades reales de llegar a segunda vuelta.

Otro tema que tensiona las relaciones entre el PC y el Frente Amplio es el de los dos tercios en la Convención Constitucional. Para el PC se trata de la modificación del quórum de 2/3 para aprobar normas constitucionales, estipulado en el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, suscrito justamente por su candidato Boric, y que, por razones obvias, tanto él como los partidos del Frente Amplio se oponen. Por eso es por lo que los convencionales del PC, además de Pueblo Constituyente, movimientos sociales, y los escaños reservados, presentaron una indicación para bajar el quórum de 2/3 a 3/5.  De esta manera el PC y sus compañeros en la CC buscan dar vuelta algunos votos de la centro izquierda y conseguir la mayoría absoluta para aprobarlo. En el FA, el PS e independientes No Neutrales, han defendido el quorum establecido en el acuerdo del 15 de noviembre. El diputado Miguel Crispi (RD), no se explica la posición del PC en este tema: “De verdad, no entiendo ¿cuál es el sentido de seguir presionando en un asunto que la misma ciudadanía, mediante su voto, superó el problema, construyendo una mayoría en la Convención que sobrepasa los 2/3?”.

Pero, como ha ocurrido con todos los problemas que ha enfrentado la CC, la solución llegó. De manera intrincada, compleja, inentendible a veces, pero solución al fin.  El convencional Patricio Fernández logró explicarla en una columna: “Para el PC, ex miembros de la Lista del Pueblo y representantes de los movimientos sociales, esto equivale a sucumbir a las lógicas autoritarias de Jaime Guzmán, pero en realidad abundan las constituciones que lo exigen para ser corregidas, entre ellas la venezolana (1999), la boliviana (2009), la ecuatoriana (2008) y la cubana (2019), todas acordadas bajo regímenes de izquierda. ¡Hasta el Papa es elegido por dos tercios! Otra cosa es que este quórum limite las posibilidades de plebiscitos y se aplique a la reforma y creación de Leyes Orgánicas, y al control preventivo de esas leyes por parte del TC, todo lo cual constituye un cerrojo autoritario cuidadosamente urdido por la Constitución pinochetista que estamos desechando y del que esperamos esté libre la nueva Constitución”.

Más adelante Fernández cuenta que “de pronto comenzó a circular entre los FA, Los INN, los del Colectivo Socialista y los «boutique» -como Felipe Harboe bautizó a los del Apruebo-, la idea de que aprobando por mayoría absoluta los reglamentos en general, sin votar el quorum de cada norma, automáticamente se aceptaban los 2/3 establecidos en el articulo 94 para ratificar cada una de las leyes de la nueva constitución”.

Afirma que “nadie era capaz de reunir los 2/3 ni para mantener esta regla ni para cambiarla y, en estricto rigor, el asunto ya estaba zanjado por la reforma constitucional que nos dio origen y que en su artículo 133 señala: “La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio”. A continuación, agrega que “no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”. No obstante, un sector de los convencionales insistía que no había por qué postrarse ante acuerdos parlamentarios de la vieja república, despreciada por la revuelta social”.

Cuenta que Carlos Peña, en el diario El Austral de Osorno, sintetizó con precisión el efecto político de la maniobra: “Permitirá sostener que es la voluntad de la Convención la que, de manera autónoma, decidió establecer un quorum supra mayoritario y no el Acuerdo del 15 de noviembre o la Constitución del 80. De esa forma todos los sectores quedarán satisfechos: la derecha y la centro izquierda porque el quorum de 2/3 se mantendrá; el Partido Comunista porque podrá sostener que la Convención se liberó del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”.

El constituyente del PPD Felipe Harboe respaldó la propuesta del cuórum de mayoría simple como forma de avanzar en las reglas del juego que los regirán. Sí criticó al PC por no reconocer la regla de los 2/3 establecida en el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019 y que dio origen a este proceso constitucional. «Nosotros, yo por lo menos, pertenecemos a un grupo y así lo hemos planteado en el Colectivo del Apruebo, que creemos que la Constitución tiene que ser una Constitución transformadora, pero siempre respetuosa de los límites. Porque no es lógico, como planteó por ahí, por ejemplo, el exministro Barraza que decía yo no reconozco las reglas de los 2/3 porque fue originada en un acuerdo entre partidos políticos”.

«Y yo digo, bueno, pero es bien raro que un constituyente reconozca las reglas de ese mismo acuerdo para cobrar el sueldo, pero no reconozca las reglas que establecen límites. Porque las constituciones también, junto con organizar las sociedades, constituyen límites al poder para evitar abusos». El exsenador justificó la decisión de establecer la mayoría simple para la aprobación de normas, porque eso permite avanzar en la conformación del Reglamento y lograr acuerdos entre los integrantes de la Convención, dándole, además, viabilidad al trabajo del órgano.

¡Partieron!

Así las cosas y con una iglesia opinante, comienza la propaganda electoral, las giras y probablemente debates y discusiones que podrían ser ásperas entre los contendores. Y todo esto aderezado con los esfuerzos del gobierno -inútiles hasta ahora- de tener un mínimo protagonismo, para no terminar tan a mal traer.

Otro aderezo es el resultado de la encuesta CEP, la única que se realiza con consultas cara a cara. Y si bien confirma lo que otras han señalado, con un Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) que marcó un 13% de preferencias, seguido por el abanderado presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel con un 11% y la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste con un 6%, lo más impactante es el nivel de abstencionismo que podrían tener este proceso. Concretamente, un 50 por ciento de los chilenos no dan a conocer su preferencia y se les califica de indecisos.

La mayoría de los cientistas políticos que se dedican a interpretar estas mediciones, aseguran que la carrera presidencial está absolutamente abierta. Concuerdan que hasta el 21 de noviembre “pueden pasar muchas cosas y en política, dos meses es una eternidad”. Y que es muy difícil hoy predecir el comportamiento del electorado. Marcos Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central dijo que «es muy difícil hacer proyecciones porque estamos hablando de encuestas que no son electorales. Esta no es una encuesta electoral porque no calcula el votante probable». Añadió que «lo que estamos viendo aquí son dos cuestiones: por un lado, otra vez el fantasma de la abstención. Podríamos tener una elección presidencial y parlamentaria con una baja participación, y por lo tanto aparece el problema estructural de la democracia chilena que es el abstencionismo». Y, si bien es cierto “los resultados dan ocupando las primeras posiciones a Gabriel Boric y a Sebastián Sichel, todo nos muestra que esta es una elección abierta»,