El pasado 3 de junio de 2021 -un día después de la fecha conmemorativa más importante para las trabajadoras sexuales en todo el mundo-, fue bloqueada nuestra cuenta de Instagram: @redtrasex, medida que apelamos inmediatamente siguiendo los pasos de recuperación y reclamo ofrecidos por la red social para solicitar la revisión de su arbitraria decisión. Lejos de tener una respuesta o notificación Instagram procedió a eliminar la cuenta. En la REDTRASEX no obtuvimos respuesta alguna a la enorme cantidad de reportes realizados al respecto.

Esta situación la venimos advirtiendo: a nuestras compañeras de Chile y México las han censurado en los últimos años en redes sociales. Motivos por los cuales el 11 de febrero de 2021 nos presentamos a la convocatoria para participar en la audiencia de oficio sobre moderación de contenidos en internet y libertad de expresión en las Américas ante la CIDH, la cual no fue tenida en cuenta a pesar de que la sociedad entera y las personas que ejercemos el trabajo sexual, asistimos a una fuerte embestida de discursos de odio y estigmatización que buscan socavar nuestras identidades y autodeterminación.

Somos una organización política con una amplia trayectoria de más de 23 años en Latinoamérica y el Caribe, con presencia en 15 países de la región, por y para trabajadoras sexuales, defendemos nuestros DDHH y contamos con 4 sindicatos legalmente reconocidos por los Estados de Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú, durante toda nuestra historia hemos participado de importantes espacios de reunión en la región y reconocemos en este gesto de censura una más y gravísima violación a nuestros derechos.

A la REDTRASEX no la silencian, nunca lo han hecho y nunca lo harán, sin embargo, cuando tratan de hacerlo perjudican a una enorme cantidad de nuestras compañeras en toda Latinoamérica y el Caribe que siguen estando en la intemperie y trabajan en la clandestinidad, siendo víctimas de los sistemáticos atropellos de la policía y de un sector de la sociedad. Sobre todo en un contexto de post cuarentenas en la región, en el que reconocemos en las redes sociales una útil herramienta para ampliar el radio de ayudas a muchas compañeras trabajadoras sexuales olvidadas y negadas por los gobiernos de sus países, por lo cual, censurar nuestra divulgación no sólo desconoce la jurisprudencia interamericana que ha explicado que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, sino que también, desconoce los llamados de la CIDH, Amnistía Internacional y ONUSIDA, en los que señalan la especial atención de nuestros derechos en contexto de crisis, causando así graves perjuicios a las personas trabajadoras sexuales de la región y a las personas del equipo técnico que trabajan en el área, ya que se han hecho extensivos los bloqueos a sus cuentas personales.

Seguimos repitiendo y lo haremos cuantas veces haga falta: es hora de dejar de confundir y de criminalizar el trabajo sexual, en América Latina y el Caribe ejercer el trabajo sexual no es un delito, censurar y atropellar la libertad de expresión sí lo es.

Nuestro movimiento nació en las calles de Latinoamérica hace décadas, sin tecnología, ni redes sociales, sin internet y sin teléfonos celulares; siempre nos ha conectado la firme convicción del reconocimiento de nuestros derechos, nos organizamos hablando entre nosotras, detenidas ilegalmente y defendiéndonos de la policía, policía que ahora también se deja ver detrás de las pantallas y denunciando con un dedo a mujeres autónomas que con nuestro trabajo incomodamos a algunxs en su moral.

Hacemos un llamado a todas las instancias, organizaciones y personas que reconocen la importancia de la defensa de los DDHH a que nos acompañen en este reclamo. No pararemos de denunciar esta arbitrariedad que afecta a miles de mujeres en la región. Estamos avanzando en las acciones y denuncias pertinentes, exigimos que sean respondidas nuestras preguntas y que Facebook e Instagram nos den una respuesta y restituyan nuestra cuenta oficial y la de colaboradores. Pero sobre todo reiteramos los llamados a no criminalizar el trabajo sexual y a que este sea reconocido como tal, pues el reconocimiento es la única garantía que podrá frenar la constante y sistemática violación de nuestros derechos humanos, en las calles, en los boliches y en la virtualidad.

En la prensa de EE.UU., recientemente, han aparecido varios artículos sobre la posibilidad de que hubiese ocurrido un golpe de Estado trumpista en 2020 o principios de 2021, en los últimos meses del gobierno de Trump. La cúpula militar se preocupó tanto que habló internamente sobre qué medidas tomar si Trump tratara de lanzar un golpe.

Sé que para muchos y muchas personas de América Latina la reacción puede ser, ¿y qué? ¿Cuantas veces EE.UU. intentó provocar, o de hecho facilitó o implementó golpes en América Latina? Y no sólo por Republicanos; Demócratas también. ¿Tal vez sería su merecido destino?

Entiendo perfectamente. He estudiado y escrito mucho sobre el rol de EE.UU. en AL, especialmente su irrestricto respaldo (público y encubierto) a regímenes militares que violaron masivamente los derechos humanos e impusieron prácticas represivas y atroces para silenciar a la sociedad y aplastar los cambios progresistas. Fueron Estados adscritos a la Doctrina de Seguridad Nacional, que torturaron y desaparecieron a multitudes de personas y que contaban con el financiamiento y ayuda militar de Washington D.C. Todavía en esta época, los oficiales militares y funcionarios con conocimiento de los crímenes no han esclarecido los destinos de los desaparecidos, y todavía rige la impunidad. Muchas familias no saben de sus seres queridos ni de sus restos y ha habido poca justicia.

Pero imagínense: si EE.UU. cayera ante un golpe derechista, tendría implicaciones y secuelas no sólo para ese país sino que también para AL y todo el mundo. EE.UU. es una potencia mundial, con tremendos recursos y muchas maneras de dar forma al ámbito de la política global. Un golpe allá sería un ejemplo siniestro, y un respaldo poderoso, para los golpistas y dictadores más nefastos en el mundo. Al contrario, tener un gobierno moderado en EE.UU.—sin intenciones de provocar golpes o gobiernos derechistas—importa mucho. Aunque la política exterior de Biden constituye un cambio leve, es mejor tenerlo a él que a un autoritario neofascista.

En semanas recientes en EE.UU. han salido tres nuevos libros sobre Trump y sus seguidores, escritos por periodistas reconocidos. Hay detalles sobre las maniobras desequilibradas de Trump para mantenerse en el poder e instigar a sus fanáticos. No he tenido la oportunidad de leer estos nuevos libros, pero hay mucha información y varios extractos en los medios de comunicación. Para mí, la más impactante es la información del libro I Alone Can Fix It de Carol Leonnig and Philip Rucker, dos galardonados periodistas del Washington Post. Explica el libro la ansiedad de los generales después de las elecciones de noviembre de 2020, especialmente del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Mark Milley (el Estado Mayor Conjunto está compuesto de los jefes de cada rama militar). Milley se sintió muy intranquilo con las acciones de Trump después de las elecciones. Como sabemos, Trump siempre negó la victoria de Joe Biden e insistió en que le elección había sido robada, así como que los Demócratas y “Republicanos débiles” estaban destruyendo a los EE.UU.. Después de las elecciones, Trump reemplazó con personas leales a él a varias figuras clave en posiciones estratégicas del gobierno; por ejemplo, el Secretario de Defensa Mark Esper.

Cuando inicia la insurrección

Después de esto, numerosos oficiales renunciaron en el Departamento de Defensa y Trump los reemplazó con personas de su confianza, personas que defendían sus más y más vociferas maquinaciones sobre “una elección robada”. Al mismo tiempo, Trump difundió teorías conspirativas y mentiras repetidas, cada vez más dementes, sobre un supuesto fraude masivo. Y miles de sus seguidores las creyeron. Trump presentó varias querellas para cambiar los resultados de las elecciones presidenciales y/o rechazar miles de votos en muchos estados–todas las querellas fueron descalificadas por jueces por falta de mérito—y luego intentó frenar el proceso de certificación (un protocolo ordinario) en el Congreso. Todo esto preocupó mucho a grandes sectores de la sociedad de EE.UU., figuras públicas y medios de comunicación, y a los jefes militares, que tuvieron sospechas acerca de los planes de Trump.

Todo el mundo sabe de la insurrección de 6 de enero en Washington D.C., cuando miles de fanáticos de Trump asaltaron el Capitolio, la sede del Congreso. Los miembros del Congreso se reunieron para certificar el voto presidencial, es decir la victoria de Biden, en un proceso tradicional y burocrático. Trump había promocionado una gran marcha para “salvar a América” y “parar el robo” para el 6 de enero. El 19 de diciembre de 2020, por ejemplo, tuitió: “Gran protesta en D.C. el 6 de enero. ¡Esté allí, será desenfrenado!» [“It will be wild!”]. Envió otros mensajes semejantes. El día 6, Trump apareció enfrente de la multitud trumpista en Washington y dio un largo discurso belicoso, desquiciado e incendiario a miles de sus seguidores. Un gran número eran de grupos Nazi, supremacistas blancos y de extrema derecha, como los Proud Boys. Luego de la arenga, sus partidarios marcharon al Capitolio, algunos con armas, y redujeron la guardia con fuerza. Un gran grupo entró violentamente al edificio, destruyendo muebles y artefactos y atacando a policías y guardias de seguridad. Gritaron amenazas contra varios representantes como Nancy Pelosi (jefa de la Cámara, Speaker of the House) y Mike Pence (vicepresidente de Trump). En el asalto cinco personas murieron, incluso dos policías. Fue un episodio inédito. Después, Trump fue acusado, por segunda vez en su mandato, para ser sometido a juicio político (un segundo “impeachment”) por «incitación a la insurrección», acusándolo de provocar el ataque del 6 de enero (no prosperó porque los Republicanos lo protegieron). El motín ha resultado en algunos 500 casos judiciales desde entonces.

El libro citado arriba documenta, con muchas entrevistas, la situación extraordinaria dentro del Estado Mayor Conjunto. Decidieron entre ellos mismos que iban a renunciar uno por uno si Trump los llamara para frenar la transferencia del poder o actuar en contra de la sociedad y la Constitución. El 12 de enero Milley y todo el Estado Mayor Conjunto emitieron un fuerte comunicado condenando la violenta invasión del Capitolio como un acto no-constitucional y recordando a los integrantes de las fuerzas armadas su obligación de apoyar y defender la Constitución y rechazar el extremismo. Dijeron, “El violento motín en Washington, DC el 6 de enero de 2021, fue un asalto directo al Congreso de los Estados Unidos, el edificio del Capitolio y nuestro proceso constitucional…Los derechos de libertad de expresión y reunión no le dan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, sedición e insurrección…Apoyamos y defendemos la Constitución.

Cualquier acto que interrumpa el proceso constitucional no solo va en contra de nuestras tradiciones, valores y juramentos; va en contra de la ley”. Según el libro, Milley había comparado los seguidores de Trump a los “Brownshirts” de Hitler. (Trump ha negado cualquier responsabilidad por los hechos en varias declaraciones; además, ha caracterizado a los asaltantes como héroes patrióticos).

Estos acontecimientos no tienen precedentes en EE.UU., aunque, tristemente, son familiares en América Latina. Y los peligros no han pasado. Trump continúa con sus fantasmas, sus fabricaciones antidemocráticas y sus reuniones masivas con sus seguidores, que parecen creer que Trump va a ser reinstalado en agosto. Peor, el Partido Republicano está todavía bajo el control de Trump. A mí me preocupa el desarrollo de un movimiento fascista en EE.UU., aunque ha sido positivo, si bien irónico, que los generales hayan tomado una posición en favor de la democracia. ¿Siempre será así? Desde mi punto de vista, la situación parece precaria.

Entre varios efectos que ha generado la contingencia nacional, encuentra en las identidades ideológicas partidarias, un foco de permanente atención producto de los corrimientos de los ethos de éstas. A escala global, hace décadas que tal situación se viene dando fácticamente y estudiando desde la academia. Se identifica para occidente, desde el fin de la Guerra Fría (desintegración de la URSS y caída del Muro de Berlín), cómo, la hegemonía liberal – neoliberal (consenso de Washington), con el modelo democrático asociado, junto con sus expresiones multilaterales, dibujaron las consecuencias vigentes más sustantivas referidas a la deshumanización de la política y la economía. Desde el sistema internacional, se pasa de un mundo bipolar (aparente unipolaridad) a uno multipolar en proceso de transición internacional, donde las potencias e ideas hegemónicas se adecúan al nuevo orden global (en construcción).

Como se sabe Chile, recuperó su democracia el año 1990, tras el plebiscito del SI y el NO del 05 de octubre del año 1988, inaugurando su proceso de transición democrática con un modelo de desarrollo y de democracia política vigilada por la constitución de 1980, escrita por el régimen político formalizado en una dictadura cívico-militar y liderada por Augusto Pinochet Ugarte.

Desde ese periodo no fueron pocos los hitos políticos (institucionales y sociales) que se dieron hasta este ‘momento constituyente’ en el cual la patria se encuentra, concretándose el anhelado deseo (esperanza) de pasar de un orden neoliberal (mercado e individualismo profundo) a uno centrado en la persona humana donde la dignidad, la tolerancia, solidaridad y el cuidado del medio ambiente en un contexto de democracia, sean costumbre. A continuación, expresamos algunas consideraciones:

• En ese tránsito desde los años 90’ a la actualidad, encontró en el año 2019, ese 18 de octubre, la máxima sedimentación de concientización social de la necesidad de cambiar el orden establecido, dadas las estructurales, institucionales y abusivas desigualdades socioeconómicas, las cuales fueron esculpidas por el modelo político y de desarrollo ya consignado, el cual, con ajustes más, o con ajustes menos, explican el estallido o revuelta social, junto con su Geografía de la Multitud .

El movimiento social generado (multivariado desde lo temático e interescalar desde lo territorial), espontáneamente, expresó y expresa la desigualdad… concretada, en parte importante, desde la existencia de un Estado mínimo institucional y políticamente, limitando su capacidad de aporte a los territorios, lo mismo respecto de la protección social, mientras se permite el quehacer de privados en asuntos económicos proyectados a los bienes públicos (salud, educación, pensiones, otros). Pero también, este movimiento social, esculpió un camino visualizado hacia el Congreso, donde la huella se expresó con claridad en ideas como: “serán los ciudadanos y ciudadanas quienes definirán si quieren una nueva Constitución y cuál es el mecanismo para generarla a través de dos alternativas: una convención mixta y convención constitucional equivalente a la asamblea constituyente” . Desde esta perspectiva y parafraseando la expresión de Salvador Allende, se podría indicar que se abrieron las grandes alamedas, así como la esperanza de lograr un nuevo pacto social vía Convención Constitucional, tras un plebiscito de entrada y posterior elección de las y los integrantes de la convención en paridad de género e inclusión de pueblos originarios o primeras naciones, como se le vienen denominando en la actualidad.

• Mientras, se gestionaron (gestionan) acciones desde lo político partidista con sus definiciones ideológicas identitarias tensionadas, han florecido y se han diversificado los debates autoconvocados sociales y territoriales en una amplia geografía y multitud de espacios; con sustantivas y legitimas deliberaciones, encontrándose la totalidad del arco político institucional, con situaciones de difícil síntesis y canalización, cultivando y manteniendo una alta desafección ciudadana hacia los mismos (nuevos y viejos partidos). Paradojalmente, los niveles de abstención electoral, posterior al estallido social han tendido a cierta baja, pues en el plebiscito votaron 7.562.173, lo que representa un 50,9% de participación, situación parecida se produce luego en los comicios de mayo 2021. Generando una disposición mayor a la participación ciudadana, cuya última expresión se refleja en la reciente primaria del 18 de julio 2021. Así y todo, se construye un imaginario de aversión en las diferentes expresiones sociales movilizadas contra los partidos, logrando su propio y necesario espacio, pero no implicando necesariamente desplazar a los 25 partidos inscritos actualmente en legalidad, léase desde el PC hasta Republicanos .
• Hoy por hoy los estudios de opinión, suman un descredito digno de los partidos políticos, pues situaron por meses al excandidato Daniel Jadue (PC) en las más altas posiciones de liderazgos, acompañado del (hasta ahora) incombustible Joaquín Lavín (UDI), relegando a mínimos inentendibles, por ejemplo, a Paula Narváez. Pero los resultados objetivos de la última primaria han desdibujado las cuantías y posiciones de quienes fueron levantados desde oficinas con calculadora, pues quienes convocaron a primarias son precisamente partidos políticos, esos que están o estaban tan desacreditados, esos que no convocan, pero que, en esta geografía de participación, los electores no reconocieron con el mismo descredito como sí los sitúan los estudios de opinión en los últimos años. Basta ver los resultados locales (Alcaldes/as y Concejales/as) de las elecciones de mayo 2021. Ahí se aprecia con nitidez el voto hacia los partidos políticos. Entonces, ahora, en el nuevo escenario de mayor participación y de convocatoria por los partidos políticos, seguramente las encuestas indicarán ¿que son apreciados?

• Desde esta perspectiva, el socialismo chileno forjó un liderazgo capaz de entender la necesidad urgente de girar estructuralmente, en el cómo hacer los cambios por medio de un nuevo enfoque, apelando a la apertura, flexibilidad, tolerancia, pluralismo y centralidad en la persona humana para resignificar la política y lo político en una clave de cohesión social, fortaleciendo la democracia como idea y régimen político necesario para la vida en comunidad. Nos referimos a Michelle Bachelet. Tempranamente, esta ‘lideresa veraz’ captó e hizo propio este nuevo contexto de tensión entre la política y lo político respecto de los soportes ideológicos, colocando como sujeto protagónico a una nueva ciudadanía más demandante y crítica desde lo social y lo económico, pero también desde lo identitario cuando de reconocer a las mujeres en nueva valía en cuanto sujeto y agente de cambio social se refiere, pero también a las otras expresiones identitarias de las mal llamadas minorías sexuales. También, hizo propio y de manera contrahegemónica la problemática ambiental, cuando avanzó a la promulgación del ministerio de medio ambiente, sin perjuicio de la crítica válida, respecto de que el mismo aún operaba en clave neoliberal. Así y todo, ello permitió una nueva impronta en la cuestión, entregando mayor soporte, sobre todo a las comunidades para hacer frente, en este nuevo escenario, a las vulneraciones de los equilibrios ecológicos y socioambientales, proyectándose, además, en las declaraciones de reservas ecológicas marinas, verdaderos patrimonios naturales nacionales entendidos, como bien público hacia el mundo, permitiéndose hasta un guiño de geopolítica ambiental.

Por otra parte, la concepción y voluntad latinoamericana fue siempre una particularidad que propugnó en la política exterior del país, la cual, según modelo de desarrollo imperante, no era precisamente el foco geográfico sobre el cual se debían profundizar los esfuerzos de cooperación y potencial integración regional-internacional. No dudó en integrar la UNASUR e inclusive liderarla, concurriendo con determinación y convicción político-ideológica-regional a resolver un potencial golpe de estado en Bolivia el año 2008, no significando renunciar a los intereses nacionales.

Concretó sus definiciones políticas ideológicas en la escala global, conformando la oficina ONU mujeres, dadas sus definiciones y aplicaciones en políticas públicas referidas a la equidad de género, mientras fue presidenta de la República de Chile. Ya instalada en dicha instancia, resuelve asumir una candidatura presidencial por segunda vez, sometiéndose a las primeras primarias legales de la época, sin tener que hacerlo a propósito de los altos niveles de aprobación de los que gozaba, según se colegía en los estudios de opinión. Sin estar ajena a polémicas multivariadas, articuló una alianza política que fue desde el Partido Comunista de Chile hasta la Democracia Cristiana, denominándole Nueva Mayoría, superando a la Concertación de Partidos por la Democracia (extinta el año 2010), sellando un verdadero periodo de cierre y de apertura a lo que sería el Nuevo Chile por medio del programa de Gobierno de la Nueva Mayoría, el cual, sintetizó el ciclo de protestas de los años 2011 en adelante (inclusive los anteriores).

En él, logró la arquitectura de reformas sociales (fortalecimiento del pilar solidario y proyecto de reforma de pensiones, entre otras); políticas (sistema electoral proporcional, más descentralización, sistema de partidos con financiamiento público, cuotas de género, otras); educacionales (gratuidad universitaria, fin al lucro, fin a la selección, fortalecimiento de la educación parvularia y otras); energéticas (leyes del sector que promovieron y promueven las energías limpias) y sanitarias (nuevos hospitales, atención primaria en salud, chile crece contigo, otras); proyectándose, además, hasta una nueva constitución posibilitando de esta forma un proceso constituyente (fue participativo a lo largo y ancho del país y con proyecto de cambio constitucional, incluido), que sin lugar a dudas, es un antecedente para lo que hoy se vivencia. De todos modos, si hay que consignar, que el mismo programa, tuvo como telón de fondo unas geografías de las multitudes diversas temática y territorialmente, sedimentándose éstas, otra vez, a lo largo y ancho de la patria para provocar el 18-O y de ahí la condición suficiente para sintetizar en el acuerdo de noviembre del mismo año, lo que ya se indicó más arriba.

Por ello resulta interesante la reflexión-argumentación de Camilo Escalona respecto del proceso político chileno cuando de alcanzar acuerdos transversales provenientes desde el socialismo chileno se refiere, sitúa en claridad política e ideológica al programa de 1947 liderado en ese entonces por Eugenio González, el cual, junto con Salvador Allende Gossens y otros, proyectaron ‘un hacer’ en tolerancia, inclusividad, democracia y con claro sello de una izquierda decididamente latinoamericana, la cual, en la persona de Salvador, sintetizó un amplio arco de fuerzas políticas que buscaron transformaciones sustantivas desde lo social, político y económico constituyendo más tarde la Unidad Popular (UP). Tras la interrupción del proceso apertura-do por la UP, explicado, fundamentalmente por una correlación de fuerzas negativas hacia el proyecto, encuentra en la persona de Clodomiro Almeyda, otra oportunidad de concreción de aperturas y alianzas de fuerzas políticas amplias… primero, para terminar con la dictadura cívico – militar el año 1988 y, posteriormente, para integrar el gobierno de transición que permitiera gobernabilidad democrática del país.

Así, el socialismo chileno, encuentra ahora en la figura de Michelle Bachelet, el punto de fuga de renovación política en los enfoques de alianzas amplias flexibles, inclusivas, tolerantes, democráticas y transformadoras en lo sociopolítico, socioeconómico, socioambiental, socioterritorial y sociocultural (más otras), todas interrelacionadas, provenientes del diagnóstico que permitió la trayectoria de la antigua concertación, el sedimentado despliegue de la geografía de la multitud desde la recuperación de la democracia inclusive, pero encontrando un antes y un después en el ciclo de protestas de los años 2011 en adelante. Punto aparte, es lo referido a los procesos sociopolíticos que se incubaron en Latinoamérica con el ciclo de gobiernos progresistas que encarnaron proyectos de izquierdas en la región, pero también lo que venía ofreciendo la escala global, desde hace varias décadas donde la relación entre Estado, Sociedad Civil, Mercado/capitalismo, Medio Ambiente, Identidades diversas y otros aspectos (también todos interrelacionados), se presentaron de multivariadas formas, obligando a administrar la contradicción capital – trabajo de una forma muy distinta, ya que son variadas las contradicciones en temporalidades de globalización, siendo tanto o más intensas que la que representa esta estructural contradicción develada desde los enfoques ideológicos clásicos de la modernidad, pero popularizada desde el marxismo.

Finalmente, en términos identitarios ideológicos, el socialismo chileno de la mano de Michelle Bachelet, encuentra en la cobertura internacional, otra vez, una oportunidad de revitalización por medio de la impronta de los derechos humanos, dado el cargo que ocupa en la ONU como Alta Comisionada de las Naciones Unidas, dándole continuidad a la trayectoria previa como ex presidenta, pero también militante del partido socialista de Chile, hecho que la sitúa como un verdadero algoritmo del socialismo nacional . No es sobredimensionado afirmar que, con su impronta contribuyó a los cimientos del presente constituyente, de reformas sociales sustantivas y políticas electorales que han dado paso (vertiginoso) a una previsible evolución de los últimos 30 años, donde la/os beneficiaria/os de estos logros sociales y políticos precisan de esa claridad, para hacerlos inteligibles en una dinámica de proceso, impidiendo así la errada idea de estar comenzando de cero las transformaciones, y que de hacerlo, creemos, se usan categorías de la ‘vieja política’ dicotómica y excluyente como son por ejemplo: vieja política (malo) v/s nueva política (bueno); antineoliberal (bueno) v/s neoliberal (malo) y así cuantas más.

Michelle Bachelet, superó esas clásicas dicotomías binarias, fortaleciendo el socialismo chileno inclusivo, tolerante, pluralista, democrático, ambientalista, feminista y respetuoso de todos los derechos humanos. Todo indica que Paula Narváez es depositaria de esa impronta, es lo que parece busca probar, en el contexto que le corresponde vivenciar, buscando su propia impronta para el nuevo Chile.