El 1 de octubre de 2019 se determinó el alza de 30 pesos en el metro de Santiago, quedando la tarifa en 830 pesos. La población acusó recibo. Al mismo tiempo, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, informaba el 08 de octubre del comportamiento económico del IPC durante el mes de septiembre, que había sufrido su mayor alza durante el año: un 0,6 por ciento, y comentaba con un sentido del humor bastante peculiar que “han caído las flores“,  haciendo un llamado a los “románticos  que quieran regalar flores este mes.”

Mientras tanto, el 9 de octubre, el Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, comentando el alza del metro, sostenía que “quien madrugue podrá ser ayudado por la tarifa del metro,” invitando a los chilenos a levantarse temprano para conseguir un menor precio al subirse al metro.

La gota que rebasó el vaso fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera, el 9 de octubre del 2019, cuando sostuvo que en “Chile estamos en un verdadero Oasis”.

Este divorcio discursivo de las autoridades del sentir ciudadano, derivó en que los jóvenes reaccionaron y saltaron los torniquetes para comenzar una gran revuelta, denominada por los medios del duopolio como estallido social.

Mientras Clemente Pérez, ex subsecretario de Obras Públicas, y en ese minuto gerente de Metro, decía en un programa de televisión: “Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter”.

El 18 octubre comienza a paralizarse el servicio en el metro por los incidentes que desatan las protestas ciudadanas y comienzan a sentirse las primeras consignas: “Evadir, no pagar otra forma de luchar”. “Chile despertó”, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Por televisión y casi en cadena nacional se mostraba en la tv como comenzaba a arder la escalera de emergencia de la empresa Enel distribución, ubicada en la céntrica calle Carmen a unas cuadras de la Moneda.  Algunos supermercados comenzaban a ser saqueados y estaciones de metro subterráneo de Santiago comienzan a ser incendiadas (al día de hoy no hay formalizados ni responsables en las carpetas investigativas)

El presidente Piñera y su ministro del interior anunciaba el Estado de Emergencia y toque de queda en la Región Metropolitana y la salida de los militares a la calle el que se extendería a otras regiones.

En televisión, el 21 de octubre, Sebastián Piñera, señala “estamos en Guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada, ni nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia”.

El 25 de octubre se configura el hito de la protesta más grande convocada en Chile, donde la gente de la calle copaba las arterias de la capital llenando la alameda Bernardo O’Higgins y haciendo sentir el poder de la gente en las calles hastiada y cansada de las desigualdades.

El 28 de octubre y como una manera de entregar una señal a la ciudadanía, el gobierno acusa recibo y ejecuta un cambio de gabinete, con la idea de hacer una cirugía mayor. Se acepta la renuncia de 8 ministros, entre ellos los titulares de Hacienda, Interior, Vocería de Gobierno, Secretaria General de la Presidencia, Economía, Trabajo, Bienes Nacionales, Deporte y la Intendencia Metropolitana.

Surge la primera línea

Los jóvenes siguen en las calles y comienza a surgir “la primera línea”, jóvenes que se enfrentan y resisten los embates de carabineros, armados con escudos de empresas de telefonía, palos, piedras, ondas, resisten los ataques de lacrimógenas, carros lanza agua y perdigones. En ellos se simboliza la desigualdad, el descontento social y comienzan a ser ampliamente apoyados por la ciudadanía.

A esa altura ya se había configurado una mesa social donde estaba la CUT, el Colegio de Profesores, no más AFP`S, y muchas organizaciones de la sociedad civil, levantando pliegos de peticiones. Ellos llaman a un paro social el que fue convocado el 12 de noviembre logrando una alta adhesión. Bárbara Figueroa, presidenta de la Cut, hizo un balance positivo de la actividad.

En noviembre se interpone la primera querella por delitos de lesa humanidad contra el presidente de la república, Sebastián Piñera, la que es admitida por los tribunales de justicia. El libelo es patrocinado por la defensoría popular, el comité de defensa del pueblo de los hermanos Vergara Toledo y la cooperativa jurídica.

Ante la explosión social de la calle y el descontrol existente, los partidos políticos, presionados por la ciudadanía que se expresaba, llegan Al Acuerdo por la Paz el que se firma el 15 de noviembre a altas horas de la noche. Fue la fórmula de la clase política para descomprimir el estallido social que ponía en ese minuto en jaque el gobierno de Sebastián Piñera.

El acuerdo establecía un plebiscito para consultarle a la ciudadanía si aprueba o rechaza la idea de escribir una nueva constitución y qué órgano podrá escribirla.

A esta altura, el gobierno de Sebastián Piñera queda desdibujado, sin programa y administrando la crisis político y social más grande de la historia, “un cadáver” como lo calificará el abogado constitucionalista Fernando Atria en una columna.

Tanque de Oxigeno

El acuerdo del 15 de noviembre que establece vía plebiscito preguntarle a la gente si aprueba o rechaza una nueva constitución,le entregó un tanque de oxígeno al gobierno para que continuara con el proceso de cambio constitucional. La presidenta  Bachelet había iniciado en 2016 un llamando a reformar la constitución generándose cabildos ciudadanos en todo el país. La tarea estuvo a cargo del abogado constitucionalista, Patricio Zapata. Lo que pedía la gente quedó plasmado en un proyecto de nueva Constitución enviado al Parlamento y que al asumir Piñera fue desechado, tal como se anunció en ICARE en medio de grandes aplausos de los empresarios asistentes.

Andrés Chadwick, en su discurso en marzo de 2018 en ICARE, sostuvo que “hay ciertas cosas que queremos que no avancen, no queremos que avance el proyecto de nueva constitución que presentó la presidenta, Michelle Bachelet al terminar su mandato, una constitución no es un juego, una constitución no es un proyecto más…”. Su intervención fue recibida con un aplauso cerrado en Casa Piedra donde todo el empresariado convocado aplaudía la medida.

El acuerdo dio paso a la discusión parlamentaria la que comenzó a traducirlo en una ley que dictaminó la forma en que se realizaría el plebiscito (ley 21.200) para el 26 de abril de 2020, estableciendo paridad en el órgano escogido si es que gana la  opción Convención Constitucional.

Derechos humanos

Entretanto, la gente no paraba de protestar en las calles, los derechos humanos eran vulnerados por carabineros y comenzaban a levantarse 4 informes de derechos humanos que daban cuenta de la vulneración de derechos en Chile. Surgieron informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre las graves violaciones de derechos humanos realizadas por agentes del Estado. Ello puso en la mesa – evidencia contundente- la delicada situación vivida en Chile desde el 18 de octubre. Y comienzan a llegar comitivas internacionales para ver en terreno si se respetaban los protocolos de derechos humanos en Chile.

Las lesiones oculares que comenzaron a registrarse en octubre pusieron en alerta al Colegio Médico sumándose a la crítica al gobierno pues las policías dependen del ministro del Interior..

Comienza a gestarse una acusación constitucional a Andrés Chadwick, quien ya había salido desde interior, la que es votada favorablemente el 11 de diciembre de 2019 dejando a Chadwick sin poder acceder a cargos públicos por 5 años.

El revés del ministro es considerado como un triunfo para los partidos que están en la centroizquierda y para la primera línea que sigue en la calle.

El caso de Gustavo Gatica, estudiante de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quuien pierde sus 2 ojos en la revuelta y el de Ximena Campillay, quien iba  rumbo a su trabajo, quedan como los más representativos de la vulneración de derechos humanos en Chile por la brutalidad policial empleada.

En el informe de febrero de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se cifraba en 445 víctimas de oculares las que se desglosan en 411 lesiones o trauma  y 34 personas con estallido o pérdida del globo ocular.

En noviembre, irrumpe LasTesis en Chile con su performance del “Violador eres tú”. Una performance que fue adoptada por mujeres en todo el mundo, siendo consideradas por la revista TIME uno de los personajes más influyentes del mundo. En su performance mencionaron a la institución de Carabineros, quienes se querellaron ante su mención en el cantico.

El gobierno comienza a tener sus primeras bajas y las acusaciones constitucionales se hacen presente, cobrando como primera víctima a Chadwick que es sacado del gobierno y se va a invernar a Libertad y Desarrollo..

Las esperanzas de todas estaban cifradas en el acto eleccionario de abril. Sin embargo, nada hacía vislumbrar que existiría un cambio de fecha. La llegada de la pandemia del Covid-19 armó un escenario que favoreció nuevamente al gobierno, pues se debió aplazar el proceso plebiscitario para el 25 de octubre del 2020.

Aparece el Covid

Con la llegada del Covid-19 comienza la preocupación por lo que va a significar la pandemia en Chile, la suspensión de clases se hace presente y comienza el uso de mascarillas, la gente comienza a confinarse por el miedo al contagio de la enfermedad, pierden sus fuentes laborales y se visibilizan las brutales brechas sociales.

En abril, por primera vez, el gobierno logra desocupar la plaza de la dignidad, y Piñera aprovechando esta situación, pide a su guardia detener su auto bajar  para tomarse una foto en Plaza de la Dignidad, acto que es leído por todos como una provocación del primer Mandatario.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, critica la manera en que el gobierno lleva la pandemia. El confinamiento obliga a la población a una nueva forma de abordar su vida diaria y  el gobierno opta por cuarentenas dinámicas para controlar los contagios en la Región Metropolitana.

Las cargas laborales de las chilenas se suman a las domesticas, y el desgaste se va comenzando a sentir, se comienzan a perder los trabajos y el gobierno les pide a los trabadores acogerse al seguro de cesantía para sobrevivir como una manera de no perder sus fuentes laborales.

La política del gobierno de entregar cajas de alimentos, con un protocolo de entrega que involucraba tomar una foto al hacer la entrega de la misma en los sectores más desvalidos, es visto como una burla para la población, que comienza a organizarse en los barrios mediante ollas comunes .

Los bonos para la clase media se levantan como una ayuda, la que en realidad es un préstamo que hace el gobierno, el que tendría que ser pagado posteriormente por la población. Para acceder a ellos había una serie de condiciones que la población debe cumplir, las que frustran aún más el sentir ciudadano.

La gente tiene que solicitar permisos a través del sitio web Comisaria Virtual para tener salvoconductos que autoricen salir del confinamiento para compras de primera necesidad.

Las clases comienzan a impartirse en salas virtuales. Sin embargo, hay un 40 por ciento de estudiantes que no puede acceder a  ellas por no tener acceso a internet en sus casas o los medios digitales para hacerlo.

A esta altura, la pandemia se transforma en la mejor campaña del Apruebo en Chile, ya que desnuda la realidad de brechas sociales por las que la gente salió a protestar en octubre, estas se hacen visibles con las ollas comunes o el escaso acceso a internet de los menores en Chile y en el hacinamiento que se vive en las poblaciones que aumenta el contagio de Covid -19.

Chile se plantea como un líder a la hora de enfrentar la pandemia, pero con el correr de los meses se desnuda una realidad de  falta de acceso a la salud y la población teme lo peor. La periodista Alejandra Matus plantea sus sospechas por el número de casos diarios que se dan a conocer. Al correr del tiempo se sabe que son más los muertos por Covid 19 que los que anuncia la autoridad, lo que lleva a interponer querellas en contra de Piñera y Mañalich.

En julio es presentada una nueva querella en contra del presidente Sebastián Piñera, el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, y del subsecretario de Redes Asistenciales,  Arturo Zúñiga, por el desempeño que tienen durante la pandemia.

La acción legal es interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (Fedeprus).

En medio de todo este panorama critico se abre la posibilidad del retiro del 10 % de los ahorros de los cotizantes de las AFP`S. Este hecho es mirado con temor por el gobierno porque abre la puerta a que la totalidad de los fondos sean retirados.

Para sorpresa de todos y al estar el mundo político en el ojo de la población fiscalizando cada acción que realizan, pues ya no hay liquidez en los hogares y las personas están desempleadas, y urge que el 10% sea salvavidas para muchos hogares, lo que así ocurre. La votación en el senado es favorable y se logra alcanzar el alto quórum exigido para entregar los fondos a los cotizantes.

Se dijo desde el gobierno que la entrega de esto fondos seria lo peor que podría pasarle a Chile, sin embargo, el hecho contribuyó a dinamizar la alicaída economía chilena producto de la contracción económica que ha dejado la pandemia

La reactivación económica comienza a ser exigida por los titulares de la Confederación de la producción y el comercio ( CPC) Juan Sutil, la que implica salir de las cuarentenas y volver paso a paso a la vida que teníamos. Se levanta el “Plan Paso a Paso” en el país con el que el gobierno pretende desconfinar por fases a la población, pese a que el virus sigue con nosotros.

Se lanza la campaña electoral de franja televisiva por el Apruebo y el Rechazo y se despliegan gran cantidad de imágenes televisivas en la que una de las franjas apela claramente a la polarización del país si es que gana la alternativa del apruebo, con una apología a la violencia en el caso que gane dicha opción.

Mientras tanto los jóvenes comienzan a hacerse presente en la Plaza de la Dignidad. El 9 octubre un joven es lanzado por un carabinero al lecho del río Mapocho, el hecho copa las portadas de medios internacionales pues se vuelve a poner el foco en la brutalidad policial aplicada en Chile.

Se acerca a pasos agigantados la fecha en la que se cumple el primer  año de la protesta social y se le pide a la población mantenerse tranquila. Sin embargo, mucha gente concurre a la Plaza de la Dignidad, a esta altura resignificada como el centro de lucha y conciencia social de Chile.

A una semana del plebiscito la gente está confiada que el proceso constituyente sea un aliciente que contribuya cambiar las desigualdades que se hicieron patentes durante octubre y la pandemia. La votación fue contundente un 79, 3 % de la población votó por el Apruebo y la Convención Constituyente. En las calles los bocinazos y banderas eran la tónica, los cantos y gritos como “Chile despertó” se oían por doquier. Y así llegó la primavera en octubre.

Gracias a un reportaje publicado en un medio de comunicación se difundió cómo el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, en concordancia con el Director de Grandes Contribuyentes, Harry Ibaceta, y el Subdirector Jurídico, Miguel Zamora, le otorgaron un nuevo “perdonazo” a la empresa PENTA, permitiéndole rebajar de su base imponible el pago de los equipos jurídicos que defendieron a sus directores de la querella por fraude al fisco presentada por el financiamiento ilegal de la política”, sostiene en un comunicado los directorios nacionales de AFIICH Y ANEIICH.

Agregan que  con motivo de la crisis sanitaria, el “bono” entregado a la clase media, y que el gobierno ha cuestionado a casi medio millón de trabajadores, “prejuzgando que la información entregada para obtenerlo es engañosa, sin argumentos que den fe de esta situación, y se amenaza con cárcel a quienes no hagan el reembolso del mismo, a otros se les sigue otorgando privilegios, aun cuando fueron los propios tribunales que acreditaron sus delitos”.

“Aunque parezca increíble, el mismo “Caso PENTA” que conmocionó al país por el volumen de recursos involucrados y los mecanismos utilizados para defraudar en más de 1.700 millones al fisco, la sanción con “clases de ética” a sus máximos ejecutivos y la decisión del Director Nacional de no llevar a cabo una querella en contra de todos los que resulten responsables, ahora vuelve a generar la indignación de la ciudadanía al permitírsele a la empresa rebajar del pago de impuestos, gastos por concepto de asesoría y defensa legal por parte de las principales empresas auditoras del país, por un monto similar al defraudado originalmente”, señalan.

Los funcionarios del SII sostienen que, con esta decisión, “el señor Fernando Barraza suma a su historial de gestión un nuevo episodio de vergüenza y lamentable distanciamiento a la integridad que debe regir en todas las actuaciones de nuestro Servicio, y ratificó todas las observaciones formuladas por nuestras asociaciones de funcionarios ante el nombramiento de Harry Ibaceta como Director de Grandes Contribuyentes, dados sus evidentes conflictos de interés, producto de su asesoría directa a los grupos empresariales que ahora debe fiscalizar”.

Contextualizan que este nuevo episodio “no se trata de una mera interpretación de la norma, sino que reviste un abierto carácter ilegal, definiendo como “tributarios” gastos que en ningún término están destinados a generar rentas, sino que corresponden a la defensa judicial frente a acciones dolosas por parte de los representantes de una empresa que cometió actos constitutivos de delito en forma reiterada, y que fue condenada por ello”.

Mala ley

Añaden los funcionarios que esta  concepción sobre los gastos empresariales, fue una de las ideas centrales que propuso el gobierno de Sebastian Piñera en su proyecto de reforma, “mal llamada “Ley de Modernización Tributaria”, que logró ser rechazada en el parlamento gracias a la acción de nuestras asociaciones de funcionarios y la presión ciudadana”.

“Asimismo, la interpretación esgrimida por las máximas autoridades del SII para aceptar estos gastos de la empresa PENTA, no posee ningún sustento legal, ni en el código tributario ni en su normativa interna. De hecho, la Circular 53 de la Subdirección Normativa, emitida con fecha 10 de agosto de 2020, señala expresamente que “no procede considerar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del contribuyente”.

Manifiestan que de consagrarse el criterio de  Barraza, Ibaceta, Zamora y del gobierno actual, permitiría por ejemplo, que todas las ISAPRES descuenten de sus impuestos el pago de abogados y costas derivadas por el alza ilegal de sus planes, o que hagan lo propio las empresas sancionadas por colusión. Dicho de otro modo, que las y los ciudadanos financiemos con nuestros impuestos las malas prácticas empresariales y delitos de cuello y corbata.

“¿Cuántos episodios más tendremos que esperar de los señores Barraza, Ibaceta y Zamora para que les remuevan de sus cargos? ¿Cómo es posible que el énfasis de nuestro director nacional sea la persecución de “filtraciones” por sobre el fraude al fisco, mientras se “incendia Roma” frente a sus ojos?”, opinan.

“Es por esta razón que desde nuestras asociaciones de funcionarios presentaremos una denuncia formal ante la Contraloría General de la Republica para que investigue estas irregularidades de nuestras máximas autoridades, y hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que ejerza sus funciones fiscalizadoras y constituya una comisión investigadora para esclarecer estos graves hechos”, expresan.

Como se sabe, ya la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados citó al Director Nacional para que entregue las explicaciones de lo ocurrido y varios partidos políticos de la centroizquierda han pedido la renuncia del Director del SII. Asimismo, los funcionarios encontrar inaceptable que la explicación de Barraza no sea la aceptación de los gastos, sino la filtración del caso a la prensa, anunciando el inicio de una auditoría y sumarios, que  califican como una “cacería de brujas en el SII”.

“El pasado domingo la ciudadanía dio una clara señal democrática señalando que este tipo de prácticas son las que deben ser erradicadas, por dignidad y respeto a los ciudadanos. Lo que hoy conocemos y denunciamos públicamente no es un problema de los/as funcionarios/as ni del servicio público, sino que es el resultado de un sistema social, político e institucional carcomido y obsoleto, que tanto el país como las y los funcionarios del SII demandamos reformular”, finalizan.

El llamado y las esperanzas de unidad que el Presidente Piñera expuso cuando convocó a Chile Vamos en la cita que hizo con ese objetivo en los salones exclusivos de Lo Matta, al día siguiente de la hecatombe que significó para el gobierno y la derecha el resultado del plebiscito constitucional, se diluyeron muy pronto. Demasiado pronto. Y pasado dos o tres días, ya quedó en evidencia que la derecha comenzó su inevitable proceso de deterioro cuyas consecuencias no son fáciles de anticipar.

Por lo pronto, con el resultado del 25 de octubre se profundizaron sus divergencias. Quedará para la historia que la inmensa mayoría de la derecha estaba con la opción Rechazo. Algunos pocos, liderados por el actual ministro Mario Desbordes se jugaron desde el oficialismo por el Apruebo. Y de ahí para adelante comenzaron a evidenciarse las consecuencias del 80/20, dejando en pausa aquellas esperanzas de unidad en lo político, lo electoral y lo programático que desde el gobierno pedían con urgencia.

La inasistencia, por ejemplo, de una diputada de Renovación Nacional, conocida más bien por su militancia pinochetista que por algún aporte que beneficie a los chilenos, se ausentó de esa reunión del oficialismo declarando sotto voce que “el gobierno trabajó por la opción del Apruebo y gran parte de la responsabilidad de haber perdido, y de la manera que perdimos en el plebiscito constitucional de este domingo es precisamente responsabilidad del gobierno».

Dos días después, diputados de RN y Evopoli desafiaron al gobierno al votar a favor de un nuevo retiro anticipado de fondos para la jubilación y para permitir que personas acogidas al sistema de rentas vitalicias pudieran también gozar del beneficio, cosa que no pudieron hacer en la primera oportunidad. Y este escenario, recién se está armando.

¿Una carrera desenfrenada?

En la oposición, en tanto, pareciera que aún no se digiere en toda su magnitud el significado de lo que hablaron las urnas. La primera señal fue desilusionante para muchos. Así quedó expresado profusamente en las redes sociales. Las oposiciones ni siquiera fueron capaces de celebrar unidos el triunfo que, si bien no era de sus partidos, porque fue de la ciudadanía, podría haber sido toda una señal de que se había escuchado a la gente. La foto era importante y las explicaciones del por qué no ocurrió, así como reuniones tardías y otras menudencias políticas, más bien complicaron que aclararon.

Gente que ni remotamente podría ser catalogada como “encapuchado”, “delincuente de la primera línea”, “afiebrado de izquierda”, como Patricio Achurra, quien hace muchos años fue alcalde de la DC, escribió en su wasapp: “Parece que los políticos profesionales no quieren entender que el 80 por ciento significa que el pueblo los quiere FUERA de la Convención Constituyente”. Es lo que palabras más, palabras menos, se repite en todas las redes.

En todo caso, las aguas comenzaron de inmediato a moverse luego del aplastante triunfo que logró la ciudadanía el 25 de octubre pasado. Se inició una carrera desenfrenada de partidos y organizaciones sociales por encontrar las estrategias adecuadas que signifiquen consolidar ese triunfo y evitar que aquellos que sólo lograron el escuálido 22 por ciento de las preferencias en el plebiscito -la derecha-, se conviertan en los sepultureros del cambio constitucional.

Pero, como ha ocurrido desde hace tiempo ya, los buenos deseos y las declaraciones sobre una unidad que no cuaja son hasta ahora solamente música. En la derecha apuestan a que las divisiones en la oposición sigan tal cual, desaprovechando la oportunidad histórica que se abrió con el plebiscito y, por lo tanto, continúen imposibilitados de capitalizar lo ocurrido para dar un salto que haga recuperar las confianzas de la ciudadanía en los partidos de oposición. Esa es la apuesta del oficialismo: la desunión.

Y como si no hubiese ocurrido nada, los medios en manos de la derecha económica comenzaron inmediatamente a intoxicar a sus lectores y televidentes con nombres y más nombres para constituyentes, y más aún, con posibles presidenciables, aunque falte más de un año para ello.  Y no solo para presidenciales. Hay que recordar que el próximo año la ciudadanía deberá enfrentar 7 elecciones de todo tipo. Desde primarias, donde ya la oposición dio un espectáculo, pasando por la de gobernadores regionales, alcaldes y concejales y parlamentarias.

Sabiendo que la ciudadanía por más de una razón votó por una Convención Constitucional, desechando abrumadoramente la posibilidad que parlamentarios estuviesen representados en esa Convención,  empezaron a circular nombres que cada partido quiere llevar al proceso constituyente: exministros, parlamentarios, ex alcaldes, y otras figuras ligadas a las colectividades políticas y en definitiva, rostros de la elite que han hecho comentar en las redes sociales que se trataría de  “los mismos de siempre”.

Hay quienes sí han escuchado el reclamo popular. El diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática planteó que, si bien el tema aun no es discutido, en su partido,  “creo que un parlamentario postulándose sería totalmente contrario al llamado de la Convención Constitucional”.

Por su parte, el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull, aclaró que el tema aun no es abordado con sus pares. “No se ha discutido, pero en el PS hay unanimidad de que esto debe tener un carácter ciudadano”.

En ese sentido el sociólogo y experto electoral Axel Callis, dijo que el resultado es “un mensaje a los partidos políticos, un mensaje a la elite que no se pueden farrear esto, no es un cheque a fecha. Así que nadie debe apropiarse del Apruebo, el Apruebo es diverso y popular, es un Apruebo esperanzador, pero es infinito, y pone tareas a los partidos como dar condiciones a independientes que puedan pactar, escaños a pueblos indígenas, etcétera”.

De nuevo los alcaldes

Como ya ocurrió en medio de la crisis de la pandemia y el colapso económico de chilenas y chilenos, nuevamente los alcaldes de oposición dieron el paso necesario, firmando el pacto «Unidos por la Constituyente», un acuerdo transversal que reúne a ediles de todas las tendencias opositoras. Buscan impulsar la unidad en la oposición de cara a las elecciones del 11 de abril para elegir a los constituyentes que se encargarán de redactar la nueva Carta Fundamental.

En la firma de este acuerdo participaron los alcaldes Jorge Sharp (Valparaíso), Daniel Jadue (Recoleta), Gonzalo Durán (Independencia) y Carolina Leitao (Peñalolén). También estuvieron presentes entre otros, Claudio Castro de Renca, Claudia Pizarro de La Pintana, Sadi Melo de El Bosque, Maximiliano Ríos de Lo Prado. El alcalde de Valparaíso, otrora miembro del Frente Amplio dijo que «en la oposición tenemos legítimas diferencias. Vamos a tener que buscar la forma de ponernos de acuerdo, porque efectivamente tenemos una responsabilidad de hacer que la Convención Constitucional sea el espacio de las transformaciones democráticas que requiere Chile, y eso se va a hacer con generosidad, con mucho trabajo en los territorios, pero principalmente con esta unidad que aquí se está constituyendo». Añadió que «es el municipalismo chileno el que ha ido corriendo los límites de lo posible en la política. Las dirigencias de los partidos tienen que escuchar el mensaje del 25 de octubre».

Daniel Jadue, quien hasta ahora aparece como presidenciable del PC dijo que «el tremendo porcentaje de la Convención Constitucional es una señal al sistema político, y esta no es primera vez que los alcaldes vamos a volver a tomar la iniciativa para corregir lo que hay que corregir». «La oposición hoy día está mucho más unida que el Gobierno y Chile Vamos. Ellos estaban divididos en votar Rechazo, en votar Apruebo (…) nosotros, toda la oposición salimos a votar por el Apruebo y por la Convención Constitucional, y por lo tanto estamos llegando al tiempo de la unidad», finalizó la autoridad comunal.

La Moneda pretende pasar a la ofensiva, transformándose en el referente del sector en el debate constitucional, aportando ideas, pero también comandando las próximas definiciones, como lo serán los constituyentes. No existiría ninguna posibilidad de solo acompañar el proceso y recalcaron que el Gobierno tiene que estar sí o sí presente.

El mantra del gobierno

El guion preparado en el gobierno es instalar al Mandatario en un rol protagónico durante todo el proceso de la constituyente. Esa es su aspiración personal.  Y es lo que sus ministros han comenzado a repetir hasta la saciedad ya. De hecho, Piñera copó los espacios en la televisión inmediatamente después de los resultados de la consulta.  Es que -de nuevo- no ser un rock star es impensado para el Presidente.  Dicen que estará preocupado en lo fundamental de influir para tener buenos candidatos a la Convención, capitalizar el éxito -si es que lo hay- de controlar la pandemia y por supuesto, lograr triunfos en materia económica.

Y el mantra comenzó a repetirse en distintos eventos y por distintas voces gubernamentales: “El presidente tiene un rol fundamental y lo va a jugar”, dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez, añadiendo que “tiene un rol fundamental de superar la pandemia, recuperar empleos”. Y agregó: “Ha demostrado en los hechos que tiene una capacidad de conducir un proceso democrático que nadie puede decir que no fue ejemplar”.

Por su parte el ministro Bellolio comentó que “el gobierno tiene una obligación constitucional de jugar un rol”. Y para capitalizar el proceso eleccionario, todos los miembros de gobierno destacan que el proceso eleccionario se llevó a cabo «con éxito», es decir, con un buen porcentaje de participación, sin violencia durante la votación y en una jornada tranquila. No por casualidad la Secretaría General de la Presidencia elaboró un documento, entregado a todas las autoridades justamente para aparecer como gananciosos en el plebiscito.

En el texto, titulado “grandes logros del gobierno en el plebiscito”, se plantea que “hicimos un gran esfuerzo en desplegar todas nuestras competencias, profesionalismo y herramientas disponibles para concretar de forma exitosa el plebiscito de este 25 de octubre”. Hacen énfasis en que “durante la jornada la ciudadanía disfrutó de un acto democrático histórico a pesar de estar en pandemia y de tener que soportar largas filas en las afueras de los locales de votación”. Y se agrega: “El plebiscito se desarrolló de manera segura e informada, y tuvimos una participación histórica que llevó a que más del 50 por ciento del padrón electoral llegara a los centros de votación”.

La minuta -distribuida a distintas autoridades del Ejecutivo y de Chile Vamos- señala que “esto no se debió al azar, esto fue fruto de nuestro trabajo” y que “en los últimos meses tomamos decisiones claves”, detallando los beneficios que el gobierno ha otorgado en este tiempo.

La derecha horquillada

En todo caso, la procesión va por dentro en la derecha. Hay algunos, los recalcitrantes como Marcela Cubillos, que tratan de minimizar el triunfo el Apruebo. “La mitad de los chilenos no votó. Los partidarios del Apruebo, votaron todos”, comentó en Twitter el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. La exministra Marcela Cubillos, actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo dijo que “la mitad de los chilenos se quedó en su casa. No podemos actuar con ese conformismo de celebrar que hubo una gran participación, fue una gran participación para estar en tiempos de pandemia, pero tenemos un desafío pendiente porque cuando la mitad de los chilenos no vota en algo tan relevante como esto también es importante (…) En porcentaje es similar a la presidencial (de 2017), es la mitad”.

Son palabras, sin embargo, que cayeron en el vacío. El resultado fue demasiado apabullante comparado con todas las elecciones que se han realizado en el país. Por ahora, la derecha se ve enfrentada a la disyuntiva de construir una lista con candidatos a constituyentes cosa que, como en la oposición, se ve difícil. Están en pleno proceso de conversaciones para ello y la UDI con parte de RN se inclinan por invitar a esa lista al partido Republicano de José Antonio Kast, propuesta que ha hecho arriscar la nariz a varios en la derecha.

Kast ya se había pronunciado: “ A mi me encantaría ver en abril quienes van a ser los constituyentes. Supongo que no va a haber nadie que antes haya estado en el parlamento, porque van a ser puros ciudadanos. Supongo que el presidente de la DC no va a ser parte de la constituyente, ni Gutemberg Martínez ni Soledad Alvear, nadie de ellos porque van a ser puros ciudadanos DC o socialistas”, dijo Kast. Agregó que “la gente hoy rechazó esa política. Yo perdí, sí, pero no estoy tratando de subirme al carro de la victoria. El Presidente dice ‘ha triunfado el pueblo chileno’ tratando de atribuirse un triunfo, ¿dónde? Si él fue parte del problema, él le dio paso a esta asamblea constituyente después de la violencia extrema que vivimos el 18 de octubre”.

«Yo personalmente no voy a trabajar en una lista con Republicanos se los digo altiro, no, porque además este es un tema de principios, yo quiero transmitir un espíritu en una nueva Constitución, este no es un tema electoral por sacar un voto más o un voto menos. No saco nada con sacar a un constituyente que piensa distinto a mí», sostuvo el senador Ossandón.

A su juicio,  «la gente nos dio una clase de civilidad y espíritu republicano impresionante, esto demuestra que la gente en Chile es sensata, que no quiere la violencia ni lo extremos y que quiere un camino institucional. El sentido común me dice que hay que alejarse de la extrema izquierda y la extrema derecha». Agregó que «cuando el Presidente de la República hace un llamado a la unidad habla de Chile Vamos, no se le olvide que Republicanos no es de Chile Vamos y es más, creo que el año pasado se determinaron como de oposición al Gobierno. Y segundo, que no tenemos nada que compartir en el proyecto». «Aquí hay que reflexionar, no fue 60%-40%, ni 65%-35%, fue 80%-20%. Además, 80% en la convención constitucional no la mixta, nos mandaron un mensaje al mundo político tremendo, entonces si uno no entiende eso, por Dios», sostuvo.