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La Dieta de la Desigualdad

Fue promesa de campaña de autoridades locales y regionales. Se replicó también en el resto del país por diferentes candidatos e incluso fue carta de triunfo para muchos. La disminución de la dieta parlamentaria  representa un anhelo largamente demandado por la ciudadanía y pareciera  que, ad portas de concretarse, abre expectativas de caminar hacia un sistema de igualdad marcado por la proporcionalidad salarial para los distintos cargos públicos.

Recordemos que el 30 de mayo, por 41 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, el Senado aprobó la moción presentada por una comisión mixta de parlamentarios para que la discusión sobre la dieta parlamentaria se trasladara desde el Congreso Nacional al Consejo de Alta Dirección Pública, ADP, del Servicio Civil. Los afectados no sólo serían los diputados y senadores, sino que también ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores regionales y delegados presidenciales, entre otros. Incluso el proyecto plantea rebajar la remuneración del Presidente de la República.

De esta manera, uno de los símbolos más evidentes de la desigualdad que existe en nuestro país y que, además, representa una de las demandas más compartidas y apoyadas por la opinión pública desde el 18 de Octubre y las movilizaciones sociales, finalmente será regulado.

La excesiva diferencia entre las dietas parlamentarias y el promedio de los sueldos chileno es abismante, y su regulación lleva cerca de seis años discutiéndose en el Congreso Nacional. De hecho, los diputados y senadores chilenos son  los mejores pagados en Latinoamérica ( según investigación del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clapes UC, en 2018); reciben un 21% más que el promedio de los sueldos mensuales de la Unión Inter Parlamentaria Mundial (según estudio de 2013); superan en 4.7 veces el promedio mundial de dietas parlamentarias (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2016); y es la más alta dentro de los 38 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

Ante este escenario y considerando que la responsabilidad de regular la dieta parlamentaria que recayó en la ADP ya está tomada, resulta indispensable un activo control ciudadano y, también, de los medios de comunicación sobre el proceso que permitirá determinar las remuneraciones de las altas autoridades y parlamentarios en Chile.

No podemos perder de vista que lo que estamos pagando es un servicio, por ende, más importante que la renta es lo que se obtiene a cambio en compromiso y gestión de los parlamentarios y parlamentarias. Ni más ni menos dinero volverán eficiente a quien no tiene aptitudes ni capacidades, ni más puntual al que llega siempre tarde a sus sesiones. Los niveles de legitimidad y aprobación de nuestros representantes en el Congreso no mejorarán ni cambiarán sólo por la rebaja de sus sueldos, sino que por la forma en que están enfrentando su trabajo, especialmente en sus territorios distritales, más aún en el actual contexto de Pandemia.

La transparencia de las remuneraciones de nuestras autoridades legislativas es fundamental para disminuir los escandalosos niveles de desigualdad que se han enclavado en Chile en los últimos 30 años. El cargo al que acceden no les da patente de corso a quienes pretenden que sus electores sean borregos y su circunscripción electoral el “lejano oeste” donde actúen como dueños y Sheriffs.

Sin Memoria y Sin Justicia, No Hay Orgullo

Acabo de ver en estos días el documental “Camionas”, tesis audiovisual de periodismo de Carolina Millalen y Daniela Contador, que cuenta la historia de tres crímenes de lesbo-odio ocurridos en la V región de Chile y ante este escenario nefasto de violencia desbordada, no me queda más que enunciar fuerte y claro que las lesbianas, en este país, no tenemos nada que celebrar este día.

Las banderitas multicolor ya llevan unos cuantos inviernos decorando esta invitación al festejo del orgullo, festejo que sólo llega a unos cuantos privilegiados de la – mal llamada – disidencia. Me hace sentido enunciar la “mal llamada” disidencia pues creo importante cuestionar y sospechar, siempre sospechar, de aquellas etiquetas que homogenizan a grupos de personas muy diversas bajo una misma óptica, que instalan un aparente espacio de normalidad donde la disidencia no sería parte y que, en definitiva, rehúyen del uso de un lenguaje explícito que incomoda, como lesbianas, camionas, travestis, trans, maricones, colas, maricas, etc.

Por otra parte, nombro en masculino a los privilegiados de este movimiento por el orgullo porque el patriarcado existe y se sostiene como marco normativo de la vida, por lo tanto, no resultará extraño constatar que este día serán muchos gays masculinos –hombres homosexuales con una expresión de género masculina – quienes celebrarán públicamente este orgullo sin mayores riesgos o complicaciones, porque el patriarcado sustenta sus alianzas entre los hombres y para los hombres. Pero si además este hombre homosexual tiene el doble privilegio de ser blanco o el triple privilegio de pertenecer al exclusivo grupo ABC1 de nuestro país, podrá celebrar a sus anchas el orgullo de ser gay en una hilarante performance despolitizada.

Existen unas contra-hegemonías al sistema heterosexual que no son masculinas-blancas-adineradas, que no se convocan a los festejos televisados del orgullo, ni serán las caras visibles de los eventos higienizados a ultranza. A estas contra-hegemonías los privilegios no les llegan y sólo les salpican las huellas clasistas, racistas, colonialistas, machistas, viejistas, trans-fóbicas, lesbo-odiantes y misóginas de un sistema, perpetuando una existencia que es y que ha sido históricamente marginal.

El 28 de junio se ha transformado en un evento desmemoriado, arrebatado de la lucha que mujeres trans y racializadas levantaron desde su propia revuelta por la defensa de sus derechos en EEUU. A día de hoy el día del orgullo ha sido limpiado para que no incomode y cooptado por instituciones, empresas, medios de comunicación serviles, asociaciones despolitizadas y ONG’s que ven en este evento una oportunidad para sacar un voto, un contrato, un patrocinador, un financiamiento, un logro personal. Este año, en el contexto sindémico feroz que se habita en Chile tras la revuelta social, la crisis sanitaria y la recesión económica, y donde el buen vivir pende de un hilo tan frágil, no se entiende porqué Fundación Iguales decide instalar un escenario en la Plaza de Dignidad para celebrar el orgullo, evento que tras las críticas decide suspender el mismo día, ni tampoco se entiende porqué el MOVILH gesta un evento online protagonizado por un panel eminentemente heterosexual, carente de sentido crítico y descontextualizado de la precaria vida que nos pesa ahora a todas, todes y todos.

Nada del día del orgullo, tal y como se ha estado llevando a cabo en los últimos años,  nos lleva a pensar en los crímenes de odio contra camionas, lesbianas, trans, travestis, maricas, colas y demases que ocurren en Chile, nada de este día interpela a la violencia Estatal contra estos casos, nada cuestiona el sesgo de la justicia chilena en estos crímenes, nada habla de la precariedad económica con la que viven muchas personas LGTBI envejecidas, nada de este día nos debiera hacer sentir orgullo alguno, porque aún falta un trecho largo por caminar en tema de derechos.

Hoy la performance farandulera del orgullo, importada desde la cuna del capitalismo neoliberal, no nos cuenta nuestras historias contra-hegemónicas, no habla de los crímenes de odio contra las lesbianas Mónica Briones, Susana Sanhueza, Nicole Saavedra, María Pía Castro y Anna Cook, tampoco de la tortura y asesinato de Daniel Zamudio, menos del incendio homofóbico de la discoteque la Divine en Valparaíso donde murieron cerca de 20 personas en el año 1993. No, no nos habla de las violaciones correctivas, ni de la violencia político-sexual, porque la precarización de la vida y la violencia que atenta contra nosotras/es/os no importan al modelo actual, porque para el sistema y para sus aliadxs estas vidas no se cuentan, no cuentan y se descuentan.

Por este motivo, desde las contra-hegemonías no nos sumamos a estos festejos despolitizados y desmemoriados del orgullo, auto-gestionamos nuestros propios espacios y momentos para rescatar nuestra historia, hacernos visibles y exigir una vida digna, así nuestras fechas conmemorativas seguirán teniendo un sentir político y crítico, porque sin justicia y sin memoria, no tendremos ningún motivo para celebrar.

La Otra Primera Línea: Profesores y Profesoras en el Tele-Trabajo

“Profesora: estoy triste, mi abuelita falleció de corona virus en Santiago y no pudimos viajar a despedirla”;  “quiero volver al colegio, quiero ver de nuevo a mis amigos y jugar con ellos”; “me canso en el computador profe”, whatsApp a las 21:00 hrs.: “profesora, perdone que la moleste, pero xxx no entendió bien la tarea ¿puede explicarme esta pregunta?”,  niña haciendo la tarea en casa: se escucha “cabra tonta que no entendís” (la mamá), “profesora ¿será que mi hijo de IV Medio aprobará el año para dar la Prueba y entrar a la Universidad?”… “mamá (profesora) mi profesora me dio una tarea en la Guía que no cacho”, “¡Pepe! ve a los niños: estoy en  clases”, “Chicos, ¿están ahí? Están todas las pantallas cerradas”, “no te burles así de la clase, hago lo mejor que puedo”… “los profes nos dan muchas lecturas y hacen muchas pruebas el mismo día”, “xxxx ¿está ahí?, le estoy preguntando y no me responde”, “perdonen pero aquí en el cruce de caminos la internet es muy precaria y se cae a cada rato, además está lloviendo.”

En algunos establecimientos han cambiado –a veces unilateralmente- los contratos a los profesores de presencial a on line por la misma cantidad de horas y el mismo horario de trabajo. No se pagan horas extras a quienes trabajan más horas de las convenidas. ¿Retornan  los procesos que poco a poco se superaban?: preparar clases y corregir pruebas en fines de semana.  Profesores hacen turnos en  los colegios en medio de las restricciones, otros reparten materiales, alimentos u otras ayudas a los estudiantes. Los sobrecostos de internet, luz, teléfono, comprar un segundo computador para sus casas, lo han tenido que solventar personalmente. Muchos son exigidos a cumplir con todos los objetivos y contenidos de la priorización curricular del Ministerio de Educación (MINEDUC).

Es cierto, ha habido establecimientos respetuosos de los derechos laborales y condiciones de trabajo docente, entendiendo su doble jornada de trabajo (doméstica y laboral) como las condiciones de sus estudiantes, centrándose en lograr resultados de aprendizaje dejando a la flexibilidad y responsabilidad de los docentes la estrategia pedagógica para alcanzarlos. Han ofrecido apoyo tecnológico. No todos los(as) directores(as) han considerado que la teleeducación es sólo un cambio de escenario y metodología que pasa de un espacio escolar a uno doméstico para enseñar, como sea,  todas las materias que indica el MINEDUC.

En este complejo contexto de teletrabajo con cierto carácter de teleexplotación (a lo que nos hemos referido en columnas anteriores de Página 19) los profesores y profesoras han asumido heroicamente su trabajo, dedicando sus tiempos personales y familiares a intentar montar esta modalidad, en poco tiempo, con enormes complejidades de diseños pedagógicos y didácticos, con un uso no habitual de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Han debido responder a problemas psicosociales y de salud mental de los estudiantes y sus familias, distribuir servicios del estado necesarios a la sobrevivencia de las familias de la comunidad, apoyar a colegas poco expertos en estas tecnologías. Trabajando mucho desde sus hogares pero también corriendo riesgos con presencia en turnos éticos o apoyando a los estudiantes para ejercer su derecho a la educación en este contexto anormal. Han tenido que aprender en esta modalidad de un día para otro, incluso aquellos(as) que no están de acuerdo con centrar en las tecnologías su pedagogía.

Contención emocional

Mi homenaje a los profesores y profesoras que hoy son la primera línea de contención emocional y aprendizaje de los millones de niños, niñas, jóvenes y adultos que tenían en las escuelas y centros de educación una parte importante de su existencia, sentidos presentes de vida y esperanzas de su mejoramiento, goce en la convivencia y sociabilidad y de un día para otro, todos y todas, profesores(as) y estudiantes, tuvieron que encerrarse en sus hogares –muchas veces muy precarios- sin relaciones sociales de aprendizaje directas, asumir la formación de su propia familia y la de sus estudiantes día a día, con una sobrecarga de trabajo de enseñanza o aprendizaje imprevista. Han tenido que afrontar sistemas de control virtual de su quehacer que rayan en la pérdida total de la autonomía profesional docente. Es la realidad: no hubo y aún no hay otra opción que encerrarse y seguir los procesos formativos de otra manera, en este caso on line. Y la han asumido con toda e inmensa responsabilidad a pesar de los costos que les ha significado.

Pero eso no supone invisibilización de su enorme aporte a la contención de la crisis, a mantener con su esfuerzo y sacrificio personal, los procesos de formación de la población que tendrá que afrontar la post-pandemia y la grave situación social y económica que la caracterizará.

Ya lo decía el socialista Freinet en el siglo pasado en sus cooperativas escolares de imprentas: las tecnologías condicionan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como organización práctica del conocimiento determinan las relaciones sociales de producción y estas la cultura e ideología: la decisión sobre una u otra tecnología es un acto de poder político. Los docentes enfrentan dramáticamente esta realidad en su cotidianeidad: horas frente a los computadores, preparando clases en espacios no apropiados, sin preparación previa, “subiéndose a la micro como pueden”, “arreglando la carga en el camino”. Fue una primera etapa de emergencia y los docentes respondieron a lo que la sociedad y estudiantes les demandaron. Incluso con los devaneos e inseguridades del Gobierno respecto de si se retornaría con seguridad a clases.  Pero no más.

El tele-trabajo de emergencia no debe convertirse en tele-explotación habitual.  Al menos hasta fin de año viviremos en estado de régimen virtual, ya no es un tiempo de emergencia. El capitalismo, se reorganiza con una enorme flexibilidad para mantener su objetivo central: reproducir, acrecentar y concentrar la acumulación, hoy de capitales financieros asociados a la producción de riqueza material extraída de la naturaleza o intangible asociada a servicios, el conocimiento, la cultura e ideología, bajo formas legales o ilegales. Ya lo adelantó el poder: el próximo gobierno será de transición a otro modelo, dentro del capitalismo, respecto del actual neoliberal. Habrá que ver. La educación en Chile es un importante sector de negocios y control cultural, por ello se debe estar atento a como el sistema se reorganiza y se reestructura para que la actual condición laboral de los profesores y profesoras, muchos de ellos de precariedad contractual o desarrollo profesional, en el sistema estatal o en los privados, no retroceda en primer lugar en las conquistas logradas en las últimas décadas, resista organizacionalmente y se reorganice para que, en un nuevo contexto tecnológico o mixto con lo presencial, pueda avanzar en ejercicios de derechos, desarrollo y autonomía docente. Se viene un gran cambio: sólo la conciencia crítica, la preparación teórica y metodológica, un excelente desempeño profesional y la organización gremial y política, permitirá que no se instale el tele-trabajo como tele-explotación en algunas formas que hoy no imaginamos.

Reforma en Peligro: Oposición Unida Rechaza Intentos de Veto

Su apoyo a la reforma constitucional que limita la reelección sucesiva de Senadores, Diputados, Alcaldes, Consejeros Regionales y Concejales, cuya promulgación inexplicablemente está pendiente, manifestaron las bancadas de oposición el 30 de junio.

Se ha sabido -tal como lo señaló Página 19 hace unos días- que existen denodados esfuerzos por parte del oficialismo, particularmente de la UDI, por impedir la promulgación del proyecto. Ante tal situación, los partidos opositores emitieron una declaración rechazando “los intentos y el lobby que las autoridades afectadas por esta reforma están realizando para impedir su pronta promulgación y la solicitud de un veto Presidencial para torcer la voluntad soberana, manifestada en una reforma constitucional que impedirá la reelección indefinida de Senadores, Diputados, Alcaldes y otras autoridades”.

En la declaración, firmada por los partidos Socialista, PPD, Radical, Democracia Cristiana, Comunista, Frente Amplio – Federación Regionalista Verde Social, se hace un llamado al Presidente de la República a promulgar de forma urgente el texto aprobado por el Congreso Nacional. El Presidente debe decidir si respetará la decisión y autonomía del Congreso Nacional o, en cambio, buscará mantener privilegios para autoridades que llevan ejerciendo cargos públicos por largos años.

Indican luego que extender la incertidumbre sobre el futuro de esta reforma y la posibilidad de un veto al proyecto aprobado, daña la democracia habida cuenta que esta reforma fue apoyada ampliamente por la ciudadanía y se hace cargo, en gran medida, de las demandas que los ciudadanos han exigido por mucho tiempo y con mayor fuerza desde el pasado 18 de octubre.

Por lo mismo, la oposición señala que el Mandatario debe entender que limitar la reelección de Senadores, Diputados, Alcaldes y otras autoridades es una necesidad política urgente en un Chile post 18 de octubre, y que no caben acomodos o subterfugios para evitar que todas las autoridades se rijan por el límite a la reelección desde la promulgación de esta reforma.

Finalmente, rechazan “cualquier intento del Presidente de la República por desconocer su contenido a través de un eventual veto que, de ser presentado, significará que el Gobierno ha cedido a la presión de autoridades que buscan perpetuarse en el poder.

Relatoría Especial para Libertad de Expresión: Proceso Penal Contra LasTesis Podría Conducir a la Criminalización de Expresiones Artísticas y de Protesta

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la investigación criminal iniciada en Chile contra el colectivo feminista LasTesis, y advierte que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la Relatoría detalla que diversos medios de comunicación informaron que Carabineros de la V Zona Policial presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por amenazas, atentado contra la autoridad e incitación a la violencia contra la policía, en la que responsabiliza de la comisión de estos presuntos delitos a LasTesis, la que fue respaldada de manera pública por el ministro del Interior y que cuestiona una serie de canciones y performances audiovisuales que se difunden en redes sociales.

La denuncia hace mención en particular a Un violador en mi camino, “que se ha convertido en una forma expresiva emblemática de condena a la violencia de género en distintas partes de la región; y un segundo video en el que este grupo de activistas denuncian el abuso policial en América Latina, enfatiza la declaración.

Derecho de las mujeres a la libertad de expresión

Según la declaración, el Estado de Chile informó a la Relatoría que se trata de una denuncia puntual, en relación a hechos que podrían constituir delitos comunes y que en particular se cuestiona que podría existir incitación a la violencia constitutiva de delitos específicos, con llamados a ´prender fuego a los pacos´, no obstante, las integrantes del grupo han controvertido ese contenido y señalaron que la frase no formaría parte de la obra aludida.

La entidad destaca que la Fiscalía de Valparaíso habría abierto a trámite una investigación y ordenado una serie de diligencias incluyendo la solicitud de ampliación de la información aportada por la propia Policía de Carabineros que presentó la querella.

En ese contexto, la Relatoría Especial menciona que bajo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los discursos sobre asuntos de interés público tienen una protección reforzada, en especial aquellos que expresan elementos esenciales de la identidad o denuncian situaciones de violencia y discriminación estructural” y que la CIDH ha subrayado la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y acceso a la información como herramienta para combatir la violencia basada en su género.

En ese sentido, acota, “las expresiones de protesta contra la violencia de género por parte de defensoras de derechos humanos, artistas y colectivos de mujeres, que se han expandido gracias al rol que juega la protesta en línea, han sido de gran valor para concientizar sobre la persistencia de un problema que impide el derecho de las mujeres a disfrutar de una vida libre de violencia.

Figuras penales ambiguas

Junto con ello, la Relatoría insiste en la necesidad de no utilizar figuras penales en blanco, vagas o ambiguas para criminalizar expresiones que, si bien pueden ser ofensivas, chocantes o irritan a funcionarios o a parte de la población, configuran expresiones de interés público que no deberían ser criminalizadas en una sociedad democrática.

Por otra parte, añade que los discursos que incitan a la violencia contra cualquier persona o funcionarios del Estado no son objeto de protección por parte de la libertad de expresión; no obstante, las expresiones artísticas o de protesta deben ser analizadas en su contexto y requieren que el discurso en cuestión sea un llamado verosímil, real e inminente a producir hechos de violencia.

En su reciente informe sobre mujeres periodistas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recuerda que «el derecho a la libertad de expresión también es fundamental para asistir a los grupos vulnerables a restablecer el equilibrio de poder entre los componentes de la sociedad. Además, este derecho es útil para promover la comprensión y la tolerancia entre las culturas, favorecer la deconstrucción de estereotipos, facilitar el libre intercambio de ideas y ofrecer opiniones alternativas y puntos de vista».

 Por último, la entidad llama la atención respecto a que la tramitación de esta clase de investigaciones debe ofrecer garantías de imparcialidad, debido proceso y contar con personal capacitado en las connotaciones y estereotipos discriminatorios arraigados en la sociedad, en este caso las mujeres.

Madre de José Matías Tras Acciones Legales en su Contra: “Voy a Llegar a la Corte Interamericana de DDHH”

Tras un año del suicidio del adolescente José Matías su madre no sólo ha enfrentado el dolor más infinito, sino el actuar indolente de instituciones de educación, la desidia de autoridades comunales y los comentarios mal intencionados de la comunidad. A pesar de esto, ha sacado fuerzas para exigir justicia y hoy, cuando buscan silenciarla, alza la voz para que nunca más el sistema educativo chileno vulnere los derechos de niñxs o jóvenes trans

Antes de cada comida, Marcela Guevara y sus dos hijas (menores de edad) hacen una oración a José Matías. Eso desde que el hijo mayor decidió quitarse la vida el 23 de mayo de 2019. Ese fue también el último día en que las hermanas entraron al Liceo Sagrado Corazón de Copiapó.

Desde entonces la familia ha tenido que lidiar con el dolor de lo sucedido; con la impotencia de que el establecimiento no reconozca la responsabilidad que le cabe al ignorar la explícita solicitud del adolescente de llamarlo por su nombre social; con comentarios de odio de parte de la sociedad; y para finalizar, con el acallamiento que tomó forma de recurso de protección el 23 de mayo de 2020.

Ese día y los que siguieron, Marcela no sólo tuvo que cargar con la emoción de cumplirse un año sin José Matías, sino que debe enfrentar dos recursos de protección por vulneración a garantías constitucionales, como el derecho al honor. Uno presentado por la ex directora del colegio, y otro presentado, de manera conjunta, por la encargada de convivencia escolar y por una inspectora. En ambas, Marcela no puede mencionar a las demandantes por ningún medio. En esta entrevista, de hecho, no nombra a las recurrentes ni una sola vez.

“Hay funcionarias del colegio que buscan desvincularse de la responsabilidad con un recurso de protección a través de Tribunales. Éste busca que yo no diga sus nombres, no los relacione ni vincule como individuos con nada de lo relacionado con Matías ya que el colegio ya recibió sanción. Pero el colegio lo forman las personas, lo forman los funcionarios que estaban a cargo de mi hijo”, explica Marcela Guevara.

“Para mí es un daño, una humillación, tener que darles explicaciones de por qué yo hablé de ellos. Pero como yo soy la amenaza, porque soy yo la que los va a demandar, soy yo la que no quieren que hable. Les molesta porque escribí un libro, queatrevimiento decir lo que pasó. Eso es lo que les arde. Por eso yo soy su enemiga. Seguramente me va a llegar más demandas. También en este camino hay un sacarme las ganas, sacarme la fuerza, para que yo en un par de meses no quiera nada, no tenga fuerza para demandarlos. Es su estrategia”, afirma Marcela con respecto a la medida, que recuerda las acciones de la familia de Martín Pradenas Dürr en contra de la familia de Antonia Barra, quien también se quitó la vida acusando una violación por parte de Pradenas Dürr.

Además de no “funarlas”, las recurrentes requieren que la recurrida –Marcela- se abstenga de distribuir el libro “Salto de fe” (autopublicado y con ilustraciones del propio José Matías) que presentó en marzo de este año, ante lo cual es tajante: “Con el libro que no se metan, fue lo que más le encargué al abogado, porque el libro es de mi hijo. Ese libro lo escribí desde la pena, si lo escribiera hoy sería muy distinto”. Marcela no se dedicaba a escribir, pero fue una herramienta que le sugirió su psicóloga. “Me dijo que le gustaba lo que decía, entonces lo podría anotar en un cuaderno y eso se transformó en un libro. Para mí fue una herramienta, tenía mucho miedo de que la historia se perdiera y cada día pienso que la historia va a morir conmigo. En psicología esto se llama cristalizar la emoción”.

El pasado 24 de junio fue el alegato en respuesta a la acción de protección de la ex directora. El abogado de Marcela argumentó que nunca hubo alusiones directas hacia ella hasta que la Superintendencia de Educación multó al colegio por no cumplir con los protocolos de la circular 768 del Ministerio de Educación.

El viernes 26 de junio debía fallarse el recurso de protección, pero la Corte de Apelaciones de Copiapó solicitó tiempo para estudiar la causa. Para Marcela no es algo en sí favorable, pero al menos significa que van a revisar todos los documentos presentados por el abogado. “Probablemente lean el libro para establecer si es, como ella sostiene, un ataque personal hacia ella”, especula Marcela.

La primera pequeña victoria

A su favor, el 17 de marzo de este año la Superintendencia de Educación multó con el máximo permitido –cerca de $2,7 millones—al Liceo Sagrado Corazón de Copiapó por no cumplir con la circular 768 de “Derechos de niñas, niños y jóvenes transen el ámbito de la educación” y sus correspondientes “Orientaciones para la Inclusión de Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex” emanadas por el Ministerio de Educación en abril de 2017.

Dentro de los antecedentes que recabó dicha investigación, se estableció que José Matías se dirigió a las autoridades del colegio para solicitar apoyo. En palabras de Marcela: “Él va y dice, yo soy transgénero, mi mamá lo sabe, mi mamá me apoya y necesito el apoyo del colegio. Eso fue una iniciativa de él, yo no supe que él fue. En ese momento el colegio tenía que llamarme a mí y ponerme la circular en las manos para poder solicitar el reconocimiento”, acusa. Y agrega: “Entonces cuando ellos dicen que yo no pedí el reconocimiento de identidad, claro que no lo pedí, porque yo no conocía la circular y ellos se encargaron de que no lo supiéramos”.

También cuenta que en los últimos meses la Fiscalía dio con antecedentes que ella desconocía, como la declaración de la encargada de convivencia escolar –una de las actuales demandantes—, donde se da a conocer que a fines de marzo de 2019 –dos meses antes del suicidio— tres compañeras de curso fueron a contarle que José Matías se autoflagelaba haciéndose cortes en la piel. Y eso no fue comunicado a la madre. “Es parte de su argumento, que ella nunca tuvo la oportunidad de ayudarlo, que mi hijo lamentablemente era una persona anormal. Entonces que ella clama por justicia porque se le está afectando su honra porque ella nunca hizo nada malo. Te llaman por estupideces del colegio a veces, y ella, sabiendo, no levantó el teléfono”, relata la madre.

“Cuando la Superintendencia entregó la resolución pude respirar un poco”, reconoce Marcela. Y añade con claridad: “Uno no va a andar en la calle gritando y tirando piedras. Si fuera por mí, por hacer una justicia, sería distinto. Pero tengo dos hijas, soy sola, no me puedo dar ese lujo, tengo que esperar y comerme todas estas humillaciones”.

Aun así, Marcela dice que la Superintendencia “nunca se enteró de cosas” que la Fiscalía sí ha podido recabar, cosas que ella “ni hubiera podido imaginar”: “Les haré presente los hallazgos que ellos pasaron por alto. Quiero que me aclaren si fue por pegarle la ayudadita al colegio o de verdad no se dieron cuenta de las graves cosas que había que ver ahí”, afirma en tono paciente y decidido.

¿Que si Marcela carga con alguna culpa?

“Yo ya identifiqué mi error y lo asumí. Mi error fue creer que todas las otras personas lo iban a mirar como yo. Nunca le vi nada malo. Nunca me imaginé en mi cabeza que podían hacerle nada malo, no fui desconfiada. Voy a pagar el resto de mi vida por no poder ver bien”, afirma la también Educadora de Párvulos con postítulos en Psicopedagogía y Trastorno del aprendizaje en el espectro autista.

Desde que su hijo, en diciembre de 2018, le explicitó que era transgénero –algo que ella intuía desde que era pequeño— comenzó a estudiar la temática. “Entendí que me tenía que formar en esa área. Para mi sorpresa no había nada, ninguna casa de estudios que te formara para el área de transgénero. Hay mucho género y equidad, pero no educación para niños transgénero. Ahora sigo en la búsqueda pero por mientras me ayudo de personas que una va conociendo”, relata.

Aspectos legales

Ya que el suicidio fue comprobado (investigaciones que duran 30 días), no es posible acudir a la vía penal. “Nunca va a haber nadie pudriéndose en la cárcel como se merece. Nunca, jamás”, lamenta Marcela, quien por lo tanto deberá seguir el camino civil –por daño moral— una vez que la Fiscalía cierre la investigación en contra del colegio por omisión de antecedentes.

También la Fiscalía investiga presuntos abusos sexuales de parte de estudiantes mayores que José Matías. Al respecto, Marcela dice: “A mi hijo lo volvieron loco. Y por supuesto que tengo el nombre de todas esas cabras, pero como son menores de edad, no se les puede tocar un pelo.

 “Quiero que se clarifique muy bien en qué condiciones mi hijo muere, qué lo llevó a la muerte. Que sea plenamente identificable y que se sepa por todo medio público y por toda la comunidad las irresponsabilidades que ellos [el liceo] cometieron, que fueron muchas. Que públicamente digan, ‘nosotros somos responsables’ y que le pidan perdón a mi hijo, a su memoria. Porque la memoria de mi hijo siempre va a estar asociada a algo. Hasta el día de hoy ellos no han asumido nada. (…) Además, si yo consigo que estas personas reconozcan sus errores, que el Tribunal les entregue la responsabilidad civil que les corresponde, ¿tú piensas que todos los otros colegios no la van a pensar diez veces antes de hacerle daño a un niño? A lo que se exponen por su imbecilidad, por querer imponer lo que ellos quieren, y no lo que corresponde”.

La convicción de Marcela es tan profunda como su dolor: “Ya conseguí que una investigación saliera bien clarita de lo que había pasado. Entonces voy por la segunda. A mí no me van a detener, yo voy a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí recién voy a parar porque acá en Chile no se respetan los Derechos Humanos”, sentencia.

Gran parte de la lucha de Marcela es llevar al Parlamento le Ley José Matías, a la que define como “implacable”. Con ésta buscaría que un colegio que tuviera este nivel de responsabilidad no pagara sólo 55 UTM. “Si por andar sin mascarilla en la calle te pueden cobrar $5 millones, o por hacer una fiesta en pandemia”, pone en perspectiva Marcela.

También busca que el trabajador o trabajadora que obstruya información que lleve a este tipo de consecuencias, asuma la responsabilidad personalmente y que ésta no recaiga sobre la institución –como estaría pasando hasta ahora— ya que eso permite a los individuos seguir desempeñándose en el mismo ámbito que antes pero con otro empleador. “Eso le da la libertad a la gente mala de hacer lo que quiera”, sostiene la madre de José Matías.

El proyecto de ley está listo y Marcela lo ha revisado dos veces, pero dado el contexto de pandemia no lo han llevado al Parlamento. Es la diputada Daniella Cicardini (PS) quien ha dispuesto de los abogados que redacten dicho proyecto y quien respaldará la moción.

Pasando lista

Más allá de la resolución de la Superintendencia de Educación, el Ministerio de Educación ha dado respuestas disímiles a Marcela Guevara.

Con dos hijas más en edad escolar y que también asistían al Liceo Sagrado Corazón de Copiapó, tuvo que buscar otro establecimiento para que siguieran con su educación. “Yo dije, nunca más pago un colegio. Mi hijo, mira cómo terminó”, explica con la voz quebrada. Pero recuperando la firmeza cuenta: “Cuando yo hablé con la [ex Ministra] Marcela Cubillos le dije ‘Tú me vas a solucionar este problema, me vas a buscar matrícula, y me la vas a buscar’”. La solución llegó a través de un asesor que encontró los cupos, por lo cual Marcela se encuentra genuinamente agradecida, a pesar de que producto del estallido y de la pandemia, en términos concretos, no hayan asistido mucho a clases.

Cuando José Matías se suicidó, Silvia Álvarez Matthews llevaba un mes como Secretaria Regional Ministerial de Educación de Atacama. Marcela Guevara no se ha dirigido hasta el momento a esa institución pues no la valida como interlocutora: “Yo tengo un tema pendiente con ella, una enorme molestia, porque públicamente en la tele salió respaldando al colegio, no halló nada mejor que salir diciendo que yo no había pedido el reconocimiento de identidad. Con eso decía que el colegio no tiene la culpa. Y siete meses después, ¿qué dice la Superintendencia? (…) Yo voy a ir directamente al Ministerio de Educación, yo tengo clara la visión de ella. Voy a pasarla por alto a ella, como ella me pasó por alto a mí”.

En cuanto al trato que le ha dado Fiscalía señala: “He sido llamada cuando corresponde. Yo espero que a todo el mundo lo traten igual, porque a mí me han tratado bien. No tengo reclamos, son las circunstancias las que no han acompañado, porque hubo un estallido y ahora una pandemia. Yo creo que a esta altura la investigación ya está lista, pero en este momento la Fiscalía está abocada a perseguir a la gente que sale después de la hora que corresponde”.

La última vez que Marcela Guevara se reunió con el Fiscal fue en febrero de este año, y le entregó la investigación de la Superintendencia para acompañar lo que según Marcela ya tenían claro: “En Fiscalía no están confundidos ni perdidos, están muy claros en lo que pasó”.

Otra cosa es con la Municipalidad. “Yo al alcalde nunca lo he visto, de hecho que hayan contratado a la ex directora [del Liceo Sagrado Corazón] desde el DAEM me tiene muy desilusionada”, sentencia.

Marcela recibió la noticia de que estaría desempeñándose en el Liceo de Música a través de los mismos estudiantes del liceo municipal quienes, molestos y dolidos, descubrieron que sería su profesora de Matemática. Si no se manifestaron, fue porque la pandemia llegó antes. Entonces, pidió hablar con la Jefa del DAEM Copiapó, Any Dorador, para ponerla al tanto de los antecedentes, pero Dorador se habría dado por desentendida, argumentando que administrativamente no había cometido ningún error ni había responsabilidad legal de la ahora profesora. “Criterio y ética”, le espetó Marcela antes de irse de la oficina.

“Un senador vino a título personal sin fotógrafos ni nada a decirme ‘la apoyo en la desgracia’. Fue un apoyo moral y se ha manifestado en preguntar constantemente”. Ese senador fue Rafael Prohens (RN).

Marcela ha recibido comentarios negativos y ofensivos, principalmente del entorno del colegio. “Me han llegado mensajes horrorosos. ‘Tú eres la culpable de la muerte de tu hijo’. ‘Tú lo asesinaste’. (…) Hay muchas viejas que estudiaron en ese colegio de porquería que van a patalear hasta el último día que yo soy la loca y que el colegio es un santo poco menos. No han querido abrir los ojos. Pero a mí esa gente no me interesa”.

¿Cuáles son sus fuerzas, sus redes de apoyo?

“Mi hijo. Mi hijo está muerto pero sigue estando presente para mí, la fuerza más grande del mundo viene de él. Somos mis hijas y yo. Nuestras psicólogas, nuestra familia extendida. Pero son apoyo moral las colectivas femeninas, siempre he recibió su empatía (…). El 28 de mayo pedí que me acompañaran a marchar, la mamá de la novia de mi hijo pidió el permiso. Me paré en la esquina del edificio con una foto de mi hijo, llegaron Carabineros y me preguntaron si íbamos a marchar. Esperé media hora y llegaron como 600 niños. Cómo no voy a estar agradecida. Todo lo que han hecho, siempre han sido un apoyo incondicional, reconozco su valentía y solidaridad”.

Principios del establecimiento

José Matías era un adolescente transexual en un liceo de monjas, que tiene por sostenedor a la Fundación Catalina de María y como lema en su sitio web “Bautizados y enviados a anunciar tu Amor Reparador”. El mismo colegio ha declarado como ejes formativos el “desarrollo integral”, lo “valórico-religioso” y el “enfoque inclusivo”.

Pero José Matías no sentía nada de aquello. Anunciaba en su carta de despedida: “Liceo de mierda, todo su entorno, las niñas y la gente en general ahí me colapsó. Yo soy solo un maricón culiao, como diría (nombre de la agresora)…”.

La madre relata que, si bien en las notas no era un niño destacado, sí lo era en cuanto a su personalidad. “En esas cosas, en religión, siempre sacaba MB. Pero desde el día que dijo que era transgénero le pusieron Insuficiente. Mis otras hijas siguieron con MB”, acusa.

El extracto del proyecto educativo institucional (PEI) del establecimiento, por su parte también afirma: “Su Estilo de Formación facilita la humanización y personalización de cada alumna enfatizando la vocación trascendente de ser mujer (…) Su estilo de formación, en la línea de la Educación Centrada en la persona, se sustenta en una escala de valores que realza las virtudes propias de la mujer, con su singular manera de presencia en el mundo”.

Según el sitio www.mime.mineduc.cl el actual director es Pedro Flores González, y la encargada de convivencia es Pauline Delard De Rigoulieres Quesada. En la dirección, hasta 2019, estuvo Adriana Arratia González, quien hoy según el mismo sitio figura como docente del Liceo de Música de Copiapó.

En septiembre del mismo año que José Matías saltó del piso 11, el Sindicato de Trabajadores realizó una bullada huelga de un mes por un proceso de negociación de contrato colectivo. Nunca se supo de una movilización del gremio de esas dimensiones por el caso de José Matías.

Por mientras, además de las acciones legales, Marcela se dedica a escribir un libro infantil de cuentos sobre familias diversas y uno que relatará todo el camino en la búsqueda de justicia y reparación. Su lema es claro: educar para salvar vidas.

Chile al Desnudo: Se Está Incubando un Descontento Social de Imprevisibles Consecuencias

Aunque parezca un contrasentido decirlo, si de algo ha servido esta pandemia que está azotando de la peor manera a Chile, es para dejar al desnudo el país que tenemos y que alguna vez se ufanó de ser el faro del crecimiento y el desarrollo en esta parte del continente. Un verdadero ejemplo para el resto de Latinoamérica. Eso se creía hasta que llegó primero el 18 de octubre y luego la pandemia. Ahí fue donde finalmente Chile quedó al desnudo.

Una desnudez que a estas alturas avergüenza tanto en lo económico, como en lo social y, por cierto, en lo político. Apareció la pobreza y el hambre en casi toda su magnitud por primera vez en los canales de tv, sorprendiendo a conductores y periodistas tanto como a ministros y subsecretarios. Apareció la contumaz defensa del gobierno de los grandes empresarios en detrimento de sus trabajadores. Y ahora, cuando la pandemia sigue reinando por sus fueros, pareciera ser el momento ideal para algunos que -una vez más- desean doblarles la mano a decisiones tomadas en el Congreso, obligado a legislar por la presión popular en temas que durante años han irritado. Finalmente, una desnudez que está incubando una segunda revueltasocial.

Un botón de muestra

Ahora ocurre que hay preparativos para doblarle la mano a una ley aprobada en el Congreso, una de las más sentidas por la población y que el gobierno aún no promulga, no porque el control de la pandemia se lo impida, sino porque en estos días está siendo tironeado por las fuerzas políticas que lo apoyan justamente para no darle luz. Está en ciernes ni más ni menos que la posibilidad de vetar la ley que pone límites a la reelección de alcaldes y de ser posible, de parlamentarios.

Fue a principios de junio cuando luego de ¡14! años de tramitación en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que limita la reelección de parlamentarios y otras autoridades, desechando enviar la iniciativa a una Comisión Mixta. Luego de intensos debates y reclamos, la mayoría de las bancadas de oposición y oficialismo optaron por respaldar la iniciativa. Obviamente, solo parlamentarios de la UDI estuvieron en contra de aprobar la iniciativa, calificándola de “traje a la medida» y “mal proyecto”. Esto significa que 37 diputados y 13 senadores no podrán repostular a sus escaños en las próximas dos elecciones parlamentarias. Esto porque cumplirán con el límite de dos periodos para los senadores y tres para los diputados que establece la ley. Más o menos lo mismo que ocurrirá con alcaldes y concejales.

La UdI sostuvo un encuentro, hace unos días con sus alcaldes. Allí participaron la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, y el secretario general, Felipe Salaberry. Están preocupados no solo de la pandemia y de la situación económica en que está y quedará el país cuando se controle el contagio, sino que, además, por la situación en la que quedan los alcaldes con esta ley. Es el partido más afectado, con 24 jefes comunales imposibilitados de ir a la reelección, entre ellos, Virginia Reginato (Viña del Mar), Eduardo Soto (Rancagua), Rodrigo Delgado (Estación Central), Mario Olavarría (Colina), Nora Cuevas (San Bernardo) y José Vilugrón (Ercilla). Tan enojados están los ediles que incluso acusaron de pasividad y desidia a La Moneda por su papel en la tramitación de la normativa. Lo dijo el ex subsecretario Felipe Salaberry. Señaló que, en materia municipal, su partido es el más perjudicado y que hubo un error o irresponsabilidad del Parlamento en la manera que se legisló además de la pasividad con la que el gobierno lo miró”.

Lo que ocurre es que, si un edil quiere competir en una elección parlamentaria, por ejemplo, debe renunciar a su cargo un año antes de esos comicios, es decir, en noviembre próximo. Una solución posible la dio el año pasado un grupo de diputados, de aquí y de allá,liderados por Pepe Auth. Se busca así eliminar ese plazo en un proyecto que el gobierno ya decidió patrocinar.

En todo caso, el nerviosismo cunde al unísono o más que la pandemia.  Se dice que los alcaldes solicitaron a la directiva UDI que pidieran al Presidente Sebastián Piñera la presentación de un veto supresivo a la nueva normativa que, pese a haber sido aprobada por el Congreso, aún no ha sido promulgada por el gobierno. Aún les queda tiempo. Pero también tienen claro que el costo político sería muy alto. De todos modos, aunque no pierden las esperanzas del veto, se afirma que ya comenzó la búsqueda de reemplazantes y en paralelo también esperan que se resuelva la eliminación de las inhabilidades que se fijan actualmente para una autoridad que quiere postular a un cargo distinto.

En medio de todo, este tema que parece tan ajeno al momento que vive el país, con más de 5 mil chilenos y chilenas fallecidos, igual el tema complica a La Moneda. Saben que se corre el riesgo de que Chile Vamos pierda cargos en los próximos comicios. Por eso es que Chile Vamos le pidió al gobierno que se hiciera parte del tema y que les pusiera urgencia a dos proyectos del diputado independiente Pepe Auth que eliminan las inhabilidades, permitiendo que los alcaldes y parlamentarios no tengan que renunciar a sus cargos para poder competir por un puesto distinto.

Una pelea de aquellas

Sobre el tema municipal, Mario Desbordes, presidente de RN señaló que, si bien está de acuerdo con avanzar en el proyecto de Auth, “hay que evaluar la posibilidad de corregir la ley y que los alcaldes pudieran reelegirse por última vez; hay que evaluarlo para ver si es correcto y si están los votos para el veto”. Según el líder de RN, el gobierno lo “está evaluando” y “no hay una resolución tomada”. Y agrega: “Entiendo que el gobierno no puede arriesgarse a enviar un veto sin estar seguro de tener los votos. Comprendo la posición de La Moneda. Ese es el análisis que se está haciendo”.

El diputado ha sido en estos días blanco de ataques múltiples, revelando las dos almas de la derecha en estos tiempos de crisis. La derecha extrema al interior de RN la representa Carlos Larraín quien alucina desde Tierra del Fuego señalando entre otras ideas algo locas, que Desbordes es de izquierda. Hizo un llamado a “salvar a Chile“ del “carro paramilitar que ha montado la izquierda para destruir nuestras instituciones“, expresando claramente que se encuentra preocupado por la línea que ha tomado RN, y llamó a sus correligionarios a modificarla en las próximas elecciones internas.

“El presidente del partido ha tomado a lo menos dos posturas que yo considero gravemente desatinadas. La primera fue la referencia que hizo Desbordes a que se usaran los fondos de pensiones, hay que tener presente que ya un 20% está invertido en deuda pública. Y la segunda posición que es inaceptable, fue cuando acusó al propio gobierno de violar la Constitución, de presentar proyectos inconstitucionales cuando desde el Congreso se pasa a llevar la Constitución todos los días”. De ahí no paró, hasta decir que “Desbordes, en el conjunto de su presidencia post octubre, está llevando a RN hacia la izquierda, está haciendo una cosa gravísima. En un momento en que hay más o menos 20 partidos de izquierda y algunos de ellos de una dureza que nos lleva de vuelta a los años 60, se está llevando RN donde los militantes no quieren ir. Sumarle fuerzas a quienes están preparando el gran remache del golpe institucional que está en curso, va a terminar de desestibar el cuadro político. Esos son muy graves”.

Alucinante, por decir lo menos

El presidente de RN, con su habitual parsimonia le respondió. Primero, sobre su idea de que las personas que están sin trabajo a consecuencia de la pandemia del coronavirus puedan retirar el 10% de sus fondos en las AFP. Aclaró que se trata de “una alternativa que yo planteo evaluar, y que no la descarten si no hay otra posibilidad mejor”. Y agregó: “No es el ideal, ojalá no sucediera nunca. Ojalá no hubiera que sacarle plata al fondo de pensiones, no cabe duda. Nadie dice que eso sea bueno”.

Pero, el diputado sostuvo que “estoy constatando que hay un sector de la clase media, grande, que no va a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que,si recibe el IFE, si le llega, no le alcanza ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Entonces si el ministro de Hacienda, que no le gustó la idea, o el presidente de Evópoli (Hernán Larraín), me plantean una alternativa, yo feliz me subo a esa alternativa (…)”.

Y explicó el por qué de su propuesta: se está incubando un malestar de clase media que siente que va a perder todo (…) esos temores se están haciendo realidad. Y esto que se está incubando nos puede salir mucho más caro que soltar un poco de plata”.  “Yo creo que la principal preocupación de los economistas, siendo sincero y transparente, quizás se dice solo en algunos medios especializados y despacito, no son las pensiones de las personas. No es eso lo importante. Es cómo afecta al mercado de capitales. Ese es el punto, y por eso la resistencia tan fuerte a esta cuestión”, expresó. En esta línea, agregó: “Hay una desconexión de cierto sector de la élite. No de toda. De la élite política y de la élite económica de este país con lo que pasa en la calle que es preocupante, que llega a ser peligroso ese nivel de desconexión. Yo recibo estos ataques, los escucho, miro, razono, y creo que en estos casos ellos están equivocados, así de simple”.

De paso, le respondió a Larraín: “decir que he llevado el partido a la izquierda es el mismo punto. Yo creo que son visiones distintas y que hablar de un sistema mixto de personas no es de izquierda, y que abrirnos a la posibilidad de que las personas puedan sacar el 10% de las pensiones es constatar una realidad”. Y explicó que a su juicio hay distintas derechas. Hay un sector que toda la vida ha querido instalar que hay una pura derecha, los que adhieren a la escuela de Chicago. Es muy legítimo que estén de acuerdo con la economía de libre mercado a oscuras y simple. Pero hay otra derecha que creemos en la economía social de mercado, que tenemos que adoptar políticas con un corte más social, y son diferencias de fondo muy importantes que nos llevan a mirar las cosas de manera distinta y hacer propuestas diferentes. Eso no quiere decir que las propuestas sean de izquierda”, comentó el diputado.

Encuesta a Mujeres: 82% Votará en Octubre y 74% lo Haría por el Apruebo

“Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente: Mujeres 2020”, es el nombre de la encuesta que realizó la Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, en conjunto con TúInfluyes.com, cuyo objetivo fue conocer las percepciones de las mujeres en torno a la discriminación de género y su relevancia para la participación política, así como la definición de los principales debates en el proceso constituyente.

Las organizaciones entregaron los resultados del estudio que consideró preguntas que abordaron los ejes de plebiscito y participación de las mujeres, conciencia de género y Nueva Constitución, y que muestra que las mujeres están pensando en el Chile que viene y en ser protagonistas del mismo.

Un 74% votaría apruebo

Un 82% de las encuestadas afirma que irá a votar en el mes de octubre. Consultadas si las elecciones fueran el próximo domingo, un 74% votaría apruebo Nueva Constitución, mientras que un 54% señala que el órgano que debe redactar la nueva carta de navegación debe ser una Convención Constituyente.

Las entrevistadas dicen estar de acuerdo con la paridad de género (87%) y un 92% considera que las mujeres que integren la Convención Constituyente contribuirán a que se representen las necesidades e intereses de las mujeres.

Consultadas por las condiciones que dificultan el acceso a las mujeres en política, un 80% señala el escaso apoyo de los partidos políticos, seguido por la carencia de recursos económicos (67%) y un 60% sostiene que es por el poco apoyo de otras mujeres.

Prohibir la discriminación

El estudio de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad da cuenta que un 76% de las participantes declara que la futura Constitución debiera prohibir la discriminación por pertenencia a pueblos originarios. Un 75% cree que no se debiera discriminar por nacionalidad y un 73% por situación de discapacidad y condición económica-sexual.

Las participantes señalan que la Constitución debe garantizar el derecho a la salud, (46%); derecho al agua (19%) y derecho a la educación (15%). Por otra parte, advierten que la Nueva Constitución debe incluir derecho a la igualdad salarial entre mujeres y hombres (91%), reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres (87%) y derecho a la vida libre de violencia hacia las mujeres (86%).

Un 93% está a favor de que se reconozca en la futura Constitución la existencia de distintos pueblos originarios y un 86% incorporaría el reconocimiento de lenguas indígenas como oficiales en Chile. Un 82% cree que debe haber cupos reservados para representantes de pueblos indígenas y 67% autonomía territorial.

Respecto a las formas de participación ciudadana, un 95% está de acuerdo que la Nueva Constitución debe incluir remover a las autoridades de sus cargos cuando no cumplan sus obligaciones y un 93% cree que se debe considerar los plebiscitos y consultas para que la ciudadanía pueda decidir en temas relevantes de proyectos de ley.

En relación al sistema político un 62% se inclina por un semipresidencial, es decir, un equilibrio del poder entre la o el presidente y el parlamento. Mientras que un 77% está por tener una sola cámara legislativa.

Respecto a los atributos de un candidato o candidata, el 70% considera importante que tenga estudios superiores, 69% experiencia como dirigente/a social y 58% experiencia en cargos públicos.

Chile clasista, machista y racista  

 Un 71% de las mujeres consultadas opina que Chile es un país clasista, un 61% cree que es un país machista y 46% lo considera racista. Las mujeres se sienten discriminadas en Chile (89%). Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (59%), en el ejercicio de su libertad sexual (53%), y en política (52%). 

Frente a la consulta si ha participado en marchas vinculadas a los derechos de las mujeres en el último año, el 44% responde afirmativamente. Y más allá de toda ideologización un 79% se siente en algún grado feminista. Mientras que un 43% manifiesta que las movilizaciones de las mujeres le hacen bien a la democracia y un 39% cree que han permitido cambios positivos.

 Para las organizadoras del sondeo, estos resultados dan cuenta de una ciudadanía activa de mujeres que vive la discriminación de género, identifica a otros grupos históricamente discriminados y representa los principales déficits en materia de igualdad de género.

Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas, señaló que “La encuesta evidencia que, a pesar del grave impacto que tiene la pandemia y las medidas de confinamiento para las mujeres, estamos pensando el país, tenemos opinión e interés en participar. Esa participación seguramente se hará con un alto nivel de conciencia sobre la discriminación que viven las mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad chilena, cuestión que se ha profundizado en este tiempo por el impacto de género del Covid-19”.

Agrega, que la legitimidad que tiene el o los feminismos y las acciones políticas que desde este mundo se han promovido son valoradas por las chilenas, lo que abre posibilidades de construir una fuerza propositiva de cara al proceso constituyente que identifique a la gran mayoría de las mujeres. La presencia y los temas de género en ese proceso no van a quedar fuera

 Por su parte Teresa Valdés, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, puntualizó que el estudio “refleja la percepción y la experiencia de las mujeres sobre la actual Constitución, lo que nos lleva a discutir sobre la Constitución Política que queremos para el futuro

La socióloga advierte que la igualdad salarial, el reconocimiento del trabajo doméstico, la vida libre de violencia, son los temas que las mujeres quieren que estén incluidas en la Nueva Constitución. Incluso, la mayoría de ellas está de acuerdo con el derecho al aborto legal, gratuito y seguro”, dijo

 Para Humanas y el Observatorio de Género, la encuesta realizada en pleno ascenso de las cifras de contagios, muertes y con cuarentenas totales en distintas ciudades del país, muestra a las mujeres activas en la reflexión sobre el mediano plazo, con interés de participar, valorando los logros obtenidos y con opinión respecto del rol que puede tener el proceso constituyente en la transformación de sus vidas y de la desigualdad de género que perciben. 

Terapias Multimes: Dura Respuesta del Minsal a Personas que Viven con VIH

El lunes 22 de junio, el reconocido activista por la diversidad Víctor Hugo Robles, recibió en el  Hospital San José de la comuna de Independencia, su terapia para el VIH multi-mes, gracias a que tres días antes, el 19 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la orden de no innovar y ordenó al Ministerio de Salud (Minsal) que “haga entrega al recurrente, en una única entrega, de su terapia de medicamentos para el VIH por los próximos tres meses, en atención a la actual situación sanitaria del país”.

Pero ese mismo lunes, el Minsal emitió un informe al tribunal de alzada donde afirma que el Poder Judicial no debe pronunciarse sobre la materia porque implica una intromisión en políticas públicas sanitarias que corresponden al Gobierno. Esto, en respuesta al recurso de protección presentado por el periodista, conocido como el “Che de los gays”, en contra de la cartera, en el que denunció “la entrega parcial, incompleta e irregular” de las terapias antirretrovirales.

Expectativas no constituyen derechos

Respecto a la solicitud de entrega de terapias multi-mes, la respuesta del ministerio indica que los recursos de protección se limitan a actos “cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes» sean evidentes y “que las meras expectativas no constituyen derechos” susceptibles de tutela judicial efectiva mediante esta vía.

“El Recurso de Protección no es la vía adecuada para este tipo de impugnaciones, pues lo solicitado por el recurrente intenta traspasar a los tribunales una decisión que corresponde a quienes ejercen la Administración y tienen bajo su responsabilidad diversas políticas públicas vinculadas con la salud de la población”, señala el informe redactado por el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, Jorge Hübner, y firmado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Como argumento para solicitar a la justicia el rechazo del recurso, el documento plantea que “cualquier pronunciamiento consistiría en una intromisión en la adopción de políticas públicas en materia sanitaria.

El ministerio asegura que “la autoridad sanitaria ha desplegado las acciones pertinentes para garantizar y prevenir la integridad física y/o psíquica de todos los pacientes crónicos que requieren de medicamentos para sus respectivos tratamientos”.

Añade que una interpretación extensiva de la parte recurrente y de las Cortes de Apelaciones, en cuanto a conceder la acción constitucional, traería consigo no solo una desigualdad respecto de otros pacientes que se encuentran en una misma situación de riesgo, es decir que padecen VIH, sino también respecto de otros enfermos crónicos”.

Para el abogado patrocinante, Esteban Arévalo, en su respuesta, el ministerio “parece desconocer que nos encontramos, por más que exista una pandemia, en un Estado de Derecho.

El abogado especialista el Salud, enfatiza que son los Tribunales de Justicia los llamados a otorgar protección a las personas frente a los abusos, ilegalidades y/o arbitrariedades que se cometan en su contra. “Desconocer esto y calificar esta competencia como una intromisión, nos deja fuera de un Estado de Derecho y condena a la ciudadanía a la desprotección jurídica”, afirmó.

Informe preocupante

De igual forma, Víctor Hugo Robles, calificó el informe del Minsal de preocupante, “no solo desconoce el rol institucional de ejercicio del derecho a la justicia de los tribunales, además desacredita el accionar mismo del recurso de protección como una herramienta constitucional para hacer valer derechos que están siendo violentados, en este caso el derecho a la integridad física y psíquica, a la vida y a la salud de las personas viviendo con VIH”.

Recalca que “Nosotros no habíamos sido notificados, hasta ahora, que a propósito del decreto de Estado de Excepción Constitucional se suspendía el Estado de Derecho y la función propia del Poder Judicial, que es lo que nos intenta notificar el ministerio de Salud a través de este informe.

El Che de los gays dijo lamentar “la desidia del ministerio de Salud, porque guardábamos una pequeña esperanza de comprensión de lo que estamos denunciando y demandando, pero respecto de las personas que viven con VIH primero se desconocen nuestras demandas y luego se nos acusa directamente de estar mintiendo, cuando es el ministerio el que miente al señalar que está todo normalizado en los programas de VIH y que se están entregando las terapias multi-mes”.

El activista llamó al ministro Enrique Paris a manifestar su opinión institucional y propia, “porque el documento está firmado por la subsecretaria Daza, entonces queremos saber si el ministro comparte este informe vergonzoso, si nos está notificando que las personas con VIH ya no podemos recurrir a los tribunales para hacer valer nuestro derecho a la salud y a la vida porque ese ámbito solo le compete a la administración de salud y al poder ejecutivo, queremos saber si el ministro está declarando el fin del Estado de Derecho y si las personas no tenemos la posibilidad ni la garantía constitucional de recurrir a los tribunales si vemos afectado nuestro derecho a la salud”, subrayó.

Mientras la Corte de Apelaciones estudia el fondo de la acción legal, para apoyar el recurso de protección presentado por Robles, la Corporación Miles Chile presentó un amicus curiae, informe escrito que permite a terceros sin interés directo en la disputa judicial, intervenir en él para defender un interés de trascendencia general en la resolución del litigio, como cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales, como lo es en este caso, donde se busca resguardar el derecho a la salud y a la vida de las personas que viven con VIH.

Javiera Canales, abogada de Miles, indicó a Página 19 que no brindar la dosificación en la cantidad necesaria durante el periodo de crisis sanitaria tiende a ser arbitrario y antojadizo por parte del ministerio, y amenaza el derecho a la vida de las personas que viven con VIH”.

Canales explicó que en el amicus piden que en consideración con la normativa del derecho nacional vigente, las guías técnicas el ministerio de Salud, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los informes temáticos de la Comisión Interamericana en temas de VIH/Sida, “se acceda a entregar terapia a todas las personas por tres meses o hasta que termine el Estado de Catástrofe Constitucional, para que no tengan que desplazarse exponiéndose al contagio de Covid-19 para ir en busca de una medicación tan importante que sin ella muchas no pueden seguir viviendo”.

En tanto, la entrega de terapias multi-mes se transformó en una demanda de carácter nacional, ya que mientras el Minsal descarta un desabastecimiento, se suman numerosos testimonios de personas que viven con VIH que han tenido dificultades para acceder a su terapia.

Felipe Díaz en Iquique y Carlos Monsalve en Concepción,presentaron recursos de protección en sus regiones. El primero fue declarado admisible y en el segundo, la Corte ordenó que el Hospital Regional Guillermo Grant Benavente haga entrega de la terapia por un plazo mínimo de dos meses. Estos días se sumarían otros en La Serena y Puerto Montt.

Víctor Hugo Robles destacó que un número importante de personas e instituciones se ha sumado a la campaña por terapias VIH multi-mes, lo que “viene a retomar la lucha de las personas seropositivas y de las diversidades sexuales que hemos sido históricamente las más afectadas por el VIH/Sida, digo esto recordando que el 28 de junio se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, 1969) y mientras algunos levantan el orgullo, nosotros levantamos la lucha y la resistencia por la salud y la vida de las personas viviendo con VIH, entre ellas muchas de las diversidades sexuales”, puntualizó.

Lea el informe completo del ministerio de Salud acá.

Cuando Nadie te Apaña…

Ya pasamos los tres meses de encierro en muchos lugares de Chile y nada parece presagiar que nos darán la excarcelación pronto. Ni siquiera la libertad condicional. Estamos en medio de la tormenta y el barco da vueltas y vueltas en el remolino. Todos queremos que no se hunda, pero nadie puede asegurarlo. Somos la ola retrasada de la humanidad.

En Chile replicamos lo que hace 3 meses vimos con horror en Italia o España y no supimos enmendar el rumbo. Supimos es mucha gente. Quienes dirigen la nave no fueron capaces de sacar lecciones de esa primera oleada infecciosa. Todo quedo escrito y dicho en imágenes tremendas y aquí, las autoridades no supieron enmendar el rumbo. Hicieron lo mismo que países que actuaron sin experiencia previa, sin ejemplos aleccionadores. Lo peor: en nuestro país creyeron que éramos un país del primer mundo y actuaron de acuerdo a ello.

No lo éramos y hoy lloramos sobre la lecha derramada. Lo dramático es que esa leche son casi 8.000 personas muertas en el más completo desamparo y enterradas en la más descarnada soledad.

Hoy solo nos queda la resiliencia. Que la tenemos se ha mostrado muchas veces a lo largo de nuestra historia. Hemos sido capaces de sobrevivir y renacer después que brutales cataclismos con que nos ha sorprendido la naturaleza. Incluso tenemos records históricos, como el sismo más grande de la historia, en 1960.

Pero hoy es distinto. Porque la resiliencia no es solo una fuerza individual, donde uno resguarda una parte de la existencia y no permite que nada la dañe, para sobrevivir, para  cuando pase la amenaza ser capaz de volver a pararse. Las resiliencia es también una fuerza social, comunitaria, institucional, que nutre a la resiliencia individual y, a su vez, se nutre de ésta.

Como señala la psicóloga española Candela Molina, “la resiliencia también implica a grupos, familias, la comunidad y las instituciones como parte de la solución y la puesta en marcha de recursos para afrontar las situaciones críticas. Pero para que ello ocurra, se requieren ciertas condiciones. En palabras de la misma profesional, “una sociedad es resilientecuando se mantiene unida, cooperando todos para el bien común, cuando se respeta mutuamente y se cohesiona y solidariza. Además, también cuando hay confianza en el liderazgo político”.

A ser…

Y en nuestro país hay valores que fueron dados de baja por el modelo imperante. Como el bien común, la cooperación, el respeto, la solidaridad. Aquí se instaló el “ráscate con tus propias uñas”, el “¿cómo voy ahí?”, el “no estoy ni ahí”, entre muchas otras filosofías de vida, por darles un calificativo.  

Y desde luego, lo que no alcanzo a instalarse antes del 18 de octubre y hoy brilla por su ausencia, es la confianza en el liderazgo político. Hace 8 meses, aquella se empezó a derrumbar como un “castillo de naipes” y, a pesar de la supuesta campana salvadora que parec brindar al Gobierno el arribo del Covid 19, la desconfianza explotó cual bomba de racimo a partir del pésimo manejo de la pandemia. Y sobre todo, por la ausencia absoluta de autocrítica frente a los errores. Se mintió, se falseó, se escondió, se disfrazó, se enmascaró sin pudor. Hasta el límite de la burla.

Y hoy nos encontramos en un  difícil pié porque una de las principales herramientas para sobrellevar una crisis de la magnitud de la que estamos viviendo –la resiliencia- está coja. Solo tenemos nuestra propia fuerza emocional y psicológica para salir airosos de esta negra noche. Nadie nos acompaña. Nadie nos escucha. Nadie nos apaña desde las instituciones.

Es quizás, entonces, la hora de volver a lo que fuimos y nos arrebató el modelo. A ser comuna, a ser barrio, a ser vecino, a ser familia chilena, a ser olla común, a ser hogar para el foráneo. En suma, a ser fuertes, bravos y dignos. Y saber elegir mejor a nuestros gobernantes.

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