Alguno de los tantos comentaristas que pululan por los medios de comunicación afirmó tajante que la semana que recién pasó fue la mejor para el Gobierno. La duda razonable se instala de inmediato en la población. Porque si se repasan algunos hechos del escenario político, social y económico del país, la afirmación no pasa de ser un mal chiste.
Algunos ejemplos. La ministra de Educación, supuestamente muy popular según las encuestas, cayó estrepitosamente 9 puntos en sus propias mediciones, y con 23 por ciento quedó como la secretaria de Estado peor evaluada del gabinete, de acuerdo a la encuesta Cadem. La multitudinaria movilización del Magisterio durante un mes, le pasó la cuenta. Suma y sigue con las torpes declaraciones del ministro de Salud frente a la inoperancia de su cartera para gestionar una donación de órganos; la errática gestión gubernamental frente a la crisis del agua en Osorno; la baja continua en las proyecciones de crecimiento para Chile, ahora por parte del FMI. Y peor aún. Se conocieron los resultados de la Operación Renta con una importante revelación: la tributación registró un aumento de 16,2 por ciento, desmontando así el argumento de la baja recaudación, uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno para emprender una nueva reforma tributaria.
Los números revelaron que la tributación registró un aumento de 16,2%, pasando de US$ 14.127 millones a US$ 16.411 millones. Según el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, estos resultados refutan los motivos del Gobierno para impulsar una nueva reforma tributaria. Ello, porque sin cambiar una coma de la reforma de Michelle Bachelet, sí se está recaudando lo esperado desmintiendo así las críticas del oficialismo a la supuesta complejidad del esquema tributario imperante. “Los argumentos para sostener una nueva reforma (como la que está planteando el Gobierno) se están cayendo…Sí se está recaudando y la supuesta mayor complejidad de la reforma no se nota en las cifras que tenemos del costo de cumplimiento de las empresas”, señaló en entrevista con un diario de la plaza.
A juicio de Jorratt, una nueva reforma tributaria no se justifica y atribuyó el proyecto del Gobierno a “querer volver a un sistema integrado para reducir la carga tributaria de las rentas empresariales”.
Con todo, lo que copó la agenda política esta semana fue el trámite legislativo de la reforma de pensiones. Fue un sube y baja de aquellos y que está dejando heridos múltiples en el camino. Y no sólo en la oposición.
Porque a este escenario se suma el descontento que tímidamente está apareciendo en la derecha política y económica, con todo lo que está entregando el Gobierno para lograr éxito con su reforma antes de noviembre. Al punto que uno de los líderes de ese sector, Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, afirma que “avanza la reforma de pensiones en el Congreso, ¿pero cuál reforma?”, se pregunta, aludiendo a las concesiones del Ejecutivo a la DC para lograr los votos que imperiosamente necesita.
Larraín tiene claro el panorama y en realidad lo que hace es un llamado de atención a la derecha respecto de la reforma previsional. “Faltan aún varias etapas en el trámite de aprobación del proyecto y, en cada una de ellas, la oposición hará nuevas exigencias. Y el Gobierno posiblemente las aceptará; porque las supuestas líneas rojas que representan el punto hasta el cual ha decidido no retroceder, se redefinen y reinterpretan con tal de seguir avanzando. Así, nuestro sistema de pensiones será cada vez más socialista”.
El “yoismo” de la DC
Lo más conflictivo, sin embargo, aparece en la oposición. Mientras el Gobierno toma palco, el papel asumido por la Democracia Cristiana, auto erigida en responsable de los “logros” obtenidos para la clase media en sus negociaciones con el piñerismo, está marcando la pauta para un futuro político de desuniones que obviamente favorece al oficialismo.
Sin embargo, nadie asegura nada ni en la oposición ni en el Gobierno. De hecho, muchas sonrisas de triunfo se helaron en La Moneda cuando lo anunciado con bombos y platillos por el diputado DC Gabriel Silber, en el sentido que habría logrado un acuerdo con los partidos Socialista, PPD y Radical para aprobar la reforma de pensiones, fue desestimado por esas colectividades.
Aunque por ocho votos a favor, -los de la derecha más la DC y el PS, cuatro en contra y una abstención, los parlamentarios de la instancia dieron el visto bueno al ente que reemplaza al Consejo Público Autónomo que el Ejecutivo había presentado con anterioridad para lograr la aprobación de la idea de legislar del proyecto, el futuro no se ve tan auspicioso. Gracias a los votos de los diputados Gabriel Silber de la Democracia Cristiana y Gastón Saavedra del Partido Socialista, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó la indicación del Gobierno a la reforma de pensiones que crea el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS).
El liderazgo de la oposición que al parecer la Democracia Cristiana le vende al gobierno se estrelló con las críticas que desde el PS y el PPD lanzaron a la DC. El diputado Ricardo Celis, jefe de la bancada del PPD señaló: “el espíritu para llegar a un acuerdo en materia de pensiones sigue intacto, (…) pero no como una cuestión decorativa de un acuerdo que tenga la Democracia con el Gobierno”. En la DC dieron otra versión. El encargado DC de negociar el acuerdo con el Gobierno, Gabriel Silber afirmó que “el Partido Socialista se autodenominó la suerte de coordinador del resto de las bancadas de oposición y nosotros obramos siempre con la verdad”. Por su parte, el presidente de la DC, Fuad Chahín, planteó que “en los objetivos, en lo que queremos para el sistema de pensiones, diría que no hay diferencias significativas entre el Partido Radical, el Partido Por la Democracia, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana (…) los chilenos no quieren una lucha de egos”.
Lentamente se fue aclarando el panorama. El diputado Tucapel Jiménez (PPD), descartó de plano un acuerdo: “Ni siquiera hemos recibido las indicaciones oficialmente… Conmigo no ha conversado nadie. Conversé con el presidente del partido, (y) tampoco; así que todo lo que ha ocurrido acá es sumamente extraño”.
Jiménez agregó: “Yo la verdad es que estoy abierto a llegar a un acuerdo, pero que no me involucre en los acuerdos que ni siquiera he conversado, que ni siquiera sé las condiciones, que ni siquiera he leído las condiciones. Y la verdad es que lamento el accionar del gobierno, porque si ellos están negociando con la DC es muy legítimo, respetable, pero que no nos pongan al resto de los partidos”.
“Al parecer el presidente de la DC también se cree el líder del PPD y del PS. Es súper extraña e indignante la posición que ellos están tomando, porque una cosa legítima es buscar acuerdos, y otra es creerse dueño de los acuerdos y de las voluntades de las personas”, manifestó Jiménez. El legislador llamó a aclarar esta situación, añadiendo que “lo único que va a conseguir la DC con esta actitud, es que al final del día se produzca más división que unidad”.
En particular, los parlamentarios criticaron que el diputado Silber (DC) hubiera anunciado la existencia de un acuerdo con el gobierno. “Se prefirió privilegiar una cocina por fuera de la comisión, a espaldas de la ciudadanía y de los espacios legítimos para poder legislar como es la comisión de Trabajo de esta Cámara. Lo que sabemos es que acá hay un acuerdo que está conversado con la Democracia Cristiana y que al parecer son solo ellos los que tendrían acuerdo con las indicaciones, como lo ha dicho el mismo diputado Silber. Acá los diputados han sostenido que ni siquiera estaban al tanto de las indicaciones presentadas, entonces la verdad es que creemos que con todo el resto de la oposición había que ser un poquito más respetuoso, y ese respeto se perdió”, dijo la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara baja, Gael Yeomans (Convergencia Social).
¿De qué se trata el nuevo “ente”?
El Consejo Público Autónomo que establecían las indicaciones que presentó el gobierno el mes pasado, ahora pasará a llamarse Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS).Este organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá como objetivo licitar el 4 por ciento de cotización adicional, el seguro de dependencia (0,2 por ciento), y gestión de Ley Sanna. El CASS estará sujeto a la regulación de la Superintendencia de Pensiones y en lo que se refiere a los seguros previsionales también estará bajo la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).Las AFP no podrán administrar el 4 por ciento de cotización adicional, y los nuevos actores no podrán gestionar el 10 por ciento actual que tienen las AFPs.
El informe financiero de las indicaciones dice que el efecto fiscal de la implementación del ente público sería de $1.318 millones el primer año, y de $1.298 millones en régimen. Los primero tres años será con cargo al Estado, y desde ahí en adelante se autofinanciará.
Las AFP hace un mes advirtieron que había una doble comisión en la propuesta del gobierno, ya que, además del pago que tienen que hacer los trabajadores a las AFP para que les administren los fondos previsionales, también tendrían que pagar otra comisión para los nuevos actores que gestionarán el 4 por ciento de cotización adicional. En las nuevas indicaciones, se establece otro cobro: el CASS será financiado con las mismas cotizaciones de los afiliados, y no será una comisión fija, sino que será sobre el saldo. Ya hay entonces, quienes hablan de una triple comisión.
El documento dice que el “CASS” financiará los gastos propios de su funcionamiento, a través de un descuento sobre el saldo del o los fondos que administre, incluido los fondos del Ahorro Previsional Adicional, el que se materializará en transferencias mensuales a su patrimonio. El descuento a que se refiere este artículo corresponderá al total de los gastos mensuales.
Si bien el gobierno no incluyó en estas indicaciones una mayor cotización adicional para entregar más solidaridad, tal como lo pedía el PS y el PPD para poder llegar a un acuerdo, el Ejecutivo dejó la puerta abierta para que esto ocurra más adelante, ya que las indicaciones plantean que el CASS podrá administrar “otros programas de seguros sociales que determinen las leyes”.
Se crea el Consejo Administrador de los Seguros Sociales (CASS), como un organismo autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará directamente con el Presidente de la República. Su objetivo: licitar el 4 por ciento de cotización extra a al menos 2 sociedades de giro exclusivo, y gestionar el seguro de dependencia (0,2 por ciento), Ley Sanna, “y otros programas de seguros sociales que determinen las leyes”.
Los nuevos Agentes de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional pueden ser cajas de compensación, cooperativas, AGF, aseguradoras, y demás personas jurídicas que cumplan con lo establecido en las bases de licitación. En este punto se diferencia de las indicaciones anteriores, ya que no se menciona de forma explícita a los bancos como una de las entidades que pueden ir a la licitación del 4 por ciento.
Respecto de una “triple comisión”, las AFP hace un tiempo señalaban que la propuesta del gobierno establecía una doble comisión, ya que los afiliados tendrían que pagar por la administración de los fondos en AFP, tal como ocurre hoy, pero también a los nuevos actores que gestionarán el 4 por ciento. Ahora se establece otro cobro: el CASS será financiado con las cotizaciones de los afiliados, y será sobre el saldo.
Uno de los cambios respecto a los consejeros que integran el CASS, es justamente respecto a la crítica que habían hecho los expertos por el bajo sueldo que estaba contemplado. Si bien no se propone un monto específico, las indicaciones dicen que el sueldo será definido por Hacienda. Además, antes se planeaba que los consejeros se reúnan mínimo cuatro veces al año, ahora especifican que sea al menos una vez al mes.
Los afiliados podrán optar porque sus recursos del ahorro previsional adicional (4 por ciento) sean asignados a un fondo de riesgo moderado, similar al multifondo C de las AFP. Los fondos de los trabajadores también podrán ser invertidos siguiendo un modelo de ciclo de vida (también llamado target date fund), según los años faltantes para el cumplimiento de la edad de pensión de cada afiliado.
Y se incorpora un mayor foco en educación previsional, ya que se crea “una Estrategia Nacional de Educación Previsional, con el objeto de educar y difundir los derechos y obligaciones de las personas en el sistema de pensiones, y los demás beneficios de seguridad social que se relacionan con éste”. Para ello, se crea el Comité de Educación Previsional, conformado por siete integrantes.
Los pros y los contras
El gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, insistió en sus críticas a dicha instancia y a la exclusión de las administradoras de la gestión de esa parte de los fondos. “La creación de este consejo no tiene ninguna razón técnica sino política. Estamos creando un sistema más complejo”. Sostuvo que “pareciera que el Estado fuera a administrar el 4 por ciento, pero no es así, el Estado va a cubrir los gastos de las oficinas del Consejo”.
Larraín defendió el rol de las AFP y sus capacidades para gestionar los fondos de pensiones, asegurando que el 30 por ciento de los recursos acumulados corresponden al aporte de los trabajadores, mientras el 70% ha sido rentabilidad. Por ello enfatizó que las AFP debieran poder participar de la administración del 4 por ciento de cotización adicional, por el cual además no cobrarían una comisión extra, como si sucederá al ser administrados por otras entidades. “Estamos disponibles para administrar ese 4 por ciento y no habría una doble comisión, hoy por el capricho político los afiliados van a pagar una comisión”, afirmó.
Patricio Melero (UDI), al igual que el resto de los parlamentarios del oficialismo, lamentó los cambios estructurales que ha tenido el proyecto inicial del Gobierno y recalcó que «esta no es la reforma que quiero, pero es la que va a permitir que los chilenos mejoren las pensiones».
El diputado Sauerbaum (RN) dijo «ha sido un parto sacar este proyecto y si bien no va a quedar como queremos, es parte de las demandas que los chilenos nos exigen. Voy a votar a favor de la indicación con el dolor de mi alma».
Guillermo Larraín, DC, exsuperintendente de Pensiones y de la ex Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF), afirma que las indicaciones “avanzan poco y nada en la resolución de los problemas de fondo. De una primera lectura, da la impresión que el gobierno optó usar el ‘ente’ como un agente de ahorro y que hubiera descartado la idea de seguro. Falta que aclare este punto para hacer una evaluación más precisa. El resto es de otro orden de importancia, menor sin duda”.
Jeanette Jara (PC), exsubsecretaria de Previsión Social durante el gobierno de Michelle Bachelet, dice que “el gobierno piensa que colocándole Administradora de Seguros Sociales podrá conseguir los votos que necesita para aprobar esta reforma. Sin embargo, cuando no se cambia la esencia, un cambio de nombre no basta”.
Karol Cariola (PC), dijo que «la propuesta que presentó el Ejecutivo para mejorar el proyecto no tiene ninguna novedad». «Si bien tiene otro nombre, un par de facultades más, sigue siendo exactamente lo mismo: un ente donde se les va a pagar un sueldo a los consejeros, pero que lo único que van a tener como facultad será licitar para saber quiénes van a administrar el 4 por ciento y que, si bien no serán las AFPs, van a seguir siendo entidades privadas»,
La diputada Sepúlveda, Regionalista Verde, afirmó que “este es un proyecto que me va a costar votar a favor (…) pero lo voy a votar porque creo que es un buen momento para reivindicar la democracia y los acuerdos del Congreso «A la Democracia Cristiana le tengo cariño por mis propias raíces, pero la DC se ha farreado una oportunidad de, con sus votos, haber transformado esto en algo absolutamente distinto (…) la Democracia Cristiana hizo el peor negocio», dijo. Respecto al nuevo ente, la parlamentaria reprochó que «esperaba muchísimo más dado que se demoraron en hacer las indicaciones. No tiene ninguno de los objetivos que se plantearon, hay cero solidaridad y quiero que la gente no se engañe: esto que está aquí es solo una pantalla».
El economista Andras Uthoff, ex miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional criticó la forma en que el Gobierno ha avanzado con el proyecto. Acusó una presión hacia los parlamentarios de la Comisión de Trabajo donde, a su juicio, «hay una suerte de chantaje en que te dicen ‘o todo o nada'». «Se ha hecho bajo una cierta presión en el sentido de que ‘O se aprueba todo o no se aprueba nada’. Al aprobar todo hay cosas en el pilar solidario que uno quisiera que ojalá se aprueben luego porque van en la dirección correcta» mientras que hay «otras cosas que mejor discutamos con calma», planteó.
Y la guinda de esta torta la pusieron el ministro Nicolás Monckeberg y su interlocutor DC, Gabriel Silber. «Hemos agotado todas las instancias de diálogo y nos hemos juntado con todos los jefes de bancada. El proyecto original ha cambiado muchísimo, hemos ido concediendo y aceptando indicaciones de Chile Vamos y de la oposición. El proyecto no tiene nada que ver con el que ingresó al Congreso». E l diputado Silber (DC), apuntó contra el «inmovilismo desde el punto de vista político» y defendió que el actual proyecto del Gobierno «está en las antípodas respecto a las ideas matrices originales». Así, avaló el carácter solidario del CASS y el programa de seguros que está proponiendo el Ejecutivo. «Cuando se habla de solidaridad, aunque les duela a muchos, es distinto (al primer proyecto) gracias al rol de la DC» y citó una canción de Shakira: «Desde ese punto de vista, no se puede vivir con tanto veneno», les dijo a parlamentarios de oposición.
La mesa directiva del PS salió a aclarar el panorama. Dijo que no había llegado a un acuerdo con el gobierno para aprobar la reforma de pensiones que se tramita en el Parlamento y afirmó que el actual proyecto no mejora las jubilaciones de los actuales jubilados.
“Las respuestas para 40 años, como propone el proyecto gubernamental, son francamente inaceptables. Miles de chilenas y chilenos que caen a la pobreza en la última etapa de su vida no pueden seguir esperando por las pensiones dignas que merecen”, dijo la mesa directiva en una declaración pública. Si bien valoraron la creación de un ente público tienen ciertos reparos con la propuesta del Ejecutivo. “No es admisible que el Gobierno cree un órgano público débil o de papel, que se dedicará únicamente a externalizar su función a los bancos, a otras entidades financieras o, incluso a las propias AFP o instituciones de similar naturaleza”, agregó el documento. Asimismo, declaran que son partidarios de que el monto de cotización adicional a cargo del empleador sea superior al 4 por ciento y que haya un mayor componente solidario. No descartan seguir dialogando con el Ejecutivo.
Así las cosas, las alarmas están encendidas en todos los sectores. De hecho, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, espera que la DC cumpla su acuerdo con el Gobierno y apruebe en la Cámara el Artículo 2 de la reforma tributaria, que incluye la reintegración del sistema y se mostró confiado en obtener los votos de la Falange pese a la negativa del diputado Pablo Lorenzini.
El proyecto de pensiones ahora pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde el gobierno intentará una tramitación expedita con el objeto de llegar al Senado antes de octubre o noviembre.
