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Oriana Zorrilla y Carta a los Periodistas: “El Colegio de Periodistas Fue un Bastión contra la Dictadura”

Este martes 13 de junio se lanzará, a través de las redes sociales del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, el libro “Carta a los periodistas. Crónicas Bajo estado de Sitio 1984-1985”.

El texto da cuenta, según un comunicado emitido por la Orden Profesional, de “cómo el Colegio de Periodistas de Chile rompió el cerco informativo impuesto bajo Estado de Sitio, entre noviembre de 1984 y junio de 1985”. Además, agrega que el objetivo de la iniciativa “fue la edición de este libro para reafirmar que el Derecho a la Comunicación y a la Libertad de Expresión son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Y, la entrega en custodia de las 144 cartas al Museo de la Memoria para preservar este hecho ante la sociedad”.

La presentación estará a cargo de Eduardo Fuentes, quien estará acompañado de los periodistas Montserrat Martorell, el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, y el ex presidente de la orden y Premio Nacional de Periodismo, Abraham Santibáñez. También estará presente la directora del proyecto y ex Presidenta del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas, Oriana Zorrilla.

Página19 conversó con Oriana para saber de qué se trata esta iniciativa y cómo se gestó el libro, el cual está compuesto por crónicas de periodistas que escribieron durante el Estado de Sitio, como Lidia Baltra, María Olivia Monckeberg, Clara Isabel Pérez, Pablo Portales, por mencionar algunos. Junto con los relatos, el libro contiene registros fotográficos de Kena Lorenzini, Jorge Figueroa, Juan Carlos Cáceres, Luis Hidalgo y Carlos Vera.

 

-¿Cómo nació esta iniciativa y qué rol jugó usted?

Soy una periodista y dirigente histórica del Colegio de Periodistas. Fui dirigente en tiempos de la dictadura y después me alejé por un tiempo. Yo diría que desde mediados de los 90 hasta mediados del 2000 estuve fuera de la dirigencia. Volví el 2014 por problemas puntuales de organización, y a partir de ese momento empezamos a trabajar en algunas materias, pero fundamentalmente en el tema de la memoria. Entonces, en el Consejo Regional Metropolitano nació el libro, además una colega propuso entregar estas cartas en custodia al Museo de la Memoria para que lo puedan ver muchas personas, es una iniciativa muy linda, muy potente, que debe ser conocida por más gente. Y fue a partir de esa propuesta que empezamos a trabajar en cómo entregar estas cartas, con la idea de recuperar lo qué sucedió durante la dictadura con el Colegio de Periodistas. Finalmente, logramos ganar un concurso público y pudimos hacer este libro. El proyecto tiene dos etapas: una es hacer un libro y la segunda es hacer entrega de las 144 cartas originales que tenemos en el Colegio de Periodistas. Así surgió, tomamos las medidas, hicimos el proyecto, lo postulamos y lo ganamos. Es un proyecto colectivo, yo solo he liderado un poco la idea, pero en esto ha trabajado mucha gente.

-¿De qué forma está organizado el libro?

Para el libro convocamos a periodistas que hubieran trabajado en la carta, que hayan estado presentes, jóvenes y mayores, porque en ese tiempo todos éramos jóvenes, hemos llegado a esa conclusión, porque hubo colegas como Clara Isabel Pérez que recién venía saliendo de la escuela de periodismo o Tati Penna que tenía 22 años en esa época, otros teníamos 30 o 35, pero en el fondo la mayoría éramos jóvenes. Hicimos el proyecto y sobre la base convocamos a estos periodistas, los instamos a escribir una crónica de su experiencia en relación a la carta y cada uno escribió.

¿Cómo fue la época en la que se inspiran las crónicas del libro?

Bajo Estado de Sitio. La carta a los periodistas nació porque todas las publicaciones de esa época estaban clausuradas. Lo que se debe destacar es que el Colegio de Periodistas fue un bastión contra la dictadura durante todo ese periodo. Las cartas surgieron a propósito de un hecho puntual: la prohibición de la circulación de todas las revistas, porque se declaró uno de los Estados de Sitio más extensos de la dictadura, entre noviembre del 84 y junio del 85. Entonces, la idea era romper el cerco informativo. Los colegas empezaron a venir a la sede del colegio, ubicada en Amunátegui 31, a traer las noticias que no podían publicar en sus medios. Nosotros en el Colegio Metropolitano teníamos turnos para recibir las noticias, y más adelante se transformó en un medio de comunicación, tomando en cuenta que no existía internet, no existían los celulares, fue una gran labor.

¿Cómo se distribuían las notas?

Fue muy gracioso, dentro de lo tremendo que era la situación, porque nosotros empezamos a multicopiar con papel de calco. Después, periodistas extranjeros nos regalaron una fotocopiadora, que era muy cara, y ahí sacábamos copias. Empezaron a llegar al Colegio de Periodistas estudiantes, sindicatos, mucha gente, y llegó un momento que teníamos a cientos de personas haciendo fila desde la puerta de nuestra oficina, la cola bajaba cinco pisos y llegaba por Amunátegui hasta Alameda, incluso en ocasiones doblaba hacia Teatinos, era impresionante. Fue un periodo de mucha emocionalidad.

-Actualmente, según su opinión, ¿Qué rol debería jugar el Colegio de Periodistas en el contexto sociopolítico que vive el país?

Acabo de dejar la directiva metropolitana en diciembre, y se incorporó un grupo de periodistas muy jóvenes. Nosotros sentimos que esta es la generación de recambio, que tiene una responsabilidad muy grande, que si bien es cierto la represión y las lesiones a los periodistas fueron masivas durante la dictadura, se cerraron medios, hubo una debacle muy grande para los periodistas. Hoy no es así, pero tampoco hay pluralismo informativo, han muerto la mayoría de los medios que nacieron en dictadura, y no hay una diversidad de voces en el espectro informativo chileno. El Colegio de Periodistas hoy está empeñado en eso, nosotros desde el 2015 hemos peleado por el Derecho a la Comunicación, y dijimos que Chile necesitaba una nueva Constitución.

¿En qué consiste el derecho a la comunicación?

A nosotros nos agrada profundamente que, hace una semana, se haya abierto la discusión sobre el derecho a la comunicación y los medios. A pesar del empeño que habíamos puesto, no habíamos logrado que se pusiera al centro de la discusión este tema. Hay quienes defienden el privilegio de los empresarios y el modelo actual de comunicación, que solo les da voz a algunos. Mientras que otros hablan de un supuesto censor estatal, y no es así, se trata de que televisión nacional sea televisión pública, que el diario La Nación vuelva a existir.

 

Chilenos en el Exterior Piden Ser Considerados por la Convención Constituyente

Con una emotiva carta dirigida a los miembros de la Convención Constitucional, noventa redes y organizaciones de chilenos y chilenas que residen en el exterior, solicitaron a las y los constituyentes ser escuchados y tener un espacio de diálogo permanente durante el periodo en que será redactada la nueva Constitución de Chile.

La carta lleva la firma de las principales redes de chilenos en el exterior, entre ellas destacan: Que Chile Extranjero, la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y políticos y el Comité Internacional Chile Somos Todos, la red Chile Despertó Internacional, la Coordinadora de Mujeres chilenas en la Región Exterior, además de las representaciones en el exterior de los partidos del Frente Amplio Convergencia Social y Revolución Democrática. Suscriben asimismo la carta numerosas organizaciones de chilenos y chilenas ubicadas en 16 países en América, Europa y Oceanía.

En síntesis, la nota plantea a los constituyentes y a su mesa directiva, la creación de un Distrito Exterior en el reglamento de la Convención Constitucional, que pueda operar en igualdad de condiciones respecto a los distritos ya reconocidos legalmente en el territorio nacional. Reclaman el derecho a ser escuchados y a poder participar en los debates y consultas que realice la Convención, sobre todo, en aquella materias de orden constitucional que los atañen directamente.

Sostienen que una medida como esta podrá subsanar en parte la exclusión de la cual fueron objeto para votar en las recientes elecciones de los y las integrantes de la Convención Constitucional, a pesar de ser ciudadanos y ciudadanas chilenas. A fines del año pasado, el proyecto de reforma constitucional que lo habría hecho posible obtuvo el voto favorable de la mayoría de los diputados en la Cámara baja, pero ello no fue suficiente pues se requería de un quórum de 3/5 para su aprobación y el oficialismo votó en contra en bloque.

Los autores de la carta consideran que los chilenos en el exterior tienen mucho que decir y aportar en el debate constitucional, organizados como están en redes internacionales, asambleas por ciudades y cabildos locales. señalan que han ya desarrollado experiencias muy positivas de contacto e interacción con miembros del parlamento y con integrantes de la Convención Constitucional. Por lo que simplemente se trataría de perfeccionar y dar una legitimidad formal a mecanismos de diálogo ya existentes.

Los chilenos en el exterior subrayan que la población residente fuera del territorio nacional representa aproximadamente el 5,5% del total de la población chilena, según los últimos datos disponibles del INE, lo que equivale a más de un millón de chilenos residiendo fuera de las fronteras nacionales. Esto último hace indispensable su presencia activa en un proceso constituyente que tiene por objeto escribir una nueva Carta Magna pero, sobre todo, reconstruir un Pacto Social que interprete la voluntad de todos los sectores sociales del país. Agregan que, además, de sus demandas específicas como chilenos que residen en el exterior, están en condiciones de aportar al debate constitucional en base a la experiencia que han acumulado en los países donde viven, los

cuales muchas veces tienen experiencias muy ricas en el ámbito constitucional o han aplicado soluciones innovadoras a diferentes problemáticas, que pueden ser también útiles de considerar en el caso chileno.

Además de pedir una respuesta a su petición, la carta termina solicitando a la Convención y    a su mesa directiva que intercedan ante las correspondientes autoridades para la aprobación de la ley de indulto general para los presos de la revuelta popular iniciada en Octubre de 2019, la cual abrió la posibilidad al proceso constituyente ya en curso.

Mayores por el Desarrollo: Carta Abierta a los Constituyentes

Mayores para el Desarrollo, un movimiento abierto a todas las edades, basado en el diálogo intergeneracional, empeñado en incidir en la sociedad chilena para contribuir a reflexionar y promover la realidad de un envejecimiento ciudadano, a escala humana, digno e inclusivo, quisiera compartir con Uds. su profunda preocupación por la opacidad e inercia que muestra el tema del envejecimiento y las vejeces al interior de las dinámicas ciudadanas en las que estamos empeñados los chilenos post apruebo.

Pensamos que esto es parte de la neblina cultural que ha construido la modernidad en torno a la vejez y cuyo impacto más radical consiste en la invisibilización y anulación ciudadana de los mayores. Estos últimos inauguran, hacia finales del siglo pasado, en el mundo una nueva clase de edad llamada por Naciones Unidas la adultez mayor que, desde la teoría económica de la sociedad industrial en adelante, pasa a integrar el sector pasivo de la economía, lo que con el advenimiento del neoliberalismo a América Latina y con la multiplicación numérica prodigiosa de los sujetos mayores (la extensión de la vida humana),tiene, entre otros, el efecto cultural de invisibilizar su estatus de ciudadanos y de poner de manifiesto el paso del tiempo en los cuerpos, es decir, su envejecimiento.

“Están viejos, de qué pueden encargarse” es uno de los mensajes que se reproduce constantemente en el entramado subyacente y dominante de la cultura etaria latinoamericana.

Junto a los abusos de poder y de todo orden, la desigualdad, el descaro de la política, el daño ambiental, la razón etaria está también detrás del estallido de octubre de 2019 y de una

manera muy poderosa. Preocupa, sin embargo su reducción y circunscripción al problema de las pensiones, acompañada de la mirada de la vulnerabilidad física, fórmula que saca de foco el hecho central de que tanto las pensiones como el trato filantrópico forman parte del proceso de producción de las edades en el que la clase de edad vejez queda adscrita a una ciudadanía enfermiza, debilitada, y parte del llamado sector pasivo de la economía. Nada más lejos del tratamiento de un envejecimiento ciudadano encuadrado en el marco de la noción de la titularidad de derechos.

Es necesario entonces poner la demanda de las personas mayores por una nueva constitución al interior del reclamo por ciudadanía, por una constitución que regule una sociedad (estado-mercado-sociedad civil) capaz de producir las distintas edades de acuerdo al principio democrático de la sociedad para todas las edades.

Hablamos, en fin, de poner en la conciencia ciudadana y de los candidatos y candidatas a la Asamblea Constituyente los siguientes hechos:

  • estamos frente a un cambio demográfico no temporal, duradero: la reconfiguración del modelo demográfico piramidal que nos ha acompañado en los últimos siglos en el que la base la integran niños y jóvenes para empinarse hasta la cúspide con las generaciones adultas y rematar en una punta aguzada, integrada por unos cuantos mayores. Su reconfiguración hacia la figura de un rectángulo está sucediendo con una base aplanada de niños y jóvenes que crece hacia arriba, no ya hacia una punta aguzada, sino hacia otra superficie plana integrada por la multiplicación de los individuos más envejecidos.

Algunos indicadores al respecto: (Indice de envejecimiento): en cuatro años más, en nuestro país, habrá 103 personas de 60 años y más por cada 100 menores de 15 años; en el año 2050, esta proporción será de 170 a 100. 1

Crece el número de las/los más envejecida/os: en el año 2035, la población de 80 años y más superará a la población del rango etario de 70 a 74 años.

Razón de apoyo parental: en el 2030, Chile será uno de los ocho países latinoamericanos que tendrá 7,5 personas de 85 años y más por cada cien entre 50 a 64 años.2

  • Estamos frente a un hecho extraordinario que consiste en la emergencia de los mayores en la historia y en el espacio social de los países del mundo. Tal como lo plantea la Segunda Asamblea Internacional sobre el Envejecimiento y la Vejez realizada en Madrid en el 2002:

“Artículo 10

El potencial de las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro. Permite a la sociedad recurrir cada vez más a las competencias, la experiencia y la sabiduría que las personas de edad aportan, no sólo para asumir la iniciativa de su propia mejora, sino también para participar activamente en la de toda la sociedad.”

  • Estamos frente a la necesidad de generar una constitución que, a causa de la prolongación de la vida humana, sea capaz de regular, por la vía del derecho, la ampliación del espacio social en el cual, se viene instalando una nueva clase de edad: las vejeces.
  • Finalmente, invitamos a Uds. a desempolvar el documento Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las Personas Mayores (https://bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108819) promulgado en nuestro país el 1- 09-2017 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Este es un documento central que precisa ser reconocido por la nueva constitución en el camino hacia la declaración de la titularidad de derechos de las personas mayores.

MAYORES PARA EL DESARROLLO

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1 SENAMA (s/f). Indicadores de envejecimiento, p.5.

 

2 CEPAL(2011). El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores para América Latina y el Caribe.Separata.

El Indisimulado Asco de la Derecha

El domingo 4 de julio fue un día histórico. Bello, emotivo, con el desgarro de los partos, con la certeza de los cambios gloriosos, con la incertidumbre de lo que viene después de los momentos que hacen historia, que dejan huella; con la alegría del triunfo incuestionable, con la tristeza por los que no alcanzaron a verlo; con la esperanza renacida, con la rabia hacia los que trataron de arruinar el momento, con la euforia de ver la vuelta de la tortilla, de estar viviendo el protagonismo de quienes siempre fueron ignorados, invisibilizados, ofendidos y menoscabados. De aquellos sin voz ni rostro, en un país donde, paradojalmente, son mayoría o dueños de la real historia de esta tierra larga y angosta.

Y, desde luego, también fue una jornada de indisimulado asco por parte de los vencidos. Ellos, la derecha derrotada ya desde el 18 de octubre de 2019, no pudieron esconder su desagrado, su ira, su desprecio frente a un mundo que se les presenta como desconocido y aterrador. Como lo dijera la propia primera dama en esos primeros días de la revuelta de octubre, una presencia de “alienígenas” malvados, dueños de las calles, tratado de llegar a sus barrios, los de Cecilia.

El arrinconarse, el atrincherarse, el cobijarse entre ellos –los 37- del supuesto horror que se les venía, fue lo que vimos en la derecha ese domingo 4 de julio. Todos ellos con rostros inundados de desagrado, marcados de odio, paralizados de desconcierto y desconocimiento.  Se veían como que los hubieran transportado a un lugar desconocido, hostil y temido. Y eternamente odiado. Allí estaban con indígenas chilenos, de distintas etnias, vestidos con sus ropajes ceremoniales. Allí estaban en medio de mujeres y hombres sin trajes a la moda, sencillos y con otros rituales de protocolo. Sin corbatas, sin aros de perla y trajes sastre. Un mundo donde las mujeres llevaban pañuelos verdes y morados al cuello, señalando a través de ellos que nunca más la historia se haría sin su presencia. Que nunca más las mujeres serían objetos decorativos si serían objeto de abusos. Allí estaban en medio hombres que hablaban en femenino y con personas que no estaban dispuestas a transar sus logros, y lo manifestaban a voz en cuello.

En medio de todos ellos, que habían sido quienes se habían ganado ese espacio con luchas en la calle y votos en las urnas y que ese domingo 4 seguían mostrando su fuerza imbatible, estaban estos 37 hombres y mujeres  que habían perdido todas las ultimas elecciones. Que, por milagro, habían logrado llegar a ese espacio de construcción constitucional: solo 37 de un total de 155. Se los veía indignados, acorralados, agresivos. Presos de una estrategia de mostrar “unidad”, votando solo por ellos mismos, sin ninguna disposición a hacer pactos o alianzas. Sin ninguna disposición a ceder o a entender el nuevo mundo que estaba instalándose en ese momento en el poder. Ese mundo que ya había nacido en octubre de 2019 y, de allí en adelante, solo había logrado confirmar su fuerza, sus convicciones, y su decisión de nunca más volver atrás. De nunca más volver a aceptar ser pisoteados.

Esa incapacidad de la derecha de entender que su momento había terminado, quedo plenamente en evidencia. Sus caras lo decían todo. Ese asco pegado como mueca. Eran incapaces de entender que sus privilegios estaban llegando a su fin. Que ese mundo creado por ellos desde que llegaron a apoderarse de este territorio del cual otros eran dueños, ya no existiría más. Ya no existía más desde el “basta” que fue incubándose lentamente, por décadas y siglos. Que fue creciendo como un vendaval en las almas y corazones de todos quieren fueron vapuleados y explotados toda su vida. Porque en ese mundo construido por ellos y para ellos, los vencedores de siempre –con excepciones que se pagaron trágicamente como el triunfo fugaz de la Unidad Popular en 1970- parecía ser eterno. Es lo que la derecha quería y creía a pies juntillas. Las concesiones podían darse –hacer un plebiscito en 1988- pero que nadie pensara que ello iba a cambiar el mundo o las reglas de juego. Y lucharon por mantener sus prebendas y privilegios, y siguieron explotando a diestra y siniestra, hasta que la cuerda se cortó. Cuánto lamentarán no haber entendido que un alza de pasajes de Metro iba a reventar la olla a presión…

Seres invisibles e indeseables

Y desde que todo explotó en pedazos, la derecha nunca más entendió nada. Y es por eso que hoy los vemos moverse en la Convención Constitucional como peces en tierra, ahogados, fuera del hábitat conocido, rodeados de seres que para ellos antes eran invisibles e indeseables.

La derecha está en schock. Sus huestes y sus cajas de resonancia también. Sus medios de comunicación tratan de hacerse escuchar pero ya nadie entiende o quiere escuchar ese lenguaje añejo, retrogrado, reaccionario  y en retirada en el mundo entero. El agua empezó a entrar. Deberían saberlo. Y es mejor abrir compuertas para que el agua tome su cauce, que mantenerlas cerradas a la fuerza y que el agua pase por encima de todos con la fuerza de una tromba. Si nunca les importó y no quisieron entenderlo, hoy es la hora. Porque, de otro modo, se corre el riesgo de que esa agua barra con todo. Como lo vimos ese 4 de julio chileno, donde en un par de horas muy tensas, vimos que todo podía sucumbir frente a la violencia irracional de algunos, fueran del signo que fueran, una violencia que muchas veces provoca y otras, reacciona a la provocación. O la instala.

Es de esperar que el asco surcando el rostro de la derecha de nuestro país se vaya atenuando. Es de esperar que sus representantes entiendan que hay que fluir con el río de la historia, que lo que ayer fue “normal” hoy es una aberración, que lo que ayer nadie se cuestionó, hoy es bandera de lucha de millones. Que movimientos como el “me too” de las mujeres abusadas, llegaron para quedarse. Que la homofobia no tiene cabida. Que la esclavitud terminó hace mucho y que hoy estamos en una lucha por derrotar las nuevas formas de esclavitud en cualquier ámbito. Que no solo los rubios de ojos azules saben leer y escribir y sacan doctorados en universidades extranjeras. Que ningún niño merece ser discriminado por ser de pueblos originarios o vivir en La Pintana. Que nadie vale más por lo que tiene que por lo que es. Que las preguntas “¿Qué haces?” o “¿Dónde estudiaste?” no tienen que nunca más marcar la vida de nadie.

En definitiva, que hoy sí que parece que este país dijo basta y echó a andar. Y que no debería haber fuerza posible de detener esa marcha.

ANEF Exige Explicaciones al Gobierno Frente a un Nuevo Asesinato a Comunero Mapuche

Frente a los hechos ocurridos en Carahue, Región de La Araucanía, en que un comunero mapuche fue asesinado por un efectivo de Carabineros, en un enfrentamiento cerca de la medianoche del viernes, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, emplazó al gobierno de Sebastián Piñera a que transparente e investigue de manera rápida y oportuna las circunstancias sobre cómo acontecieron los incidentes.

El timonel de la ANEF lamentó, además, el error de la información emitida por la Fiscalía en que se confirmaba que la víctima fatal correspondia al hijo del  líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, que causó gran conmoción enre la opinión pública y en las redes sociales, lo cual fue desmentido esta mañana por el propio lider mapuche, padre de la supuesta víctima fatal, quien aclaró que el comunero asesinado, no se trataba de su hijo, sino de otro miembro de la organización.

“Más allá de la identidad de la persona fallecida en un enfrentamiento en la Araucanía, queremos expresar nuestro apoyo a la familia del Wallmapu y a todo un pueblo que ve con desazón como la militarización de la Araucanía sigue cobrando vidas. Este hecho debe ser investigado con premura y transparencia, dado que es el Gobierno quien debe dar explicaciones  sobre el accionar de las fuerzas especiales de Carabineros”, dijo Pérez Debelli.

El sindicalista agregó que “a solo una semana de comenzar la Convención Constitucional, encabezada por una presidenta mapuche, Elisa Lincón, el Estado de Chile asesina a un miembro de su pueblo, generando incertidumbre respecto de la dirección y el avance que debe tener este país que ha venido pidiendo a gritos desde la revuelta social, se respeten los derechos humanos y las diversidades culturales y plurinacionales”.

“Nuevamente nos vemos enfrentados a la militarización e impunidad sistemática que nos hace recordar los emblemáticos casos Huracán y Catrillanca que también cobraron vidas de personas del pueblo mapuche que luchaban por reinvindicar sus tierras y que se les despojó del derecho humano de la vida, tan solo por reclamar algo que consideran propio”, manifestó el líder de la ANEF.

Finalmente, puntualizó que “el Gobierno de Sebastián Piñera se equivoca al proceder de manera tan violenta con las fuerzas especiales de Carabineros. Este es otro Chile que empezó a escribir un nuevo capítulo en la historia, para una ciudadanía que pide justicia para el pueblo mapuche, al igual que la libertad a los presos de la revuelta social”.

Diputada Mapuche Emilia Nuyado Exige Investigación Profunda por Asesinato de Weichafe Pablo Marchan: «No Aceptaremos Nuevos Montajes»

La diputada Mapuche Emilia Nuyado exigió «una investigación profunda y transparente  sobre la muerte del weichafe» Pablo Marchant Gutiérrez, de 27 años de edad y padre de dos hijos, en un supuesto enfrentamiento en Carahue, Región de La Araucanía.

A juicio de la parlamentaria «las circunstancias en que fue asesinado el weichafe deben ser clarificadas, sobre todo porque según sabemos Pablo Marchan tenía disparos en el rostro».

«No aceptaremos nuevos montajes, sobre todo cuando todos sabemos que muchas veces carabineros ha actuado como un verdadero ejército privado de las forestales», dijo Nuyado.

Sobre este mismo punto, la diputada mapuche agregó «también exigimos saber de dónde salió la información falsa, de que el weichafe muerto era Ernesto Llaitul».

«Aquí Carabineros y la Fiscalía deben decir claramente quién hizo correr esa información.  Además, el gobierno debe de una vez por todas responder a las demandas del Pueblo Mapuche, no queremos que sigan muriendo nuestros weichafe, por buscar la restitución de nuestras tierras «, concluyó Emilia Nuyado.

Anoche, comenzó a circular profusamente la información de que el Mapuche muerte era el hijo del comunero Héctor Llaitul. La primera confirmación provino de la Fiscalía, aunque en las últimas horas negaron que ellos difundieran esa información responsabilizando a Carabineros. Llaitul solicitó al gobierno de la Administración Piñera conocer de dónde emanó la información que el joven asesinado fuese su hijo. Hasta ahora, el Gobierno ha guardado absoluto silencio.

Carta Abierta a Convención Constitucional: “Reglamento Debe Garantizar el Derecho a la Comunicación, Transparencia y Participación”

Una carta abierta a los y las constituyentes envió El Bloque por el Derecho a la Comunicación, del cual es parte Página 19, a la Mesa de la Convención Constitucional, poniendo énfasis en que dicho Bloque reúne a organizaciones y medios de comunicación de diversos territorios del país, vinculados a la defensa del Derecho a la Comunicación, planteando que, en este momento histórico que vive Chile, se necesita una Comunicación efectiva y acceso a la información.

Al respecto señalan: “valoramos los canales de información que ha generado la Convención Constitucional y la transmisión en vivo de sus sesiones, pero entendiendo la enorme brecha digital que existe en el país – en términos de conectividad, infraestructura y contenidos- es que creemos necesario multiplicar los esfuerzos para garantizar que los debates y votaciones de comisiones y asambleas sean públicos. Para cumplir con ese objetivo proponemos:

  • Transmisión por TV abierta: las sesiones de la Convención deben ser transmitidas a través de una señal de televisión abierta de alcance nacional (similar a la señal 2 de TVN).  La transmisión debe ser también a través de su página web, permitiendo la retransmisión en medios locales y plataformas sociales. Es relevante que las discusiones de la convención lleguen a la mayor cantidad de territorios.
  • Señal de radio: para llegar a más territorios, promovernos la existencia de una señal de radio con equidad regional en la producción informativa, con equipos profesionales y técnicos, abierta a la retransmisión por radios comunitarias, populares y medios alternativos.
  • Otros canales de información: es importante el uso de canales o espacios no tradicionales de comunicación para una entrega informativa, veraz y oportuna a través de oficinas de servicios públicos, ferias libres, centros de salud, bibliotecas públicas, farmacias comunitarias, negocios o almacenes de barrio, sedes sociales, etc. Todo esto garantizará que la información de la CC llegue a todos los territorios.
  • Elaboración de contenidos: todos los contenidos que se discutan deben ser de público conocimiento y deben tener enfoque de género y derechos humanos. Dichos contenidos deben contribuir a comprender el trabajo de la Convención a través de entrevistas con personas expertas, programas didácticos, e informaciones que permitan a la ciudadanía conocer en profundidad el proceso de instalación y desarrollo de la Convención. Esto permitirá evitar la difusión de noticias falsas – fake news-, la polarización y burbujas informativas que perjudiquen el proceso.
  • Acceso equitativo a la información y difusión del proceso de manera inclusiva: debido a la gran concentración de la propiedad de los medios y a la centralización de los medios nacionales, es importante que la información se entregue y difunda de manera oportuna, confiable, clara y pública de modo que sea replicable en los medios locales. Además, las transmisiones deben garantizar formatos y contenidos accesibles para personas con discapacidad y con lenguaje inclusivo y no sexista.
  • Sistema de acreditación de prensa amplio y accesible: todos los medios de comunicación tienen derecho a hacer coberturas de la Convención. Por eso, es importante que los criterios para la acreditación sean públicos y conocidos de antemano, sin discriminación a medios de comunicación locales y comunitarios.
  • Un gran y variado equipo de comunicaciones: la Convención debe tener un equipo de profesionales en materia de comunicación (periodistas, fotógrafos/as, audiovisualistas, diseñadores/as gráficos/as, publicistas, etc.) con énfasis regional, que se preocupe de descentralizar la información y garantizar  una óptima difusión de todos los debate del proceso de redacción de la nueva Constitución. El acceso a la información debe estar garantizado, considerando que al finalizar el trabajo de la Convención se realizará un plebiscito obligatorio para aprobar o rechazar la propuesta. Es clave que la ciudadanía participe de dicho plebiscito habiendo conocido todas las discusiones que se generaron al interior de la Convención. Dicho equipo debe establecer una red de comunicación directa con los medios regionales, locales y territoriales que promueva la difusión de los contenidos de la CC con las organizaciones territoriales -mediante las municipalidades del país- incluyendo a las juntas de vecinos y vecinas (urbanas y rurales) con un soporte que supere la brecha digital como un informativo impreso.

 Por otra parte, señalan que en la participación activa  es “clave generar todas las acciones posibles que permitan la plena participación comunitaria, descentralizada, amplia, incidente, ciudadana, inclusiva, con perspectiva de género, con pertinencia cultural y territorial, que incluya:

  • Sesiones de comisiones y del pleno en todas las regiones- en especial cuando se generen debates respecto de temas que afectan de manera específica a ciertos territorios- junto con asegurar la participación de la ciudadanía de zonas extremas del país, históricamente excluidas y marginadas de los debates públicos.
  • La posibilidad de que la ciudadanía entregue sus propuestas a las y los convencionales a través de canales oficiales que se deben disponer para este propósito y un mecanismo que permita a las personas y sus organizaciones recibir retroalimentación sobre las propuestas entregadas para este  proceso.

Por último, sostienen que para el Bloque por el Derecho a la Comunicación “la información es un bien público, por lo tanto, confiamos que de esta forma se garantizará la transparencia y probidad en el Proceso Constituyente, y se erradicarán obstáculos históricos en el acceso a la información y la participación, para promover la plena confianza que se requiere para que este proceso sea exitoso”.

Secundarios de la ACES se Toman Sede del INDH para Exigir la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta Popular

A eso de las ocho de la mañana, la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ubicada en Providencia, fue ocupada por un grupo de 30 jóvenes pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), según se pudo observar en los lienzos desplegados en la reja de la institución.

La organización de estudiantes emitió un comunicado, en el cual señalaron que “nos tomamos la sede del INDH para denunciar una vez más que en Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos, con total impunidad”. Acusando que el gobierno y sus instituciones se han encargado ocultar aquella realidad, “creando leyes que tenían por objeto criminalizar la protesta social, leyes que hoy mantienen a cientos de luchadores encarcelados incluso por más de un año y medio sin juicio ni pruebas concluyentes más que los testimonios de Carabineros y la PDI”.

Además, en el escrito afirmaron que “hoy existen más de 200 víctimas de trauma ocular ocasionado por el Estado”. Quienes, según la declaración, hasta hoy esperan justicia, tratamientos médicos dignos, y reparación. Finaliza exigiendo “la libertad inmediata y sin condiciones de todos los presxs políticos”.

Por su parte, el INDH publicó en su cuenta oficial de Twitter @inddhh un comunicado para informar que todos los funcionarios y funcionarias se encuentran bien, y que “continúan trabajando telemáticamente para proteger los derechos humanos de todas las personas”. Además, señalaron que se pusieron en contacto con los y las dirigentes estudiantiles, “buscando establecer un diálogo fructífero”.

Proyecto de indulto en el Senado

Este miércoles comenzó, en la Comisión de Constitución del Senado, la discusión del proyecto que plantea indultar a las personas detenidas en manifestaciones entre el 18 de octubre y el 9 de diciembre de 2020, y que estén acusadas por delitos tipificados como daños o desórdenes públicos.

La iniciativa fue propuesta por los senadores Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), y ya obtuvo resultados favorables en las comisiones de Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Durante la sesión de ayer de la Comisión de Constitución del Senado, integrada por Alfonso De Urresti (PS), Pedro Araya (IND), Francisco Huenchumilla (DC), Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI), el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó la oposición del gobierno con la iniciativa, afirmando que “estamos ante un proyecto que no sólo estará avalando la violencia y el delito como forma de hacer política, sino que también dando una señal a todo el país de que emplear la violencia y delinquir por motivos políticos se perdona”.

Por su parte, el senador Huenchumilla solicitó apurar la tramitación del proyecto. El cual debía ser discutido nuevamente hoy a las diez de la mañana. El debate en la Cámara Alta se da paralelamente a la discusión que se lleva adelante en la Convención Constitucional sobre el mismo tema.

El Servicio Jesuita Migrante y Clínicas Jurídicas y Corte de Apelaciones de Iquique Solicitan a PDI que Informe Medidas para Permitir Ingreso de Abogados a Cuarteles Policiales

A partir de una solicitud presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y las Clínicas Jurídicas de Migrantes y Refugiados de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, el viernes 2 de julio la Corte de Apelaciones de Iquique ofició a la Jefatura Nacional de Policía de Investigaciones (PDI) para que dé cuenta sobre cómo está dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema en la que se ordena garantizar el derecho de asesoría legal a cualquier persona detenida en sus cuarteles a nivel nacional. En el fallo del 13 de mayo de este año, el Máximo Tribunal de la República ordenó que se “asegure la permanente asesoría jurídica —sin ninguna distinción— de las personas que se encuentren privadas o restringidas en su libertad dentro de sus dependencias”.

La solicitud, presentada el miércoles pasado, cuestionaba que hasta el momento la PDI haya dado cumplimiento la orden del Tribunal, pues parece no haber instruido a sus funcionarios y funcionarias para asegurar que abogados y abogadas puedan ingresar a sus dependencias a lo largo del país para ofrecer asesoría jurídica de manera permanente a las personas extranjeras que se encuentren en ellas, procedimiento necesario para su cumplimiento.

Lo anterior dado que el pasado miércoles 23 de junio, durante un nuevo operativo de expulsión de personas migrantes del territorio nacional realizado por la PDI, la abogada Constanza Salgado Boza, del Servicio Jesuita a Migrantes, y la abogada Marjorie Dinamarca Jofré, de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, solicitaron ingresar al cuartel policial ubicado en calle San Francisco N° 253 de Santiago para entrevistarse con las personas detenidas, pero la solicitud fue denegada por los funcionarios de turno de la PDI.

Un avance

Es así como, a través de un oficio, la Corte de Apelaciones de Iquique solicitó a la Jefatura Nacional de la PDI que exhiba evidencia escrita donde consten las instrucciones directas dadas a todas las unidades del país, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema en su sentencia rol 32840-2021.

Desde el SJM, su Directora Nacional, Waleska Ureta, explica que “ahora la PDI debe responder ante el tribunal, explicando si ha cumplido o no con dar instrucciones a sus funcionarios y funcionarias para que abogados/as accedan a sus cuarteles a entregar la defensa que requieren las personas migrantes que enfrentan una expulsión administrativa. Es fundamental que la PDI comprenda que es un derecho constitucional el que están vulnerando”.

“La instrucción entregada por la Corte da cuenta que en el actuar de la PDI hay una vulneración de los derechos más básicos y elementales que existen en el ámbito judicial para cualquier persona, como es poder entrevistarse con un abogado/a para su defensa, más aún cuando sólo hay algunas horas previas a la expulsión. Negar el ingreso a los cuarteles policiales a los abogado/as no tiene justificación alguna, es una práctica ilegal y esperamos que la jefatura de la PDI instruya al respecto, considerando además que la nueva Ley de Migración les impondrá exigencias adicionales y específicas sobre las condiciones en que las personas migrantes deben permanecen en dichos lugares y cómo debe garantizarse el acceso a un abogado/a”, señaló la abogada de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez.

A ojos de Francisca Vargas, Directora Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, “el derecho a la asistencia jurídica es parte fundamental del derecho a la defensa y a un debido proceso. Lo que ocurrió con las abogadas de nuestras instituciones el pasado 23 de junio es inexplicable, pues privar a las personas de acceder a conversar con un abogado o abogada las deja en una situación de vulnerabilidad e indefensión grave, contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a nuestra propia Constitución Política de la República. Esperamos que la PDI pueda dar cuenta de las acciones que está ejerciendo para cumplir con lo mandatado por la Corte de Apelaciones y también con las normas jurídicas que nos rigen a todas y todos, y que las lleve efectivamente a cabo”

Enrique Lihn y la Intimidad del Desaparecido

Breve y perdido escrito entre los papeles que conservó su hija Andrea, el libro “Diálogos de desaparecidos” nos trae una serie de escenas de teatro escritas por el poeta Enrique Lihn, que buscaba convertirse en una sola pieza de dramaturgia, que obviamente no podía ser montada en los años de dictadura. El vate la menciona en una entrevista de 1982, lo cual permite localizar su redacción probablemente a fines de los 70.

Sorprende la potencia y la prospectiva de Lihn en los cuatro relatos separados que componen este texto. La línea que los cruza en forma transversal es el tema de los detenidos y desaparecidos con posterioridad al Golpe de Estado de 1973.

En el primero, asistimos al diálogo entre un desaparecido, atormentado debido a la culpa por haber entregado a sus compañeros ante la amenaza de la tortura, con un sacerdote, a quien pide que lo saque del listado de las víctimas de la dictadura; el segundo muestra a un hijo que vuelve a su hogar y conversa con su padre; en el tercero, un esposo desaparecido vuelve ante su mujer despidiéndose en el momento en que se podría llegar a conocer su eventual paradero; y el relato final, nos muestra un torturador quien tiene un diálogo a dos bandas, con su mujer y con la mujer que torturó, de final incierto.

Una obra corta e inquietante. Un testimonio realmente incómodo para la época, que Lihn no publicó y que hoy es parte del trabajo de recuperación de la escritura inédita del poeta.

Hay pasajes notables. Como la discusión sobre tortura y la delación del primer relato, o la defensa del torturador sobre su rol en la defensa del “estado de guerra” en que se encontraría el país. En ese sentido, el escrito de Lihn podría llamarse también “diálogo de la tortura”, pues hay una especial fijación en el tema por parte de su autor.

El relato es inacabado, no hay duda, pero es un aporte por la mirada de Lihn sobre la época, y por la emocionalidad que alcanza en algunos episodios de su escritura.  También por un aspecto temporal: siendo un texto de finales de los 70, permanece actual. Su vigencia no se pierde, pues se instala en la intimidad de seres humanos que vivieron una época pasada, es verdad, pero que desde esa intimidad cobra vida y se viste de una cotidianidad aterradora, frágil y absorbente.

“Diálogos de desaparecidos”, Enrique Lihn, editorial Overol.

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