Los alcaldes de ambas ciudades alertaron sobre  el plan regulador intercomunal que está obsoleto desde 1978 y todavía espera hace un año que lo aprueben primero en Contraloría y ahora en las oficinas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en Santiago.  Aunque en la práctica, la zona entre Villarrica y Pucón sí ha crecido de forma exponencial, pero también de forma irregular, en muchos casos con edificaciones sin permisos o al margen de las consideraciones mínimas de urbanismo y sustentabilidad.

Así lo explica Germán Vergara alcalde de Villarrica: “El plan regulador es del año 1978 y considerando que la comuna de Villarrica en estos últimos años se ha vuelto muy atractiva y mucha gente se ha decidido establecer acá, se ha generado  que el actual instrumento intercomunal se encuentre desactualizado, impidiendo el desarrollo planificado, resguardando el medio ambiente y nuestro paisaje”. “Somos la comuna de la región con más predios”, afirmó Vergara al diario local El Periódico.cl, refiriéndose a la situación legal de muchos terrenos que en realidad tienen uso habitacional y no agrícola o rural.

El asunto no ha dejado de ser una preocupación de primer orden para la comunidad, que ha visto los efectos de la burocracia, en el caos vial y las aglomeraciones durante la pandemia, producto de la gran cantidad de personas que se han trasladado a la zona.

La concejal de independiente de oposición Daniela Silva enfatiza que “al no actualizarse el plan intercomunal, los radios urbanos que existen en Pucón son un tercio de lo que hoy día es realmente urbano, en Pucón todo lo que está fuera de ese radio urbano, desde el puente El Claro hasta la rotonda, todo lo que está fuera de eso, no puede ser regulado por el plan regulador. Entonces está pasando que no tienen urbanizaciones oficiales, legales, sustentables, inteligentes. El mismo municipio de alguna manera, tiene que validar estas construcciones y loteos que se van haciendo.  Porque es gente que vive ahí”.

El plan regulador fue devuelto por la Contraloría con observaciones el 2 de julio de 2020  y aún se encuentra en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde la Seremi aclararon que “hubo observaciones asociadas a la planimetría y los estudios complementarios, los cuales ya se trabajaron durante fines del año pasado y comienzos de  éste y, actualmente, están siendo analizadas y estudiadas por el nivel central del Minvu, trabajando en las repuestas de carácter jurídico para ingresar nuevamente a la Contraloría General de la República”, precisaron.

Un balde de agua fría entregó ayer el Gobierno al detallar los resultados de la Casen 2020, el principal termómetro de la situación económico-social del país, que se mide cada tres años. Los resultados fueron dados a conocer justo después de la instalación de la Convención Constituyente en el país, algo que los suspicaces no pasaron por alto, por el interés de la opinión pública estaba obviamente marcada por los acontecimientos políticos.

Y fue un balance lleno de justificaciones. Que no subimos tanto en pobreza porque estuvieron “las ayudas estatales”- como si los 10% de las AFP, por ejemplo, hubiese sido gestión del Ejecutivo y el resto, IFE y demases, no tuviera que haberse sacado a tirones-; y que subimos menos que el resto de América Latina, como premio de consuelo.

En realidad la estrategia de “amortiguación del golpe” ante estas cifras había comenzado antes…un reportaje de La Tercera del 27 de junio, con citas de las autoridades competentes, adelantaba que el tema se venía malo, pero que las ayudas del gobierno habían suavizado el golpe: que según una proyección del FMI la pobreza podría subir al 12,2% (según la Casen entregada fue de 10,8%). Con todo, ya la proyección del FMI mostraba que se trataba de la primera alza importante de la pobreza tras sucesivas bajas, desde nada menos que 1990, cuando después de la dictadura más de la mitad de la población era catalogada de pobre.

Lo entregado en la Casen 2020- apellidada rápidamente por el gobierno como “en Pandemia”- no es otra cosa que el primer gran retroceso en casi dos décadas que se mide la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, la que año tras año de aplicación mostraba avances en materia de reducción de la pobreza en el país. El Gobierno, representado por la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, enfatizó una y otra vez que eran los efectos de la “peor pandemia en 100 años”, pero que “no quería minimizar los resultados”. “Este golpe es muy duro y lo tenemos que reconocer”, afirmó, no obstante la presentación de los resultados fue convenientemente utilizada para hacer alarde de las ayudas económicas del Gobierno…en este contexto social.

Entonces, más allá de que las cifras de crecimiento mostraran un salto del 18,1% en mayo, llenando de júbilo a algunos economistas y al Ejecutivo, todo el mundo sabe- y había sido adelantado hace tiempo-, que es la bajísima base de comparación la que influye en estas cifras (en mayo de 2020 la economía cayó 15,3%, sin contar los meses posteriores) y algo puede haber influido lo que ha sido la tabla de salvación del gobierno – el aumento del precio del cobre-, y también los 10% que la gente y el Congreso le sacó a los fondos previsionales en tres oportunidades.

Más allá, entonces, de las cifras macroeconómicas de siempre, el verdadero termómetro social está dado justamente por encuestas como la Casen, la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE y otras pocas de este tipo. No hay especial interés en Chile por mostrar la realidad social del país, está demás decirlo, por lo que estas encuestas se hacen cada tres años o cada cinco, para no entusiasmarse y siempre sin demasiado perfil, salvo que haya noticias especialmente positivas que entregar. Y no era el caso, por cierto.

La Casen 2020 “en Pandemia” mostró que el 10,8% de la población en Chile se encuentra en situación de pobreza por ingresos (también está la pobreza multidimensional, que suele ser bastante mayor, duplicándola, ya que incorpora elementos como el acceso a vivienda, salud, etc).

Sin ningún asco- así como se declara los muertos por la pandemia- se sostuvo que la extrema pobreza por ingresos llegaba al 4,3%, afectando hoy a más de 831.000 chilenos, en tanto que 1.281.000 eran pobres “no extremos”. En suma, más de 2 millones de chilenos en situación de pobreza. Según el propio Gobierno hubo un incremento en la pobreza por ingresos de 8,6% a 10,8%, mientras que la pobreza extrema casi se duplicó- y esto es lo más grave- pasando de 2,3% a 4,3%, respecto de la Casen del 2017.

En buen castellano, cerca de 400 mil chilenos cayeron a la extrema pobreza, estando ya en niveles de pobreza, producto de la pandemia y la indolencia del Ejecutivo en entregar rápidas ayudas sociales a estos sectores. Traducido a la realidad: campamentos en alza, ollas comunes por doquier, precariedad laboral que campea y supervivencia a como diera lugar.

Al mirar la distribución por regiones, la miseria se distribuye castigando especialmente a la zona norte. En particular la extrema pobreza es mucho mayor en Arica y Parinacota (5,9%), Tarapacá (6,9%) y por supuesto, La Araucanía, con un 5,9%. La Metropolitana tiene un 3,7% y el promedio nacional, como se dijo, llega al 4,3%, en lo que se refiere a la extrema pobreza.

En tanto, la pobreza a secas es liderada una vez más por la Araucanía, con un 17,4%, (es decir, casi uno de cada cinco habitantes de la esa región son pobres); Ñuble con un 14,7%; Tarapacá con un 14% y Biobío con un 13,2%. Ello se compara con el 9,0% de la Región Metropolitana.

Fuerte retroceso en distribución del Ingreso

Pero si hay algo que francamente conmueve, así como cuando nos enteramos que los ricos se habían hecho mucho más ricos en Chile en plena pandemia, gracias a la Revista Forbes, esto lo vuelve a comprobar esta Casen 2020, cuando se refiere a la distribución del ingreso del trabajo.

Al observar las cifras, se tiene que si el 10% más rico captaba un 36,2% de la torta total de ingresos en 2017, ahora aumentó su participación en la apropiación de la torta a casi un 40% (39,2%) en 2020.

En contrapunto, el 10% más pobre de la población, que en 2017 captaba un menos de un 1% (0,9%) de la torta total de ingresos, tres años después, en 2020, pasa a captar la ínfima cifra de 0,1% casi desapareciendo definitivamente de la distribución de la torta de ingresos. Eso es una bomba de tiempo para nada menos que un 10% de la población nacional.

Si se hace el ejercicio de sumar las participaciones para obtener el 20% más rico y cuánto capta este segmento de la población de la torta total de ingresos, se tiene que en 2017 captaba más de la mitad (51,8%) y en 2020 se acerca al 60% (57,3%). En otras palabras, el 20% más rico del país se apropia del 60% de los ingresos del trabajo a nivel nacional.

Por el contrario el 20% más pobre, que en 2017 lograba captar para sí el 3,8% de los ingresos, en 2020 capta la mitad de eso, con un 1,6%. La mitad, ni más ni menos.

En una cifra increíble, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, en términos de los ingresos del trabajo de los hogares, que en 2017 era de 39,1 veces…ahora pasó a ser el 2020 a ser de más de 400 veces (416,6), es decir multiplicándose por 10.

El llamado coeficiente de Gini, que mide justamente las diferencias en la distribución del ingreso y que venía mostrando una muy lenta baja en los últimos años- tras muchos años de permanecer estable-, sube desde un 0,493 en 2015 y 0,501 en 2017, a 0,527 en 2020, llevándose de un plumazo lo poco avanzado en 15 años. Cabe recordar que el coeficiente considera acercarse al 1 como la máxima desigualdad y al 0 como la máxima igualdad.

Agreguémosle el “detalle” que la canasta básica de alimentos, según cifras oficiales, no paró de subir justamente en 2020, llegando a aumentar en un 8,5%, desde un poco más de 1,7% en mayo de 2019, para comenzar a bajar recién a principios de 2021, a un 4,4% de aumento. Habría que ver que está pasando hoy con el valor de esa canasta de alimentos.

Esta brutal realidad que nos muestra la Casen 2020 “en Pandemia” se da en un país donde, según la Fundación Sol (con datos de la Casen anterior que ahora empeoran), un 64% de los trabajadores gana menos de $400.000 líquidos, o dicho de otra forma solo 1 de cada 3 trabajadores en Chile gana más de la citada cifra. Y donde casi 900 mil trabajadores (890.753) ganan el sueldo mínimo o menos, ingreso recientemente reajustado en $10.500 pesos, para llegar a $337.000.

Esto se corrobora con los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (2019)- dice la Fundación Sol- que indica que “la mitad de los trabajadores asalariados de empresas privadas ganan $420 mil o menos”, subrayó la entidad en el contexto de la reciente discusión del salario mínimo.

En definitiva, una panorama desolador para las familias más pobres del país y una lápida definitiva a aquel slogan ya tan poco difundido de los “tiempos mejores”. Y sobre todo, una enorme tarea para el futuro que por cierto deberán considerar los Convencionales Constituyentes y en lo inmediato el próximo Gobierno que asuma en marzo próximo.

Elisa Loncón, recién electa como la primera  mujer y mapuche, Presidenta de la Convención Constitucional evento histórico que tiene a prácticamente todo el país pendiente de lo que allí sucede, ha sido protagonista de un hecho que provocó la emoción de millones de chilenos y chilenas y el rechazo de un grupo que no pudo esconder su racismo, y la desesperación por el nuevo Chile que surgía, como lo que escribió un indignado Sergio Melnick: “para Chile y su historia, ayer empezó el epílogo de su total decadencia, me embarga una pena muy grande. Ya no hay nada que hacer. La ignorancia es muy atrevida y sumada a la arrogancia y la violencia, será muy rápida”.

Más aún, un tuitero se atrevió a decir ¿sabrá leer y escribir esta Presidenta? Fue una de las pocas menciones racistas que mostraron la ignorancia de quienes fueron testigos de cómo Chile comenzaba realmente a cambiar. Pocos minutos después, estos personajes debieron tragarse sus palabras y callar. Es que muy pocos pueden competir con el currículum de Elisa Loncón, doctorada en Holanda, México y la Universidad Católica, entre otras medallas.

La acompaña en la histórica misión el abogado y también doctor, Jaime Bassa, de Valparaíso y experto en temas constitucionales.  Terminada la sesión inaugural de la Convención, presidenta y vicepresidente anunciaron que el primer tema que pondrán en tabla sería la elaboración de una declaración conjunta para demandar la liberación de los detenidos en el marco del estallido social.

Poner el tema fue una de las medidas que -se dice- sirvió para aplacar los encendidos ánimos de la Lista del Pueblo, que habían salido del ex Congreso para averiguar el real estado de situación de manifestantes que, tratando de entrar al lugar donde sesionaba la Convención, se enfrentaban con Carabineros en las afueras del ex Congreso. Periodistas y hasta la famosa Tía Pikachu, fueron objeto de agresiones. Se dice también que quienes lograron llegar a acuerdo con la Lista del Pueblo, representantes de quienes se manifestaban, fueron algunos Constituyentes independientes, del Colectivo Socialista y del Frente Amplio. Política pura.

Por eso es que Bassa explicó después: “Nosotros, desde la Convención, vamos a empujar el proyecto de ley de indulto, para que efectivamente las personas que están privadas de libertad por razones políticas recuperen su libertad”. Un tema complejo y que produjo escalofríos entre los constituyentes de Chile Vamos, cuyo papel en el evento llega a ser triste, por lo irrelevantes que son. Es lo que quedó patente cuando se coludieron para votar como un solo hombre o mujer, por sus representantes. Un vano intento. Y así será en el futuro, si no se allanan a dialogar, a llegar a acuerdos, a tratar al menos de conversar para conocer las aspiraciones nunca concretadas de chilenos y chilenas que están cambiando el país desde octubre del 2019.  Son, definitivamente, una minoría.

Problemas que oscurecen el horizonte

“Huele a que esto es intencional”. Es lo que más se repitió el lunes pasado cuando no se pudo realizar la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional en el ex Congreso. Como en la canción aquella de que “no había toro, no había arena, no había nada”, es lo que se encontraron los 155 constituyentes al acudir al primer día de los nueves meses que les espera para su construir la nueva Constitución para Chile.

La constituyente Bárbara Sepúlveda, de Apruebo Dignidad, manifestó que “854 millones de pesos para habilitar el ex Congreso y hoy se suspende la tan esperada primera sesión por falta de audio, conexión a internet, habilitación de micrófonos, etc. Vergonzosa la gestión de Encina (secretaría técnica), a quien se le pagan 7,5 millones por trabajar”

El enojo por lo ocurrido fue escalando a tal extremo que el constituyente Jorge Baradit, luego de escuchar la declaración del Colectivo Socialista, acotó: “Incluso llego a pensar, y esto a título personal, de un sabotaje”.

Salvo las declaraciones de la derecha, que, por supuesto buscó endosar la responsabilidad de lo ocurrido en la recién electa mesa de la Convención, que, según ellos, debió haber revisado las condiciones del lugar antes de citar a los constituyentes, la mayoría de ellos responsabilizó al gobierno por lo ocurrido. De hecho, periodistas fueron testigos de la llegada -pasadas las 14 horas- de las pantallas que debían servir de vasos comunicantes entre las salas donde debían sesionar.

Eso no lo vio Arturo Zúñiga constituyente UDI, ex subsecretario de Salud. Porque siguiendo el guion de la derecha,  manifestó que “estando acá, con más de una hora de retraso, la mesa nos pide someter a votación si sesionábamos todos en el hemiciclo. Yo, como exsubsecretario, intercedí porque no estamos por sobre la ley, no podemos votar si estamos o no por sobre las normas sanitarias. En ese sentido solicité que la sesión se suspendiera hasta que se habiliten las distintas oficinas”.

Y agregó de inmediato:  “no estaban las condiciones para trabajar así que no entiendo por qué nos citaron. No sé si esta citación fue corroborada entre la mesa y el gobierno. Es una situación que se pudo haber previsto. Ojalá mañana se pueda solucionar. No sé si fue problema de la mesa o del gobierno, pero le fallamos a la ciudadanía porque no pudimos trabajar hoy”.

El mismo guion que siguió Ruggerio Cozzi, constituyente de RN, y que fue increpado y hasta golpeado por manifestantes a la salida del Congreso. Responsabilizó a la mesa recién electa por la situación que vivieron. “En estos momentos estamos viendo una improvisación increíble de la presidencia y vicepresidencia de la CC. Nos citaron a una sesión que no se puede realizar (…) condiciones sanitarias y técnicas impresentables. Y para colmo, a puertas cerradas”, dijo.

Un constituyente atacameño, Félix Galleguillos Aymani, lo resumió así: “Se suspendió a la sesión de hoy. No estaban las condiciones. No estaban los micrófonos, las salas no estaban habilitadas. No había conexión. Debido a esto y las condiciones de aforo, retomaremos mañana a las 10 am”. La pregunta para la derecha era: ¿quién debió tomar las medidas cuando hacía meses que estaba anunciado el inicio de la Convención teniendo todo lo necesario para hacerlo?

Piden renuncia del responsable

Si van a poder sesionar a las 10 del martes es la gran interrogante aún no respondida. Todos los ojos están puestos en el gobierno. Cada grupo constituyente pidió responsabilidades. El colectivo socialista solicitó la renuncia del ministro de la Segpres, Juan José Ossa. El constituyente Pedro Muñoz, del Distrito 24, leyó una declaración donde acusa un “notable abandono de deberes y repetida falta de disposición hacia la Convención Constitucional” de parte del secretario de Estado”. “Responsabilizamos al gobierno de Sebastián Piñera por el permanente desinterés hacia el funcionamiento de la Convención”, acusó. Es que las fallas en la habilitación de los equipos con los cuales debían trabajar y en el protocolo sanitario, hizo imposible cumplir la tarea para la que fueron citados.

“Descubrimos con sorpresa e indignación que los cuatro salones no estaban interconectados, no había audio ni micrófonos para comunicarnos, ni pantallas para vernos”, declaró el constituyente Muñoz.  El escritor Baradit, constituyente independiente que postuló con un cupo del PS, manifestó por su parte que “no hemos tenido respuesta alguna del Gobierno. Llevamos acá dos horas desde este desastre”. “El gobierno de Chile sabía hace 6 meses de las condiciones que había sobre el Covid, y el día de hoy no tenía funcionando las cámaras, no tenía funcionando los computadores, no tenía decidido nada para que se pudiera operar (…), no fue capaz de dejar listo micrófonos, computadores ni salas habilitadas para que esta segunda sesión pudiera funcionar”. “Quiero decir que con cuatro amigos podíamos conectar cuatro salas el día de ayer, y hace seis meses que se está planificando esto y este equipo que gana 7 millones de pesos, no ha sido capaz de entregar las condiciones mínimas”, añadió en relación al trabajo de Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención.

Hablando en su propia lengua, el Mapudungun, Elisa Loncón Antileo se convirtió en la Presidenta de la Convención Constitucional con un amplio triunfo, 96 votos, en la segunda vuelta.

Costó mucho que las y los constituyentes pudieran asumir sus funciones, de hecho se tardó más de dos horas, porque diversos grupos de manifestantes rodearon el ex Congreso Nacional en Santiago lanzando piedras a la prensa que cubría las alternativas de la Constituyente. Otro poco hizo Carabineros que reprimió a los manifestantes e incluso tres constituyentes resultaron golpeados por las fuerzas del Orden. Todo eso hizo que varios y varias constituyentes salieran a calmar las aguas, pero con muy poco éxito. La Constituyente Malucha Pinto contaba que no había ningún funcionario de Gobierno con quien negociar.

La jornada partió a eso de las 8:30 horas de la mañana las y los constituyentes de La Lista del Pueblo se reunían con unas mil personas en la Plaza de la Dignidad y marchaban con destino al ex Congreso. Otro tanto hacía el Colectivo Socialista con sus 15 constituyentes en el monumento al Presidente Salvador Allende, rindiéndole un sentido homenaje. Entretanto el grupo de constituyentes de Apruebo Dignidad lo hacían en bicicleta desde la Plaza Yungay. Mientras las Constituyentes feministas se reunieron en las escalinatas de la Biblioteca Nacional, lugar de encuentro histórico de los feminismos. Por su parte, la derecha solo se movilizó en sus propios autos y buses proporcionados por la administración Piñera.

Pasadas las 14:00 horas, finalmente asumió la Presidencia de la Convención Elisa Loncón. De 58 años de edad, profesora, doctora en Humanidades y Lingüista, defensora de los derechos lingüísticos, nació en la comunidad Mapuche de Lefweluan, comuna de Traiguén en la Región de La Araucanía. Estudió en la Universidad de La Frontera graduándose de profesora con mención en inglés. También tiene estudios en la Universidad de México, Holanda y Canadá. En la actualidad, se desempeña como académica en el Departamento de Educación de la Universidad de Santiago.

En un emotivo discurso donde estuvo acompañada de la Machi Francisca Linconao, Elisa Loncón manifestó su orgullo por pertenecer a uno de los pueblos originarios y, también, señaló su defensa por los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y la niñez. Agregó que la Convención será para refundar Chile, reconocer la plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos originarios, defender derechos ambientales y de los territorios, y con la participación activa de todos y todas las chilenas. “Es posible refundar este Chile, establecer una nueva relación entre todas las naciones que conforman este país», señaló.

En medio de sus primeras palabras, la pequeña hija de la Constituyente Manuela Royo, de la Región de La Araucanía, la escucha atenta y aplaudió con fervor. Después Elisa Loncón asumió en potestad su cargo y dirigió la votación de la Vicepresidencia de la Convención. Resultó electo el abogado independiente, en cupo de Convergencia Social, Jaime Bassa de la Región de Valparaíso, en una nueva muestra de paridad en la convención.

Tras la elección de Bassa, en un gesto cargado de simbolismo, la presidenta de la Convención pidió un minuto de silencio para honrar a “nuestros muertos de los 500 años, los muertos de las naciones originarias con el Estado de Chile, las mujeres víctimas de femicidio, los compañeros que también murieron durante la dictadura, los muertos de la revuelta, de la ocupación militar del Wallmapu”. Antes de finalizar, Loncón recibió diversas propuestas de reglamento, entre ellas la propuesta de Reglamento Feminista de la Constituyente, de manos de las convencionales feministas.

Este lunes comienzan la discusión a las 15:00 horas, con temas como la posible ampliación de la mesa directiva y la situación de las y los presos de la revuelta. La extensa apertura de la Convención Constitucional terminó bien entrada la tarde, pero con el firme propósito de dejar atrás la Constitución de Pinochet.