Entre el 20 y 24 de junio se produce el solsticio de invierno en el Hemisferio Sur. En Chile, dicho acontecimiento, relacionado con la naturaleza y el cambio de estación, se produjo en la noche del pasado 20 de junio, aproximadamente cuarenta minutos antes de la medianoche. En esa oportunidad asistimos al día más corto y la noche más larga del año, aquella a la que los antiguos mapuche se referían diciendo: “la noche avanza con tranco de gallo”.

Pero no solamente el pueblo mapuche celebró dicho acontecimiento, también lo hicieron otros pueblos indígenas que, junto a los mapuche, forman parte de las Primeras Naciones que habitaron nuestro territorio. Es el caso de los aymara que, con gran algarabía, conmemoraron “el retorno del sol” -o Machac Mara- y los quechuas, quienes, a propósito del cambio producido en la naturaleza, disfrutan de “la fiesta del sol” o Inti Raymi; lo propio celebraron los Rapa Nui, en la festividad conocida como Aringa Ora. Dichas celebraciones no solo se realizan en aquellos lugares en donde originalmente vivieron y se desarrollaron los pueblos indígenas de Chile, sino también en las ciudades donde han tenido que emigrar buscando mejores condiciones de vida. Así, particularmente el We Tripantu, no es infrecuente observarlo en muchas ciudades del país, incluida la Región Metropolitana, en comunas como Cerro Navia, La Pintana, El Bosque o Peñalolén.

Junto con el inicio de este período de cambios en la naturaleza, por estos días comenzará, también, una nueva etapa en la historia de nuestro país, con la entrada en funciones -está programada para el 4 de julio próximo- de la Convención Constituyente, uno de los resultados de las grandes movilizaciones populares iniciadas con el estallido social del 18 de octubre del año 2019. En efecto, producto de los abusos y desigualdades anidadas en nuestro país durante varias décadas –“no son treinta pesos, son treinta años”, fue la frase acuñada por los estudiantes secundarios y que brotó desde las estaciones del Metro de Santiago-, se abrieron las puertas para que el Congreso propusiera al país un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Interesante sería conocer la discusión –objetivos, argumentos e intenciones- que se dio entre los parlamentarios y que llevaron finalmente a este acuerdo. Con todo, el resultado –no exento de polémica- desechó una Asamblea Constituyente, formula que se había trabajado tímidamente durante el segundo gobierno de Bachelet, en pro de una Convención Constituyente, cuyos términos –orgánica, mandato y facultades- fueron establecidos por un ente externo a la propia instancia propuesta.

En el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, el 78,27% de los votantes se manifestó por una nueva constitución, que reemplazara a la Constitución de Pinochet, mientras el 78,99% opto por la fórmula de convención constituyente, cuyos miembros fuesen elegidos por voto universal y sin participación de parlamentarios en ejercicio. Posteriormente, el 15 y 16 de mayo de 2021, junto con la elección de otras autoridades –gobernadores, alcaldes y concejales- la voluntad popular eligió a los ciudadanos que formarán parte de la Convención constituyente.

En el intertanto, se agregaron algunos cambios a la propuesta original, como la composición paritaria de la Convención, y la participación de representantes de los pueblos indígenas, a través de los llamados “escaños reservados”. Finalmente fueron 17 los representantes de las Primeras Naciones -en Chile se han reconocido 10 pueblos indígenas- que se incorporaron a dicho proceso, completando un total de 155 miembros constituyentes.

En la elección de constituyentes se superó una de las barreras puestas por la élite política -cuestión que produjo asombro hasta en los más escépticos- para los cambios que la inmensa mayoría del país reclama: el quorum de 2/3 para aprobar el articulado de la nueva Carta Fundamental.

Particularmente, la Derecha (RN, UDI y Evopolis) no alcanzó la cantidad de constituyentes necesarios para vetar aquellos artículos que pudieran afectar los intereses de las clases sociales y grupos dominantes que representan políticamente. En efecto, sus partidos, agrupados en la Lista Vamos por Chile, lograron apenas 37 cupos, muy lejos de sus pretensiones. Lo mismo ocurrió con los sectores más conservadores de la Lista del Apruebo (a juzgar por los constituyentes electos de la DC y el PPD), cuyos resultados también fueron paupérrimos. Finalmente, la abrumadora mayoría de los constituyentes electos son independientes y críticos de los partidos políticos que han gobernado el país desde la recuperación de la democracia, el año 1990.

Así las cosas, las demandas de las organizaciones indígenas de obtener reconocimiento constitucional y de que el Estado chileno se defina plurinacional, tienen una gran oportunidad de materializarse. Igualmente ocurre con la autonomía y autodeterminación, temas consagrados en el ámbito del derecho internacional.

Por otra parte, estamos convencidos de que para los representantes indígenas -ninguno de ellos es conservador- no será difícil llegar a acuerdo con los sectores mayoritarios de la Convención, con el objetivo de garantizar en la Carta Fundamental -en lo que en ella corresponda- un conjunto de derechos sociales para todos los ciudadanos, como salud, educación y pensiones; además de recuperar, para el Estado de Chile, sus riquezas básicas.

Un dirigente mapuche de la comuna de El Bosque me contaba, hace años atrás, que cuando niño -en su comunidad de origen- observaba que en la noche de We Tripantu, su padre y su abuelo iban a la quinta y apaleaban los árboles. Años después le explicarían sus mayores que así la savia corría con mayor fuerza por las ramas de los árboles, dando mejores frutos. También me relató que sus mayores, apenas iniciado el We Tripantu, corrían al río cercano a bañarse y sumergirse en sus aguas, como una forma de purificación y de acompañar la renovación de la naturaleza, de la que los seres humanos son parte. Aguas que su comunidad podrá recuperar ahora, en este nuevo ciclo, cuando no sólo se inicia una nueva etapa en la naturaleza, sino también en la historia de nuestro país.

Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, integrante de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe REDTRASEX, saluda al Concejo Municipal Feminista de Santiago y a la alcaldesa Irací Hassler Jacob.

Junto con saludar un nuevo tiempo que implicará escucha activa y abierta participación de la ciudadanía, Fundación Margen, organización comunitaria que defiende los Derechos Humanos y Laborales de las mujeres trabajadoras sexuales, valora que las urgentes, sentidas e históricas demandas de nuestro colectivo estén presentes en el programa de gobierno de la Alcaldía Constituyente por Santiago, amplio grupo de organizaciones sociales que respalda a la alcaldesa Irací Hassler, transformando estas propuestas en iniciativas respetuosas e inéditas para un gobierno local de nuestro país.

El programa de la alcaldesa Irací Hassler se construyó en base a seis principios o valores inspiradores que no solo se reconocen como hoja de ruta, sino que también como movilizadores transversales en todo el plan de gobierno para la Municipalidad de Santiago. Los principios son: Democracia Constituyente: deliberativa y vinculante; Respeto irrestricto hacia los Derechos Humanos; Sustentabilidad; Feminismo, perspectiva de género y disidencias; Transparencia activa y Enfoque plurinacional y multicultural.

Fundación Margen destaca que en capítulo “Inclusión e Igualdad”, específicamente en “Diversidad Sexual y Enfoque de Género”, se señala que “regularemos y ordenaremos las actividades vinculadas al trabajo sexual mediante la participación social y comunitaria de vecinos y de quienes se vinculan a la actividad comercial”, constituyéndose en la primera vez que una autoridad municipal manifiesta abierta voluntad política de regularización del trabajo sexual en Santiago, actividad que muchas veces está en el centro del debate público debido a la vulnerabilidad de su ejercicio, discriminación social y represión de parte de las policías. Destacamos que dentro de las 40 medidas del plan de gobierno local de Santiago figura la medida 35, que señala: “Posibilitaremos el debate comunitario sobre la legítima e importante regulación del trabajo sexual en Chile”.

Fundación Margen agradece la invitación a participar en el cambio de mando extendida a nuestra vocera Herminda González quien señala que “presencia de Fundación Margen en el acto inaugural del gobierno local de Santiago, así como el trabajo que realizamos en la Alcaldía Constituyente, representan un momento histórico para las trabajadoras sexuales que hemos sufrido exclusión, abuso, discriminación y estigma”, reafirmando que “desde nuestra organización seguiremos colaborando para la concreción de las 40 medidas”.

Solo si somos memoria podremos ser futuro, en una patria que tiene una historia profundamente homófoba de la que recién estamos sintiéndonos parte, gracias a las luchas que, día tras día, damos los seres sintientes de la diversidad en su más amplio espectro, en este Chile cartucho, de cartón, castigado por las doctrinas y las iglesias, pero que -con cada acto de pequeña y doméstica rebeldía- vamos llevándolo hacia el curso de sociedades más justas.

El trabajo de la memoria nos lleva inevitablemente a mirar las luchas disruptivas de los últimos 40 años, en las que se forjaron algunas formas de resistencia disidente, con ejemplos que se pusieron de pie, tanto frente a la dictadura como al conservadurismo de los pseudo-progresistas. Sólo por nombrar una: aquella que dieron la dupla de Francisco Casas y Pedro Lemebel, quienes con Las Yeguas del Apocalipsis se levantaron encarando las balas de la dictadura y la metralla valórica de las élites conservadoras, presentes, también, en la centroizquierda hasta nuestros días.

Al parecer, la única forma de generar cambios era, es y será la receta de volar las cabezas del mundo conservador, con acciones que hagan verter sus estómagos llenos de intolerancia. Sus pesadas anclas valóricas impiden que el conservadurismo transversal de este país pueda aceptar argumentos basados en la igualdad de derechos, porque para ellos la ley natural está sobre las transformaciones sociales, y de ahí, no hay quien los saque.

Por ello, la provocación es una herramienta política para generar reacciones explícitas, que muchas veces terminan botando las caretas del buenaondismo de los connacionales, aunque el precio que se paga por provocarles nunca dejar de ser alto: la exclusión, la marginación, el destierro, incluso la violencia verbal o física, -y, sin duda, también la muerte- son las maneras que tiene la hegemonía heteronormativa de emprenderlas con quienes revuelven sus predecibles gallineros, y esa es, en parte, una de las prácticas que se seguirán combatiendo desde la contracultura.

Las Yeguas supieron escandalizar muy bien a una sociedad acostumbrada a enterrar todo intento, singular o colectivo, de brillar con las luces de la autodeterminación y de las libertades civiles, como tantos y tantas que han decidido ser y sentir bien lejos de los cánones pacatos de esta patria infame, o como también sucedió con Cecilia, la Incomparable, a comienzos de los años 70, según cuenta la crónica de Lemebel titulada Cecilia: el platino trizado de la voz.

Lemebel escribe que la diva sesentera “de la noche a la mañana apareció travestida de Elvis Presley. Con buzo plateado pata de elefante y botas texanas, enfrentó desafiante la nueva década con su look chulesco. Pero este país, engarzado en la costra de la tradición, no aceptó la estética chicana que evaporó el tul feminoide de la estrella. Así, los comentarios morales del ambiente artístico y la lengua amarilla de la prensa, la fueron desprestigiando hasta ahogar su trino en el vaso de alcohol que tomaba y seguía tomando, esperando inútil que el «teléfono callado» sonara por algún contrato”.

La exclusión, como castigo ante la provocación, sigue estando presente en nuestra sociedad. Por ello la importancia de algunas señales de cambio que hemos visto en estos días, provenientes desde el mundo progresista y de los partidos políticos, entidades que hasta hace un par de años atrás, aún continuaba apuntando con el dedo a las diferencias convivientes al interior de las rígidas estructuras y orgánicas partidarias.

Es una verdadera bocanada de aire fresco la integración de la activista trans Alessia Injoque como coordinadora de campaña de Paula Narváez, dado que hasta hace algunos años era completamente impensado que las cadenas atávicas de la centroizquierda pudieran abrirse hacia el mundo real, ese mundo que integramos varios cientos de miles desde nuestras legítimas posiciones en este campo de batalla, porque la reivindicación es algo más que orgullo: es una lucha, cotidiana, doméstica y colectiva, política y ahora, también, electoral.

Ojalá los partidos políticos de la centroizquierda, con sus estructuras rígidas del siglo pasado, estén a la altura y hagan suya también la lucha por mayor dignidad e igualdad de derechos de la comunidad LGTBIQ+, sin repetir -una vez más- la lógica del castigo ante la provocación.

Durante los últimos días hemos visto cómo se incluye en el debate público y en las agendas por la carrera presidencial, la creación de una Ley de Medios de Comunicación y las garantías para que exista una real Libertad de Expresión y pluralismo informativo en los medios, a través de editoriales de medios nacionales y columnas de opinión centradas en temas que hacía años no se situaban en la agenda.

A pesar de los diversos puntos expuestos por periodistas y columnistas nacionales, nos parece fundamental hacernos parte de esta discusión quienes en los últimos años hemos trabajado en los medios y vivido los efectos de un sistema medial tremendamente concentrado y editorializado por los sectores de derecha y más conservadores del país.

Somos periodistas, comunicadoras y defensoras del Derecho a la Comunicación, quienes agradecemos que por fin sea un tema de preocupación la situación de los medios, pues es fundamental avanzar para construir un país realmente pluralista y dialogante. Sin embargo, es importante salirse de un debate que hoy es binario, centralista y que en nada refleja la realidad de viven miles de trabajadoras precarizadas por los medios de comunicación. Los columnistas y los programas políticos del día domingo de los medios nacionales (27 de junio) han cerrado la discusión sobre la regulación de las líneas editoriales. No obstante, nada han señalado sobre los masivos cierres de medios, los despidos de cientos de trabajadores y trabajadoras de la prensa y la carencia de representación que hoy existe en los mismos. Las mujeres periodistas y comunicadoras hemos vivido en carne propia los efectos de la concentración: precarización laboral, despidos injustificados, sueldos miserables, persecución por nuestras ideas, solo por citar algunas situaciones.

Por años, hemos intentado incluir en las agendas informativas de los medios  -que hoy se sienten aludidos e intimidados- el debate sobre la Ley de Medios y el Derecho a la Comunicación, aun cuando, jamás fue incluida hasta que no fueron tocados los privilegios de un sector empresarial.

Hasta esta semana, nunca antes se había hablado en la televisión abierta sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación ¿por qué la grosera concentración de los medios no nos alarmó antes? ¿Por qué nunca antes les preocupó el pluralismo informativo? ¿Cuántas veces la última semana aparecieron en la TV abierta representantes de regiones, pueblos originarios, migrantes, disidencias o mujeres? ¿Por qué nunca pusieron atención a los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión?

Hoy, frente a esta compleja realidad, es urgente hacerse cargo del problema estructural que es la concentración de la propiedad de los medios, creando más medios y regulando el sistema oligopólico, pues la actual ley antimonopolio no aplica. Ante la farsa de realidad de los medios en Chile, sabemos quienes son sus dueños, que además cuentan con otros rut, para tener empresas de retail, de construcción, bancos ¿acaso eso no genera un problema ético?

Es por ello, que nos sumamos a la propuesta de una ley de medios, que permita un sistema medial diverso y democrático, en donde se garanticen los tres sectores de las comunicaciones -públicos, privados, comunitarios-, y que permita representar a la diversidad de personas que viven en el país, no solo la realidad capitalina de los sectores acomodados.

Insistimos en la urgencia de incluir un sistema de medios de comunicación públicos, que permita la creación de medios multiplataformas, y de políticas públicas de fomento de medios de comunicaciones regionales, comunitarios y territoriales, algo que va mucho más allá que el actual fondo de medios, que hoy es una burla para los proyectos comunicacionales de largo plazo.

Sabemos que son muchas las organizaciones que han luchado por democratizar las comunicaciones y que por años no encontraron la voluntad política para generar los cambios necesarios, y hoy concentran su labor para garantizar el Derecho a la Comunicación en la nueva Constitución. Como periodistas y comunicadoras feministas señalamos que la demanda por una Ley de Medios es una urgencia para deconstruir un sistema que no da garantías de pluralismo. Esperamos que las y los colegas logren ampliar el debate, sumen más figuras y logren socializar una propuesta robusta por la que hemos trabajado durante años que es el Derecho a la Comunicación. ¡Nunca más sin nosotras!