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Vida en Modo Covid: ¿Hasta Cuándo?

Estamos en el segundo año del Covid y nada parece amainar. Vemos segundas y terceras olas inundando el planeta y no podemos hacer nada. Solo vivir con impotencia una situación que ya nos tiene en el límite. En el límite de la depresión, de la desesperación, de la pobreza. Vemos las noticias del mundo y observamos conductas rayanas en la locura: jóvenes en Miami y Madrid llegando de otras latitudes a vivir carretes desenfrenados, alegando estar haciendo uso de su libertad, argumento especialmente recurrente entre los estadounidenses que viven aterrados de que les quiten la libertad para portar armas, para enfermarse de Covid o para no usar mascarillas…

En Chile, después de un literal veranito de San Juan, la pandemia reflotó con increíble fuerza y hoy enfrentamos a cifras peores que aquellas de los peores meses de 2020. Vemos los hospitales a punto de colapsar, los equipo médicos estresados y agotados, la gente más carenciada económicamente que hace un año, con más dolor por los duelos vividos, con más incertidumbre respecto de los plazos de esta pandemia, con menos miedo pero más hastío  porque –hágase lo que se haga- el virus sigue campeando, mutando y casi riéndose de las vacunas.

Es agotador vivir la vida en modo Covid. Es agotador escuchar a toda hora consejos como “¡cuídate!”, como si uno no lo hiciera. Es agotador cuidarse e igual, un día cualquiera, comprobar que te contagiaste, sin tener idea cómo ni dónde ni cuándo. Es agotador no poder ver a tu madre, a tus amigos. Ver los sueños de tus hijos truncados. Vivir con toque de queda y encierros regionales, pidiendo permisos –cuales niños- a los carabineros para que te dejen salir a comprar a una cuadra. Desde luego, pocos lo hacen pero esa cuadra la vives con temor de toparte con los que fiscalizan tu vida hora a hora, día a día, todos los días.

Y recuerdas con nostalgia cuando podías salir a ganarte el pan, que ahora se desapareció porque te prohibieron salir a ganártelo. Y te preguntas, sin tener respuesta, como todos los grandes si pueden seguir en actividad, ganándose toneladas de pan por minuto. El retail y la construcción son una verdadera cachetada en la cara para los  millones que no pueden salir a trabajar porque no son “servicios esenciales”. ¡Como si vender ron o terminar un edificio fuera algo esencial para los tiempos que corren!

Es agotador vivir en modo infantil. Porque las autoridades nos han infantilizado completamente. Nos creen minusválidos emocionales, no nos creen dignos de explicaciones racionales y coherentes, nos conducen a punta de órdenes y edictos irracionales, con pequeños dictadores que se han multiplicado en forma exponencial. Cualquier guardia de supermercado se cree con derecho a llamarte la atención, cualquier carabinero puede retarte frente a las cámaras de televisión como niño en falta.

Nadie es capaz de idear una campaña informativa y educativa básica. Nadie distingue lo esencial de lo accesorio en las comunicaciones. Todos se quedan en el “detalle oligofrénico” del que habla el Test de Rorschach, ese centrarse en un punto que es irrelevante frente al cuadro general. Como las demarcaciones en las calles. ¡Cuánto dinero se ha gastado (o malgastado) en señaléticas inútiles en toda la ciudad! Marcas a las que nadie hace caso y que, además, no tienen utilidad práctica. ¡Como se notan los cientos de negociados que se han hecho a costa del Covid! En vez de gastar en esos miles de autoadhesivos y galones de pintura, el Estado podría haber comprado mascarillas y alcohol gel para regalar a los pasajeros del Metro cada mañana…

Es agotador vivir, a nivel del planeta, una  vida diseñada por otros, quienes,  además, no logran muchos resultados… Que impotencia se siente cuando has debido pasar -sumando y restando- casi un año de tu vida con medidas restrictivas y los indicadores de la pandemia siguen en alza. Nadie se pregunta que, tal vez, si  siempre haces, lo mismo y todo sigue igual, hay que hacer cosas distintas. Pareciera que nadie lo hace.

Solo sentimos que debemos seguir la corriente, sumando cada día más neurosis por directrices absurdas. Como los aforos de 3 personas en tiendas inmensas. Como ascensores limitados a 2 personas a pesar de que compartirán a lo más, ese espacio por 3 minutos. Como las toneladas de alcohol en los ingresos y en cada tienda de los mall pero, así y todo, la vigencia de la prohibición de tocar los productos o de no poder probarse la ropa para comprarla. ¡Pero si poder devolverla después!  ¿Quiénes son los genios que diseñan esas medidas?

¿Son los mismos que no piensan que es mejor idear formas para generar trazabilidad que inventar medidas absurdas como las nombradas? En Chile nadie quiere ser nombrado como “contacto estrecho”. Y como nadie lo pregunta, es muy fácil que mucha gente contagiada, o con riesgo de haber sido contagiada, siga circulando por las calles. ¿Y por qué la gente no quiere ser incluida como contacto estrecho? Porque quedas en la plataforma Epivigila y Carabineros maneja esa información de modo que te puede llevar preso si te paran en la calle. Claro. El problema es que la salida de la plataforma es lentísima. Luego de darme de alta del Covid, la principal recomendación que me dio el personal de salud fue que anduviera siempre con mi certificado de alta porque Carabineros recibía la información en forma muy tardía y podían detenerme o sacarme multa por andar supuestamente con Covid por las calles en razón de aparecer en la plataforma mucho tiempo después del alta. O sea, hay que vivir un estrés extra por las fallas (subsanables) del sistema.

No se puede mantener a un planeta entero encerrado y limitado en sus desplazamientos y derechos por más de un año. Es inviable no solo en términos económicos sino, especialmente, en términos psicológicos. No hay cuerpo, ni mente, que resista vivir en la anormalidad en forma permanente. Los estados de emergencia son eso: estados que se decretan frente a emergencias. Los toque de queda deben ser medidas transitorias. Solo en dictaduras pasan a ser permanentes, como lo fueron en el Chile de Pinochet.

Se hace urgente que las autoridades sanitarias de Chile y del planeta busquen los caminos de salida a una situación que se hace cada día más insostenible. ¿Por qué, por ejemplo, nunca se han decretado desfases horarios en el ingreso y salida de los trabajos?  ¿No era una medida obvia para evitar las aglomeraciones en el transporte público, que es el que utiliza la mayoría de la gente? ¿Por qué no se ha priorizado el fiscalizar el correcto uso de las mascarillas en lugar de medidas inútiles como evitar a la gente sentarse en plazas o bancos al aire libre? ¿No sería mucho más beneficioso que la gente tuviera clara conciencia que llevar mal puesta la mascarilla –o no usarla- le puede significar una multa ineludible? ¿Por qué recién se restringirán los viajes hacia y desde el extranjero cuando era una medida elemental para frenar el ingreso de nuevas cepas del virus?

Claramente, hay que dejar de hacer lo que ya no dio resultado y buscar caminos distintos y novedosos, tratando en lo posible de enfocar la mirada hacia países como Nueva Zelandia…De otro modo, Dios nos pille confesados.

Educadores Tradicionales Luchan Contra Decreto de Gobierno sobre Educación Intercultural

El pasado jueves 11 de marzo la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por el equipo de abogados de la diputada Emilia Nuyado junto a educadores y educadoras tradicionales de la Provincia de Osorno, firmado por Catalina Panguinamun, Presidenta de la Asociación Tayen Kuifi Nemel de la Provincia de Osorno; y las representantes Viviana Romero y Carmen Jaramillo Gualaman, ambas representantes regionales, apoyadas por organizaciones y autoridades ancestrales del territorio mapuche huilliche.

Dicho recurso está interpuesto contra el Presidente Sebastián Piñera, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República por el decreto Nº97, publicado el 9 de febrero de 2021, en el diario oficial donde señala que fue una decisión que no fue consultada ni planteada, ni tampoco se asemeja con las propuestas del mismo gobierno en la consulta entre los años 2018 y 2019 para aprobar las bases curriculares de la asignatura “lengua y cultura indígena”, siendo esta una decisión arbitraria y que retrocede el poco avance en derechos lingüísticos que han tenido desde el año 2009.

Ante esta grave situación, las representantes recurrieron al apoyo de la diputada Emilia Nuyado para plantear su inquietud, resolviendo en dicho recurso de protección, sumándose otros cinco recursos en el mismo formato, que fueron ingresados desde otros territorios.

“Este recurso es dirigido al gobierno de turno, al Ministro de Educación y la Contraloría General de la República. El tema es el decreto Nº97 que desvaloriza la asignatura -de idiomas indígenas- y que desvaloriza así nuestra lengua materna y el derecho de los niños y niñas a conocer su cultura y su cosmovisión. Este recurso fue con la ayuda de la diputada Emilia Nuyado junto a sus abogados para levantar este documento”, señaló la educadora Catalina Panguinamun, Presidenta de la Asociación Kuifi Nemel.

De la misma manera, Carmen Jaramillo Gualaman, una de las representantes regionales de las y los educadores tradicionales, afirmó que creen que es una arremetida del gobierno contra los Pueblos Originarios solicitando así su derogación, debido a que incumple con la verdad y es una demanda del territorio mapuche huilliche desde 1936.

“Por lo mismo, nosotros sostuvimos varias reuniones y acordamos algunas acciones a seguir, lo que concluye en un recurso de protección realizado y hasta el momento entiendo que hay seis recursos interpuestos en todos los territorios bajo el mismo formato -presentado por el equipo de la diputada-, ya que los abogados socializaron este recurso a las otras regiones y asumieron el patrocinio de la provincia de Osorno, el que salió admisible en la Corte de Apelaciones. A nosotros nos quitaron la lengua, a sangre y fuego, y es una demanda de muchos años de nuestros ancestros, sobre todo de nuestra región con los apoülmen (caciques), desde 1936 que se viene exigiendo la enseñanza de la lengua”, planteó.

El decreto Nº97 del Mineduc deroga el decreto Nº280 y la obligatoriedad de los establecimientos de impartir la asignatura, incluso en aquellos colegios cuyas matrículas sobrepasen el 20% de alumnos con ascendencia indígena, siendo la principal molestia de las y los educadores tradicionales por la vulneración a los derechos lingüísticos y educativos que esta decisión reviste.

 

Unidad Opositora: ¿Se Cumple o no el Sueño?

Tradicionalmente, la elección de concejales y alcaldes anticipaba -con algún grado de certeza- lo que ocurriría tiempo después, cuando el país elegía a su gobernante. De alguna manera se podía prever para qué lado se inclinaría la balanza. Es lo que todos esperaban para el 10 y 11 de abril, fecha inicial para las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. El cambio de fecha para esa y otras elecciones aumenta el gran signo de interrogación respecto al resultado. Nadie puede decir hoy con certeza a quien beneficia o perjudica ese cambio.

Como nadie tampoco puede afirmar si los primeros intentos de unidad de todas las oposiciones existentes que se concretaron en estos días, llegarán a buen puerto o será sólo un ejercicio de buena crianza. Porque cuando todo parecía encarrilarse por la vía que todos en la oposición parecían buscar, la unidad, pareciera ser que los tiempos ni la voluntad se acercan al logro de tal objetivo.

Hubo un primer atisbo que hizo encender la luz de la esperanza cuando, respondiendo a una invitación del presidente del partido radical, Carlos Maldonado, se reunieron todos los presidentes, candidatos y candidatas y representantes de partidos y organizaciones opositoras en un encuentro inédito y que buscaba hacer presentable lo impresentable hasta ahora para una gran mayoría del país.

Costó reunirlos. Algunos fueron a regañadientes, pero fueron. Además de jefes de partidos y movimientos, asistieron Paula Narváez (PS), Heraldo Muñoz (PPD), Ximena Rincón (DC), Gabriel Boric (CS y RD), Pamela Jiles (PH), Jaime Mulet (FRVS) y Marcelo Díaz (Movimiento Unir). No asistió Daniel Jadue, quien fue uno de los primeros en aceptar la invitación al encuentro. Se dice que por problemas personales. Pero, asistió Guillermo Teillier, así es que todo comenzó a fluir como quería el anfitrión, Carlos Maldonado.

Antes de aquello, cuando aún no pasaban las primeras horas del mega encuentro, hubo solo palabras esperanzadoras, de buenas maneras. Prácticamente todos los presidenciables coincidieron en que hubo franqueza.  Y, aunque la desconfianza estuvo presente, decidieron que cada colectividad enviaría el próximo viernes uno o más representantes para avanzar en encontrar los mínimos programáticos necesarios para la buscada unidad. Fue la idea que expuso Gabriel Boric y que concitó acuerdo.

«En ese sentido, por acuerdo unánime de los participantes, este viernes serán invitadas todas las candidaturas y partidos a una reunión de contenidos programáticos, para que veamos ahí todo lo que tenemos en común y también identificar las diferencias y veamos cómo procesarlas», señaló Maldonado. Según el timonel, «nos hemos autoconvocado como oposición, como fuerzas de centroizquierda para iniciar esta misma semana con el mejor espíritu y buena fe, para que no nos pase lo de 2009 y 2017, que siendo mayoría no se pudo concretar eso en las urnas y llegó un gobierno de derecha siendo minoría social y política».

“Vamos a seguir dando la pelea por la más amplia unidad posible en torno a ideas y programa», señaló por su parte Gabriel Boric. «El día viernes va a haber una reunión con los encargados de las diferentes candidaturas, partidos políticos y también espero que pronto se incorporen movimientos sociales, para ver justamente cuál es el programa y el horizonte que queremos ofrecerle a Chile», señaló el diputado y candidato. A su juicio, «eso es lo que puede permitir tener un programa común para que exista la unidad y la unidad sea en torno a ideas, principios, horizontes comunes y no solamente en torno a cuál es el adversario. Por cierto que nuestro adversario es la derecha, pero esto tiene que estar más sustentado en ideas y programas, y en eso vamos a seguir trabajando».

Paula Narváez, la candidata socialista, destacó que los contenidos abrían un camino. «La unidad que se debe construir es desde acuerdos programáticos sustantivos que ofrezcan una alternativa de conducción responsable y que impida un nuevo gobierno de derecha que, a nuestro entender, le haría un gran daño al país». En redes sociales por su parte, la candidata DC dijo que valoraba los «acuerdos de no agresión» y la constitución de equipos programáticos.

En el encuentro también estuvieron los presidentes de partido Álvaro Elizalde (PS), Catalina Valenzuela (PH), Camilo Lagos (PRO), Jorge Ramírez (Comunes), Alondra Arellano (CS) y la diputada Marcela Hernando (PR); el candidato a gobernador metropolitano y marido de Pamela Jiles, Pablo Maltés (PH), y Julio Salas (Unir).

De formas y fondos

Uno de los temas que estuvo en el centro de este encuentro fue  lo que de alguna manera resumió en una frase el jefe radical Carlos Maldonado: «Se ha asumido la necesidad de mirar más hacia el futuro que hacia el pasado. Del pasado podemos tener distintas visiones y es legítimo que así sea», refiriéndose a las críticas que van y vienen desde uno y otro sector opositor. «Todos manifestaron su disposición a hacer los esfuerzos de unidad y ojalá poder confluir en una gran primaria amplia en julio para que construyamos mayoría” señaló esperanzado el presidente del radicalismo.

Tanto Ximena Rincón como Heraldo Muñoz hablaron sobre la necesidad de cuidar “las formas”. “No podemos pretender construir una unidad si a cada rato en los medios de comunicación somos denostados y acusados. Si no paramos eso, este tipo de reuniones no tienen mucho sentido”, dijo la senadora, quien estuvo presente sólo por algunos minutos.

Y de quien todos suponían la más dura resistencia a la presencia de algunos de los presentes, Pamela Jiles, sólo se escucharon palabras esperanzadoras:  “Es evidente que es necesario avanzar en un programa común. (…) Siento que tengo una enorme cantidad de ideas en común con cada uno de ustedes, si me concentro en el presente y en el futuro”. Más aún, la candidata presidencial humanista manifestó su disposición a respaldar la opción presidencial del resto de sus pares en un eventual balotaje: “Estoy perfectamente disponible para votar por cualquiera de ustedes, sin ninguna duda”.

El vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, declaró después que «la crítica y la autocrítica es válida, pero no la descalificación y eso lo recogieron todos». Desde  el FA y el PC entendieron y acogieron el punto de «las formas», pero también sinceraron que su rol de ser críticos del modelo «neoliberal» tampoco iba cambiar de la noche a la mañana. El diputado Teillier, de hecho, reconoció que sus entrevistas y dichos públicos «sacaban ronchas», pero que ser «autocríticos y críticos» de lo que se hizo, es clave. El presidente del PC ofreció “disculpas” si alguien se sintió ofendido con sus declaraciones, y llamó a “no hacer un tema”, porque “nuestro candidato presidencial no fue muy bien tratado cuando él apareció en las encuestas”.

En su intervención, el presidente el PS, Álvaro Elizalde reconoció que  “hasta ahora no hemos tenido buenos resultados en términos de consolidar una amplia alianza con vocación de mayoría para transformar a Chile. Las experiencias recientes no son buenas”. El dirigente del PRO, Camilo Lagos acotó que “llegamos a este momento con un nivel de división que es insoportable para la gente, que genera mucha decepción”. Y la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano expresó que “la tarea ahora es ponernos también plazos, porque son acotados. No podemos estar, como ya nos ha pasado, hasta el último día de la inscripción, o el mismo día, intentando hacer reuniones de una unidad que finalmente no ocurre”.

“¡Yo no!”

Pero finalmente todos concordaron en que la responsabilidad mayor del sector en estos momentos es ofrecer una alternativa a la derecha y evitar que vuelvan a gobernar. “No sería bueno para Chile que la derecha gobierne y que lo haga como consecuencia de nuestros propios errores, por nuestra falta de unidad, entendimiento e incapacidad de encontrar acuerdos para ofrecer una alternativa de mayoría”, señaló el candidatos de Unir, Marcelo Díaz.

La pregunta clave la hizo el presidente del FRVS y también candidato presidencial de ese partido, Jaime Mulet. “¿Estamos en disposición de en una segunda vuelta hacer los esfuerzos para aglutinarnos todos tras el que gane o la que gane si es que va más de uno?”. Viejo conocedor de la política y los políticos, Mulet exteriorizó lo que cual más cual menos está pensando hasta ahora. Dijo que como en materia presidencial se veía complejo ponerse de acuerdo para que todo el arco opositor llegara con solo una candidatura a la primera vuelta, lo relevante era comenzar a trabajar en mínimos comunes para que exista un respaldo expedito al que pase a segunda.

Y no estaba muy errado Mulet. Sobre todo cuando luego del encuentro el candidato comunista Daniel Jadue señaló que “si alguien quiere decirle al Partido Comunista que para poder tener esa unidad nosotros necesitamos renunciar a nuestra identidad y dejar de criticar lo que creemos que es criticable políticamente y dentro de un lenguaje que sea respetuoso, no nos parece». Y taxativo aclaró que   «no estamos disponibles para una unidad que venga nuevamente a maquillar este modelo y a hacer cambios dentro de la continuidad. Si no hay un programa transformador de verdad, y si esa voluntad no se expresa, esta unidad sencillamente no va a existir».

Al otro lado, tampoco los ánimos están para la unidad. Al menos por parte de algunos. Ignacio Walker, el mismo que señaló una vez que “no había leído el programa”, siendo ministro del gobierno de Michelle Bachelet, escribió una columna señalando que “la unidad de la oposición equivale a la izquierdización de la misma. Si fue difícil mantener una nave estibada de centroizquierda bajo el Gobierno de la Nueva Mayoría, con seis partidos de izquierda y la DC como partido de centro (aunque hay algunos camaradas a los que no les gusta esta autodefinición), cómo sería una alianza basada en la tesis de la “unidad de la oposición” con trece partidos de izquierda (me refiero a los 13 partidos que suscribieron, junto con la DC, la declaración de 12 de noviembre de 2019, que es lo más cerca que hemos llegado a la tesis de la unidad de la oposición).

“La unidad de la oposición, entendida como izquierdización, lo que hace es alienar al voto moderado y de centro, al mundo de los independientes y de los sectores medios, y volcarlo hacia la derecha. Dos más dos son cuatro, incluso en política. Las matemáticas no mienten. Si nos corremos hacia la izquierda bajo la tesis de la unidad de la oposición, le estamos dando un subsidio a la derecha. ¿Alguien quiere eso? Pues que lo diga. ¡Yo no!”

Paulina Muñoz, Candidata a Constituyente: «Se Debe Superar el Rol Subsidiario, No Soluciones Privadas para Problemas Públicos»

El distrito 12, compuesto por las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque es uno de los más codiciados, debido a la cifra de electores que posee y la cantidad de cupos que entrega.

Por aquella zona es candidata Paulina Muñoz (37), Licenciada en Historia y dirigente social de La Florida. Además, es presidenta de la corporación Construye Comunidad y Tejido Social.

También trabajó durante un largo periodo junto a organizaciones y líderes sociales en temas de vivienda y ciudad. Asesorando a comités de vivienda, comités de mejoramiento y de allegados. Por lo que se considera una especialista en esta área, debido a su experiencia en terreno.

Confiesa que enfrenta este desafío electoral con motivación y con la esperanza de que se consagre un Estado Social de Derechos en el país. Su nombre integra la Lista del Apruebo, en calidad de independiente en un cupo otorgado por el Partido Liberal.

¿Por qué decidió ser candidata a constituyente?

Trabajo hace tiempo en el territorio en organizaciones sociales. También participé en el movimiento marca A.C, desde ahí tengo la convicción de que es necesario cambiar la Constitución. Después, con un grupo de dirigentes y personas cercanas formamos una corporación y dónde pensamos cómo hacer un aporte al proceso constituyente, ahí nació la posibilidad de la candidatura. Se pensó en mí por mi perfil profesional, soy licenciada en historia, el trabajo profesional que he desarrollado con organizaciones, especialmente de vivienda, mi experiencia como dirigenta en organizaciones sociales y mi experiencia como persona común: soy alguien que se atiende en el consultorio, tomo transporte público y mi hijo estudia en colegio público. Entonces, conozco la realidad.

-¿Cuáles son los ejes programáticos de su candidatura?

Queremos trabajar por un Estado Social de Derechos, que a partir de este principio se garanticen los derechos básicos de las personas, educación, salud, seguridad social, vivienda, que salgan de la lógica del mercado y ya no dependan del bolsillo de cada uno. En segundo lugar, un Estado descentralizado, donde las regiones y los gobiernos locales tengan más autonomía, más presupuesto y haya la posibilidad de pensar territorialmente el cómo se desarrollan las comunidades, asumiendo sus distintas características. En tercer lugar, un Estado con más participación. Creemos que es fundamental que la nueva Constitución considere mecanismos de democracia directa: plebiscitos vinculantes, iniciativas populares de ley, revocaciones populares, entre otras cosas. Lo cuarto creemos que el estado debería declararse como plurinacional, como reconocimiento a los pueblos preexistentes, a su cultura y a su forma de organización.

-En base a su experiencia en temas de vivienda. ¿Qué aspectos cree necesarios cambiar en esta área?

La vivienda debe ser un derecho garantizado constitucionalmente, sin embargo, debe ser el derecho a la vivienda adecuada, a la ciudad, al territorio y al buen vivir. Hay una serie de principios que tienen que ver con la idea de la vivienda adecuada, no es solamente que se garantice el acceso, sino que también se procure que las viviendas tengan condiciones básicas adecuadas y de calidad. Tenemos el ejemplo concreto de las que fueron construidas entre los 80 y 90, en La Florida tenemos departamentos de 33 mt2, en Puente Alto las famosas casas Copeva, que hasta hoy no han tenido una intervención en el mejoramiento. El derecho a la vivienda tiene que ver sobre todo con la gestión democrática del territorio, que en definitiva es que quienes habitamos en un territorio determinado tengamos la posibilidad de opinar y decidir sobre lo que pasa en nuestro espacio. Esto tiene mucho que ver con los lugares que han reclamado el tema del agua, a los que les ponen basurales, por mencionar algunos conflictos.

-¿Cómo se define políticamente?

Me siento parte de la izquierda, de la izquierda progresista. Ser independiente no significa ser neutral. También considero que los partidos políticos son importantes en una democracia, si uno empieza a mirar otras sociedades, no es posible pensar en una democracia fortalecida sin partidos políticos, en el único sistema donde los partidos no son importantes es en las dictaduras. Soy independiente porque en definitiva en lo que no estamos de acuerdo, lo que creemos que hay que se debe superar es el sistema de privilegios que hoy día consagran los partidos políticos en la forma en que están funcionando.

-¿Qué rol cree que debería cumplir el Estado a partir de la nueva Constitución?

Tengo la esperanza de que existe amplio consenso sobre la idea de declarar un Estado social de derechos, el cual garantice los derechos básicos, insisto, educación, salud, seguridad social, vivienda. Se debe superar el rol subsidiario, no pueden haber soluciones privadas para problemas públicos.

-¿Qué dificultades ha tenido como independiente?

Lo primero es decir que soy independiente, pero soy parte de un colectivo que se llama Nuevo Trato, donde la mayoría son independientes, pero hay algunos parlamentarios o ex militantes del FA. Estamos tratando de hacer una sinergia entre todo el equipo dependiendo del tema que se maneja cada quien, pero efectivamente uno como independiente tiene por una parte el tema de los recursos. Pero creo que la principal desventaja es que hoy día hay cuatro elecciones, no somos solo nosotros. Entonces los que son militantes están haciendo campañas con sus candidatos a concejales, con sus candidatos a alcaldes, a gobernador, entonces por ejemplo nosotros vamos por distritos, son cinco comunas, lo intento con mi equipo, pero cuesta. En cambio los que son militantes tienen la estructura partidaria que les permiten llevar más fácil a la gente. Nosotros los independientes no tenemos esa posibilidad.

“Dejen de Tratar a Pacientes como si Fueran Delincuentes”: Piden que Comisión de Salud del Senado Ponga en Tabla Ley Cultivo Seguro

Ante el incremento de allanamientos, incautaciones y detenciones de pacientes de cannabis medicinal, perpetrados por Carabineros y la PDI, “en procedimientos cargados de abusos y excesos policiales”, un centenar de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y feministas, entre ellas más de 60 que forman parte de la Mesa Agenda de Género COVID-19 del Senado, junto a  senadoras y diputadas, llamaron de manera urgente a la Comisión de Salud del Senado, a poner en tabla la Ley Cultivo Seguro, aprobada en mayo de 2018 en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el 88% de los votos.

Por medio de una declaración pública, a la que también han adherido hasta ahora más de 4 mil personas de forma independiente, las parlamentarias y agrupaciones señalan que la pronta aprobación del proyecto de Ley Cultivo Seguro, que modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de la cannabis, es la única manera de proteger a las y los pacientes que cultivan cannabis con fines medicinales, terminando así con la “errada persecución de la Fiscalía Nacional y las policías chilenas”, que tiene graves consecuencias para la salud tanto física como psicológicas de cientos de personas vulneradas en su dignidad e integridad.

Las organizaciones lamentaron el suicidio de un hombre que estuvo más de un año en prisión preventiva por cultivar cannabis para el tratamiento de su hijo, el que se dio a conocer en un reportaje transmitido el lunes 29 de marzo por Chilevisión y CNN.

“Hemos sufrido 10 allanamientos sólo en las últimas semanas”, precisa la declaración. Para Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, existe un aumento explosivo del abuso contra las y los pacientes por parte de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. “Hay un fuerte recrudecimiento de la persecución de las y los usuarios de cannabis medicinal, hoy día estamos realmente en una alerta dramática”, dijo a Página 19.

Frente a esta realidad, demandan con urgencia el actuar de la Comisión de Salud que preside la Senadora DC Carolina Goic.

Ensañamiento con usuarios/as medicinales

La declaración critica que estos hechos ocurren “bajo el amparo de un Ministerio Público que parece ensañarse con las y los usuarios medicinales de cannabis que nada tienen que ver con la delincuencia, queriendo obviar la amplia jurisprudencia chilena, la que señala con claridad que cuando se está frente a un cultivo de cannabis para fines personales, incluyendo los fines medicinales, no estamos frente a una figura que amerite persecución penal”.

El comunicado advierte que los allanamientos, incautaciones y detenciones han afectado a pacientes de Fundación Daya y de otros centros médicos cannábicos, quienes amparados en la Ley 20.000, “ejercen su legítimo derecho a cultivar sus plantas, según la indicación de sus médicos tratantes”.

Según una reciente encuesta de la Fundación Eutopía, en Chile existen alrededor de 1.800.000 usuarias y usuarios medicinales de cannabis, los que, a juicio de las organizaciones firmantes de la declaración, “corren el riesgo potencial de sufrir estas mismas vulneraciones de derechos, que sólo causará más daño a la población y profundizará la desconfianza hacia nuestras desacreditadas instituciones policiales”, pese a que la mayoría han encontrado en el cannabis el alivio que los tratamientos convencionales no les otorgaron. “Es una invasión a la privacidad y a la libertad de elegir un tratamiento que hoy ya se encuentra disponible en muchos países desarrollados en el mundo”, sentencian.

Critican además que estos casos deban resolverse en tribunales, “si un cultivo personal para fines medicinales está efectivamente destinado a este fin y es por lo tanto lícito, sin existir antecedente alguno de tráfico, más allá de la mera existencia de las plantas. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Esto vulnera el principio de inocencia, al trasladar el peso de la prueba del ente persecutor al imputado”, detallan.

70% personas detenidas son usuarios/as personales

 De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, el 70% de las personas detenidas por la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas-  son usuarias personales, solo un 30% están vinculadas al tráfico. Para las organizaciones, esto resulta en una cuantiosa carga económica para el Estado, “al desviar recursos públicos en esta absurda persecución”, sin lograr por ello afectar las actividades delictuales del narcotráfico.

“No resulta aceptable que la violencia y la criminalización sea la respuesta del Estado de Chile para los pacientes que, muchas veces abandonados por una salud mercantilizada, optan por esta alternativa terapéutica para mejorar sus vidas. Hacemos un llamado al Ministerio Público a detener esta persecución, a cambiar sus protocolos, a dejar de tratar a pacientes como si fueran delincuentes”, enfatiza la declaración.

Para finalizar, el texto asegura que el único fin que busca la Ley Cultivo Seguro, aprobada en la Cámara hace casi tres años, es que la prescripción médica permita acreditar el fin medicinal del cultivo, evitando así la incautación de las plantas, flores, aceites y kits de cultivo, y que no se detenga a las y los pacientes, “que la investigación siga su curso, y si encuentran alguna actividad vinculada al tráfico, recién ahí actúen”, precisa.

Firmantes

La declaración liderada por Fundación Daya, Mama Cultiva y Regulación Responsable Chile está firmada por la Presidenta del Senado, Yasna Provoste; la senadora Adriana Muñoz; las diputadas Gael Yeomans, Andrea Parra,  Karol Cariola, Maya Fernández, Claudia Mix, Marisela Santibáñez y Yenny Álvarez y por decenas de organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, federaciones, asociaciones, colectivos y ONGs.

Puede revisar la declaración completa y las organizaciones firmantes en las redes sociales de Fundación Daya y en el siguiente link https://n9.cl/d3ki

 

Profesionales de la Salud: “No Hay más Camas, el Sistema Colapsó”

Urgencias repletas, pacientes hospitalizados en sillas, enfermos con Covid atendidos en una carpa (hospital de campaña) y trabajadores y trabajadoras de la salud totalmente sobrepasados, es el escenario que se puede encontrar en cualquier hospital de la red pública de salud.

Es por ello que este lunes la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana (Fedeprus) llegó hasta el Hospital Sótero del Río, donde ya no queda ni una sola cama para las decenas de pacientes que están en lista de espera para un respirador producto del covid19.

Las dirigentas del sector apuntan directamente hacia el Ministerio de Salud y especialmente al gobierno por no aplicar las medidas sanitarias para frenar esta segunda ola de contagios que está siendo mucho mayor a la primera vivida en el invierno pasado. Una renta básica universal sería parte de la solución, según apuntaron desde el gremio, ya que los trabajadores y trabajadores se ven obligados a seguir con sus funciones, no logrando con ello disminuir la circulación en las calles.

La presidenta de Fedeprus Metropolitana, Sandra Olivares, indicó que “llevamos un año de pandemia y vemos mucho aprendizaje de los funcionarios y de la ciudadanía, pero no así del gobierno, porque todos los errores que cometió el año pasado, otra vez los repite en esta segunda ola y eso nos tiene en un escenario de crisis, de colapso en la salud pública. Las urgencias de la región metropolitana no dan más y eso se agudiza en las periferias”.

“Lo claro es que hoy no hay más camas, se habla de 132 camas, pero están en el sector privado y trasladar a un paciente lleva un día de trabajo. En el Sótero del Río hoy día para dar cabida a tres personas que necesitan respirador hay que hacer el traslado al sector privado, porque no hay más espacios. Por eso emplazamos al Ministerio de Salud y al gobierno que tomen medidas, porque las cuarentenas no son suficientes sin medidas económicas de protección para que los trabajadores no se vean obligados a salir”, agregó.

Además, la presidenta de la organización criticó al ministro Enrique Paris quien en los reportes diarios asegura que hay aún camas disponibles. “El ministro de Salud habla desde su escritorio donde no tiene el dilema de la última cama, pero la realidad es que el sistema está colapsado, con pacientes hospitalizados en las UCIS pediátricas. En el Sótero del Río hay 14 pacientes en lista de espera para ser intubados, hospitalizados en sillas. Invitamos al ministro que venga a ver lo que pasa en este hospital”.

Respecto a la situación del hospital de Puente Alto, la presidenta de Fedeprus en el Hospital Sótero del Río, Roxana Guajardo, manifestó que “la situación es crítica. El fin de semana tuvimos doce pacientes ventilados en la urgencia y hay muchos esperando ser intubados, otros están siendo trasladados a las salas pediátricas, hay pacientes hospitalizados en sillas, hay más de 140 pacientes covid en el hospital y ya no hay camas, pero el Ministerio de Salud nos pide que reconvirtamos un 30 por ciento más de camas, pero es imposible, porque no hay ni trabajadores, ni presupuesto, ni ventiladores, ni más espacio en el hospital, esto está lleno”.

“Al interior del hospital no hay distanciamiento, están los trabajadores hacinados, muchos naturalizaron esta situación de indignidad en las condiciones laborales y terminamos almorzando en el pasto. Por eso llamamos al gobierno a que tome las medidas necesarias, porque solo las cuarentenas no sirven sin un salario que llegue a los hogares. El gobierno se ha burlado de los trabajadores, las personas se están contagiando porque se relajaron las medidas, fueron errados y mandaron a la gente de vacaciones, al mall y todo tiene que ver con que las medidas se toman pensando en el poder empresarial y no pensando en la gente”, añadió.

PNUD Presenta Recomendaciones para Asegurar Participación Ciudadana en la Convención Constitucional

Tras un trabajo de meses, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó un documento que aborda los principales desafíos y formas de mecanismos para asegurar una correcta participación ciudadana en el proceso constituyente que está ad-portas de comenzar en el país.

La instancia se realizó de forma remota y contó con la presencia de Claudia Mojica y Marcela Ríos, miembras representativas de la entidad, junto a Bernardo Pardo, de la Fundación Superación  de la Pobreza y Director Regional en La Araucanía; Gonzalo Delamaza, profesor en la Universidad de Los Lagos, Javiera Ascencio, abogada de la Fundación Rumbo Colectivo; Consuelo Alvial, directora ejecutiva del Instituto Libertad; y Felipe Ajenjo, también parte del PNUD y mediador de la actividad.

Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, Mojica explicó que este proceso de cambio constitucional significa una importante oportunidad para crear una visión compartida del futuro. “Con impactos profundos y duraderos en términos de paz, democracia, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible. Son los pilares que componen el trabajo de nuestra organización”, agregó.

En el informe, se señala la alta exigencia de los procesos de participación en la actualidad, debido a la necesidad de legitimidad en este proceso constituyente, siendo la participación de la población, una pieza clave para asegurar su efectividad.

Es por esto por lo que el programa indica un análisis de los mecanismos de participación ciudadana que pretende ayudar e informar a las y los actores políticos y sociales sobre las diversas alternativas de construir el nuevo proceso de redacción del texto constitucional, de manera que se encarne las necesidades de las personas. “Lo que va a pasar durante la Convención no es solo responsabilidad de las y los constituyentes, sino que también de la sociedad en su conjunto, acompañando este proceso, lo que es sumamente importante”, apuntó Felipe Ajenjo.

 “Desde las Naciones Unidas tenemos el compromiso de brindar asistencia constitucional, respetando a la ciudadanía de cada nación y promoviendo estos estándares internacionales desde un enfoque centrado en las personas”, destacó Claudia Mojica. En este sentido, el documento abarca distintas formas de enfocar el trabajo constituyente para que se redacte una Carta Magna que incluya las distintas miradas de los sectores que históricamente han sido excluidos de la agenda del Estado.

El programa

En términos de participación ciudadana, el PNUD consideró, en primer lugar, que no hay un modelo que asegure perfección, sino que en estos momentos lo fundamental es enfocarse en el tiempo disponible, el presupuesto y en adaptar de una mejor manera los mecanismos participativos que ya se han implementado.

Además, de manera pragmática se forjaron tres pilares como base: Contribuciones, encuestas y reuniones. Las dos primeras constituyen las mejores formas de plasmar las necesidades ciudadanas, de manera que lleguen a manos de las y los representantes en el proceso constituyente y puedan trabajar desde lo que la gente manifieste. Las reuniones sugieren la creación de encuentros que funcionen como lo hacen actualmente las asambleas públicas, con el objetivo de que las personas puedan realizar presentaciones y exposiciones.

“Uno de los mayores desafíos de la Convención es ver cómo recibir esa información de los cabildos y registrarla”, recalcó Javiera Ascencio, quien consideró que es necesaria la existencia de un registro de participación ciudadana, para que esta sea de carácter significativo.

Por otra parte, otras de las recomendaciones van directamente relacionadas cómo incluir la participación de los pueblos originarios, la cual, según recalcó el informe, debe ser bajo un espacio específico y diferenciado. “El Estado ha instalado una interculturalidad que no necesariamente es compartida por los pueblos originarios. Ha sido más bien folclórica. Eso es algo que hay que resolver y entender que quienes debiesen establecer sus mecanismos de participación, son las y los propios constituyentes indígenas”, subrayó Bernardo Pardo.

Cámara Aprueba Proyecto de Bancada PS que Exige a Piñera Terminar con Abusos de Agentes del Estado y Exige Justicia y Reparación para Víctimas

La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 67 votos a favor, 25 en contra y 27 abstenciones el proyecto de acuerdo presentado por la Bancada del Partido Socialista, donde se establece el rechazo de la Corporación a “las violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante el Estallido Social en Chile y pide al Presidente Sebastián Piñera, terminar con abusos de parte de agentes del Estado”.

Según señalaron los parlamentarios, “la represión policial que existió tuvo resultados sumamente terribles para la población que participó de las protestas, sumando más de 3 mil personas heridas y más de 10 mil detenidos en manifestaciones sociales hasta febrero de 2020”.

“Solo el INDH contabiliza 445 heridas oculares, de las cuales, 411 se calificaron como lesión o trauma. Mientras que 34 se califican como estallido o pérdida ocular. A esto se suman las condenas internacionales de órganos como Amnistía Internacional que dijo que el mando de Carabineros sabía sobre los abusos y tampoco limitó el uso de armamento para reprimir a los chilenos y chilenas”, argumentaron los diputados y diputadas PS. Misma condena se repitió por otros organismos como Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En este marco, los diputados PS agregaron que «ante estos abusos se necesita la reparación efectiva de las víctimas, ya que, pese a los compromisos de las autoridades sanitarias, las víctimas y sus familiares reclaman que esta ayuda nunca llegó”.

“Por eso, reiteramos nuestro categórico rechazo a las violaciones de los derechos humanos de cientos de compatriotas ocurridas en Chile, desde octubre de 2019 y desde la instauración del estado de catástrofe. Asimismo, demandamos al Gobierno del presidente Piñera poner fin a las acciones de los agentes del Estado que atenten en contra del ejercicio legítimo de derechos garantizados en la Constitución”, concluyeron los parlamentarios y parlamentarias socialistas.

Demos Certezas, No Suplamos la Improvisación de Otros

Se ha iniciado el diálogo entre el gobierno y la oposición por el cambio de fecha de las próximas elecciones. Lo que hay que saber desde el principio es que esta modificación no implica únicamente una alteración del calendario, sino un ajuste del proceso electoral completo. Hemos llegado a un límite de ajustes posibles.

Hay que tomar en consideración que se trata de una segunda modificación del calendario electoral previsto para las elecciones de este año, porque ya se alteró con anterioridad con la realización del plebiscito de abril a octubre, por lo cual los tiempos entre elecciones se habían comprimido notablemente.

Atravesamos por una etapa particularmente dura de la pandemia, de modo que eso justifica asumir medidas extraordinarias, pero no hay una sola manera de encarar la situación. No se trata de optar entre la salud de las personas y el cumplimiento de nuestros deberes cívicos. Podemos hacer ambas cosas, con la las debidas adaptaciones.

El problema con la propuesta de gobierno es que simplifica en extremo las acciones a emprender. El número de medidas a tomar es muy variado e incluye el ajuste de cronograma electoral, velar porque las condiciones de la competencia democrática no se vuelvan desiguales, implementar múltiples ajustes legales, y adoptar medidas complementarias, como el apoyo económico a los ciudadanos en dificultades.

Hagamos lo que hagamos debemos conseguir que se respeten tres condiciones de la buena convivencia entre nosotros: el período presidencial no ha de modificarse ni prorrogarse, la competencia electoral debe verse lo menos alterada posible y no debemos aumentar los problemas existentes superponiendo procesos electorales de este año.

La situación, tal como está ahora, nos permite hacer algunas constataciones. Primero, el cambio de fecha se hace inevitable luego que el gobierno acepta su incapacidad de mantener el proceso ya definido, lo que ya es dado como un hecho por la población. Segundo, esta alteración no deja de producir distorsiones, no se puede “suspender” totalmente la campaña, en la práctica hay beneficiados y perjudicados con el alargue. Tercero, se nos han agotado las posibilidades de adaptar de nuevo las fechas sin modificar los comicios presidenciales. No hay piso para mantener a Piñera en el poder.

No todo peligro proviene de la pandemia, también es un peligro la ausencia de una autoridad legitimada. Se trata de asegurar la salud de las personas y la buena convivencia de la comunidad. No es cosa de optar.

Tras un año largo de convivir con el coronavirus sabemos que su control no tiene fecha definida y que pasamos por ciclos de mayor y menor agudeza de la emergencia sanitaria. No son las elecciones las que aumentan el contagio, sino que es problemático que un punto alto de un ciclo de contagios coincida con los comicios programados. Hemos actuado con prudencia.

Hemos agotado la posibilidad de recurrir a nuevos aplazamientos sin graves consecuencias para el sistema político. El gobierno tendrá que prever más e improvisar menos. Aseguremos de que tome medidas que entreguen certezas.

Plásticos de un Solo Uso Generados por Establecimientos de Consumo de Alimentos Equivalen 23 Mil 240 Toneladas al Año

Un impactante video animado da cuenta de la gran cantidad de plásticos de un solo uso que se generan como residuo en los locales que expenden alimentos en Chile, el cual fue elaborado a partir de las conclusiones de un estudio realizado por Oceana y Plastic Oceans Chile.

«La idea de realizar este informe era calcular el beneficio medio ambiental que tendrá el proyecto de ley una vez aprobado, y porque detectamos que a nivel país existía muy poca información al respecto. Esto nos permitió calcular que sólo en locales que expenden alimentos, se consumieron 23.240 toneladas de plásticos de un solo uso en un año,”, señaló Javiera Calisto, Directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana. “Podemos poner un freno inmediato a esta situación si la Cámara aprueba el proyecto de ley y así detener la contaminación plástica más encontrada en las playas y océanos y que ahora sabemos que representa una gran cantidad”, agregó.

El reporte establece que las más de 23 mil toneladas de plásticos de un solo uso utilizados en restaurantes, bares, cafeterías y delivery en el país, equivalen al peso de 116 ballenas azules o al volumen de cinco piscinas olímpicas o a la huella de carbono que una persona en auto dejaría al dar vuelta a la Tierra 5.300 veces, entre otras comparaciones.

Proyecto de ley

El informe se da a conocer justo antes de que la Cámara de Diputadas y Diputados vote el proyecto de ley que regula los plásticos de un solo uso, el cual fue ingresado por un grupo transversal de senadores y con el apoyo de la diputada Catalina Pérez y los diputados Luis Rocafull y Sebastián Torrealba. La propuesta, elaborada a partir de un reporte de Oceana y Plastic Oceans Chile, busca prohibir los plásticos de un solo uso utilizados en establecimientos que expenden alimentos y bebidas, y que son los más encontrados en playas y mares.

Tras pasar por la revisión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado presidida por el senador Girardi, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la sala en julio de 2020 y despachado a la Cámara Baja.

“Estamos a muy poco de dar un paso trascendental para el cuidado ambiental de Chile y el mundo. El planeta no puede seguir esperando, si no tomamos medidas hoy en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Los plásticos de un solo uso tienen una lenta degradación que provoca un tremendo daño ambiental, por eso es tan importante que este proyecto sea aprobado y esperamos que cuente con un alto respaldo”, afirmó la diputada Catalina Pérez.

Por su parte, el diputado Sebastián Torrealba, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, expresó que “existe un respaldo transversal para aprobar este proyecto, el cual ha sido elaborado tomando como ejemplo aquellos lugares que se destacan por sus legislaciones en temas medio ambientales y posicionar así a Chile como un ejemplo en regular los plásticos de un solo uso”.

La semana pasada, bajo la presidencia del diputado Ricardo Celis, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados terminó la revisión del proyecto, el cual deberá ser votado por la sala.

“Quisimos acelerar la tramitación del proyecto con la convicción de que se logró despachar un proyecto sólido gracias al trabajo que realizamos en la Comisión y a los aportes de los distintos diputados y diputadas”, aseveró Celis. «Todos quisiéramos proyectos más ambiciosos, pero los proyectos de ley deben ser posibles de llevar a cabo y aquí hay un esfuerzo importante a regulaciones en botellas plásticas en delivery hasta en supermercados», añadió.

Por su parte la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, se mostró optimista señalando que “estamos muy cerca de que Chile consiga un nuevo hito en su historia medio ambiental: hoy se votará el proyecto que elimina los plásticos de un solo uso. De aprobarse, daremos un paso más para contar con una nueva ley que combate la contaminación por el uso indiscriminado de plásticos. Este esfuerzo, sumado a la ley que prohibió las bolsas plásticas, nos permitirá avanzar en el cambio cultural que necesitamos para un Chile más limpio y sustentable”.

De votarse favorablemente, el proyecto sería despachado al Senado para su revisión final y luego transformarse en ley.

 

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