Hace un tiempo tomé la decisión de postular al cargo de Concejal de la Municipalidad de Santiago motivado por un diagnóstico: los vecinos de nuestra Comuna se sienten inseguros y amenazados por la delincuencia, el narcotráfico y una convivencia barrial cada vez más intranquila y deteriorada.

La sensación de miedo, que se produce cuando la amenaza se acerca, es una mala sensación. Pero el problema que enfrentamos en nuestra ciudad es que lo que puede protegernos, se aleja y eso, es mucho peor. Y es que las actuales autoridades comunales no logran entender que la seguridad ciudadana debe ser abordada desde un enfoque multisectorial, porque la delincuencia es un problema de una gran complejidad que no se resuelve sólo con una mayor dotación de policías, ni con la mera adquisición de más vehículos de seguridad municipal.

No es un problema que se resuelva con puntos de prensa y declaraciones grandilocuentes. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “la seguridad ciudadana y comunitaria trata de atender todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia”, por lo que un enfoque adecuado debe considerar la falta de cohesión social, la impunidad, el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos y la migración, entre otros factores.

Entonces, desde el Municipio debemos construir una estrategia participativa y multifacética para detener el deterioro de la calidad de vida de nuestros barrios, que afecta tanto a vecinos como a locatarios. Necesitamos de una acción comunitaria activa para prevenir la criminalidad, asegurar el acceso a la justicia en forma eficaz y oportuna, fortalecer una educación basada en valores de respeto y conocimiento del patrimonio y la educación cívica. La seguridad y la tranquilidad ciudadana se pueden conseguir con pleno respeto de los derechos humanos.

Porque nosotros entendemos la Seguridad Ciudadana como un bien público y un derecho y para que así sea, se debe iniciar un proceso para establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica, que otorgue certezas al turismo local, comercio y vecinos y residentes, que ni el microtráfico ni la delincuencia, ni la pandemia, harán decaer la vida en la comuna capital de la nación. Ése es mi compromiso.

Nos encontramos ad portas de uno de los desafíos democráticos más importante de las últimas décadas para nuestro país. Desafío que se enmarca en una triple crisis ecológica planetaria. Según el reciente informe ONU “Paz con la Naturaleza”, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están estrechamente interconectadas y ponen el bienestar de las generaciones presentes y futuras en un riesgo inaceptable.

En este contexto, es indudable que el pacto político y social que subyace al proceso constituyente detenta un particular cariz ecológico. Datos recientes constatan que para una amplia mayoría de la población que habita en Chile es de sentido común proteger el medio ambiente (89%) y lo consideran un tema relevante en sus vidas (83%), estimando que la naturaleza debe ser reconocida con derechos y cuidados en la Constitución (90%) (Greenpeace y Offerwise).

Es pertinente preguntarnos cómo responderá la nueva constitución política a las demandas ambientales y ecológicas que la población reconoce y exige, especialmente a partir del estallido social.

Para responder a las demandas ambientales de la población, el carácter ecológico de la nueva constitución debe incorporar transversalmente y como ejes ordenadores la protección del medio ambiente y la armonía entre la sociedad y la naturaleza. En este sentido, y reconociendo el trabajo y desarrollo de las comunidades territoriales, los pueblos originarios, la sociedad civil y la academia, estimamos que existen rasgos que, sin ser una lista exhaustiva ni cerrada, se erigen como lineamientos ecológicos fundamentales a tener en consideración en el proceso constituyente.

1. El nuevo texto constitucional ha de contener normas claras, precisas y flexibles basadas en un conjunto valores y principios ecológicos, sirviendo de germen para todo el ordenamiento jurídico.
   Entre tales se contemplan el Principio de Justicia Ambiental e Intergeneracional; Principio y deber general de preservación, conservación y protección ambiental; Principio de “buen vivir”; Deber de mitigación y adaptación al Cambio Climático; Enfoque de transición ecológica; Principio de No regresión; Principio de Coordinación; Plurinacionalidad y reconocimiento expreso de pueblos originarios, Principio de Seguridad ambiental; Democracia ambiental. (Hervé, 2015; Moraga, 2019; Galdamez, 2019; FIMA, 2020; CDA, 2021; TERRAM, 2021).

2. Asumiendo al texto constitucional como manifestación del pacto social y económico democráticamente acordado, se sugiere explicitar el modelo de desarrollo al que se aspira, reconociendo el valor del medio ambiente y sus ecosistemas de manera intrínseca y no desde una lógica utilitarista ni extractivista; incorporando el carácter vulnerable de Chile ante el cambio climático, los riesgos y desastres naturales (Valenzuela, 2018; CIGIDEN, 2020).Especialmente ha de contemplarse de forma expresa la protección de agua, aire, costas, cuencas y altas montañas, por los servicios y funciones ecosistémicas que proveen para los pueblos de Chile.El régimen de protección de tales elementos ha de fundarse en lógicas basadas en lo ecológico, público y común (ej: bienes comunes/bienes públicos/public trust) (Bauer et al. 2021; Ramis, 2017). Y, consecuentemente, su régimen de apropiación (sea vía propiedad privada propiamente tal, como por vía concesional u otras) ha de ser de carácter absolutamente excepcional y justificado, resguardando siempre el bienestar de las personas y los ecosistemas. La comprensión y la extensión constitucional de la propiedad privada será una de las principales cuestiones a debatir, dentro de los que deben considerarse los valores ecológicos de la propiedad y sus limitaciones por la función social (Guiloff y Salgado, 2020). Sobre este punto, es importante considerar una posible “función ecológica”, diversa a la clásica función social como limitación a la propiedad privada (CDA, 2021).

3. Los territorios han de concebirse no únicamente desde una dimensión espacial, sino más bien relacional: relaciones entre los propios elementos del medio ambiente y relaciones entre sociedad-medio ambiente en un espacio determinado.
   Esto conlleva descentralizar las decisiones públicas, así como la distribución de poderes y facultades en las diferentes escalas territoriales, contando con un ordenamiento territorial basado en ecosistemas (ej: en base a cuencas). Que supere las desigualdades existentes entre lo urbano y lo rural, de forma participativa, a largo plazo, con enfoques de género y derechos humanos, especialmente de derechos de pueblos indígenas y comunidades de zona de sacrificio (Galdámez y Millaleo, 2020; Fuentes et al. 2020; Precht et al. 2016).
4. En cuanto a los derechos fundamentales ambientales, se propone cambiar la noción actual de “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” por un “derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, incluyendo la variable ecosistémica. Transitando así desde lógicas meramente antropocéntricas a ecocéntrica. Así también, ampliar la legitimación activa individual del recurso de protección a una de carácter popular (o, al menos, abierta a las asociaciones o Defensorías del ambiente); y que esta acción proceda ante actos u omisiones ilegales “o arbitrarias”, actualmente limitada solo a aquellas ilegales (FIMA 2020; Delgado, 2020).
5. Respecto de la protección de la biodiversidad, a nivel ciudadano se ha planteado la necesidad de situar a la naturaleza y sus elementos (glaciares, bosques, ríos, costas, animales, ecosistemas, etc.) como sujetos de derechos o, al menos, de protección especial (RLP, 2021). Si bien es un tema de difíciles contornos jurídicos, atendidos los valores intrínsecos de la biodiversidad es necesario establecer mínimos de reconocimiento de sus estatutos jurídicos especiales que, necesariamente, se funden en la interrelación, interdependencia y reciprocidad de las relaciones entre sociedad y naturaleza que proveen las visiones indígenas y las comunidades locales (Galdámez y Millaleo, 2020).

6. Especialmente en materia de aguas, se debe tener presente el valor e importancia vital de las demandas ciudadanas respecto del derecho humano al agua, con particular atención a las variantes jurídicas, políticas y económicas (Modatima, 2021; Delgado, 2020).Será necesario debatir sobre su titularidad y régimen, teniendo especial respeto y protección a los usos ancestrales y ecológicos del recurso; además del reconocimiento de la polifuncionalidad del agua, ya que actualmente solo se distingue un uso productivo de ella, existiendo incluso una sanción al no uso a través del pago de una patente y no existe la posibilidad del usuario del agua de dar un uso no extractivo o ecológico(Celume, 2021).

En general, la gestión de las aguas es un tema relacionado a la economía y que identificamos como altamente complejo a nivel político y social. Por esto, será necesario abordar de manera clara y temprana las reglas y mecanismos de transición. Importante será dilucidar cómo se diseñarán y garantizarán tales mecanismos entre el sistema actual y el nuevo régimen constitucional que garantice el derecho humano al agua y la priorización de usos ecológicos (Guiloff, 2021).

En medio de una crisis ecológica a nivel global, el desafío de una nueva constitución por primera vez acordada en democracia y con paridad, demanda de los futuros y futuras constituyentes -así como de las actuales y futuras autoridades a escala local, regional y estatal- entender que el medio ambiente y su protección resultan primordiales para construir las bases de una sociedad justa, igualitaria y digna.

Los lineamientos ecológicos que se acuerden en el nuevo texto constitucional serán fundamentales no solo para quienes integramos la sociedad de hoy, sino que especialmente para las futuras generaciones. Sin un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, toda la estructura social y económica de nuestra sociedad se encuentra sin sustento. Lo cual ha quedado claramente plasmado, hoy más que nunca, al estar viviendo una pandemia que ha evidenciado el fracaso de un modelo basado en la explotación de los recursos naturales, el extractivismo y el individualismo posesivo.

El próximo mes de abril en Chile no solamente será inédito por ser la primera vez que se elijan gobernadores/as y constituyentes para el país, sino porque también serán 20 años desde el llamado primer mochilazo estudiantil del año 2001.

La importancia de aquel primer mochilazo no solo es crucial para el desarrollo del movimiento estudiantil de las últimas dos décadas, sino también para la futura crítica estructural al modelo de sociedad impuesto en Chile durante la dictadura y perfeccionado con la vuelta a la democracia.

Para entender la relevancia de este primer gran hito estudiantil, se debe revisar primero la situación política del Chile en la década de los 90, marcada por ser un periodo de consenso neoliberal entre la derecha pinochetista y una socialdemocracia de mercado (Concertación), las cuales conformaron un duopolio político que privatizó prácticamente todo lo existente.

Es así como a través de los grandes medios concentrados del país, se construyó la idea del “Jaguar de Latinoamérica”, la cual se sostendrá discursivamente gracias a altas tasas de crecimiento económico y reducción sostenida de la pobreza e indigencia de ingresos, por sobre otros países vecinos.

De ahí que en el campo de la educación, también se venderá la idea de un país modelo para el resto de la región, en donde la alta cobertura en la matrícula escolar y universitaria, serán los pilares para defender una educación de mercado, no vista en ningún otro país del mundo.

Me parece que la figura de José Joaquín Brunner, fue quizás la más importante durante ese período y el gran ideólogo de aquella década de consensos, presidiendo así la “Comisión Nacional para la Modernización de la Educación” en 1994, la cual sentó las bases de una política educacional centrada en mayor inversión del Estado, pero casi sin ningún tipo de regulación al negocio de colegios, centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades

En consecuencia, esas políticas si bien aumentaron considerablemente la matrícula de los estudiantes, el costo para la educación pública fue catastrófico, y difícilmente se podrá revertir con el tiempo. Lo que fue acompañado con un aumento en el gasto de los hogares para educarse, que ha llegado a cifras para no creerlas (41,1% de sus ingresos), muy distinto a países de la región, la OCDE y el mismo Estados Unidos (28%), lo que deja en evidencia el fundamentalismo de mercado que se implementó en Chile.

Si en 1990 la matrícula escolar pública en Chile alcanzaba el 70%; en la actualidad no supera el 35%, lo que es escandaloso para un Estado que se dice democrático. Misma situación con la educación universitaria, en donde la matrícula estatal no es más del 15%, lo que muestra que la intención política era acabar con la educación pública, a través de una retórica de mayor cobertura y calidad, que en la práctica no fue otra cosa que mayor lucro y la mercantilización de un derecho tan básico para cualquier país (1).

Pero para la élite política de Chile, eso no importó, y desde los grandes medios de comunicación se instaló a Brunner como el gran experto en educación en Chile, a pesar de que fuera una persona sin ningún título universitario y falseara sus antecedentes por años, presentándose en el mundo político, académico y mediático, como Sociólogo de la Universidad Católica de Chile y PHD © de la Universidad de Oxford (2).

Por suerte, esas políticas de mercado en educación y el mismo Brunner, comenzarán a cuestionarse, así como también las grandes agrupaciones estudiantiles de la década de los 90, las cuales eran controladas por los partidos políticos tradicionales y eran funcionales a las políticas de mercado de la época.

Los casos de La Federación de Estudiantes Secundarios de Chile (FESES), manejada por el Partido Comunista, y la Asamblea de Centros de Alumnos de Santiago (ACAS), subordinada a los partidos de la Concertación (Partido Socialista, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana y Partido Radical), comenzaron a cuestionarse por no representar las demandas de las y los estudiantes.

Asimismo, se cuestiona también el llamado Parlamento Juvenil, creado durante 1997, por ser una plataforma de cooptación de dirigentes estudiantiles por los mismos partidos políticos que instalaron y administraron un modelo educacional que solo veía a los estudiantes como meros medios para seguir profundizando la mercantilización de lo escolar.

Fue así, como ese descontento derivó en la conformación en el año 2000 de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), la cual no solo fue fundamental para el mochilazo del año 2001, sino también para la posterior articulación del Movimiento Estudiantil entre secundarios y universitarios.

Lo interesante de la ACES, que lo hace ser una de las organizaciones críticas más importante de Chile de los últimos 20 años, es su carácter fuertemente asambleario, desde las bases y horizontal, y cuestionador tanto del fundamentalismo de mercado como de cualquier tipo de autoritarismo proveniente del mundo de la izquierda estadocéntrica.

No es casualidad por tanto, que su lucha articule miradas provenientes del anarquismo, feminismo, ecologismo, animalismo, anticolonialismo y un fuerte cuestionamiento al adultocentrismo, el cual ha inferiorizado e infantilizado violentamente a las distintas juventudes que han querido ser sujetos políticos para la transformación social.

Unas lógicas adultocéntricas, muy bien estudiadas por el sociólogo chileno Klaudio Duarte Quapper en sus estudios sobre juventudes, en donde plantea cómo en la década de los 90 se construyó mediáticamente la idea de que los jóvenes chilenos “no estaban ni ahí con nada”, viéndolos como seres apáticos, indolentes y sin ningún tipo de motivación o compromiso con el país.

Fue así, como durante el 2001 se inicia un proceso de organización y articulación del movimiento estudiantil, liderado por las ACES, la cual tomaba distancia de los partidos políticos tradicionales y empieza así a cuestionar los cimientos de la sociedad de mercado imperante, la cual se sostenía gracias a lógicas gerenciales de gestión escolar (pruebas estandarizadas) y de disciplinamiento de los cuerpos , en donde las y los estudiantes eran considerados como seres pasivos, que solo tenían que ir a memorizar y recibir contenidos, muchas veces completamente descontextualizados.

En el caso de esa primera gran movilización de abril del 2001, la crítica fue en el marco de la llamada modernización del transporte público, en donde las empresas privadas eran las encargada de producir y administrar el llamado pase escolar (tarjeta para el uso de buses), lo que dejó en evidencia el abandono de un Ministerio de Educación en Chile (MINEDUC), que sólo reproducía las lógicas subsidiarias del Estado.

De ahí que la ACES exigiera que fuera el MINEDUC quien se encargara del pase escolar, para que no existieran más alzas arbitrarias en el pasaje. La negativa del gobierno de Ricardo Lagos Escobar no se hizo esperar, lo que generó mayor molestia y organización de parte de los estudiantes, generando un Frente Anti-Alzas y un llamado a paralización completa de las escuelas el 9 de abril del 2001.

Finalmente, ante las grandes presiones y masividad estudiantil, hace que el gobierno de pie atrás y el MINEDUC termine por administrar el pase escolar, lo que sin duda marca un hito fundante de un proceso político estudiantil, el cual solo será el comienzo de muchas otras acciones cada vez más articuladas con otros movimientos sociales, como lo serán la denominada Revolución Pinguina (2006), El Movimiento Social por la Educación (2011) y la misma Revuelta Popular (2019), en donde el salto de los torniquetes realizado por los secundarios en el metro de Santiago fue fundamental para lo que vino después.

En síntesis, se podría decir con lo señalado anteriormente, que el poder constituyente lo comenzaron a construir los mismos estudiantes secundarios desde el año 2001, los cuales si bien serán excluidos de esta nueva elección de candidatos para redactar la nueva constitución en Chile, seguramente estarán presentes y se harán sentir sus demandas en las escuelas, en las calles, en los barrios, en los cabildos y en todos los espacios posibles.

Algo que vienen haciendo hace muchos años por lo demás, y que deja atrás la idea adultocéntrica de que los jóvenes son “El futuro de Chile”, como si fueran seres incompletos, irracionales e incapaces de construir políticamente nada en el presente. Cuando son justamente los secundarios que han sido quienes le han dado clase y cátedra política en estos últimos 20 a muchos adultos llenos de miedos y completamente funcionales a estructuras de poder obsoletas y que deben ser destituidas para democratizar el país.

1: Ver el documento “El Desalojo de la Educación Pública”, elaborado por la Fundación Sol: https://www.fundacionsol.cl/cl_luzit_herramientas/static/wp-content/uploads/2011/12/Ideas-1-Institucionalidad-y-Desarrollo.pdf

2: Una denuncia realizada por el historiador chileno Alfredo Jocelyn Holt en el año 2007, pero que no fuera tomada en consideración por los grandes medios de la época, a pesar de lo grave de la acusación, al ser Brunner un ex ministro de gobierno. De todas formas, aún se pueden descargar en la red artículos de Brunner, en donde se presenta como Sociólogo de la Universidad Católica de Chile y PHD © de la Universidad de Oxford: https://es.scribd.com/document/217058581/1985-Jose-Joaquin-Brunner-La-participacion-de-los-centros-academicos-privados-pdf