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Razones de Peso para no Estar de Acuerdo con el Voto Electrónico

Señor director: junto con saludarlo le dejo mi impresión sobre el proceso eleccionario que se llevará a cabo a través del voto electrónico este 9 de diciembre en la elección del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile.

1.- En primer lugar,  porque considero que es de extrema vulnerabilidad y no se podría asegurar que sea personal, pues perfectamente una persona puede votar por otra. En cuanto a la fiscalización del proceso no permite que realicen esta función personas que no tengan conocimientos especializados en la materia, por esta razón algunos países han calificado el voto electrónico como inconstitucional. Además es bastante caro y hasta el momento no se ha encontrado un modelo que garantice la seguridad de un sistema electrónico de votación.

2.- Por otra parte, el estatuto del Colegio de Profesores señala en su artículo 12° que las elecciones son directas, secretas e informadas y que cualquier modificación al reglamento electoral debe ser comunicado con 6 meses de anticipación, cuestión que en este caso no se estaría respetando porque se ha  tomado la decisión del voto electrónico a un mes de las elecciones, aún no se ha hecho la modificación al reglamento y esto  significa que no será informado con la antelación que establece el Estatuto.

 El reglamento que actualmente tenemos vigente fue debidamente publicado y regula una elección presencial, por tanto para dar paso a una votación electrónica se requiere tomar dos medidas: Hacer una reforma estatutaria que modifique el artículo que señala que las votaciones son directas para incorporar el carácter de electrónico y reformar el reglamento electoral, el que como dije anteriormente debe ser informado 6 meses antes de la elección

Ligia Gallegos Ríos, Segunda Directora del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile

Corporación Humanas Valora Condenas a Ex Agentes del Estado por Violencia Sexual Sistemática en “Venda Sexy”

La Corporación Humanas manifestó su satisfacción por el reconocimiento del carácter sistemático de la violencia sexual ejercida por ex agentes del Estado en el centro de detención y tortura conocido como “Venda Sexy”, hechos calificados como crímenes de lesa humanidad por el Ministro Mario Carroza.

Desde la organización, a su vez, mostraron preocupación por el largo tiempo transcurrido desde la comisión de los crímenes y la ausencia de garantías de no repetición y de políticas integrales de reparación a las víctimas de violencia política sexual.

Pasaron largos años de investigación para que se dictara sentencia condenatoria en la causa en contra de cuatro agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por los crímenes de lesa humanidad cometidos en dicho recinto en contra de Beatriz Bataszew Contreras, Cristina Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Sara de Witt Jorquera, Carmen Holzapfel Picarte, Clivia Sotomayor Torres, Agustín Holgado Bloch, Luis Ahumada Carvajal, Eugenio Alarcón García y Luis Bernal Venegas.

Violencia específica contra las mujeres

Una de las querellantes en la causa, la sicóloga Beatriz Bataszew, junto con valorar la condena a algunos ex agentes del Estado de Chile, relevó la importancia de la lucha que por años han llevado adelante las sobrevivientes de la violencia política sexual durante la dictadura. “Si hoy contamos con una sentencia judicial, más allá del tiempo transcurrido, que reconoce el carácter sistemático de la violencia sexual cometida en “Venda Sexy”, se debe en gran medida a que muchas de nosotras, sobrevivientes de aquello, nos hemos mantenido organizadas y hemos sido firmes en denunciar la magnitud y gravedad de la violencia política sexual cometida en el país en contra de muchas víctimas”, señaló.

En la sentencia dictada por el Ministro Mario Carroza Espinosa se destaca la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en el recinto denominado “Venda Sexy”, señalando que, en el lugar, además de infringir graves sufrimientos físicos y psíquicos a personas previamente secuestradas, se cometió violencia sexual de manera sistemática, constitutiva de crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, indicó que “resulta de la mayor preeminencia que el Poder Judicial reconozca que la violencia política sexual hizo parte de la política de represión aplicada por los agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, de manera masiva y sistemática, particularmente en contra de las mujeres”.

Falta de garantías de no repetición

La violencia política sexual cometida en Chile durante la dictadura cívico militar en el marco del terrorismo de Estado ha sido consignada por la Comisión Nacional sobre Política y Tortura (Comisión Valech) y materia de preocupación para diversos organismos internacionales.

Frente a ello, Beatriz Bataszew refiere que “por demasiados años, la violencia política sexual ha permanecido impune en nuestro país, y de ello ha derivado que en gran medida en las manifestaciones estudiantiles de 2011 y de años siguientes y en las manifestaciones sociales de 2019 en el marco de la revuelta política social se siguiera cometiendo esta expresión de violencia por parte de agentes del Estado, tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de las Fuerza de Orden y Seguridad Pública”.

Camila Maturana añade que más allá de valorar la sentencia del Ministro Carroza en el caso de “Venda Sexy”, resulta importante revisar si el Estado de Chile ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de garantías de no repetición. “Se trata de crímenes de violencia política sexual cometidos desde septiembre de 1973 en adelante por parte de todas las ramas de las fuerzas armadas y de orden y seguridad, frente a la cual la respuesta judicial no ha sido suficiente ni oportuna, preocupando especialmente que desde la institucionalidad del Estado de Chile no se han definido con claridad cuáles son las garantías de no repetición y tampoco se han definido políticas integrales de reparación a las víctimas de violencia política sexual”, concluyó.

CONFUSAM Llama a Paro Nacional por Magro Aporte de Presupuesto Nacional

Luego de una consulta a sus bases y ante la compleja situación que está viviendo el sector de la Salud respecto al presupuesto del año 2021 como el trato usuario; las metas sanitarias; el bono covid y la Ley de alivio la Confederación Nacional de Funcionarios y funcionarias de la Salud Municipal, decidió convocar a un paro nacional de sus actividades para los días 12 y 13 de noviembre de 2020.

En un comunicado, el Directorio Nacional de la organización explica que el exiguo aumento de $162 por persona para la atención primaria de salud y el incumplimiento de compromisos por parte del ministro Enrique París, son algunas de las razones por la cual se ha tomado la determinación de parar sus actividades en todo el país.

Respecto al presupuesto del año 2021, los miembros del Directorio Nacional de la CONFUSAM calificaron como un “verdadero castigo (contra)  la Atención Primaria y sus trabajadores”. La cifra entregada por el gobierno representa un incremento de 1.3 por ciento, monto que según señalan, “no contempla recursos adicionales para continuar la lucha contra la pandemia”.

Frente a este escenario, la presidenta del gremio, Gabriela Flores, enfatizó en la idea que se está “configurando una situación extremadamente compleja, ya que por una parte el gobierno nos entrega estas cifras que son realmente inaceptables, y por otra, el ministro París desconoce acuerdos contraídos con las y los trabajadores, que de no tener solución, afectaría gravemente los salarios de quienes han dado incluso la vida para contener esta pandemia y no lo vamos a aceptar”.

“Tenemos compañeros que han perdido la vida en un contexto donde se han cometido muchos errores en la gestión, donde ha habido tozudez y sordera de parte de la autoridad. No obstante, nadie ha abandonado su puesto de trabajo por miedo o cansancio, y qué respuestas nos dan, un presupuesto que resulta ser un verdadero balazo en los pies para la Atención Primaria y un castigo que afecta severamente nuestros salarios”, declaró la dirigenta.

Chile: Enfrentando las Nuevas Condiciones de Ciberseguridad

El nuevo escenario de actividad digital, a raíz del COVID-19, elevó los riesgos y amenazas de ciberseguridad, al incrementarse los intentos de estafas y fraudes a todo tipo de usuarios de internet. El sector bancario y empresarial revelan, además, que en los últimos meses han ocurrido volúmenes inéditos de ciberataques internacionales con variantes evolucionadas de los botnet DoublePulsar y Emotet, destinados a actuar en campañas de infección y  ransomware. Mientras que tras la protesta social de octubre de 2019, y hasta mayo de 2020, el Estado viene reportando un considerable aumento en la frecuencia de ataques DDoS, acompañados de algunos éxitos en operaciones de exfiltración de datos, afectando principalmente a Carabineros de Chile, entre otras entidades públicas.

Para un país cuyo porcentaje de la población con acceso a internet es de un 82%, la evolución de estas amenazas se presenta en un momento en que, si bien, Chile lidera los estándares de ciberseguridad en América Latina, aún se encuentra en una etapa temprana de implementación de su Estrategia Nacional de Cibeserguridad y de las medidas de coordinación necesarias para integrar a toda la infraestructura que se está viendo afectada por estas nuevas condiciones de cibercrimen, ciberataques globales y hacktivismo.

Desde esta perspectiva, conviene tener presente que el panorama cambió significativamente en menos de 12 meses, pudiendo acentuarse en el futuro las actuales tendencias. A continuación se presentan algunas de las principales.

Cibercrimen

En cuanto al cibercrimen, este ha ido poco a poco impactando a la población y, aunque hasta ahora las cifras de denuncias asociadas a estos delitos han sido relativamente bajas, algunos patrones van en continuo aumento. En este sentido, en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la cual mide el porcentaje de hogares que han sufrido un delito de mayor connotación social y la percepción de las personas sobre la delincuencia en el país, se puede observar un incremento sostenido en los últimos cinco años de victimización por delitos asociados a estafas por internet (2,0%), acoso u hostigamiento (1,6%), suplantación de identidad en cuentas bancarias (1,4%) y amenazas por internet (1,0%); disminuyendo la percepción de victimización en los delitos de suplantación de identidad en redes sociales, en tanto los delitos de destrucción de disco duro o hackeo se mantendrían estables en 0,1% de victimización.

En esta misma línea, según las estadísticas aportadas por la Policía de Investigaciones de Chile, entre 2014 y los primeros 6 meses de 2019, se habrían recibido 4.685 denuncias por delitos informáticos, donde los delitos con mayor prevalencia se agruparían en 5 tipologías principales: Sabotaje informático, con 3.416 denuncias (73%); espionaje informático, con 800 denuncias (17%); grooming, con 270 denuncias (6%); phishing con 169 denuncias (4%); y pharming, con 30 denuncias (1%). En cuanto a la distribución territorial, estos delitos se habrían presentado en mayor cantidad de casos en la región Metropolitana (2.522), del Biobío (506) y Valparaíso (472).

Para 2020, el incremento del phishing y la ingeniería social, se estarían ubicando al frente como las principales fuentes de riesgo de delito informático. Un ejemplo, es que respecto del día 05 de agosto de 2019, el CSIRT gubernamental chileno reportaba solo dos alertas de amenazas referidas a la identificación de campañas de phishing a través de correos electrónicos, mientras que en 2020, el mismo día se formularon 10 advertencias, todas asociadas a sitios fraudulentos para acceder a credenciales y claves de usuarios, ya sea para acceder a sus cuentas bancarias, o bien para defraudar los dineros que actualmente están entregando el Estado y devolviendo  las AFPs a la población.

Como sostiene la jefa del CSIRT de la Subsecretaría del Interior del Gobierno de Chile, Katherina Canales (en entrevista para CiberseguridadLatam.com), la prevalencia del phishing y sus variantes habría que entenderla desde al menos tres patrones. Una forma, es que el atacante a través de una falsa identidad trate de persuadir a la víctima estableciendo un intercambio de comunicación por el cual finalmente solicitar dinero, otro caso es conducir a la víctima a ingresar a un sitio falso para que proporcione sus claves y está el tipo de campaña que intenta que la víctima descargue un troyano o malware con el cual el atacante toma el control del equipo sin que la víctima se dé cuenta.

En estos casos,  tanto la PDI como el CSIRT, han intensificado sus campañas y advertencias a través de las redes sociales, aunque con un impacto desconocido de su efectividad. En tanto las innovaciones continúan sorprendiendo cada día. Los smishing, por ejemplo, son una modalidad reciente de los patrones de phishing que se traspasa vía WhatsApp para obtener datos de manera fraudulenta. En este contexto, muchas personas son víctimas mucho antes de que se logre advertir siquiera la amenaza.

Ahora bien, en términos de victimización por campañas de phishing, se distinguirían también  aquellas que afectan a los usuarios de internet sobre los cuales se aplica o no ingeniería social. Otra cosa es cuando la técnica se aplica para insertar un troyano bancario a través de un ejecutivo previamente seleccionado, momento en el cual se podría estar en presencia de un ciberataque llamado comúnmente “de caza mayor”, con otras magnitudes de impacto económico.

Ciberataques económicos globales

En 2018 comenzó a verse una tendencia preocupante al constatarse que el 98% de los bancos en Latinoamérica sufrió algún tipo de ataque cibernético durante ese año, lo que por cierto, activó una mayor coordinación internacional a nivel de gobiernos, pero todavía con varias debilidades por parte de los bancos y las empresas para poder enfrentar estos desafíos y asegurar la continuidad de sus negocios y servicios. En 2020 esa situación es una de las principales preocupaciones, en tanto el alcance y sofisticación de las amenazas ha empeorado.

Para el cuarto trimestre de 2019, se reveló un aumento continuo y mejorado de la actividad de malware, expliot y botnet en Latinoamérica, sufriendo en el periodo más de 85 mil millones de intentos de ataques. En Chile, se habrían registrado 1,5 billones de intentos de ciberataques en un año; 4,16 millones de ataques por día, según los datos aportados por la plataforma “Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America”.

Del mismo modo, “ESET Security Repport Latinoamérica 2020” sostiene, que en 2019, 55% de las empresas chilenas sufrió algún tipo de incidente de ciberseguridad, en tanto en la región 1 de cada 3 empresas sufrió una infección con algún código malicioso, incluyendo ransomware.

A nivel nacional, las empresas han sido lentas en adoptar medidas preventivas frente a estos riesgos. Un reciente estudio sobre madurez en ciberseguridad en Chile, advierte que el 80% de las empresas más pequeñas del país, se encuentra en una etapa temprana en adopción de soluciones de seguridad de TI, en tanto 1 de cada 3 empresas, aun cuenta con un enfoque reactivo frente a estas amenazas e incidentes.

Respecto a las amenazas, los botnet DoublePulsar y Emotet son los que con mayor prevalencia fueron distribuidos en Chile durante 2019 a través de correos electrónicos y que se caracterizaron por ser parte de campañas especialmente dirigidas a ejecutivos bancarios aplicando como estrategia la ingeniería social. De hecho, el Banco de Chile, Prosegur y Consorcio fueron alguna vez afectados por este botnet.

Detectado por primera vez en 2014, Emotet es por lejos el malware de alcance global, que más ha evolucionado en estos cinco años. Podría decirse que hasta posee habilidades de autoaprendizaje o es del tipo multi task. Puede realizar diferentes acciones maliciosas, descargando varios malware cada uno con su especificidad, ya sea para robar credenciales, encriptar archivos o para ocupar los dispositivos en función de propagar spam. Estuvo sin actividad desde marzo, cuando se presentó en una masiva campaña en Japón aprovechando de ofrecer información sobre el COVID-19, pero ahora reapareció en algunos spam afectando, entre otras, a la Organización Mundial de Energía Atómica. EE.UU., Brasil. Canadá, México, Ecuador y Chile, serían hoy en día los receptores de cerca de 250.000 malspam diarios que transportan este troyano.

Por otra parte, está DoublePulsar, cuyo mayor potencial se proyecta hacia el Internet de las Cosas (IoT). En estos meses en que se han dado los primeros pasos para incorporar al país la tecnología 5G, es probable que esta amenaza eleve su peligrosidad en Chile una vez que la IoT se expanda en un futuro cercano. Este  exploit fue utilizado conjuntamente con EternalBlue en el ataque de WannaCry, el primero de características globales en 2017. En la actualidad sigue siendo detectado, representando el 1,7% de las amenazas en Latinoamérica. Claro que en el caso de Chile y Costa Rica, se trata de una amenaza que permanece estable en 6% de ataques, desde su aparición.

DoublePulsar fue desarrollado originalmente por la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) y luego filtrada por el grupo de hackers Shadow Brokers en abril de 2016, lo que añade más suspicacias, respecto de las capacidades de los Estados y sus incursiones tanto en el espionaje internacional, como en sabotajes económicos.

Hacktivismo

Durante los meses de marzo, abril y mayo, el CSIRT tuvo la iniciativa de hacer pública una bitácora mensual de los ataques perpetrados a diferentes entidades, la que ahora ha dejado de estar disponible, pero bien funciona como muestra de las actividades que vienen complementando la escena de conflictividad que atraviesa nuestro país.

Así, es posible observar que en marzo de 2020 predominaron los ataques DDoS con 15 ataques dirigidos, entre otros, a los Ministerios de Educación, Salud, Interior, Vivienda, Agricultura, etc. Le siguen en este orden 10 intentos de filtración de información reportándose la afectación de la Municipalidad de El Bosque y de la Contraloría General de la República, en tanto 5 ataques fueron exitosos en campañas de Desfacement. En abril, fueron 35 ataques; 16 ataques DDoS sin afectación y 16 campañas de Desfacement exitosas, además de reportarse una importante filtración de datos de Carabineros de Chile (que se suma a la del día 25 de octubre de 2019). Mientras que en mayo, la última bitácora publicada, registra 33 ataques de los cuales 15 fueron del tipo DDoS sin afectación y 11 de filtración de información, sin afectación. Solo fueron exitosos 5 ataques de Defacement y 1 de disponibilidad que afectó al portal de Mercado Público.

Considerando que en octubre de 2019, fueron identificados 443 ataques que implicaron la respuesta de ciberseguridad del CSIRT, se entiende que este se trata de un fenómeno fluctuante, que puede empeorar sus condiciones a un año del estallido social y en pleno proceso plebiscitario.

En tal escenario, el gobierno se ha mostrado confiado en las medidas dispuestas para integrar a las entidades públicas a la red de conectividad del Estado. Carabineros no estaba integrado a esta red en el momento en que se hicieron públicos archivos con información secreta, incluso de actividades de inteligencia, en el que solo tras el episodio de octubre, fueron comprometidos los datos de 29.952 funcionarios.

En este contexto, sin embargo, pareciera que tales medidas serían insuficientes. Cabe precisar que la organización Anonymous, tanto en su versión local e internacional, aparece jugando un papel importante, no solo por declarar abiertamente a Carabineros de Chile como su objetivo. En diciembre de 2019, Anonymous robó y filtró 2 GB de datos del Ejército de Chile, con documentos fechados entre 2015 y 2019 relacionados con operaciones de inteligencia, finanzas y relaciones internacionales.

Últimamente, desde esta organización estarían emanando amenazas exfiltración de información bancaria del Presidente Sebastián Piñera, de manera similar a lo que experimentó su par brasileño, Jair Bolsonaro el pasado 2 de junio, ocasión en que el grupo filtró datos personales del Presidente, su familia y cercanos a través de Twitter. Asimismo, Donald Trump, es acusado por la organización de estar vinculado a la red del pedrasta Jeffrey Epstein, y también está en proceso de filtrar información de este caso y de la policía de Minnesota, implicada en el asesinato de George Floyd.

De manera que una nueva #OpChile, la segunda operación más activa a nivel mundial en los últimos 12 meses, podría otra vez apuntar a las instituciones gubernamentales, infraestructura crítica,  salud, banca y multinacionales establecidas en el país. En tal sentido, DICOM ha recibido amenazas desde diciembre del año pasado, resonando con fuerza el tema de BigData como un importante monstruo a derribar, antes de que se consolide.

Apreciaciones

Conforme a las actuales tendencias en ciberseguridad, es posible que el gobierno y las instancias encargadas de esta área, deban plantearse estrategias diferencias para cada uno de los escenarios en evolución.

Tal como se presentan, contrarrestar por ejemplo, la evolución de los delitos a través de Phishing u otras herramientas derivadas, dependen fundamentalmente de la prevención mediante campañas educativas, el mismo énfasis podría incluso, contrarrestar la propagación de estos delitos en los ámbitos empresarial y bancario.  Será importante incluso para la ciudadanía insistir en que se hagan estas inversiones.

No obstante, las campañas hacktivistas, ya se han posicionado como parte de las estrategias de la sociedad civil para presionar al sistema, donde circula la idea de que contrarrestan de alguna forma la corrupción institucional. La tensión en este ámbito, podría estar radicada en la relación del gobierno con las herramientas de BigData para monitorizar la actividad social, aspecto que posiblemente resurja el próximo octubre, siendo un tema también presente en las amenazas de Anonymous.

El Negro Palma, Retorno desde el Punto de Fuga

Portada de libro: El negro Palma.

La vida de Ricardo Palma Salamanca, apodado El Negro, prófugo por más de 20 años es sin lugar a dudas uno de los fugitivos más conocidos y también polémico de la actualidad. Hace poco se estrenó una película basada en su vida y ahora Ceibo ediciones lanza un libro donde el joven periodista Tomás García realiza una profunda mirada sobre toda una vida marcada por la violencia dictatorial; experiencias límites y afectaciones propias de tiempos convulsos que finalmente trazaron un camino en el que se impuso la voluntad, el deseo de justicia y el ánimo de combatir la impunidad cuando la gran mayoría del país remaba hacia la paz y la democracia tuteladas. ¿Qué define a Palma Salamanca? ¿Pueden sus acciones determinar su existencia?

Ciertamente, éstas siguen siendo preguntas difíciles de responder, pero desde su aparición en Francia, en febrero de 2018, se gatilló un interés por contestarlas, tarea imposible sin sumergirse en su dimensión humana. Luego de conversaciones en persona con El Negro, que conforman el eje central de este libro, se constata que hay situaciones, experiencias y condiciones de vida que demarcan su forma de pensar. Ricardo Palma no es un Ramiro, ni un José Miguel, ni un Salvador, y no tiene porqué serlo. Él, con sus propias palabras, deja en claro en este libro cuál fue su lugar en el FPMR, y el papel que le cupo interpretar respecto de su propia generación.

 “No pudimos estar con Allende ese septiembre… Aun éramos niños”, dice El Negro Palma, “pero décadas más tarde nos tocó a nosotros ir tras las hienas que lo asesinaron”.

 En el año 1986, El Negro, formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como parte de este grupo armado, fue el autor material de los asesinatos del ex Coronel de Carabineros Luis Fontaine, del ex Senador de la República Jaime Guzmán -uno de los creadores de la actual constitución chilena creada en 1980- y del secuestro de un empresario entre otros hechos policiales. En 1992 es apresado y trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad; recinto del que escapa en 1996 ayudado por un helicóptero y colgado de un canasto desapareciendo por más de 20 años hasta que es encontrado por agentes de Interpol en París en 2018. Hoy reside en Francia donde está en calidad de asilado político junto a su familia.

Portada de libro: El negro Palma.

Chile Rezagado en Inteligencia Espacial

El 16 de diciembre de 2011 Chile accedió con éxito el uso del espacio con el lanzamiento del Satélite Fasat Charlie, diseñado y fabricado por EADS Astrium, hoy Airbus Defense and Space. Esta última empresa que otrora participó en dar el real impulso a la carrera espacial chilena, esta vez se resta del proceso que busca renovar tardíamente el satélite nacional, quedando hoy, sólo dos empresas interesadas, una de Israel y la otra de Corea del Sur.

El satélite nacional lanzado a fines de 2011, tuvo un costo de 72,5 millones de dólares para el Estado chileno y fue financiado a través de la Ley Reservada del Cobre. Para asegurar el carácter dual del proyecto, no sólo se justificó desde el punto de vista estratégico militar y de las ventajas que tenía su tecnología para el desarrollo de inteligencia, principalmente fuera de nuestras fronteras, sino que también se sumaron decenas de funciones y usos para el mundo civil, desde el monitoreo para agricultura, incendios forestales, su uso cartográfico, entre otros.

Hoy se sabe que, tras el mensaje presidencial del año 2019, donde el Presidente anunció la adquisición de un nuevo satélite, sólo dos compañías estarían en la fase final, una es de Israel y la otra de Corea del Sur y la empresa Airbus quien fabricó y puso exitosamente en órbita el FASAT-C, quedó fuera de la competencia final. Una vez finalizada la etapa denominada como de mejores ofertas finales o BAFO (Best and Final Offer) se espera que la construcción y puesta en órbita tarde a lo menos dos años a partir de la fecha de firma de contrato, con estos plazos a la vista Chile cumplirá casi una década de retraso en la renovación de su satélite.

Falta de voluntad política

Mientras nuestra carrera espacial sigue a paso lento, con evidentes retrasos y falta de apoyo para el verdadero desarrollo espacial, el resto de los países de la región continúan avanzando y sobrepasando a Chile en sus capacidades de observación y monitoreo. Sin ir más lejos, hoy Perú cuenta con un satélite con mejores y más avanzadas prestaciones que el FASAT-C y lo propio hace Argentina con una sólida institucionalidad y presupuesto robusto para el adecuado desarrollo de la actividad espacial, según el anuario de la industria espacial “La Ley de Presupuesto 2019 otorgó a la CONAE $1.962 millones (USD48 millones) y la propuesta actual considera destinar a la agencia espacial $3.748 (USD64 millones), lo que representa un incremento del 90% en pesos, frente a un incremento del 49% del presupuesto total de la Administración Nacional. Expresando en dólares, el aumento de los fondos para la CONAE es de alrededor del 30%.” (Latam Satelital)

La falta de voluntad y determinación política para el desarrollo espacial nacional tiene un alto costo para el país, se generó un retraso que nos hizo descender del tercer al sexto lugar en Sudamérica, siendo hoy superados por países como Perú, Venezuela y Bolivia.

Los tomadores de decisión en el ámbito espacial deben comprender que se requiere de una agencia espacial civil para que ésta pueda, al igual que otros países, liderar las políticas públicas de desarrollo espacial, renovar la Política Nacional Espacial 2014-2020 y asegurar que el Estado chileno tenga una política continua y robusta, con un presupuesto adecuado para tener la capacidad de articular iniciativas científico-tecnológicas tanto nacionales como internacionales.

Ministra Valdés: Baldes de Agua Fría

Gracias, Ministra. Queda más claro todavía, aunque ya el actual ensombrecimiento de los indispensables caminos de la Cultura lo venían evidenciando: este gobierno sencillamente  ignora los esfuerzos culturales de todo el amplio y generoso espectro formado por todos los que vemos en la actividad artística una feliz forma de vida que se traspasa a toda la sociedad.

La sentencia vino clara y desenfadada, desde la propia ministra de esta actividad que, por su naturaleza pura de sentimiento y acción, despierta sueños de todos:

«Un peso que se coloca en Cultura, se deja de colocar en otra necesidad», dijo Consuelo Valdés.

Y eso es lo que se le agradece: las cosas claras. Nefastas, impresionantes. Pero verdades sin tapujos. Incluso, ante esa declaración que aumentó iras y sinsabores en los círculos culturales donde ya los hay y de sobra, con justeza se comenta que hubiese sido preferible la acostumbrada ausencia de la ministra en vez de que visibilizara esa ponencia demoledora contra los trabajadores de la cultura.

Son baldes de agua fría, ministra Valdés. Y sirven para que establezcamos que no podemos estar peor ni contar con su apoyo. Y desde esta realidad seguir luchando. Sí. Hay que ser realistas y pedimos lo posible. Obviamente el presupuesto anual no pertenece al ministerio de las Culturas, ni a la ministra del ramo ni al Estado. Está claro que “es de todos los chilenos” y lo ponemos entre comillas porque es una frase demasiado repetida. Lo señaló ella misma en relación con la campaña que aboga por un 1% de este presupuesto para apoyar la industria cultural chilena, golpeada por la crisis en su más amplio escenario.

En marzo pasado en el Ministerio de las Culturas y las Artes se concretó una consulta para aclarar las medidas que, en opinión de colectivos, organizaciones y artistas, dicha Secretaría de Estado debiera levantar para atender las demandas y urgencias. Se revisaron reasignaciones (económicas), de actividades que no se podían realizar por la pandemia, y se elaboró una serie de medidas. Tiempo después, en relación al presupuesto 2021, la ministra mostró su optimismo:

“Tenemos la convicción de contar con buenas cifras, dentro del contexto sanitario, económico y de desempleo que está el país. Ojalá lleguemos a un presupuesto del 1%”.

Y agregó detalles sobre la estrategia que adoptó el ministerio: convocatorias,  fondos especiales, adquisición de contenidos culturales, derechos de autor, fuentes de ingreso a artistas, creadores, productores, actores. Y un aumento de la oferta de contenidos culturales al público.

Ahora, cuando la ministra Valdés al definir que los recursos no pertenecen “ni a este Ministerio ni al Estado, sino que son fondos de todos los chilenos y un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”, da la espalda a todo lo anterior. Es una perfecta forma de no comprender al mundo de la cultura. El problema es que la ignorancia siempre es nefasta y el daño que se está haciendo tiene consecuencias que no son insospechadas: se saben. Incluyen abandono y desprecio hacia el mundo cultural que vibra en todo el territorio nacional.

Incluye, también, una triste realidad: que en Chile la cultura no es un derecho.

Gracias por aclararlo, Ministra.

Acción Docente Crítica: Verso Sub-Versivo Transformador

Escribo después del poderoso triunfo del “Apruebo” en el Plebiscito del 25 de octubre pasado. Hace poco más de un año se inició una movilización social masiva (“estallido social” o “revuelta social”) que ocupó los espacios públicos y se debatió en los espacios domésticos y virtuales. Generó el acuerdo político de un Plebiscito para una Nueva Constitución en Democracia, el que se realizó el 25 de octubre de 2020, con una legitimada participación mayoritaria pese a la pandemia COVID 19.

Ese proceso de movilización y triunfo social no es producto sólo de la relevación de estudiantes secundarios contra el alza del pasaje del Metro (“No son 30 pesos, son 30 años”). Los problemas no se deben a las tres décadas de Democracia, algo de ello hay, pero vienen desde los 80 con la privatización de la educación del Estado subsidiario y al cual resistieron activa y valerosamente profesores/as críticos y transformadores. Hemos reconocido en Página 19 el gran valor de los docentes en la Pandemia. Hoy quiero compartir una reflexión que me surgió cuando salía de emitir mi voto y caminaba por la Avenida Caupolicán de Temuco. Mucha gente votando y una multitudinaria juventud que lo hacía por primera vez, seriamente y respetuosa de los mayores; con sus celulares y audífonos, esperando con paciencia su turno de votar…

La calle del apruebo

…Caminaba con una satisfacción profunda por el acto vivido al rememorar la gran movilización social con fuerza juvenil de este último año, recordar el movimiento feminista, el universitario por la gratuidad, el secundario pingüino por la calidad de la educación,  las largas huelgas universitarias contra la Ley Marco, el paro de las y los  docentes por el Colegio de Profesores y luego por el Estatuto Docente: son 50 años de lucha pedagógica. Entonces recordé esa idea de Paulo Freire que la educación en sí no transforma el mundo sino transforma las conciencias de aquellos que sí transforman la sociedad y se activan masivamente cuando se dan las condiciones históricas que la permiten. Y emergió de los testimonios de los y las jóvenes socialmente movilizadas y muchos de ellos politizados, la imagen de esos profesores y profesoras en medio de sus aulas, en sus orientaciones y consejos, en sus análisis críticos de hechos contingentes, de solidaridad en momentos difíciles, de contención y compasión con muchos, enseñaban a pensar críticamente, a analizar y formar con autonomía y reflexión el ser ciudadano de sus estudiantes, a descubrir las principales contradicciones de la sociedad y a optar por soluciones democráticas que implican compromisos activos y colectivos, valorando la acción social y política.

 ¡Cuántos académicos/as formaron profesores y profesoras críticos/as y transformadores/as en la universidad! ¡Cuántos profesores y profesoras lo hicieron con los estudiantes que pasaban por sus aulas! ¡Cuántos de éstos ingresaron a la universidad y hoy son profes que se movilizaron y votan juntos con sus estudiantes! Hermosa educación sub-versiva: educadores con un sub-verso al oficial en los que su testimonio es discurso curricular que marca el alma generosa de la juventud, en que su palabra es orientación y consejo de buena vida personal y colectiva, en que sus enseñanzas muestran rutas teóricas y metodológicas para pensar con autonomía, libertad y crítica, en que sus prácticas pedagógicas enseñan a ser prácticos, cooperativos, pacíficamente activos, conscientemente movilizados.

Más de uno o una con su militancia social, religiosa o política aminoró juicios o prejuicios sobre organizaciones sociales o partidos políticos. Docentes que tienen un verso, un texto, una palabra con significados propios, que se expresan no sólo en los actos de una enseñanza oficial, formal, de acuerdo a indicadores o parámetros dados sino por el verso transformador, revolucionario, crítico, alternativo, democrático, de paz, corporalizado en los gestos y testimonios, en los sentidos de textos escogidos para el análisis crítico, en la relación social de aprendizaje cooperativo, activo y dialógico del trabajo en aula, en la conciencia activa respetuosa de los estudiantes para desvelar por la investigación seria contradicciones sociales y fundamentos del conocimiento, ayudando a establecer relaciones entre elementos aparentemente aislados e independientes, generando una conciencia de servicio y compromiso con los otros. El verso testimonial autónomo y no manipulador de los/as profesores/as es sub-versivo.

No atribuyo a los profesores y profesoras, a los académicos y académicas, las causas del gran movimiento social que llevó al Plebiscito y a una Nueva Constitución para cambiar las actuales relaciones de poder. No son la principal razón, hay muchas e históricas, pero, estoy seguro, son una de ellas: la pedagogía crítica transformadora es sub-versiva, tiene verso propio, libre, crítico, corporalizado y cooperativo autónomo del oficial. Así contribuye a la transformación social colectiva.

Qué Escribir en Nuestra Nueva Constitución

Salvada con éxito la primera barrera en la larga marcha por tener un país mejor, tras el triunfo absoluto del “Apruebo” y además, la Convención Constitucional como herramienta para llegar a la meta, hemos pasado a una etapa no menos difícil: diseñar qué Carta Magna queremos y quiénes la escribirán. Por ahora, centrémonos en lo primero.

En primer lugar hay que definir qué valores queremos que la Constitución proclame, garantice y defienda. Según la educación que cada cual recibió en el hogar, la escuela, la iglesia o el partido político, hay mucha variedad y por tanto, comienza el intercambio de ideas.

El primer impulso es diseñar una Carta Magna que refleje el Chile que una sueña. El que vemos como el mejor a través de nuestro pensamiento, enriquecido por ideas de nuestros distintos bagajes culturales. Yo lo sueño como un país plurinacional, democrático, multicultural, donde haya libertades de expresión, opinión, e información, y donde yo pueda expresar mis propios pensamientos  en medios ajenos o propios (en suma, derecho a la comunicación). Un Estado no-patriarcal, donde hombre y mujer sean iguales en oportunidades y en participación. Eso, como punto de partida.

Luego, asegurar un Estado que garantice – no solo proclame – los derechos sociales a la salud, la educación, a un trabajo, vivienda y pensión de vejez dignos, y un ambiente libre de contaminación. Libertad de conciencia y de culto, donde todos los credos sean iguales ante el Estado, sin que ninguno se vea favorecido.

Un Estado donde nadie se aproveche del trabajo de otros para beneficio propio, donde patrón y trabajador se sienten a la misma mesa, en igualdad de condiciones, y resuelvan sus diferencias conversando; donde los ingresos de los primeros no sean escandalosamente más altos que los del último peón; donde las riquezas naturales del país – incluyendo el agua y el aire limpio – no se vendan a cualquiera empresario, nacional o extranjero, asegurando que sus frutos beneficien a todos.

Sabemos que la Nueva Constitución no es un programa de gobierno y por lo tanto, no puede tener tantos capítulos o ítems como si lo fuera. Pero sí debe garantizar que esas aspiraciones de los chilenos puedan realizarse bajo su marco. Lo que no permitía la Constitución del 80, que sepultamos. Aquélla sí era un programa de gobierno inamovible con su régimen económico, el capitalismo neoliberal. Una camisa de fuerza donde había que moverse sólo en la dirección que los pocos que la escribieron pensaron que era lo mejor para todos, engañándonos con la falsa promesa del “chorreo”, pero al final se comprobó, era solo lo mejor para ellos, la élite.

Una Constitución o Carta Magna es un conjunto de reglas para que el desenvolvimiento y la vida de las personas sea mejor que la de ayer para todos quienes habitamos este territorio entre desierto y hielos, entre cordillera y mar. Una que permite distribuir mejor el poder para que todos, siendo iguales en derecho, valgamos lo mismo y podamos participar en igualdad de condiciones en las decisiones que nos afecten. Y como es un marco de vida para todos los chilenos y pueblos que conviven en el territorio, debe permitir plebiscitos para auscultar la voluntad de la gente cada cierto tiempo, o bien, resolver cuando surjan problemas ante temas cruciales para el mejor desarrollo del país.

Si queremos incluir todas nuestras aspiraciones, sería bueno considerar lo expresado hace un par de años en los Cabildos en que participaron más de 200 mil personas, convocados por la entonces Presidenta Michelle Bachelet. Ellas han sido ordenados y sistematizados por un grupo encabezado por el abogado constitucionalista Patricio Zapata y sirvieron de base para una propuesta de un proyecto de Constitución que nadie alcanzó a conocer y que descansa en el Congreso desde marzo de 2018. Pero como posteriormente los jóvenes de todos los sexos de hoy han salido a la calle a expresar sus demandas, y gracias a ellos estamos hoy diseñando una nueva Constitución, habría que sumarlas poniéndolas en primer lugar, ya que han sido proclamadas con sangre, sudor y lágrimas por una nueva generación sin los miedos que ataron de manos a la nuestra.

Lo que parece acomodar mejor a todos los ciudadanos que queremos un cambio sería un Estado de Bienestar, como los que existieron hace años en el mundo, aunque ahora se habla de un “Estado social de derechos” que garantice – es decir, el Estado debe procurarlos so pena de infringir la Carta Magna – nuestras aspiraciones para una nueva sociedad libre, realmente democrática, es decir, inclusiva. Donde nadie quede afuera de una vida digna como la que cada uno de quienes vivimos bajo este cielo que nos cobija entre la Cordillera y el mar, merecemos.

Diputada Daniella Cicardini Ingresa Proyecto que Sanciona el Bullyng a Estudiantes por Identidad de Género al Interior de los Colegios

La diputada socialista Daniella Cicardini ingresó un proyecto denominado” Ley José Matías”, en homenaje al adolescente que se suicidó debido al Bullyng y maltrato recibido en su colegio por ser Trans.

La parlamentaria dijo que «basta con el Bullyng, basta con la discriminación en las escuelas, basta del dolor y sufrimiento de los niños. El caso de José Matías es un ejemplo claro de que lo se ha hecho en materia de educación no es suficiente».

«Queremos que la tarea de terminar con la discriminación se proyecte a los colegios, escuelas y liceos. Sabemos que en muchos casos no se están respetando los derechos de los adolescentes trans.  Por eso, mediante este proyecto queremos que se prevenga y sancione a los sostenedores que no adoptan las medidas a tiempo y que permiten actos de Bullyng», dijo Cicardini.

En esta misma línea, la parlamentaria explicó que el proyecto establece «la obligación de denunciar cuando hay maltrato por identidad de género, incorpora capacitación y educación. Este es un tema actual y no queremos que casos tan dramáticos como el de José Matías vuelvan a repetirse en Chile, por eso es que esperamos tener un apoyo transversal a esta ley» concluyó Daniella Cicardini.

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