De la fuerza poderosa que mostró la Lista del Pueblo cuando recién se instaló la Convención Constitucional hoy queda poco. Ya son ocho de sus integrantes los que la han abandonado, arguyendo distintas razones, pero con un hilo conductor. Así lo explica el último de los que se alejaron, constituyente por el distrito 23 Helmut Martínez: “Veníamos con la sensación de haber pertenecido a una lista de independientes, luego al dar indicios de querer seguir participando en elecciones se desconcentraba nuestro trabajo constitucional, y la gota que rebasó el vaso fueron las situaciones que rayaban en la ética por las boletas. Por eso nos desmarcamos, más allá del derecho legítimo de la Lista de ir a elecciones o dar los pasos que quieran en política”.

Y ahora, para peor de sus males en lo que a imagen se refiere, “funaron” a uno de los más respetados constituyentes por no haber votado como la Lista del Pueblo, el PC y representantes de los pueblos originarios querían. Ellos estaban a favor de bajar el quórum a 4/7para aprobar cualquier iniciativa constitucional. El abogado Atria votó y defendió el quórum de dos tercios y explicó el por qué

La situación no deja de llamar la atención, habida cuenta que el Frente Amplio no se alineó con sus socios de pacto y en dos oportunidades votó en su contra en una subcomisión de la Convención Constitucional.

La funa

Ocurrió el miércoles, cuando la subcomisión de Reglamento Iniciativa y Norma debatió el quórum de dos tercios en la Convención, lo que quedó establecido en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, muy criticado por los comunistas, que no lo firmaron y también por parte del Frente Amplio. En solitario, su candidato presidencial, Gabriel Boric, sí lo hizo. Era la fórmula para garantizar que cualquier iniciativa de la nueva Constitución fuera aprobada por amplio margen. La derecha apostaba a obtener el tercio necesario para defender su Constitución. No lo obtuvo.

El abogado Fernando Atria, antes de la votación fundamentó su voto a favor de los dos tercios. “Lo que surgió del 15 de noviembre, lejos de neutralizar el proceso constituyente, que ya se había iniciado, fue lo que permitió canalizarlo y llevarlo al momento en que ahora nos encontramos”.

Mientras la convencional de la Lista del Pueblo, Elsa Labraña -que grabó las explicaciones del constitucionalista y luego las transmitió por Instagram Live para «funarlo» por redes sociales-, lo que se sumó a la difusión en las redes sociales de una denuncia contra los convencionales que votaron a favor de los dos tercios y en contra de una propuesta de «plebiscitos dirimentes», Atria explicaba su voto.

“Las limitaciones que se pretendieron introducir el 15 de noviembre para evitar la manifestación del poder constituyente del pueblo fueron progresivamente vencidas a través de su acción política y eso ocurrió con la composición paritaria de la convención constitucional; con la representación de pueblos originarios en la Convención Constitucional; con las reglas sobre independientes para la Convención Constitucional; y al final el 16 de mayo, con el hecho de que los dueños de la Constitución tramposa no tuvieron ni siquiera el tercio que ellos calculaban que obtendrían, con la finalidad de vetar el contenido de la nueva Constitución”. “El poder constituyente del pueblo no es un concepto o una teoría. Es una realidad política que se manifestó, se manifiesta y se ha manifestado bajo nuestros ojos o ante nuestros ojos, precisamente venciendo o redefiniendo los mecanismos que impedían su manifestación”.

Otro rechazo

Lo aprobado en la subcomisión debe ser revisada posteriormente en la comisión de Reglamento, y luego, ser ratificada en el pleno. Se anticipa que será aprobada ampliamente, tal como podría suceder con una propuesta presentada por el Partido Comunista, en el sentido de establecer plebiscitos dirimentes cuando no se alcance el quorum requerido, pero que una amplia mayoría haya votado a su favor. La propuesta fue rechazada.

Nuevamente el constitucionalista Atria explicó por qué no era una buena idea. Advirtió que comprometer plebiscitos ciudadanos que después podrían no llevarse a cabo, podía generar la sensación en la ciudadanía de que se les negó ese derecho a través de una “cocina”. “La indicación 129 es demasiado genérica e implicaría que se plebiscitarían todas las iniciativas que obtuvieren más de la mayoría y menos de un tercio sin especificar nada más. Yo creo que ese es un tema demasiado importante como para solucionarlo en tres líneas”.

“Si se le añaden condiciones eso puede llevar a que tengamos una regla que suponga plebiscitos eventuales, es decir plebiscitos como mecanismos de desbloqueo que pueden ocurrir o no. Yo creo que eso, que la Convención anuncie en el día uno con bombos y platillos que hay la posibilidad de plebiscitos eventuales y después resulte que, porque el problema del bloqueo no se suscitó, el plebiscito no se va a realizar… yo creo que ese es un escenario imposible para la Convención”.

“Ese es un escenario que va a ser visto como que, mediante a algún acuerdo o determinada cocina se le escatimó al pueblo un derecho que ya se le había anunciado de proponer un plebiscito. Entonces yo creo que la cuestión del plebiscito es una cuestión que puede ser discutida, por cierto, pero que es más delicada y que puede tener más efectos que los que uno pueda apreciar, como para simplemente en dos líneas y medias darla por zanjado”.

La respuesta

El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, defendió la actuación del abogado Atria. “Los dos tercios no son una quimera inalcanzable. Las fuerzas políticas detrás de los dos tercios están y están trabajando juntas. Por eso digo que, hoy día, ese tema es innecesario y quizás responde a otra agenda política, distinta a la agenda constituyente”.

Señaló que después de las elecciones del 15 y el 16 de mayo “nos dimos cuenta de que todos los sectores políticos que tenemos representación constituyente somos minoría; que no hay ningún grupo que, por sí, solo tenga la mayoría suficiente para empujar acuerdos y, al mismo tiempo, no hay ningún grupo que, por sí solo, tenga el poder de bloquearlos”.

Y explicó lo que -a su juicio- hay detrás de las “funas”. “Hay grupos en la Constituyente, transversalmente, que son muy vociferantes, que amplifican artificialmente las ‘polémicas constituyentes’ a través de las redes sociales y que tratan de presionar para que las mayorías, de las que no forman parte, decidan en una línea más parecida a la que ellos quisieran». Añadió que ello «es preocupante, porque, independiente del sujeto sobre el cual recae la ‘funa’, es clave que la deliberación política se construya en torno al diálogo que abre la diferencia, no en torno al escándalo que surja de la diferencia (…) Pensar distinto y votar en consecuencia con lo que uno piensa nunca debería ser objeto de ‘funa'».

No es casualidad, entonces, que un abogado ligado a los derechos humanos, Luis Mariano Rendón, haya escrito en su twitter: “Mis respetos a @fernando_atria que está ejerciendo en forma muy responsable su cargo, enfrentando tanto a la derecha boicoteadora como a la ultraizquierda que nunca ha valorado este proceso constituyente”. Y otro en el mismo sentido: “En la Convención la derecha no tiene 1/3 para vetar y se han obtenido acuerdos súper avanzados, como el de la libertad de los presos de la revuelta, con 2/3. Francamente, seguir cuestionando el quórum ya parece que es solo por joder”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron los reiterados actos de persecución realizados por parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa registrados en el contexto de las elecciones presidenciales de Nicaragua que tendrán lugar en Noviembre próximo.

En un comunicado conjunto, las organizaciones informan que en los últimos dos meses “y ante la intensificación de la represión en el país”, han documentado que por lo menos 12 periodistas de prensa escrita, medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país, se han visto obligadas y obligados a salir al exilio por temor a represalias en su contra. A esto se suman los allanamientos ocurridos en el mes de mayo contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro así como de la revista digital Confidencial y del programa televisivo Esta Semana.

Graves ataques a la libertad de expresión

“Estas reiteradas conductas constituyen graves ataques y restricciones indebidas en contra del derecho a la libertad de expresión, que en algunos casos constituyen actos de censura. Todo ello afecta no solamente a los derechos de periodistas y propietarios de medios de información, sino también al derecho de toda la ciudadanía a tener acceso a una información plural”, señala la declaración.

Los organismos enfatizan que tal como afirmó el Comité de Derechos Humanos, “la libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas […] es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos [de participación política]. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública”.

Añaden que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH considera este derecho como “un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” y plantea que “Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión” y advierte que las “Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Advierten también que el hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios, periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima generalizado de miedo y autocensura. “En el marco de un proceso electoral resultan además especialmente graves, e incompatibles con la democracia y con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”, subrayan.

Por último, la CIDH, su RELE y OACNUDH exhortan al gobierno de Nicaragua a que cese toda conducta que afecte los derechos de periodistas y medios de información, a que libere de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a que restablezca el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, “en particular todas las garantías para que los medios de comunicación continúen informando libres de interferencias indebidas”.

Persecución, allanamientos, encarcelamientos y exilio

Entre los casos expuestos por la CIDH y OACNUDH en su comunicado se menciona que desde el 20 de mayo, las autoridades nicaragüenses iniciaron investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la que dejó de operar en febrero 2021 debido a los requisitos impuestos por la Ley de Agentes Extranjeros, al igual que hizo la filial en Nicaragua de la organización de escritores y escritoras PEN International. Esta ley “considera ´agentes extranjeros’ a las ONG´s que obtengan fondos de la cooperación internacional, les prohíbe trabajar en ´temas de política interna y externa´ del país sin definirlos de manera precisa, y establece controles arbitrarios y excesivos que obstaculizan la labor legítima de la sociedad civil de Nicaragua”, indican.

Agregan que el mismo 20 de mayo fue allanada la sede de la revista digital Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro, quien un mes después se vio forzado a volver al exilio, de donde había regresado a finales de noviembre de 2019. Asimismo, el Ministerio Público ha citado a declarar a más de 25 periodistas, trabajadoras y trabajadores de medios que colaboraron o participaron en actividades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, varios de los/as cuales recibieron amenazas con imputaciones penales.

A ello se suma que el 20 y el 21 de junio, respectivamente, fueron detenidos dos periodistas, Miguel Mora y Miguel Mendoza. El primero, además, era precandidato presidencial, propietario y antiguo director del canal de televisión 100% Noticias. El cronista deportivo Miguel Mendoza habría sido detenido debido a sus comentarios críticos en redes sociales. Ambos continúan en prisión en un régimen de incomunicación total, bajo alegaciones genéricas basadas en la Ley 1055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, con base en un procedimiento sin las debidas garantías procesales.

En tanto, el 13 de agosto, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron las instalaciones del diario La Prensa, incautaron bienes materiales y detuvieron al día siguiente a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.

Un señor que pese a sus esfuerzos ha sido absolutamente irrelevante en la política chilena, con un gran currículum relacionado con su paso por la Armada, donde entre otras destinaciones fue su Comandante en Jefe y edecán del dictador Pinochet, un militante de la UDI con grandes ambiciones de protagonismo y que pasó por el Parlamento sin dejar huellas, hoy día está en el peack de la agenda noticiosa. Y lo increíble de este “minuto” de fama, sobre el cual se han pronunciado tirios y troyanos a su favor, es que se lo regaló nada menos que un grupo de convencionales de la comisión de derechos humanos que lo vetó para estar presente en las audiencias testimoniales sobre el delicado tema.

Curiosamente el conflicto del ex marino opacó en alguna medida lo que está ocurriendo en el espectro político opositor. Falta poco menos de una semana para saber quién será el o la contendora de Sebastián Sichel y Gabriel Boric por parte de Unidad Constituyente. Un Sichel que, pese a sus esfuerzos, aun no logra sacarse el sambenito de ser el candidato “independiente” arropado por el gran empresariado y por la derecha venida a menos que ve en él a su Salvador.

Las campañas de Paula Narváez, socialista, Yasna Provoste, DC y el radical Carlos Maldonado, prácticamente se cerraron con el debate realizado por algunos canales de televisión el pasado domingo. Fue con guante blanco y de acuerdo a las opiniones en la prensa y en las redes sociales, quien venció en esta oportunidad fue la candidata socialista, que apareció como una líder decidida, segura y clara en sus planteamientos.

Lo que pudo ser y no fue

Por otra parte, el tema del personaje en cuestión opacó lo que está ocurriendo en la Lista del Pueblo, donde se desataron las pasiones a propósito de la elección de un candidato presidencial que represente al grupo que no es partido pero que actúa como tal. Tanto que los mismos errores y defectos que dicen detestar de los partidos políticos tradicionales, lamentablemente los están repitiendo para solaz de sus adversarios y dolor de quienes veían en ellos una alternativa diferente en la política.

Lo que hicieron con el ex sindicalista Cristián Cuevas, a quien primero nombraron como su candidato y luego lo dejaron en el camino, optando por las precandidaturas de Diego Ancalao, Soledad Mella e Ingrid Conejeros, mereció al menos calificativos como “infantilismo” e “irresponsabilidad política”, por parte de analistas del acontecer nacional. Cuevas decidió mantener su candidatura y está por verse si cada uno de los nombrados alcanza la cantidad de firmas que se necesitan para ser candidatos reales.

“Matar comunistas”

La Convención Constitucional en tanto, sigue creciendo y poniéndose pantalones largos, pese a los no pocos intentos de la derecha recalcitrante de provocar su descrédito y en lo posible, paralizar su accionar. Ahí es donde se inscribe lo ocurrido con el almirante Arancibia. Y en una de esas, el exabrupto de un ex subsecretario de salud de triste recuerdo.

Un dato no menor, es que no es que Arancibia fuera elegido por sus pares para ser parte de la comisión de derechos humanos de ese organismo. El se ofreció. Y lo que queda en el misterio es el por qué de tal decisión. ¿Fue un acto espontáneo o es parte de una estrategia?

Luego, ocurrió que, por 10 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra, la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó un voto político para dejar fuera de las audiencias públicas al ex almirante de la Armada y convencional electo, Jorge Arancibia. La presencia del ex marino era objeto de cuestionamientos por algunos convencionales y organizaciones de DD.HH. a raíz de su rol como ex edecán de Augusto Pinochet y por declaraciones del exsenador reivindicando a la dictadura y defendiendo a los reos por delitos de lesa humanidad presos en el penal especial de Punta Peuco.

Para la candidata socialista Paula Narváez “lo que ha hecho el señor Arancibia es un acto de provocación miserable. Considero que es revictimizante para las víctimas. Si el participara de audiencias públicas, sería tremendamente doloroso para las víctimas, siendo él cómplice de la violación es a los derechos humanos”.

Hay muchos que opinan como la candidata socialista, señalando que la presencia de Arancibia es una clara provocación, cuyo fin sería presionar para ser destituido de la comisión de DDHH debido a su pasado pinochetista. Un analista explicó al respecto: “Si lo echan de la Comisión por esos antecedentes, se estaría violentado el derecho a participar por razones ajenas a la normativa de la Convención y, en ese instante se podría acusar a los constituyentes -y en este caso a los mayoritarios- de actuar voluntariosamente, motivados por odios o venganzas y deslegitimar así las decisiones de la CC”. Sin embargo, hay una opinión mayoritaria señalando que no corresponde el veto. Dice el mismo analista que “pese a los cuestionamientos, él es un convencional legalmente elegido y puede, de acuerdo a las normas establecidas, participar en la Comisión de DDHH, independientemente de sus antecedentes éticos o morales o responsabilidades que no han tenido sanciones penales”.

Así las cosas, para el almirante se convirtió en una dura realidad aquello de que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Porque es difícil olvidar sus declaraciones hechas el año 2013 al programa “Cuando Chile cambió de golpe” de Informe Especial de TVN. Al ser consultado sobre el descontento de la Armada con el gobierno del Presidente Salvador Allende dijo: “Había unos letreros que llamaban a la subversión de la gente, que se pegaban en las calles, etcétera. Era una situación tan tensional que yo dije, mire, si seguimos así yo pesco un fusil, me voy al cerro y voy a ir a matar, oye, a comunistas, para decirlo francamente, porque ese era mi objetivo personal”.

El exabrupto de un ex subsecretario

Tal parece que no era un objetivo añejo. Es cuestión de ver las redes sociales y comprobar cómo se ha colado el anticomunismo entre los jóvenes. Un ejemplo reciente: el ex subsecretario de Salud del gobierno de Piñera, y actual convencional UDI, Arturo Zúñiga, no se reprimió y dejó que asomara su espíritu lejano a lo democrático. A propósito de declaraciones del presidente de la comisión de ética, marcos Barraza, quien lo acusó de intentar obstruir el funcionamiento de esa comisión, a raíz de su inasistencia a la sesión donde se votaría un punto importante. El constituyente de Vamos por Chile se excusó supuestamente porque no recibió el aviso con 24 horas de antelación ya que este le habría sido enviado sólo con 22 horas de anticipación. En su excusa, Zúñiga indica que “yo no puedo participar, porque habiéndose cumplido un plazo para citar agendé otra actividad. Por lo mismo, insisto en que esta sesión no puede llevarse a cabo, menos aun cuando estamos votando. Pido revisar esto con la coordinación de la mesa”. Pero tal situación fue desmentida por Barraza, lo que molestó a Zúñiga.

El jueves emplazó directamente a Barraza: » Yo quiero comentarle al señor Barraza, por si no lo ha sabido y se lo puede preguntar a la coordinadora María Elisa Quintero, que es el compañero con quien usted se sienta al lado en la Comisión de Ética, que ella sabe perfectamente la razón por la cual yo no asistí, que fue la misma que por la cual tuve que ir hace dos semanas atrás, que es una razón médica de mi hijo de seis años. No es una obstrucción política».

«Lo que usted hace, señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo está haciendo, llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones. Le pido por favor que se retracte», cerró su réplica.

Y así van las cosas en la Asamblea Constituyente. Lento, pero seguro dicen los más optimistas. Y se quiera o no, lo que allí ocurra, incidirá en las elecciones que se preparan para las elecciones de noviembre. La fecha límite para la inscripción de candidaturas presidenciales, parlamentarias y de Cores, fijada por el Servicio Electoral, es el 23 de agosto. Ese día, el escenario político entrará en la recta final para la decisión final de chilenos y chilenas respecto a los destinos del país en pocos meses más.