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Zonas de Sacrificio: Continúa Presencia de Carbón en Playa de Puchuncaví

De negro amaneció la playa Ventanas en la comuna de Puchuncaví este martes 9 de febrero, tras un nuevo varamiento de carbón en las costas. La zona lleva más de dieciocho episodios de la misma envergadura, desatando preocupación en sus habitantes debido a las inminentes consecuencias que podrían significar en temas de salud.

Desde hace años, las localidades de Quintero, Horcón y Puchuncaví, ubicadas en la Región de Valparaíso, han estado en la palestra debido a la enorme contaminación provocada por el sector industrial en la zona, que ha vulnerado el derecho de la población de vivir en un ambiente libre de residuos tóxicos, y que afecta cada vez más su calidad de vida.

Pese a que las autoridades han manifestado que aún no se conoce al causante de los reiterados varamientos de carbón en la zona, es sabido que las cuatro centrales termoeléctricas a carbón, junto a empresas que manejan productos químicos nocivos para el ser humano, son los responsables de la ya histórica contaminación en la región. “La situación ambiental en las zonas de sacrificio es bastante grave porque tenemos contaminados los suelos, las aguas, el aire, el fondo marino, todo”, recalcó Katta Alonso Raggio, vocera de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero -Puchuncaví en Resistencia, en conversación con Página 19.

En este sentido, la activista no solo se refirió al problema de salud pública que enfrentan estas localidades, sino que también enfatizó en las pérdidas económicas de sus pobladores. “Nosotros antiguamente vivíamos de la pesca, agricultura y turismo. Hoy en día no se puede hacer casi nada de eso”, dijo.

Según las estadísticas del Instituto de Derechos Humanos, sólo el 6,6% de la población de la zona trabaja en las empresas, por lo que el resto sigue viviendo del turismo. “Es cada vez más precario porque hay gente que tuvo que vender sus casas e irse. Los veraneantes que antiguamente acá tenían la misma plusvalía que Cachagua, también descendieron”, añadió Alonso.

En 2018 se registraron un total de 146 varamientos de carbón en la Playa Ventanas. En 2019 fueron 185 y en 2020 hubo un total de 120. “Las autoridades dicen que ha disminuido, lo que es chistoso porque la respuesta que nos dan es que no nos preocupemos porque limpiarán a primera hora en la mañana. Pero vuelve a subir la marea y vuelve el carbón a las orillas”, subrayó la vocera de Mujeres de Zona de Sacrificio, denunciando la falta de voluntad política para defender a las y los habitantes que están sufriendo por la severa contaminación.

Considerando que la Armada es la principal responsable de la fiscalización de lo que sucede en el mar, tampoco ha demostrado hacer su trabajo, lo que se ha visto evidenciado en el supuesto desconocimiento de la proveniencia del carbón.

La esperanza de la nueva Constitución

Actualmente la Constitución dice que la población tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Sin embargo, esto claramente no ha sido respetado y, según Katta Alonso, es por la falta de normas al respecto.

“En la nueva Constitución tendríamos que poner que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, porque como no hay normas al respecto, la justicia simplemente se lava las manos decidiendo que no hay contaminación”, aseveró.

Es importante que la Convención Constitucional se detenga a discutir cada punto relacionado a la preservación de los ecosistemas y la protección de la salud de las personas, que se ha visto afectada por temas medioambientales. “Hay que tomar una serie de medidas y poner en la Constitución que se preserve la naturaleza”.

Para que esto se cumpla, Alonso argumentó que uno de los principales cambios debe ser crear un Ministerio del Medio Ambiente autónomo y que no defienda los intereses políticos de nadie. “Necesitamos un Ministerio capacitado y empoderado que funcione como hoy lo hace el Instituto de Derechos Humanos”, expuso.

Familia de Malabarista Exige Justicia Frente a Rebaja de Cautelar a Carabinero

Tras la medida cautelar puesta por la Corte de Apelaciones de Valdivia el día de ayer, que modificó el arresto domiciliario por firma quincenal y arraigo nacional para Juan González Iturriaga, carabinero imputado por el homicidio de Francisco Martínez Romero en Panguipulli, las hermanas del malabarista, junto a abogados de la Defensoría Popular, se manifestaron hoy en Plaza de la Dignidad, para exigir justicia y en rechazo a la decisión.

El sargento disparó seis veces en contra del joven, lo que le significó la muerte. A pesar del impacto mediático, el Tribunal de Garantía insiste en formalizarlo como homicidio simple. “Nosotros apelamos a dicha resolución. Entendemos que, a la luz de los hechos, el video que ha sido profusamente divulgado por los medios de comunicación muestra que es un crimen alevoso, por lo menos de un homicidio calificado y no un homicidio simple”, enfatizó Rodrigo Román, miembro de la Defensoría Popular y abogado de las hermanas.

En este sentido, Lisette Torres y Rocío Caviedes, hermanas de Francisco, expresaron su indignación frente a la medida impuesta tras el acogimiento de la solicitud del abogado defensor del imputado, Pablo Ardouin, quien apeló a que González actuó en legítima defensa.

“En ningún caso el policía actuó bajo la Ley. No puede ser que un control de identidad sea pistola en mano. Esto está absolutamente fuera de los protocolos”, señaló el abogado.

“Los carabineros en estos momentos están haciendo lo que ellos quieren. Te ven en la calle, te hacen control de identidad, y si te reúsas, te matan. Somos seres humanos, se supone que es una institución que nos protege y la verdad es que no están protegiendo a nadie porque están matando a mansalva”, declaró Lisette Torres, quien se manifestó sorprendida frente a la medida. “Mató a una persona en la calle sin ni siquiera prestarle primeros auxilios”, añadió.

Junto con ello, denunciaron hostigamiento por parte de Carabineros luego del suceso, destacando la provocación por parte de la institución en su lugar de residencia. “Donde nosotros vivimos los carabineros nunca entran, la gente se aburre ya de llamarlos. Pero cuando estábamos velando al Pancho, empezaron desde temprano a pasearse por ahí para hostigarnos y enfurecer a la gente”, dijeron.

Recordaron que el caso de Francisco no es el único que incluye violencia policial dentro de su familia, ya que Anthony Araya, el joven lanzado al Mapocho en octubre del 2020, es sobrino del fallecido, por ello la familia expresó su temor frente a una posible persecución. “Coincidencia no es. A una misma familia dos veces, es muy extraño. Yo salgo con temor a la calle, porque si nos tocaron al Anthony y al Pancho, ¿qué nos queda a nosotros? No estamos seguros”, afirmó Rocío Caviedes.

Decisión sesgada

Durante la mañana de hoy se dio a conocer que María Elena Llanos, una de las ministras que integró la sala en la Corte de Apelaciones de Valdivia, es madre de Alejandro Bruggink Llanos, capitán de Carabineros y jefe de la sección del 0S-7 en Punta Arenas, razón por la cual, debido a su evidente parcialidad, debió haber sido inhabilitada del proceso.

“Nos parece extraño que una ministra, madre de un capitán de Carabineros, haya sido precisamente la que ayer, con su voto, señaló que había legítima defensa completa. Eso es lo más grave porque el voto mayoritario ayer fue arrollado según nosotros”, insistió Román, calificando de peligrosa la decisión, ya que “es señal de que entonces un policía en un contexto de control de identidad te puede disparar de cuatro a seis ocasiones”.

A partir de las medidas tomadas por las autoridades, la Defensoría Popular pretende presentar un Recurso de queja ante la Corte Suprema, para que durante los próximos días sea esta entidad la que resuelva la falta que involucra a la ministra Llanos.

 

La Ineficiencia de Una Política Migratoria y el “Eterno Deja Vu” de Colchane

“Es primera vez que se hace una expulsión tan masiva”, destacó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, refiriéndose a la expulsión de 87 migrantes. Así comenzaban a concretarse el “Plan Colchane”, con medidas adoptadas por los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores que visitaron la localidad norteña, para intentar detener la llegada de centenares de inmigrantes venezolanos.

No fue, sin embargo, lo que destacó de la visita el alcalde de Colchane, Javier García. Aseguró que las visitas de los ministros “genera una sensación de molestia y también de asombro porque hablamos de ministros de Estado que no siempre pueden venir a la comuna. Y la única forma que teníamos para acceder era dialogar y eso no se concretó”. Aseguró que no existió ninguna reunión de las autoridades con el municipio, ni con la comunidad, por lo que perdió la única oportunidad que tenía para presentar el petitorio que aborda la constante problemática de la comuna y tachó a las iniciativas del Ejecutivo como un “eterno deja vu”, aludiendo a las fallidas medidas que se han tomado en años anteriores.

 «Lo que queremos es que el Gobierno se haga cargo de no poner en riesgo a nuestros pobladores. Existen muchos pasos que el Gobierno puede habilitar si va a permitir el paso de extranjeros. Perfectamente podría habilitar otros espacios donde no se ponga en riesgo una cultura de un pueblo originario y donde los derechos humanos están siendo vulnerados». Y agregó que “la comuna no tiene electrificación las 24 horas del día. No contamos con supermercados ni con red de alcantarillado. Contamos con un consultorio que diariamente atiende a 30 personas y solamente ayer atendió a 260 pacientes, lo cual pone en evidencia la sobrepoblación y la sobrecarga laboral de los funcionarios aquí», declaró el alcalde de la comuna.

Crisis humanitaria

«La situación en sus países es tan compleja que prefieren pasar por más situaciones inhumanas para llegar a Chile y así tratar de mejorar su calidad de vida», declara David Vargas, un sacerdote familiarizado con el tema migratorio en el norte del país.

Según registros del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la mayoría de quienes ingresaron tras el cierre de frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia, son venezolanos. Waleska Ureta, Directora Nacional del organismo, advierte que lo vivido en las últimas semanas en Colchane y otros puntos del norte de Chile no es nuevo, «ahora se ha agravado el fenómeno del ingreso por paso no habilitado, pero esto viene dándose desde 2018. Coincide con la agudización de problemas sociopolíticos en los países vecinos y hoy con la crisis sanitaria producto del covid-19».

Ureta también destaca que, en los últimos años, quienes llegan al país “poseen perfiles bastante diversos en cuanto a formación y origen socioeconómico”, pero “lo que los unifica es la urgencia de encontrar un mejor nivel de vida y seguridad”.

Por otra parte, el subsecretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, asegura que el coronavirus es “la excusa que utiliza el gobierno” para no dejar pasar a las y los migrantes. Mientras que el alcalde de Colchane pidió a las autoridades trasladar de manera urgente a los 1.800 migrantes que se encuentran en la zona a ciudades con mejores condiciones, además de iniciar un diálogo a través de las cancillerías con países vecinos como Bolivia, Perú y Ecuador para controlar el fenómeno migratorio.

Crisis migratoria, algo nuevo para Chile

Chile experimenta en los últimos años un rápido y exponencial crecimiento migratorio. Actualmente en el país hay más de 1,4 millones de extranjeros, lo que equivale a más del 7% de la población. De ellos, la colonia extranjera más numerosa corresponde a la venezolana.

Frente a los primeros indicios de un mayor número de personas queriendo ingresar a territorio nacional en 2019, la respuesta de Perú y Chile fue incrementar las medidas de control en la zona fronteriza de Tacna y Arica, lo que obligó a las y los migrantes a buscar nuevas rutas de ingreso al país, entre ellas una de las más transitadas, la cual comienza en la frontera con Bolivia en Desaguadero, luego Oruro, Colchane, Huara  y  tiene como destino la ciudad de Iquique, para luego continuar el viaje hacia la zona sur.

En octubre de 2020, el ingreso por este paso creció de manera exponencial, llegando a cerca de 200 personas por día, de acuerdo a los registros de la Policía de Investigaciones (PDI). La distancia desde Colchane hasta Iquique son 237 kilómetros, trayecto que muchas veces las personas que migran inician a pie y al llegar a Huara, según testigos, presentan altos niveles de deshidratación y se encuentran en estado de shock.

Según información de la PDI, solicitada por Ley de Transparencia desde el SJM, si en 2019 nueve personas venezolanas ingresaron por paso no habilitado, esto aumentó a 3.333 el mismo año, y en 2020 (hasta noviembre), dicha cifra superó los 10 mil.

Waleska Ureta concluye que el tráfico de personas migrantes debe enfrentarse “no sólo a través de medidas migratorias, sino que la respuesta, ante todo, debe ser humanitaria”.

Según las estadísticas

Con respecto a las altas cifras que ya se presentaban en el mes de octubre del año pasado, el gobierno indicó que las razones se debían a un efecto “llamada”, producido luego de que comenzara el debate sobre el proyecto de Ley de Migraciones, el que habría generado una “expectativa de ingreso”. No obstante, expertos señalan que el incremento por pasos no habilitados obedece a una política de cierre, implementadas por el propio gobierno a través de medidas que prometían una migración más ordenada, pero que han hecho del cruce de frontera un escenario hostil que se ha profundizado con la crisis sanitaria.

Datos analizados desde el Servicio Jesuita a Migrantes con información solicitada por Ley de Transparencia a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, indican que a noviembre de 2020 se habían solicitado 223.801 VRD (Visa de Responsabilidad Democrática, una visa ofrecida por el presidente Piñera en Cúcuta). De este total se habían otorgado y con proceso cerrado 59.525 (27%). El problema de fondo es que 163.961 de estas solicitudes, es decir el 73%, habían sido rechazadas y 307 (0,1%) estaban aún sin resolver. Este escenario hizo virtualmente imposible que una persona o un grupo familiar proveniente de Venezuela pudiese ingresar a Chile de manera regular.

A mediados de enero el presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que autoriza al ejército a intervenir en el control migratorio en la frontera norte de Chile, y el mismo fue publicado en el Diario Oficial a finales de esta semana.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que “hoy cruzar la frontera no está tipificado como delito, pero con la nueva ley sí está tipificado como delito”, por lo que el decreto les otorga a las autoridades “herramientas en materia de expulsión inmediata”.

Desprecio por la dignidad humana

José Antonio Kast líder de la extrema derecha, no perdió la oportunidad y presentó un cuestionado plan que se titula: “Recuperemos Chile: plan para detener la invasión migrante ilegal”, donde expone 10 medidas para enfrentar la crisis migratoria, entre ellas, establecer un “Recinto transitorio” y un “Estatuto de Expulsión de Inmigrantes Ilegales”, además de asignar recursos económicos “que incluyan la construcción de zanjas en los perímetros cercanos a estos pasos, torres de vigilancia y habilitación de apoyo tecnológico (drones, visión nocturna para anticiparse al cruce ilegal de personas por la frontera” y la creación de una Unidad Especializada de la Policía de Investigaciones que replique el modelo de la Unidad de Inmigration and Customs Enforcement (ICE) de Estados Unidos, junto con la instalación de un campamento militar temporal en la zona de Colchane.

Las medidas propuestas por Kast, que representan un extremo en el debate sobre la Ley de migraciones que se sostiene en el Congreso, ha sido calificado como un discurso peligroso y carente de todo enfoque de derechos humanos.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que la expulsión de migrantes “vulnera los derechos humanos, y constituye un claro acto de racismo, expresivo de un gran desprecio por la dignidad humana y que se realiza con una cobertura mediática cuyo objetivo es ocultar la grave crisis de derechos humanos que vive muestro país”.

Por otro lado, desde la oposición afirman que la regulación migratoria debe adecuarse al escenario crítico que se da por una crisis sanitaria que afecta al mundo, sin olvidar la crisis humanitaria que afecta a países vecinos.

Homicidio de Malabarista: Comisión Chilena de DDHH Amplía Querella por Crímenes de Lesa Humanidad contra Piñera

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) anunció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la ampliación de la querella por crímenes de lesa humanidad, en curso desde 2020, a raíz de las vejaciones cometidas durante el estallido social.

La acción judicial contra el Presidente Sebastián Piñera, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Galli, del General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, y de todos quienes resulten responsables, se interpuso “a propósito del homicidio de Francisco Martínez Romero, cometido por Carabineros en Panguipulli”, detalla el comunicado oficial de la CCHDH.

Según se relata en el texto, por medio de la querella se pretende establecer la responsabilidad de las autoridades mencionadas en su “eventual calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión”.

El crimen del joven malabarista, ocurrido en la región de Los Ríos, reactivó los cuestionamientos a Carabineros Chile, institución que desde el estallido social ha enfrentado diversas acusaciones por su violento actuar.

La declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos indica que hoy en Chile, Carabineros es la institución que contempla la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos, incluidas la violación del derecho a la vida, “con escasos avances en las investigaciones que permitan acreditar la responsabilidad tanto de los funcionarios involucrados directamente como la responsabilidad de quienes conforman la cadena de mando, incluidas las autoridades políticas, como superiores jerárquicos”.

Carlos Margotta, Presidente de la CCHDH, dijo a Página 19 que la organización defensora de los derechos humanos viene planteando desde hace muchos años la necesidad de una reestructuración de Carabineros de Chile. “Se necesita una reforma profunda de las fuerzas de orden que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, la formación en derechos humanos y la subordinación al poder político y la sociedad civil”.

Agregó que es urgente que el Estado de Chile cumpla con las garantías de no repetición que exige la comunidad internacional a los países que transitan de un régimen autoritario a una democracia, las cuales son reformar las fuerzas de seguridad, las instituciones castrenses y el poder judicial. ”En consecuencia lo que ha quedado en evidencia es que esas garantías de no repetición son urgentes de adoptarlas”.

Recomendaciones pendientes

 El comunicado de la CCHDH denuncia que el Estado chileno no ha cumplido con 21 recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los cuales mencionan la obligación de “asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento”, además de “garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas”.

Entre las recomendaciones que están pendientes se encuentran: impulsar reformas estructurales para asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, reformar los sistemas de registro de detención, capacitar a los agentes en materia de derechos humanos y género, por mencionar algunas.

En el escrito, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicita al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que cite a declarar al Ministro del Interior y Seguridad Pública, al General Director de Carabineros de Chile, al Ministro del Interior, al Subsecretario del Interior, además del  Alcalde de la comuna de Panguipulli, Rodrigo Valdivia.

Calama, nuevo foco de conflicto para Carabineros

En tanto, hoy se realizó la audiencia de control de detención de dos carabineros acusados de abandonar a un hombre moribundo a las afueras del Servicio Médico Legal de Calama, quien finalmente falleció luego de ser trasladado por la PDI a un centro asistencial de salud.

En la instancia se determinó ampliar la detención de los involucrados para realizar diligencias pendientes que determinen la causa de muerte del hombre de nacionalidad boliviana. Según el relato de la policía civil, el individuo se encontraba gravemente herido al momento de ser encontrado.

Para Carlos Margotta, la opinión pública culpa y responsabiliza a Carabineros de Chile “producto de la actuación durante los últimos treinta años de la institución, pero fundamentalmente debido a los hechos que han ocurrido desde octubre de 2019 en adelante. Lo que demuestra que la institución perdió toda legitimidad ante la ciudadanía”.

“Voces en Rebeldía” Libro que Recopila 100 Relatos de la Revuelta Chilena

El libro de Ceibo Ediciones contiene vibrantes y emocionantes narraciones de diversos protagonistas de la revuelta social chilena. Son relatos sin intermediarios, escritos por mujeres, hombres, jóvenes, participantes de la primera línea, rescatistas, que reviven en conmovedores textos sobre la rebelión social y popular.

En noviembre de 2019 un grupo de profesionales de las áreas de pedagogía y comunicación crearon una página en Facebook e Instagram llamada @yotambienestuve para rescatar los relatos vivenciales de la rebelión popular que remece a Chile desde el 18 de octubre del mismo año.

“A partir del deseo de compartir relatos e historias de lucha, ya sea como actores o como testigos de las diferentes formas de protesta en la rebelión, surge la necesidad de crear un registro sistemático. La prioridad fue puesta en los relatos vivenciales, como una forma de resguardar y difundir una memoria presente que se debía construir para luchar contra el olvido, para hacernos parte de la historia que hasta ahora nos ha sido negada”, comenta Ximena Orellana, quien trabaja en esta importante recopilación.

Portada Libro Voces en rebeldía

Dauno Tótoro, director de Ceibo Ediciones, señala que en “Voces en rebeldía” hay aquello que faltaba: la no intermediación entre la voz y la traducción de dicha experiencia. “Todo recupera su esencia cuando se pronuncia desde el movimiento. Las voces rebeldes hablan aquí desde el territorio, desde la calle, la población, el barrio, la escuela, la olla común, la primera línea; y estas voces individuales coinciden y se vierten en un cauce común por donde circula y se entrelazan poderosas fuerzas que parecían extintas: la solidaridad, la empatía, el sentido de colectivo, la pertenencia, la indignación propositiva, la violencia creativa, la poesía de la revuelta”.

Añade que libros acerca del “fenómeno de octubre” se han publicado por docenas, pero “sólo en este, sin embargo, la palabra verdadera se expresa sin filtro ni intermediario”.

“Voces en rebeldía” se encuentra disponible en librerías del país y también se puede pedir directamente en Ceibo Ediciones al correo [email protected] (envíos dentro de Santiago y regiones).

En Inédita Convocatoria Virtual se Desarrolló el Encuentro Plurinacional De Las y Les que Luchan

Debido a la pandemia, este año se realizó de manera completamente virtual una nueva edición del Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan, evento que tuvo como objetivo definir el programa que movilizará a las y les feministas durante 2021, según manifestaron las organizaciones convocantes.

Además, en un año marcado por el Proceso Constituyente, las agrupaciones feministas se reunieron para leer el momento político que atraviesa el país. A lo que se le suma la crisis que se vive en nuestra sociedad y se manifiesta en los territorios, declararon.

En la instancia se elaboró un programa contra la precarización de la vida, y se acordó, entre las organizaciones y las feministas participantes, levantar un año de movilizaciones, desde los múltiples territorios que participaron, además de la huelga general del 8 de Marzo.

Alta convocatoria

 Durante 2018 la instancia reunió a 1.500 personas y en 2020 a 5.000 feministas. Sin embargo, a causa de las restricciones por el COVID-19, este año no hubo encuentro físico. A pesar de aquello, la alta convocatoria se mantuvo, puesto que según datos entregado por la organización, durante la jornada del sábado ya se contaban cerca de 2.400 feministas de todo el país.

El encuentro contó con charlas, debates, conversatorios y finalizó el domingo con presentaciones artísticas, instancias pensadas para cumplir con el foco del Encuentro Plurinacional de las y les que luchan, que según comunicó la organización, era “pensar y profundizar de manera colectiva y plurinacional un programa feminista contra la precarización de la vida/cuerpos y territorios, con énfasis en las alternativas feministas y disidentes para transformar radical y pluralmente la vida y junto a este, la forma que tomará el despliegue como movimiento a lo largo del año, fundamentalmente, apuntando a la caracterización de la huelga del 8 de Marzo”.

Entre las organizaciones que fueron parte de este encuentro están la Coordinadora Feminista 8M, Red de Mujeres Mapuche, Coordinadora Feminista Atacama, Mujeres en Resistencia Concepción, CF8M, Red de Periodistas Feministas, Red de Actrices Chiles, Autoras Chilenas, Coordinadora 19 de diciembre, Negrocentricxs, Red Chilena Contra la Violencia, Bibelot, La Morada, Red de Secundarias Feministas, Anfummeg, Feministas Articuladas en Movimiento y CF8m Rancagua.

Crisis humanitaria en Colchane: Organizaciones de Migrantes Acusan Vulneración de Derechos Humanos

Hace un tiempo está en la noticia el norte altiplánico de Chile, tras la masiva llegada de migrantes provenientes principalmente de Venezuela, que detonó una crisis humanitaria que tiene a miles de hombres, mujeres, niñas y niños a la deriva.

Esto se intensificó el pasado 1 de febrero en la localidad de Colchane, ubicada en la Región de Tarapacá, al borde de la frontera con Bolivia, que fue el epicentro del ingreso de cerca de 1.600 inmigrantes que entraron al país por pasos no habilitados.

Además, el 3 de febrero, el Gobierno confirmó la muerte de dos personas, Wladimir Godefroy Araujo, venezolano de 69 años y Elvia Valencia Cuero, colombiana de 36 años. Considerando que la zona se encuentra a más de 3.600 metros de altitud, donde las temperaturas marcan grados bajo cero durante la noche, se estima que ambas personas habrían muerto a consecuencia del frío.

La comuna de Colchane tiene menos de 1.400 habitantes, los cuales se han multiplicado tras la llegada de más de 15 mil inmigrantes que han cruzado este paso fronterizo desde Bolivia hasta Chile durante un año. Muchos y muchas se han visto obligadas a viajar a pie durante los hostiles terrenos altiplánicos, lo que ha significado un peligro integral para estas personas.

Por otra parte, al llegar al país, las y los migrantes se ven obligados a vivir en la intemperie. En este sentido, es una arista más de preocupación debido a la latente presencia del Covid-19. “Los inmigrantes están aglomerados, sin las condiciones mínimas. También con las bajas temperaturas es más posible que se propaguen enfermedades respiratorias”, declaró el alcalde de la localidad, Javier García.

Es por esto por lo que se hace urgente que, por parte del Estado de Chile, se tomen las medidas correspondientes para resguardar la integridad y salud de estas personas. “Hacemos un llamado para que la migración en Chile deje de concebirse como un asunto de Seguridad Nacional y sea incorporado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Que se reconozca la migración como un derecho garantizado por parte de los Estados”, enfatizó la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.

“No olvidemos que hay una responsabilidad de todos los Estados de la región de resguardar los Derechos Humanos fundamentales de esta población en especial, que están en una situación de alta desprotección”, aseguró Patricia Loredo de la Corporación Colectivo sin Fronteras.

Exigen respuestas humanitarias

Esta situación ha desatado aún más la indignación por parte de organizaciones migrantes, quienes acusan negligencia por parte del Estado chileno, que no ha hecho más que aumentar la presencia militar y policial en la zona, a través de la reciente activación de un decreto que permite a las Fuerzas Armadas actuar en el control fronterizo, desatando una violencia desmedida contra las personas que se encuentran migrando.

“Vemos con indignación que se han intensificado los refuerzos militares en las zonas fronterizas sin existir ningún tipo de políticas migratorias de acogida para estas comunidades”, declaró la Coordinadora a través de un comunicado donde exige el cese de la violencia policial y la criminalización de las comunidades migrantes.

Asimismo, considerando que la mayoría de la población migrante en la comuna de Colchane proviene de Venezuela, la Asociación Venezolana en Chile emitió un comunicado tomando parte y llamando a las autoridades a respetar los derechos humanos de las y los migrantes.

“Consideramos que es urgente generar una coordinación intersectorial y multinivel entre distintos actores del Estado (nacionales y subnacionales), en conjunto con organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, para avanzar hacia la implementación de un plan integral de emergencia y asistencia que resguarden la vida de las personas y sus derechos humanos”, expresó la organización.

Actualmente el Gobierno baraja la posibilidad de implementar aviones para devolver a las y los migrantes que se encuentran de manera irregular en el país, una medida fuertemente criticada por agrupaciones de migrantes y de defensa de derechos humanos. “Si la situación de las personas migrantes no se regulariza, es inviable que el Estado chileno pueda generar procesos de expulsión que pretendan gestionar los distintos flujos de migrantes que se encuentran irregulares por años. Creemos que es totalmente condenable que en un contexto de crisis humanitaria y en un contexto de pandemia, las respuestas que está priorizando el Gobierno sean fundamentalmente militarizar las fronteras y expulsar a las personas. Ahí no hay una respuesta humanitaria”, sentenció Patricia Loredo.

Alicia Va en el Coche, Carolín…


En los negros años ‘80 los vecinos de la calle Salomón Sack, en la comuna de Cerrillos, se quejaban de una siniestra rutina que formaba parte del entrenamiento de los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile, nacido en 1979. Cada mañana, mientras trotaban con sus fusiles al hombro, de sus gargantas salía, como un rugido feroz, la canción infantil “Alicia va en el coche, carolín, Alicia va en el coche , carolín cacao, leo, lao”. Era la forma que tenían sus instructores de “formarlos”. O más precisamente, de deshumanizarlos, algo central en el marco de la doctrina de seguridad nacional que regía por entonces, creada por Estados Unidos e impuesta en Latinoamérica como parte de la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Alicia ya no debía ser vista como una niña inocente y juguetona sino como un enemigo interno más. Ello era muy “útil” en caso de que cualquiera Alicia de nuestro país fuera a dar a una sala de tortura junto a sus padres, algo cotidiano en esos años. Alicia era una comunista, una roja, una malvada más, que podía atacar al imperio y sus gobiernos títeres instaurados tras diversos golpes de Estado en esa guerra contra el comunismo.

Lo lamentable es que esas experiencias dictatoriales instauradas en los años 60 y 70 dejaron huellas profundas. El constituir una autarquía, un Estado dentro del Estado; el sentirse dueños del poder y saber que sus acciones cuentan con el respaldo de gobiernos como el actual, nos muestra que los funcionarios de Carabineros del siglo XXI no han cambiado. La impronta de esa ideología sigue estando presente, a pesar de que a partir del retorno a la democracia se dio el giro -en teoría, al menos- desde la doctrina de seguridad nacional a la de la “seguridad ciudadana”.

Ni en la época de la Dictadura ni hoy en día, los policías están desquiciados ni sufren de patologías psiquiátricas cuando violan a destajo los derechos humanos. Creer que son “malos por naturaleza” o locos, sería menos brutal como explicación. No. Ellos eran y son entrenados para hacer lo que hacen. Y si ven a un malabarista callejero de pelo largo haciendo acrobacias con sables, aún lo asimilan a ese enemigo interno al que, si no lo eliminas, te eliminará. De otra forma, no nos podemos explicar la conducta del carabinero de Panguipulli el viernes 5 de febrero. Para un civil como cualquiera de nosotros es inimaginable actuar de la forma en que lo hizo el policía con un artista que portaba sables de utilería para su acto.

Cuando en los años 80 a los infantes de Marina se les hacia matar con sus manos a las mascotas que los habían acompañado durante todo su periodo de entrenamiento, se buscaba lo mismo. Lograr que el uniformado despersonalizara al adversario y lo viera solo como un enemigo. Lamentablemente, matar a sangre fría a partir de prejuicios inoculados, justificados y premiados por quienes detentan el real poder, sigue siendo parte del actuar de los Carabineros de Chile. Mucha agua habrá pasado bajo el puente desde que funcionarios de la Dipolcar degollaran durante la dictadura de Pinochet a tres militantes comunistas y la institución fuera seriamente cuestionada, pero nada ha cambiado realmente. Los jóvenes que se volcaron a la plaza Italia durante el estallido de octubre de 2019 lo saben de sobra. En esas protestas ellos se convirtieron en blancos móviles. No solo había que dispersarlos. Había que dejarlos ciegos porque representaban todo lo que, aparentemente, a esos carabineros se les enseña odiar en sus cuarteles. Por el contrario, cuando se enfrentan a un poderoso, así esté armado, la reacción es distinta y parece formar parte también de esa ideología: esos personajes rubios, de buen vestir y de modo autoritario si pueden portar “artefactos” (aunque éstos sean ametralladoras) y, además, son tus jefes, son tus aliados, a quienes sí o sí debes proteger. Si no, baste recordar las escenas dentro del Capitolio estadounidense en enero pasado. La turba increpando a los policías y recordándoles que “venimos de parte de tu jefe, él nos mandó”…

El joven que cae de bruces al río Mapocho empujado por un policía es otro ejemplo de esta misma barbárica y formateada conducta. Como también lo es el asesinato de Camilo Catrillanca y tanto otras brutales violaciones a los derechos humanos de las que hemos sido testigos por décadas. No son casualidades, son patrones. De otro modo, no existirían tantos mártires cruzados por los mismos signos: vulnerables socialmente, desvalidos emocionalmente, parte de etnias subvaloradas o de inmigrantes pobres.

Los policías estadounidenses asfixiando a George Floyd a vista y paciencia de cientos de otros hombres negros son otro ejemplo de esa ideología que Estados Unidos creó e impuso durante la Guerra Fría. En Chile, ese oscuro legado parece tener mucho arraigo aún en Carabineros. Es lo que se viene reclamando desde el retorno a la democracia. Pero siempre, en algún momento, en alguna trágica esquina, vuelve a ocurrir. Vuelve a surgir la bestia, una que está convencida que “Alicia va en el coche” es un himno de guerra.

El problema, sin embargo, no es solo ese, es también -como lo han señalado muchos, pero no los suficientes después de la atroz muerte de Francisco Martínez- la indolencia o, al menos, la indiferencia ciudadana frente a estrategias de sobrevivencia cada día más numerosas que deben practicar muchos jóvenes chilenos desheredados socialmente. No debería ser algo que aceptemos sin cuestionamientos el que cientos de personas deban pararse en una esquina a ejercer precarios oficios autodidactas para ganarse el pan. Sin salud, sin previsión, muchas veces sin techo y cuidados de nadie, para hacerse “unas monedas” esquivas. En otras latitudes esto se ha institucionalizado, a través de vías incluso muy peligrosas para la salud, como el tragar parafina para lanzar llamaradas ante automovilistas distraídos. Pero al menos allí, hay más salidas para los desposeídos.

También los civiles debemos hacernos cargo de nuestras fallas y nuestros olvidos con una juventud marginal que ha quedado aún más desvalida a raíz de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que está ha traído. De lo contrario, seguiremos siendo escandalizados testigos de atropellos policiales por parte de funcionarios que son incapaces de ver a niñas, -como lo hicieron con la hija de Camilo Catrillanca- sin los ojos del odio aprendido, que les inculca una clase dominante para defenderse de otra que busca cambios urgentes e ineludibles.

¿Qué es Exactamente la Política de lo Necesario?

Paula Narváez señaló en la proclamación de su candidatura presidencial por el Partido Socialista que “la política de lo posible no da para más, y debe ser reemplazada por una política de lo necesario”. Esto ha levantado cierta perspicacia entre columnistas de la plaza y hasta en algun precandidato presidencial oficialista. ¿Qué quiere decir exactamente la política de lo necesario? ¿Qué puede ser lo políticamente necesario en la boca de un dirigente político, un partido o una coalición? La característica del discurso político es la convocatoria a hacer de algo en común, a reunirnos detrás de una idea para hacernos cargo de impulsar un proyecto de sociedad. La política es por ello acción colectiva. Pero el terreno de la acción, de la práctica, no es un terreno ilimitado, como el terreno del discurso. Mientras la palabra puede aguantar todo o casi todo, la acción colectiva debe poder responder frente a quienes se ven afectados por ella.  Normalmente, la acción recibe más resistencias que las palabras. Estas dos caracteristicas definen al discurso político: mientras convoca con la fuerza potencialmente ilimitada de las palabras, al mismo tiempo debe responder ante lo que es políticamente responsable hacer. El equilibrio entre ambas es lo que la deliberación democrática pone en escrutinio.

¿A qué acción colectiva nos convoca entonces “la política de la necesidad”? Para responder esta pregunta uno puede tomar dos caminos. El primero es el que toma Carlos Peña en su columna del Domingo, el camino de la mera formalidad discursiva: la política de lo necesario se opone a la política de lo contingente y la pluralidad de intereses. El segundo tipo de camino es el propiamente deliberativo: el camino de identificar cuáles han sido los límites de la actividad y la cultura política de Chile antes y después de Octubre del 2019 y evaluar los intereses que han movido y determinado la política chilena en las últimas décadas.

Carlos Peña sugiere que Paula Narváez, al proponer una “política de lo necesario” podría estar ignorando la naturaleza de la política. Arguye en su columna que la política de lo necesario es ejercer una política de lo que no se puede cambiar, de lo que es inalterable. De ahí, sugiere que la candidata socialista podría promover una política que renunciaría a la democracia por cuanto abandona la convicción de que la vida democrática tiene pluralidad de fines, que las y los miembros de la comunidad política compiten entre sí para promover la prioridad de unos fines sobre otros. La política de lo necesario identificaría como tarea principal, aquello que no cambia, sin considerar a quienes disienten de esa tarea. La política de lo necesario, sería aquella que no se fija en las consecuencias, que avanza sin parar y sin transar hacia el fin que estima necesario. Una política de lo necesario, en suma, no es política, no parece democracia, se asemeja a una “fe religiosa”.

Pero esta interpretación de la política de lo necesario debe tomarse con pinzas porque es una evaluación insuficiente. Su punto de comparación no considera el contexto político chileno desde la vuelta a la democracia sino que compara dos conceptos, discutidos en cierta literatura filosófica, como la concepción aristotélica de lo necesario y lo contingente. Pero esto es un error. Como alertaba G.A. Cohen, la evaluación de un principio práctico no puede depender de un argumento formal, puesto que éste consiste en un razonamiento que sólo hace una relación de comparación entre dos conceptos. La “política de lo necesario” no está en el plano de una razonamiento formal. Exige otro tipo de evaluación, la que provee la evaluación práctica del contexto político e histórico al cuál la frase de Narváez apela. Allí es donde tiene sentido la oposición entre la “política de lo posible” y “la política de lo necesario”.

El rector Peña solo distingue un contraste entre la frase de Aylwin sobre la política de lo posible y la frase de Narváez de la política de lo necesario. La falta del contexto con el que Peña evalúa se nota en el hecho de que la frase de Aylwin no era una declaración de principios sobre la política, sino que sobre la expectativa de una repartición de justicia “en la medida de lo posible”. Esta frase capturó lo que Aylwin evaluaba era la respuesta con la que que los tribunales de justicia debían de enfrentar los atropellos de los derechos humanos (DDHH) de la dictadura.

Es probable que la interpretación del rector Peña sobre la frase de Aylwin nos revele en realidad otro fenómeno. Es más bien probable que Peña esté haciendo alusión al ambiente político que acompañó a toda una generación en los 90s y parte de los dos mil. En este ambiente, se vivía con la idea de que bajo la democracia tutelada que permitían las Fuerzas Armadas, controladas aún por Pinochet, y la defensa cerrada de los partidos de derecha de la época, no era desproporcionado para un presidente proteger el incipiente y débil régimen democrático con una frase que buscaba enviar un mensaje claro a los “poderes fácticos” (Allamand dixit), según el cual la justicia por los atropellos sistemáticos a los DDHH se iba a practicar “a discreción” y sin afectar la institucionalidad. Desde la evaluación de Aylwin sobre el estándar de justicia al que podíamos aspirar, la cultura política de ese tiempo rápidamente trasladó “lo posible” a la actividad política misma. De esa forma las suspicacias de Peña reflejarían la forma en la que los partidos políticos transformaron la política en una práctica de lo posible, en el sentido del ejercicio de una política “a discreción” como el único estándar. Si en los tiempos de Aylwin había que proteger la democracia de Pinochet, en los gobiernos que le siguieron había que asegurar gobernabilidad, y luego, el crecimiento económico. La “política de lo posible” a la que Narváez se refiere y que Peña omite, era una política donde la democracia, la participación y la deliberación estaban al final de la fila de los intereses de la clase política.

Es en contra de esta evaluación de la actividad política como el arte de una política discreta, incentivada además por una constitución que daba el control sobre lo que era posible hacer a los herederos políticos de Pinochet, que debe oponerse la idea de una “política de lo necesario”. Este es el segundo camino para definir qué es exactamente la política de lo necesario, distinto al razonamiento formal que ofrece el rector Peña. La idea es simple pero no por eso menos profunda. Una política de lo necesario es la política que permite que sea la democracia y la participación lo que define en la deliberación cómo y en qué sentido es legítimo transformar aquellas áreas de nuestro sistema institucional que evaluamos como deficientes. La reforma al sistema de pensiones, a la educación pública, al sistema de salud, o a la seguridad pública son áreas que necesitamos debatir y que necesitamos solucionar como sociedad. Una política de lo necesario tiene por fin subrayar esto para que la democracia tome definiciones. Que estemos de acuerdo en que es necesario reformar la institución de Carabineros o que es necesario crear un sistema de seguridad social, y que tratemos de convocar con tales ideas, no implica bajo ningún enfoque que no queramos considerar al adversario, o que no queramos atender a las consecuencias. La política de lo necesario no renuncia a lo contingente, porque en una democracia lo contingente tiene que estar determinado por la deliberación pública y no por la discreción de la política de lo posible.

Que la política de lo posible no da para más, en consecuencia, significa rescatar la política de los salones de una cultura política que se acostumbró a actuar bajo parámetros de discreción, la mayor parte de las veces alejada de una evaluación política de las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía, insensible a la falta de poder de decisión de las personas, e indiferente a las consecuencias de la desafectación ciudadana de lo público. La política de lo necesario es volver a colocar la democracia en el centro de la actividad política.

Hugo Espinoza, Candidato a Concejal Por Santiago: “Hay Que Hablar Sobre una Nueva Policía Para Chile”

Son tres los proyectos relacionados con reformas a Carabineros que se encuentran hoy en discusión en el Congreso: la nueva Ley de Inteligencia que se tramita en la Cámara; la ley de especialización de las policías -que está en el Senado- y la Ley de Armas, que avanza en la Cámara Alta en la comisión unida de Defensa y Seguridad.

Hugo Espinoza (PS), sociólogo, exdirector nacional de Gendarmería (1998 – 2002) y actual candidato a concejal por la comuna de Santiago, aborda en esta entrevista las frecuentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos (DDHH), lo acontecido en Panguipulli, los problemas de la institución de Carabineros, el narcotráfico y cómo se debe pensar una nueva policía para Chile. Además de conversar sobre los desafíos de su candidatura para el Gran Santiago.

Lo acontecido en Panguipulli ha levantado múltiples voces condenando el hecho como un grave atropello a los derechoos humanos por parte de Carabineros. El ejecutivo ya ha planteado una reforma, aunque con escasos avances. ¿Cuál es su opinión, basta con reformar a Carabineros?

– Lo que pasa con Carabineros es de un enorme impacto en el funcionamiento institucional del país. Se está violando toda la doctrina policial de un país democrático. Lo que ocurrió en Panguipulli con Francisco es una muestra de ello, por lo tanto a estas alturas hablar sobre una reforma a Carabineros se queda corto. Hay que pensar en un cambio profundo y hablar sobre una nueva policía para Chile, que se comience a establecer de manera permanente y gradual en el mediano plazo, pero pensando en una policía completamente distinta. No es posible reformar a Carabineros a raíz de lo ocurrido, que va no sólo en las violaciones a los DD.HH. Hay malos procedimientos, fraudes, robos, un abanico de malas y nocivas prácticas en la institución.

Respecto de Panguipulli. Allí se vulneraron todos los procedimientos; no existió racionalidad alguna para el actuar desproporcionado en una de las calles más transitadas. Allí se requería un uso de la fuerza gradual. Eran tres policías, lo lógico era retenerlo con métodos no violentos (…). Y se vulneró el principio de la proporcionalidad de la fuerza frente a la amenaza: tres carabineros armados frente a un joven con armas de utilería

¿Qué opina acerca de lo realizado por la Comisión?

– Yo creo que más allá de lo que piensen los integrantes de la Comisión, esa comisión fue constituida en un momento en que era posible tal vez pensar en una reformulación de Carabineros, pero lo que ha ocurrido a raíz del 18 de octubre, cuando todos pensábamos que las violaciones de los DD.HH. ya habían terminado en Chile con la dictadura, comenzamos a hablar, además, sobre los derechos de segunda generación (…) La comisión ha quedado desfazada, no sólo con sus integrantes, también sus objetivos. Cambiar procedimientos, protocolos, etc, eso ya no sirve, ya no hay posibles cambios cosméticos para poner a Carabineros en una una perspectiva democrática.

Además, existe algo de fondo, un tema que no se ha discutido mucho que es la indispensable desmilitarización de Carabineros. Existe una concepción heredada de la dictadura en donde la institución nos ve a todos como enemigos internos, por lo que debe existir un cambio cultural en la formación de las policías.

¿Qué características debiera tener la nueva policía nacional?

– Se debe pensar en primera instancia, una policía formada por un escalafón, como todas las policías modernas en el mundo. Lo que pasa en Carabineros es que tenemos dos escuelas; una para oficiales y otra para suboficiales, esto es parte de una discriminación bien notable en la institución, y eso se tiene que cambiar. También debe ser subordinada al poder civil legítimamente constituido, con pleno respeto de los derechos humanos y por último, con un fuerte énfasis comunitario

Usted habla de Carabineros, pero también existe un desprestigio de la PDI. Lo que ocurrió en Temucuicui fue una pérdida de legitimidad también para otra institución policial. ¿Qué opina?

– Lo que ocurrió en Temucuicui fue un error. Un error de planificación, de procedimiento y de tratamiento operativo de la situación. Hay que partir de la base de que la PDI no está preparada para operar en Temucuicui. Por dar un par de ejemplos: el uniforme operativo no tiene nada que ver con la zona, no estaban equipados para la zona, no tenían conocimiento de dónde estaban, muchos de ellos nunca habían estado allí antes.

Las reformas a las fuerzas de orden desde Carabineros hasta las FF.AA, será sin duda un gran debate para las y los convencionales que escriban la nueva Carta Magna del país. ¿Cómo ve a futuro esa discusión?

– Es ineludible el deber de discutir la institucionalidad de la seguridad, de defensa, y las FF.AA, para pensar en qué tipo de institución policial queremos para Chile. Pensar en una policía que sea acorde al sistema democrático, no en una policía autónoma como es Carabineros.

En otros países las policías logran articular  la lucha contra el delito en compatibilidad con los derechos humanos o en su mayoría no ocurren violaciones sistemáticas de estos y son más bien casos aislados, no sistemáticos como es lo que ocurre en Chile desde el estallido. En ningún país del mundo se logra ver una autonomía como la que tiene Carabineros de Chile, esta policía autodefine sus procedimientos, autodefine su sistema de educación, autodefine su carrera profesional. En mi opinión, se debe pensar en una policía comunitaria como existe en Canadá, Rosario en Argentina, Barcelona, etc. Necesitamos una policía nacional que funcione en el marco democrático puede tener eficiencia policial y ser respetuoso con los derechos humanos.

A su parecer ¿cómo se ha abordado la guerra contra el narcotráfico?

En Chile estamos ante una situación relativamente nueva. Nosotros, hasta hace 10 – 15 años atrás sosteníamos que Chile era un puente de la droga. Tenemos frontera con los dos productores más importantes de cocaína del mundo, Perú y Bolivia, lo que hace a Chile un puente de la droga hacia Europa, pero lo que se ha planteado en el último tiempo es que ya no es solo un lugar de paso de la droga, sino que la droga se está quedando en el país y se está consumiendo en el país. En Chile se ha desarrollado el mercado de las drogas químicas, por lo que somos un punto de atracción.

Hay que hablar sobre el combate al narcotráfico y no al menudeo de droga. Este combate requiere de una policía preparada, inteligente. No es lo mismo combatir cogoteros a combatir organizaciones criminales del narcotráfico, estamos hablando de gente con recursos para traficar, cuentan con abogados y contactos internacionales, etc. Hoy nos enfrentamos ante el crimen organizado tras el consumo de droga en Chile.

En Chile estamos enfrentando un tremendo consumo de drogas que se está expandiendo en la población. El narcotráfico tiene un menú que llega según el perfil del consumidor y su poder adquisitivo. Si tienes poco poder adquisitivo te llega pasta base, si tienes un poder adquisitivo mejor consumes marihuana, si tienes más poder adquisitivo consumes cocaína y si tienes aún más poder adquisitivo organizas una fiesta clandestina en donde puedes consumir drogas químicas, como el éxtasis que presenta un alza de consumo problemático ya que es una droga de consumo colectivo. Lo que ocurrió en Cachagua es un ejemplo de esto.

Cuando existe una brecha adquisitiva en el consumo de drogas, también hablamos de un tratamiento medial diferente…

– Hay un tratamiento clasista del delito, la fiesta de Cachagua es el mejor ejemplo. Allí se estaban consumiendo drogas duras, además de infringir cuarentena y normas sanitarias. Hablamos de dosis de $50.000, eso da para el escenario de la droga y sólo le pasaron un parte por ruidos molestos. Eso es clasista, cuando vemos que se llevan detenido a otro tipo de jóvenes en otra parte de la capital por fumarse un cigarrillo de marihuana y estar tomando pisco con bebida.

¿Ya no hay forma de fiscalizar el actuar de Carabineros?

– Carabineros está enfrentando un grave problema de legitimidad social, que es crucial para toda institución policial y ello significa también que el mando está deslegitimado. No hay forma de fiscalizar, porque no es posible reformarlos, por eso las violaciones a los DD:HH van a seguir ocurriendo. Ya no hay vuelta atrás, la ciudadanía lo que exige es una nueva policía (…) Llevamos más de 20 años dando clases de derechos humanos a Carabineros y este es el resultado, ya no hay capacidad para una crítica responsable y fundada en la institución. Debemos, de manera gradual, sostenida y persistente, crear una nueva policía nacional de Chile y para eso se necesita de un mundo civil, social y político preparado para conducir los asuntos de la seguridad.

Se postula como concejal por Santiago, ¿qué propone para la comuna?

– En Santiago se desplazan más de dos millones de personas, por distintos motivos, de lunes a viernes -en condiciones normales-, por lo que Santiago es la comuna la mayor cantidad de delitos de connotación social en el país, donde ocurren la mayor cantidad de denuncias. Existe una falta enorme de dotación policial porque no hay una injerencia local ni central de las autoridades en la destinación de Carabineros.

Hay un alto temor en los vecinos por la falta de presencia policial en la zona más poblada y de mayor riesgo. Espero contribuir en propuestas en pos de la tranquilidad de las personas y para eso es necesario que trabaje la policía en conjunto con la comunidad. Es decir, una policía comunitaria que se vincule con los vecinos, que los vea como colaboradores y no como enemigos, y eso es posible en Santiago.

Los problemas que me preocupan son la venta indiscriminada de alcohol, de drogas, las peleas, las personas en situación de calle que han invadido varios sectores de la comuna. Se requiere una política municipal para abordar este problema, que limite la presencia de estos en las calles.

Además, en mi opinión, se deben entregar más recursos a los alcaldes para abordar el delito. La política de “tolerancia cero” gasta una enorme cantidad de recursos en seguridad como drones, cámaras, tecnologías para vigilar a sus habitantes, etc. Es un dinero inalcanzable para algunas comunas (…) no podemos permitir que se generé una oligarquización de la seguridad, en donde quiénes tienen más obtienen una mejor y mayor seguridad. La seguridad es en esencia un bien público y debe ser para todos y todas y reportada por los órganos estatales correspondientes.

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